BOPMA Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Edicto 12056/2015

NOTA IMPORTANTE: este texto se muestra aquí sólo con fines de consulta. Su original en formato PDF, publicado el día 14 de enero de 2016, es el único que cuenta con validez a efectos legales. Puede descargarse desde el siguiente enlace: 140116008a01.pdf.

Edicto 12056/2015, publicado en el Boletín número 8 del día 14 de enero de 2016

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 8 DE MÁLAGA
Procedimiento: Despido números 352-353/13. Ejecución número 160/2015. Negociado: MR. De doña Francisca Benítez Ramírez y doña Alicia Montilla Puerto. Contra Coín Veterinarios, Sociedad Limitada.
Edicto
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de Málaga
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 160/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña Francisca Benítez Ramírez y doña Alicia Montilla Puerto contra Coín Veterinarios, Sociedad Limitada, en la que, con fechas 24 de noviembre de 2015 y 25 de noviembre de 2015, se ha dictado auto y decreto de ejecución que sustancialmente dice lo siguiente:
Auto. En Málaga, a 24 de noviembre de 2015. Dada cuenta; y
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución a instancia de doña Francisca Benítez Ramírez y doña Alicia Montilla Puerto contra la entidad Coín Veterinarios, Sociedad Limitada, con CIF número B92503341, por las siguientes cantidades: 5.575,00 € en concepto de principal (a doña Alicia Montilla Puerto la cantidad de 4.950 euros. A doña Francisca Benítez Ramírez la cantidad de 625 euros), más la de 864,12 € calculados para intereses, costas y gastos.
Se autoriza expresamente para recabar información patrimonial del/de los ejecutado/s en la Agencia Tributaria y demás organismos públicos y privados.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución (...)
Decreto. Letrada de la Administración de Justicia doña M.ª Rosario Serrano Lorca.
En Málaga, a 25 de noviembre de 2015. (...)
Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: 1. Requerir a la demandada, fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución que asciende a 5.575,00 euros, en concepto de principal y 864,12 euros, en concepto provisional de intereses de demora y costas. Deberá manifestar dicha relación con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y, de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Esta obligación
incumbirá, cuando se trate de personas jurídicas, a sus administradores o a las personas que legalmente las representen y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad, a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. En el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas reales, deberá manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha. En el caso de bienes inmuebles, deberá indicar si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas (artículo 249 LRJS y artículo 589 LEC).
2. Proceder a la investigación judicial del patrimonio de la ejecutada (artículo 250 LRJS y artículo 590 LEC). A tal efecto, se consultarán las bases de datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los despachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la información precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que ejecute, de entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de este o pudieran resultar deudoras del mismo. Igualmente solicítese información al Servicio de Índices para que informe si el/ los demandado/s figura como titular de bienes, inmuebles o derechos reales sobre los mismos, inscritos en ese Registro con expresión de cargas y gravámenes en su caso.
3. Se decreta el embargo de los bienes propiedad de la ejecutada, y en concreto los siguientes:
1. El embargo de cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda contratar en entidades de crédito, ahorro o financiación hasta cubrir el principal y costas, para la efectividad del embargo líbrese la correspondiente orden a través del punto neutro judicial o en su caso remítase el oportuno despacho directamente a la entidad bancaria que conste en informe de PNJ.
2. Devoluciones tributarias que la AEAT tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada, remitiendo la oportuna orden de embargo telemático a través de la cuenta de consignaciones.
3. Bienes inmuebles: Finca número 29770 (IDUFir número 29005000542821) inscrito en Registro de la Propiedad de Coín, al tomo 1.270, libro 447, folio 127. Local comercial sito en planta baja del edificio sito en ctra. Coín-Málaga, calle Victoria, Coín.
Y de conformidad con lo ordenado en el artículo 629.1.º de la LEC, remítase el mandamiento por fax al Registro de la Propiedad, haciendo constar que es firme a efectos registrales.
4. Sobrante que pudiera existir en los siguientes procedimientos: Procedimientos tramitados por la TGSS. 3. Los frutos y rentas del negocio sito en avenida Sauce, 111, de Almargen y en calle Victoria 11, es. 2, Pl. bj. puerta 2B de Coín . Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (artículo 188 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones 2985/0000/64/0160/15, debiendo indicar en el campo “concepto”, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos. El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en forma a Coín Veterinarios, Sociedad Limitada, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos, sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
El Letrado de la Administración de Justicia (firma ilegible).
12056/15