BOPMA Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Edicto 12162/2015

NOTA IMPORTANTE: este texto se muestra aquí sólo con fines de consulta. Su original en formato PDF, publicado el día 21 de enero de 2016, es el único que cuenta con validez a efectos legales. Puede descargarse desde el siguiente enlace: 210116013.pdf.

Edicto 12162/2015, publicado en el Boletín número 13 del día 21 de enero de 2016

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
TORROX
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Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición pública, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza de Transparencia, acceso a la información y reutilización del Excmo Ayuntamiento de Torrox, cuyo texto literal íntegro se hace público para general conocimiento y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local:
ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORROX
ÍNDICE DE CONTENIDO
ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORROX
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y régimen jurídico Artículo 2. Ámbito de aplicación Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la información Artículo 4. Derechos de las personas Artículo 5. Medios de acceso a la información Artículo 6. Unidad responsable de la información pública Artículo 7. Principios generales
CAPÍTULO II
Información pública Artículo 8. Información pública Artículo 9. Requisitos generales de la información Artículo 10. Límites Artículo 11. Protección de datos personales
CAPÍTULO III
Publicidad activa de información
SECCIÓN 1.ª RÉGIMEN GENERAL
Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa Artículo 13. Lugar de publicación Artículo 14. Órgano competente y forma de publicación Artículo 15. Plazos de publicación y actualización
SECCIÓN 2.ª OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
Artículo 16. Información institucional y organizativa Artículo 17. Información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las entidades Artículo 18. Información de relevancia jurídica Artículo 19. Información sobre contratación, convenios y subvenciones Artículo 20. Información económica, financiera y presupuestaria Artículo 21. Información sobre servicios y procedimientos , participacion ciudadana, planificación y evaluación
Artículo 22.Publicidad de los plenos de las entidades locales Artículo 23. Transparencia del funcionamiento del gobierno
CAPÍTULO IV
Derecho de acceso a la información pública
SECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES
Artículo 24. Derecho de acceso a la información pública Artículo 25. Limitaciones
SECCIÓN 2.ª EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 26. Procedimiento de acceso Artículo 27. Fomento de la tramitación electrónica Artículo 28. Inadmisión Artículo 29. Deber de auxilio y colaboración Artículo 30. Plazo de resolución y notificación Artículo 31. Reclamaciones frente a las resoluciones Artículo 32. Materialización del acceso a la información pública Artículo 33. integración de la transparencia en la gestión y conservación de la información
SECCIÓN 3.ª RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 34. Régimen jurídico Artículo 35. Responsables Artículo 36. Infracciones de carácter disciplinario Artículo 37. Infracciones de las personas obligadas al suministro de información Artículo 38. Infracciones de otras entidades Artículo 39. Sanciones disciplinarias Artículo 40. Sanciones a otras entidades Artículo 41. Procedimiento Artículo 42. Competencia sancionadora.
CAPÍTULO V
Reutilización de la información Artículo 43. Objetivos de la reutilización Artículo 44. Ámbito objetivo de aplicación Artículo 45. Criterios generales Artículo 46. Condiciones de reutilización Artículo 47. Exacciones Artículo 48. Exclusividad de la reutilización Artículo 49. Modalidades de reutilización de la información Artículo 50. Publicación de información reutilizable Artículo 51 Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización
CAPÍTULO VI
Evaluación y seguimiento Artículo 52. Órgano responsable Artículo 53. Actividades de formación, sensibilización y difusión Artículo 54. Responsabilidades en el desempeño de las tareas de desarrollo, evaluación y seguimiento Artículo 55. Plan y memoria anual. Disposición adicional primera. Responsabilidades Disposición adicional segunda. Otras restricciones legales Disposición adicional tercera. Normas complementarias sobre reutilización de datos Disposición final única. Entrada en vigor
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son dos principios fundamentales en los estados modernos. La Constitución española los incorpora a su texto en forma de derechos, algunos de ellos fundamentales y, por tanto, de la máxima importancia y protección:
a) “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” (artículo 20.1.d).
b) “(…) a participar en los asuntos públicos, directamente (…)” (artículo 23.1).
c) “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del
Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas” (artículo 105.b).
El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha hecho sino demandar con más fuerza estos derechos, garantizados en parte hasta el momento mediante disposiciones aisladas como el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Estos derechos tienen asimismo su plasmación en el artículo 6.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, cuya disposición final tercera se refiere específicamente a las administraciones locales.
Por otra parte, el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, establece literalmente con una redacción similar a la citada disposición final:
“…las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas. Las diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este apartado”.
Este precepto debe ser puesto en conexión con el nuevo párrafo ñ) del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, según el cual corresponde a los ayuntamientos la promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Tanto la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de Andalucia junto con otras normas recientes o actualmente en tramitación, reguladoras del llamado “gobierno abierto”, nos permiten afirmar que las entidades locales tienen suficiente base jurídica para implantarlo, siendo uno de sus pilares esenciales el citado principio de transparencia. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en su disposición final novena establece que “los órganos de las comunidades autónomas y entidades locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta ley”. A tal efecto, las entidades locales han de iniciar un proceso interno de adaptación a dicha norma, siendo conveniente, entre otras medidas, regular integralmente la materia a través de una ordenanza.
En cuanto a la identificación de este gobierno abierto y sus principios (transparencia, datos abiertos, participación, colaboración) con la administración local, no cabe ninguna duda. Gobierno abierto es aquel que se basa en la transparencia como medio para la mejor consecución del fin de involucrar a la ciudadanía en la participación y en la colaboración con lo público. El Gobierno abierto se basa en la transparencia para llegar a la participación y la colaboración. Consideramos que es el momento de ser conscientes de que en la sociedad aparece un nuevo escenario tras la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones a principios del siglo XXI. Un gobierno que no rinde cuentas ante el ciudadano no está legitimado ante el mismo. Dado que la Administración Local es la administración más cercana al ciudadano y el cauce inmediato de participación de este en los asuntos públicos, parece ser sin duda la más idónea para la implantación del Gobierno abierto. Igualmente, se debe tener muy en cuenta que en el presente momento histórico dicha participación se materializa fundamentalmente a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), si bien no cabe ignorar mecanismos no necesariamente “tecnológicos” como la iniciativa popular (artículo 70 bis.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril) o los presupuestos participativos.
En cuanto a la participación ciudadana, históricamente la legislación sobre régimen local ha venido regulándola de forma amplia, tanto a nivel organizativo como funcional, legislación que podía y debía completarse con una Ordenanza o Reglamento de Participación (artículo 70 bis.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril). En cuanto a la articulación de la participación ciudadana a través de las tecnologías de la información y la comunicación, tampoco puede considerarse una novedad, y como hemos visto hace más de una década se recoge en la Ley 7/1985, de 2 de abril, uniendo y vinculando el impulso de la utilización de las TIC con el fomento de la participación y la comunicación a los vecinos, y también como medio para la realización de encuestas y consultas ciudadanas sin perjuicio de su utilidad para la realización de trámites administrativos. Todos estos derechos de participación presuponen un amplio derecho de información, sin el cual su ejercicio queda notablemente desvirtuado.
En cuanto a la estructura de la presente ordenanza, esta se divide en capítulos. En el capítulo I, bajo el título “Disposiciones Generales”, se establece el objeto de la norma, que es la regulación de la transparencia de la actividad de la entidad local, así como del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La ordenanza se aplicará no solo a la Administración matriz, sino en su caso a todas las entidades dependientes a través de las cuales también ejerce su actividad la entidad pública principal, incluidas las empresas privadas, contratistas y concesionarias de servicios. Todas estas entidades tienen la obligación de ser transparentes, para lo cual deben cumplir las condiciones y tomar las medidas establecidas en el artículo 3. En relación con estas obligaciones, los ciudadanos ostentan los derechos que vienen enunciados en el artículo 4, que podrán ejercerse presencialmente o por vía telemática en igualdad de condiciones, estando prevista en todo caso la creación de una unidad responsable de la información pública. Concluye el capítulo I con el establecimiento de los principios generales por los que se va a regir la regulación contenida en la ordenanza.
El capítulo II, dedicado a la información pública, a partir de la definición de la misma contenida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, regula, en primer lugar, las distintas formas que tienen las personas de acceder a la información pública. A continuación establece los distintos requisitos que han de tener los datos, contenidos y documentos que conforman dicha información a los efectos de esta ordenanza. Finalmente, se desarrollan las limitaciones generales al acceso a la información pública, siendo los únicos límites los establecidos expresamente en el artículo 10 o en la normativa específica, siendo objeto de especial protección los datos de carácter personal de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de dicha ley y el artículo 11 de la presente ordenanza.
En el capítulo III se regula la transparencia activa, esto es, la información pública que las entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la ordenanza deben publicar de oficio por ser la más representativa de la actividad de la Administración Local y la de mayor demanda social. Dicha información se publicará por medios electrónicos: En las sedes electrónicas, páginas webs institucionales o portales de transparencia de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ordenanza. La información pública que será objeto de publicación activa por parte de las entidades enumeradas en el artículo 2.
El capítulo IV regula la transparencia pasiva, es decir, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, cuya titularidad corresponde a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, sin previa exigencia de condición alguna de ciudadanía, vecindad o similar. La denegación del acceso a dicha información habrá de ser en base a alguno de los límites previamente regulados, cuando, previa resolución motivada y proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un interés público o privado superior que justifique el acceso. Para el ejercicio del derecho regulado en este capítulo, la ordenanza establece un procedimiento ágil cuya resolución, y en el supuesto de que sea desestimatoria, puede ser objeto de
la reclamación potestativa a que hace referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Tambien se regula el régimen sancionador en materia de reutilización de la información pública local.
El capítulo V se dedica a la transparencia colaborativa, regulando el régimen de reutilización de la información pública, cuyo objetivo fundamental es la generación de valor público en la ciudadanía en los ámbitos social, innovador y económico. Esta reutilización no se aplicará a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio del resto de límites establecidos en la normativa vigente en la materia, particularmente en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, modificada por la Ley 18/2015, de 9 de julio. En todo caso y con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición será reutilizable siguiendo la modalidad sin sujeción a condiciones, lo que conlleva la no necesidad de autorización previa y la gratuidad del acceso y reutilización, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario y siempre que se cumplan las condiciones de accesibilidad así como las establecidas en la ordenanza, y se satisfaga, en su caso, la exacción que corresponda.
Por último, el capítulo VI regula el sistema de evaluación y seguimiento de la norma, que establece la competencia general de la Alcaldía-Presidencia para el desarrollo, implementación y ejecución de la misma, dictando en su caso las medidas organizativas, así como de formación, sensibilización y difusión que correspondan. Asimismo, los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la transparencia se explicitarán en planes anuales. El resultado de las labores de evaluación y seguimiento de la ejecución de estos planes y medidas será objeto de una memoria que, anualmente, elaborará el servicio responsable en colaboración con el resto de los servicios.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico 1. La presente ordenanza tiene por objeto la aplicación y desarrollo de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, a través del establecimiento de unas normas que regulen la transparencia de la actividad del Excmo. Ayuntamiento de Torrox, así como del ejercicio del derecho de reutilización y acceso a la información pública, estableciendo los medios necesarios para ello, que serán preferentemente electrónicos. 2. El derecho de las personas a acceder a la información pública y a su reutilización se ejercitará en los términos previstos en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de Andalucía en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la Información del Sector Público, en la normativa autonómica dictada en desarrollo de dichas leyes cuando en su ámbito de aplicación se encuentren las entidades locales y en esta ordenanza.
Artículo 2. Ámbito de aplicación 1. Las disposiciones de esta ordenanza serán de aplicación a: a) Al Excmo. Ayuntamiento de Torrox. b) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresaria-
les y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes del Ayuntamiento de Torrox. c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. d) Las fundaciones de iniciativa pública local o de participación mayoritaria de las entidades previstas en las letras a) y b), ya sea en su dotación fundacional o en sus órganos de gobierno. e) Las asociaciones constituidas por el Ayuntamiento de Torrox, organismos y demás entidades previstos en este artículo.
f) Cualesquiera otras entidades de derecho público con personalidad jurídica vinculadas a las administraciones públicas andaluzas o dependientes de ellas.
g) Las corporaciones de derecho público andaluzas y entidades asimilables, como federaciones y clubes deportivos, en lo relativo a sus actividades sujetas al derecho administrativo.
2. Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en el artículo anterior que presten servicios públicos o ejerzan funciones delegadas de control u otro tipo de funciones administrativas estarán obligadas a suministrar al Ayuntamiento de Torrox, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellas de las obligaciones previstas en esta ley.
3. Esta obligación se extenderá a las personas adjudicatarias de contratos en los términos previstos en el respectivo contrato. A estos efectos, los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento contractual equivalente especificarán dicha obligación.
4. Esta obligación será igualmente exigible a las personas beneficiarias de las subvenciones en los términos previstos en las bases reguladoras de las subvenciones y en la resolución de concesión. A estos efectos, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, las resoluciones de concesión o los convenios que instrumenten la concesión de subvenciones recogerán de forma expresa esta obligación.
5. El Ayuntamiento de Torrox podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido.
6. Los medios personales y materiales necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo serán valorados y, a tal fin, deberán establecerse las previsiones necesarias en los contratos del sector público y en las bases reguladoras de las subvenciones para posibilitar su observancia.
Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la información
1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información y reutilización y en los términos previstos en esta ordenanza, las entidades mencionadas en el artículo 2 deben:
a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de sus páginas web o sedes electrónicas, la información cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a la misma.
b) Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de información pública que obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información y ofrecer también dicho catálogo en formatos electrónicos abiertos, legibles por máquinas que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento.
c) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada.
d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su localización y divulgación, así como su accesibilidad, interoperabilidad y calidad.
e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para las personas.
f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para resolver.
g) Publicar y difundir la información relativa a los términos de la reutilización de la información de forma clara y precisa para los ciudadanos.
h) Difundir los derechos que reconoce esta ordenanza a las personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.
i) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato elegido de acuerdo con lo establecido en la presente ordenanza.
2. Las obligaciones contenidas en esta ordenanza se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
3. Toda la información prevista en esta ordenanza estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios y en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
Artículo 4. Derechos de las personas 1. En el ámbito de lo establecido en esta ordenanza, las personas tienen los siguientes derechos:
a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo con lo establecido en esta ordenanza.
b) A ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada o de los que puede derivar dicha información, obran o no en poder del órgano o entidad, en cuyo caso, estos darán cuenta del destino dado a dichos documentos.
c) A ser asistidas en su búsqueda de información. d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensi-
bles para el ejercicio del derecho de acceso. e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la
forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta ordenanza. f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la información solicitada y, en su caso, en una forma o formato distinto al elegido. g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, en su caso, de las exacciones que correspondan por la expedición de copias o transposición a formatos diferentes del original.
2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá ejercer los derechos contemplados en esta ordenanza, sin que quepa exigir para ello requisitos tales como la posesión de una nacionalidad, ciudadanía, vecindad o residencia determinada.
3. El Ayuntamiento de Torrox no será en ningún caso responsable del uso que cualquier persona realice de la información pública.
Artículo 5. Medios de acceso a la información 1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza están obligadas a habilitar diferentes medios para facilitar la información pública, de modo que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia de su formación, recursos, circunstancias personales o condición o situación social. 2. A estos efectos, la entidad local ofrecerá acceso a la información pública a través de algunos de los siguientes medios:
a) Oficinas de información. b) Páginas web, sedes electrónicas y portales de transparencia. c) Servicios de atención telefónica. d) Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos del
Ayuntamiento habilitados al efecto.
Artículo 6. Unidad responsable de la información pública El Ayuntamiento de Torrox designa al responsable del Área de Administración Electrónica como responsable de información pública, bajo la dirección y responsabilidad de la Secretaría General, que tendrá las siguientes funciones:
a) La coordinación en materia de información para el cumplimiento de las obligaciones establecida en esta ordenanza, recabando la información necesaria de los órganos competentes del departamento, organismo o entidad.
b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y, en su caso, de las reclamaciones que se interpongan de conformidad con lo previsto en el artículo 41.
c) El asesoramiento a las personas para el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia a aquéllas en la búsqueda de la información, sin perjuicio de las funciones que tengan atribuidas otras unidades administrativas.
d) La inscripción, en su caso, en el registro de solicitudes de acceso.
e) Crear y mantener actualizado un catálogo de información pública que obre en poder de la entidad local, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información.
f) La elaboración de los informes en materia de transparencia administrativa, reutilización y derecho de acceso a la información pública.
g) La difusión de la información pública creando y manteniendo actualizados enlaces con direcciones electrónicas a través de las cuales pueda accederse a ella.
h) La adopción de las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión de la información pública y su puesta a disposición de los ciudadanos, de la manera más amplia y sistemática posible.
i) La adopción de las medidas necesarias para garantizar que la información pública se haga disponible en bases de datos electrónicas a través de redes públicas electrónicas.
j) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que sean necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de esta ordenanza.
Artículo 7. Principios generales
1. Publicidad de la información pública: Se presume el carácter público de la información obrante en la Entidad Local.
2. Publicidad activa: La Entidad Local publicará por iniciativa propia aquella información que sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad así como la que pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y para la economía, permitiendo el control de su actuación y el ejercicio de los derechos políticos de las personas.
3. Reutilización de la información: La información pública podrá ser reutilizada en los términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre y la presente Ordenanza.
4. Acceso a la información: La Entidad Local garantiza el acceso de las personas a la información pública en los términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la presente Ordenanza.
5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: La entidad local establecerá los medios para que el acceso a la información pública pueda ser a través de medios electrónicos, sin necesidad de previa solicitud y de forma inmediata.
También se procurará que la publicación y puesta a disposición se realice incluyendo además formatos electrónicos reutilizables siempre que sea posible, todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a las personas a elegir el canal a través del cual se comunica con la entidad local.
6. Calidad de la información: La información pública que se facilite a las personas debe ser veraz, fehaciente y actualizada. En toda publicación y puesta a disposición se indicará la unidad responsable de la información y la fecha de la última actualización. Asimismo, los responsables de la publicación adaptarán la información a publicar, dotándola de una estructura, presentación y redacción que facilite su completa comprensión por cualquier persona.
7. Compromiso de servicio: La provisión de información pública deberá ser en todo momento eficaz, rápida y de calidad, debiendo los empleados públicos locales ayudar a las personas cuando éstas lo soliciten y manteniéndose un canal de comunicación específico entre la entidad local y los destinatarios de la información.
CAPÍTULO II
Información pública
Artículo 8. Información pública Se entiende por información pública todo documento o contenido a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Artículo 9. Requisitos generales de la información Son requisitos generales de la información pública regulada en esta ordenanza:
a) La gestión de la información, y especialmente de aquella que se encuentre en formato electrónico, se hará de forma que cada dato o documento sea único, compartido, accesible, estructurado, descrito, con información sobre las limitaciones de uso y, en su caso, ubicado geográficamente.
b) Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá a disposición utilizando formatos comunes, abiertos, de uso libre y gratuito para las personas y, adicionalmente, en otros formatos de uso generalizado.
c) Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para describir y estructurar la información pública se publicarán en la página web de la entidad para que las personas puedan utilizarlos en sus búsquedas e interpretar correctamente la información.
d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a disposición de forma que no se incluirán restricciones que impidan o dificulten la explotación de su contenido.
e) Las personas con discapacidad accederán a la información y su reutilización a través de medios y formatos adecuados y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
Artículo 10. Límites La información pública regulada en esta ordenanza podrá ser limitada, además de en los supuestos recogidos en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en relación al ejercicio delegado de otras competencias estatales y autonómicas, según prevea la norma de delegación o, en su caso, respecto a cualquier información que la Entidad Local posea y que pudiera afectar a competencias propias o exclusivas de otra Administración, cuyo derecho de acceso esté igualmente limitado por las leyes. En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal forma que los límites referidos no sean obstáculo para su publicación o acceso.
Artículo 11. Protección de datos personales 1. Toda utilización de la información pública a través de los distintos mecanismos previstos en esta ordenanza se realizará con total respeto a los derechos derivados de la protección de datos de carácter personal, en los términos regulados en la legislación específica sobre dicha materia y en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 2. La protección de los datos de carácter personal no supondrá un límite para la publicidad activa y el acceso a la información pública cuando el titular del dato haya fallecido, salvo que concurran otros derechos. Igualmente, no se aplicará este límite cuando los titulares de los datos los hubieran hecho manifiestamente públicos previamente o fuera posible la disociación de los datos de carácter personal sin que resulte información engañosa o distorsionada y sin que sea posible la identificación de las personas afectadas. 3. Se consideran datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública de los órganos, los datos de las personas físicas que presten sus servicios en tales órganos, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.
CAPÍTULO III
Publicidad activa de información
Sección 1.ª Régimen general
Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa 1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán, a iniciativa propia y de manera gratuita, la información pública cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad y la reutilización de la información y, en todo caso, la información cuyo contenido se detalla en los artículos 16 a 22. Dicha información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad, o de la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos obligados. Para el cumplimiento de dicha obligación el Ayuntamiento de Torrox podrá requerir la información que sea precisa de las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, y de los contratistas, en los términos previstos en el respectivo contrato. 2. También serán objeto de publicidad activa aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, y las resoluciones que denieguen o limiten el acceso a la información una vez hayan sido notificadas a las personas interesadas, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran.
Artículo 13. Lugar de publicación 1. La información se publicará en la página web o sede electrónica de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, o, en su caso, en un portal específico de transparencia. 2. La página web o sede electrónica del Ayuntamiento de Torrox contendrá, asimismo, los enlaces a las respectivas páginas web o sedes electrónicas de los entes dependientes de la entidad local y el resto de sujetos y entidades vinculadas a la misma con obligaciones de publicidad activa impuestas por la normativa que les sea de aplicación. 3. El Ayuntamiento de Torrox podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el resto de administraciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utilización de portales de transparencia y de datos abiertos de otras entidades.
Artículo 14. Órgano competente y forma de publicación 1. El Ayuntamiento de Torrox identificará y dará publicidad suficiente a la información relativa a los órganos competentes responsables de la publicación activa regulada en este capítulo. 2. La información se publicará de manera clara y estructurada, y fácil de entender, utilizando un lenguaje accesible. Si por la naturaleza o el contenido de la información, ésta resultase compleja por su lenguaje técnico, se realizará una versión específica y más sencilla para su publicación. 3. Se incluirá el catálogo completo de información objeto de publicidad activa, indicando el órgano o servicio del que procede la información, la frecuencia de su actualización, la última fecha de actualización, los términos de su reutilización y, en su caso, la información semántica necesaria para su interpretación.
Artículo 15. Plazos de publicación y actualización 1. Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate. 2. La información pública se mantendrá publicada durante los siguientes plazos:
a) La información mencionada en los artículos 16, 17, 18 y 21, mientras mantenga su vigencia.
b) La información mencionada en el artículo 19, mientras persistan las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos, dos años después de que estas cesen.
c) La información mencionada en el artículo 20, durante cinco años a contar desde el momento que fue generada.
3. La información publicada deberá ser objeto de actualización en el plazo más breve posible y, en todo caso, respetando la frecuencia de actualización anunciada, de acuerdo con las características de la información, las posibilidades técnicas y los medios disponibles.
Sección 2.ª Obligaciones específicas
Artículo 16. Información institucional y organizativa 1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley publicarán, en lo que les sea aplicable, información relativa a:
a) Las funciones que desarrollan. b) La normativa que les sea de aplicación y, en particular, los esta-
tutos y normas de organización y funcionamiento de los entes instrumentales. c) Su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a las personas responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional y la identificación de las personas responsables de las unidades administrativas. d) Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico. e) Delegaciones de competencias vigentes. f) Relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen. g) Las relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos o documento equivalente referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus retribuciones anuales. h) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos. i) Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes. j) La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal. k) Los procesos de selección del personal. l) La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal y el número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo. m) Las agendas institucionales de los gobiernos.
2. Las entidades locales de Andalucía publicarán, además, la información cuya publicidad viene establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como las actas de las sesiones plenarias. A saber:
En el plazo de cinco días desde su adopción, las disposiciones y actos administrativos generales que versen sobre las siguientes materias:
a) Ordenación territorial, ordenación y disciplina urbanísticas, y proyectos para su ejecución.
b) Planificación, programación y gestión de viviendas. c) Ordenación y prestación de servicios básicos. d) Prestación de servicios sociales comunitarios y de otros servi-
cios locales de interés general. e) Organización municipal complementaria. f) Seguridad en lugares públicos. g) Defensa de las personas consumidoras y usuarias. h) Salud pública. i) Patrimonio de las entidades locales, incluyendo las que afecten
a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. j) Actividad económico-financiera. k) Aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto de la enti-
dad, así como las modificaciones presupuestarias. l) Selección, promoción y regulación de las condiciones de traba-
jo del personal funcionario y laboral de las entidades locales. m) Contratación administrativa. n) Medio ambiente, cuando afecten a los derechos reconocidos por
la normativa reguladora del acceso a la información, de parti-
cipación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Artículo 17. Información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las entidades
Las entidades incluidas en la presente ordenanza deberán hacer pública la siguiente información:
a) La identificación de los altos cargos incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa sobre incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.
b) Las retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por los altos cargos y por las personas que ejerzan la máxima responsabilidad en las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de esta ley.
c) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en el cargo.
d) Las declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.
e) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones, se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
Artículo 18. Información de relevancia jurídica Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 a) y b) publicarán información relativa a:
a) El texto completo de las ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones del Ayuntamiento de Torrox, una vez efectuada la aprobación inicial por el Pleno, en su versión inicial.
b) Los proyectos de ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones de carácter normativo cuya iniciativa les corresponda, incluyendo las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de dichas normas. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.
c) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos.
d) Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación.
Artículo 19. Información sobre contratación, convenios y subvenciones
Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza deberán hacer pública la información relativa a la gestión administrativa que se indica a continuación:
a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones y prórrogas del contrato y la indicación de los procedimientos que han quedado desiertos, los supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad, así como los casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos. Igualmente, serán objeto de publicación las decisio-
nes de desistimiento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, personas obligadas a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de la convocatoria o la resolución de concesión en el caso de subvenciones excepcionales, el programa y crédito presupuestario al que se imputan, su importe, objetivo o finalidad y personas beneficiarias. No obstante, las subvenciones cofinanciadas con fondos agrícolas europeos se regirán, en lo que se refiere a la publicación de la información sobre los beneficiarios, por lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Reglamento (UE) número 1306/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, o norma que la sustituya. El Excmo. Ayuntamiento de Torrox deberá publicar en su perfil del contratante, simultáneamente al envío de las solicitudes de ofertas a las que se refiere el artículo 178.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, un anuncio, al objeto de facilitar la participación de otros posibles licitadores. Las ofertas que presenten los licitadores que no hayan sido invitados no podrán rechazarse exclusivamente por dicha circunstancia.
Artículo 20. Información económica, financiera y presupuestaria Las personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza deberán, en su caso, hacer pública, como mínimo, la información con repercusión económica o presupuestaria que se indica a continuación:
a) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas y la información de las actuaciones de control en los términos que se establezcan reglamentariamente.
b) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellas se emitan.
c) La información básica sobre la financiación de la comunidad autónoma con indicación de los diferentes instrumentos de financiación.
d) La deuda pública de la administración con indicación de su evolución, del endeudamiento por habitante y del endeudamiento relativo.
e) El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.
Artículo 21. Información sobre servicios y procedimientos, participacion ciudadana, planificación y evaluación
1. El Excmo. Ayuntamiento de Torrox publicará información relativa a:
a) El catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación de su objeto, trámites y plazos, así como en su caso los formularios que tengan asociados. Se indicará específicamente aquellos procedimientos que admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica.
b) Las cartas de servicios elaboradas con la información sobre los servicios públicos que gestiona la Comunidad Autónoma de Andalucía, los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración.
c) Una relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras se encuentren en trámite.
2. Las administraciones públicas, las sociedades mercantiles y las fundaciones públicas andaluzas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración. A esos efectos, se considera evaluación de políticas públicas el proceso sistemático de generación de conocimiento encaminado a la comprensión integral de una intervención pública para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias respecto de su diseño, puesta en práctica, resultados e impactos. Su finalidad es contribuir a la mejora de las intervenciones públicas e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas.Los planes y programas se publicarán tan pronto sean aprobados y, en todo caso, en el plazo máximo de 20 días, y permanecerán publicados mientras estén vigentes.
Artículo 22. Publicidad de los plenos de las entidades locales Cuando el Excmo. Ayuntamiento de Torrox celebre sesiones plenarias, facilitará salvo que concurran causas justificadas de imposibilidad técnica o económica, su acceso a través de internet, bien transmitiendo la sesión, bien dando acceso al archivo audiovisual grabado una vez celebrada la misma. En todo caso, las personas asistentes podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios medios, respetando el funcionamiento ordinario de la institución.
Articulo 23. Transparencia del funcionamiento del Gobierno Los órganos colegiados de gobierno del Ayuntamiento de Torrox, sin perjuicio del secreto o reserva de sus deliberaciones, harán públicos con carácter previo a la celebración de sus reuniones el orden del día previsto y, una vez celebradas, los acuerdos que se hayan aprobado, así como la información contenida en el expediente que se haya sometido a su consideración, en los términos que se establezcan reglamentariamente y con respeto a los límites aplicables a la publicidad activa establecidos en ordenanza.
CAPÍTULO IV
Derecho de acceso a la información pública
Sección 1.ª Normas generales
Artículo 24. Derecho de acceso a la información pública Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública veraz en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española y su legislación de desarrollo, y el artículo 31 del estatuto de Autonomía para Andalucía, sin más limitaciones que las contempladas en la ley.
Artículo 25. Limitaciones 1. El derecho de acceso a la información pública sólo podrá ser restringido o denegado en los términos previstos en la legislación básica. 2. Las limitaciones al derecho de acceso solo serán de aplicación durante el período de tiempo determinado por las leyes o en tanto se
mantenga la razón que las justifique. Su aplicación será valorada con respecto a la posibilidad de facilitar el acceso parcial.
3. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.
4. Las resoluciones que restrinjan o denieguen el derecho de acceso serán objeto de publicidad, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso, se hará constar esta circunstancia al desestimarse la solicitud.
5. De conformidad con lo previsto en la legislación básica de acceso a la información pública, para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública que contengan datos personales de la propia persona solicitante o de terceras personas, se estará a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
6. En el caso de que a la información solicitada le resulte de aplicación alguno de los límites se otorgará, siempre que sea posible, el acceso parcial a la información pública, de conformidad con lo previsto en la Ley básica de acceso a la información pública.
Sección 2.ª El ejercicio del derecho de acceso
a la información pública
Artículo 26. Procedimiento de acceso 1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación en materia de transparencia y por lo previsto en ordenanza. 2. Será competente para la resolución del procedimiento el órgano o la entidad que lo sea en la materia a la que se refiera la información solicitada. 3. Cuando la persona interesada conozca la ubicación concreta de un documento o información en un archivo determinado, podrá dirigirse al órgano responsable del mismo en los términos previstos en la legislación en materia de archivos.
Artículo 27. Fomento de la tramitación electrónica 1. El Exmo. Ayuntamiento de Torrox promoverá la presentación de las solicitudes por vía telemática, 2. En todo caso tendrá disponibles en sus respectivas sedes electrónicas, portales o páginas web, al menos, los modelos normalizados de solicitud.
Artículo 28. Inadmisión En relación a las causas de inadmisión señaladas en la legislación básica, se aplicarán las siguientes reglas:
a) En el supuesto de que se inadmita la solicitud porque la información esté en curso de elaboración o publicación general, la denegación de información deberá especificar el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a disposición.
b) Los informes preceptivos no podrán ser considerados como información de carácter auxiliar o de apoyo para justificar la inadmisión de las solicitudes referidas a los mismos.
c) Asimismo, no se estimará como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.
Artículo 29. Deber de auxilio y colaboración 1. Las entidades sujetas a esta ley establecerán en sus respectivas plataformas de información y guías de orientación, para facilitar a las personas que deseen ejercer el derecho de acceso, la orientación necesaria para localizar la información que solicitan y los órganos que la posean.
2. El personal al servicio de estas entidades está obligado a ayudar e informar a las personas que lo requieran sobre la forma y el lugar en que pueden presentar sus solicitudes de acceso a la información.
3. En el cumplimiento de los deberes establecidos en los apartados anteriores, se atenderá especialmente a las necesidades de las personas con discapacidad o con otras circunstancias personales que les dificulten el acceso a la información disponible en las administraciones públicas o a los medios electrónicos.
Artículo 30. Plazo de resolución y notificación Las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En todo caso, en el ámbito del Ayuntamiento de Torrrox y sus entidades instrumentales, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables por igual período en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera. Dicha ampliación será notificada a la persona solicitante.
Artículo 31. Reclamaciones frente a las resoluciones 1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Esta reclamación se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta ley. 2. Las resoluciones referentes al derecho de acceso a la información pública que sean dictadas por las instituciones y entidades a que se refiere el artículo 3.1.b y 3.2 sólo serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 3. Las resoluciones del Consejo se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos que se establezcan reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados. La persona titular de la Dirección del Consejo comunicará al Defensor del Pueblo Andaluz las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo.
Artículo 32. Materialización del acceso a la información pública 1. La información solicitada se entregará a la persona solicitante en la forma y formato por ella elegidos, salvo que pueda ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original, no exista equipo técnico disponible para realizar la copia en ese formato, pueda afectar al derecho de propiedad intelectual o exista una forma o formato más sencilla o económica para el erario público. En todo caso, si la información que se proporcionase en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública fuese en formato electrónico, deberá suministrarse en estándar abierto o, en su defecto, deberá ser legible con aplicaciones informáticas que no requieran licencia comercial de uso. 2. Será gratuito el examen de la información solicitada en el sitio en que se encuentre, así como la entrega de información por medios electrónicos. 3. Las entidades y órganos obligados por la ley elaborarán, publicarán y pondrán a disposición de las personas solicitantes de información pública el listado de las tasas y precios públicos que sean de aplicación a tales solicitudes, conforme a lo previsto en el artículo 6.g), así como los supuestos en los que no proceda pago alguno. En ningún caso, la imposibilidad o incapacidad de hacer frente a las tasas o precios públicos establecidos podrán ser causa para negar el acceso pleno a una información pública solicitada al amparo de la presente ley, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 33. Integración de la transparencia en la gestión y conservación de la información
El Excmo. Ayuntamiento de Torrox establecerá sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de la ciudadanía en el funcionamiento de su organización interna.
Asimismo, establecerá medidas para facilitar la transversalidad de la transparencia en la actividad general de la organización.
El Excmo. Ayuntamiento de Torrox conservará la información pública que obre en su poder o en el de otras personas o entidades en su nombre, en los términos establecidos en la normativa vigente.
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, dicha información se conservará en estándares abiertos que garanticen su longevidad y manteniendo la capacidad de transformarlos automáticamente a formatos de fácil reproducción y acceso siempre que sea técnicamente posible.
Sección 3.ª Régimen sancionador
Artículo 34. Régimen jurídico 1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza se sancionará conforme a lo previsto en esta sección, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir. 2. La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en esta ordenanza se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en ella y en la normativa en materia de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo sancionador. Las infracciones disciplinarias se regirán por el procedimiento previsto para el personal funcionario, estatutario o laboral que resulte de aplicación en cada caso.
Artículo 35. Responsables 1. Son responsables de las infracciones, aún a título de simple inobservancia, las personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza, que realicen acciones o que incurran en las omisiones tipificadas en la presente ordenanza con dolo, culpa o negligencia. 2. En particular, son responsables:
a) Las autoridades, directivos y el personal al servicio de las entidades incluidas en el artículo 3 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA).
b) Las personas físicas y jurídicas a las que se refiere en su artículo 4.
c) Las entidades a las que se refiere en su artículo 5.
Artículo 36. Infracciones de carácter disciplinario Son infracciones imputables a las autoridades, directivos y el personal al servicio de las entidades previstas en el artículo 3 de la LTPA:
1. Infracciones muy graves a) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa previstas en el título II cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. b) La denegación arbitraria del derecho de acceso a la información pública. c) El incumplimiento de las resoluciones dictadas en materia de acceso por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en las reclamaciones que se le hayan presentado.
2. Infracciones graves a) El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa previstas en el título II. b) El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso a la información pública. c) La falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. d) Suministrar la información incumpliendo las exigencias derivadas del principio de veracidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.e).
3. Infracciones leves a) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa previstas en el título II.
b) El incumplimiento injustificado de la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso a la información pública.
Artículo 37. Infracciones de las personas obligadas al suministro de información
Son infracciones imputables a las personas físicas y jurídicas a las que se refiere el artículo 4 de la LTPA:
1. Muy graves a) El incumplimiento de la obligación de suministro de información que haya sido reclamada como consecuencia de un requerimiento del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía o para dar cumplimiento a una resolución del mismo en materia de acceso. b) La reincidencia en la comisión de faltas graves. Se entenderá por reincidencia la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
2. Graves a) La falta de contestación al requerimiento de información. b) Suministrar la información incumpliendo las exigencias derivadas del principio de veracidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.e). c) La reincidencia en la comisión de faltas leves. Se entenderá por reincidencia la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
3. Leves a) El retraso injustificado en el suministro de la información. b) El suministro parcial o en condiciones distintas de las reclamadas.
Artículo 38. Infracciones de otras entidades Son infracciones imputables a las entidades de naturaleza privada a las que se refiere el artículo 5 de la LTPA:
1. Infracción muy grave: El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que les sean de aplicación cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
2. Infracción grave: El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa que les sean de aplicación o publicar la información incumpliendo las exigencias derivadas del principio de veracidad.
3. Infracción leve: El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que sean de aplicación cuando no constituya infracción grave o muy grave.
Artículo 39. Sanciones disciplinarias 1. A las infracciones del artículo 36 imputables a personal al servicio de las entidades locales se les aplicarán las sanciones que correspondan con arreglo al régimen disciplinario que en cada caso resulte aplicable. 2. Cuando las infracciones sean imputables a autoridades y directivos, podrán aplicarse las siguientes sanciones:
a) Amonestación en el caso de infracciones leves. b) En el caso de infracciones graves:
1.º Declaración del incumplimiento y publicación en el boletín oficial correspondiente.
2.º Cese en el cargo. c) En el caso de muy graves:
1.º Todas las previstas para infracciones graves. 2.º No poder ser nombrados para ocupar cargos similares por
un periodo de hasta tres años.
Artículo 40. Sanciones a otras entidades 1. Para las infracciones previstas en los artículos 37 y 38, podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa.
2. Las infracciones leves podrán sancionarse con amonestación o multa comprendida entre 200 y 5.000 euros.
3. Las infracciones graves se sancionarán con multa comprendida entre 5.001 y 30.000 euros.
4. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa comprendida entre 30.001 y 400.000 euros.
5. Las infracciones graves y muy graves podrán conllevar como sanción accesoria el reintegro total o parcial de la subvención concedida o, en su caso, la resolución del contrato, concierto o vínculo establecido. Para la imposición y graduación de estas sanciones accesorias, se atenderá a la gravedad de los hechos y su repercusión, de acuerdo con el principio de proporcionalidad.
Artículo 41. Procedimiento 1. Para la imposición de las sanciones establecidas se seguirán las disposiciones previstas en el procedimiento sancionador o, en el caso de infracciones imputables al personal al servicio de entidades, el régimen disciplinario funcionarial, estatutario o laboral que en cada caso resulte aplicable. 2. En todo caso, el procedimiento se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de la ciudadanía. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, cuando constate incumplimientos en esta materia susceptibles de ser calificados como alguna de las infracciones previstas en este título, instará la incoación del procedimiento. En este último caso, el órgano competente estará obligado a incoar el procedimiento y a comunicar al consejo el resultado del mismo.
Artículo 42. Competencia sancionadora 1. La competencia para la imposición de sanciones disciplinarias corresponderá al órgano que determine la normativa aplicable en la Administración o entidad a la que pertenezca el sujeto infractor. 2. Para las infracciones previstas en el artículo 37, la competencia corresponderá al órgano que determine la normativa aplicable en la Administración o entidad a la que se encuentre vinculada la persona infractora. 3. En el supuesto de infracciones de las tipificadas en el artículo 38, la potestad sancionadora será ejercida por el Ayuntamiento de Torrox como titular del servicio público.
CAPÍTULO V
Reutilización de la información
Artículo 43. Objetivos de la reutilización La reutilización de la información generada en sus funciones por las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza constata el ejercicio de la transparencia colaborativa por parte del sector público y tiene como objetivo fundamental la creación de valor público en la sociedad en los siguientes ámbitos:
a) Social: El derecho de acceso al conocimiento e información del sector público constituye un principio básico de la democracia y del estado del bienestar. Construir ese estado de bienestar responsable empieza con una ruptura de las brechas y asimetrías de información entre, por un lado, quien define y presta los servicios del estado del bienestar y, por otro lado, quien los usa y los financia. La reutilización da valor y sentido añadido a la transparencia y legitima y mejora la confianza en el sector público.
b) Innovador: La información pública debe permanecer abierta para evitar acuerdos exclusivos y favorecer su reutilización innovadora por sectores de la sociedad con fines comerciales o no-comerciales. La reutilización favorecerá la creación de productos y servicios de información de valor añadido por empresas y organizaciones.
c) Económico: El tamaño del mercado potencial basado en la información agregada del sector público y su reutilización, junto con su impacto en el crecimiento económico y creación de empleo en el ámbito de la Unión Europea, hace merecedor el esfuerzo y la contribución de todas las administraciones en esta materia.
Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ordenanza realizarán los esfuerzos necesarios para federar su catálogo de información pública reutilizable junto con los catálogos del resto de entidades de forma agregada en plataformas comunes, como http:// datos.gob.es, con el único objetivo de colaborar en la construcción de un único catálogo de información pública reutilizable, facilitar la actividad del sector reutilizador de la sociedad e incrementar así el valor social, innovador y económico generado por la transparencia colaborativa del sector público.
Artículo 44. Ámbito objetivo de aplicación 1 Se entiende por reutilización el uso de documentos que obran en poder de las administraciones y organismos del sector público, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública. Queda excluido de este concepto el intercambio de documentos entre administraciones y organismos del sector público en el ejercicio de las funciones públicas que tengan atribuidas. 2. La presente ordenanza se aplicará a los documentos elaborados o custodiados por las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ordenanza, cuya reutilización no esté expresamente limitada . 3. La presente ordenanza no será aplicable a los siguientes documentos
a) Los documentos sobre los que existan prohibiciones o limitaciones en el derecho de acceso en virtud de lo previsto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y las demás normas que regulan el derecho de acceso o la publicidad registral con carácter específico.
b) De conformidad con su legislación específica, los documentos que afecten a la defensa nacional, la seguridad del Estado, la protección de la seguridad pública, así como los obtenidos por la Administración Tributaria y la Administración de la Seguridad Social en el desempeño de sus funciones, los sometidos al secreto estadístico, a la confidencialidad comercial, tales como secretos comerciales, profesionales o empresariales y, en general, los documentos relacionados con actuaciones sometidas por una norma al deber de reserva, secreto o confidencialidad.
c) Los documentos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho o interés legítimo.
d) Los documentos que obran en las administraciones y organismos del sector público para finalidades ajenas a las funciones de servicio público, de acuerdo con la legislación aplicable y en particular, con la normativa de creación del servicio público de que se trate.
e) Los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de terceros.
No obstante, la presente ley no afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de las administraciones y organismos del sector público ni a su posesión por éstos, ni restringe el ejercicio de esos derechos fuera de los límites establecidos por la presente ley. El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del sector público deberá realizarse de forma que se facilite su reutilización.
Lo previsto en el párrafo anterior será de aplicación, asimismo, a los documentos respecto de los que las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos sean titulares originarios de los derechos de propiedad intelectual como creadores de la misma conforme a lo establecido en la legislación de propiedad intelectual, así como cuando sean titulares porque se les haya transmitido la titularidad de los derechos sobre dicha obra según lo dispuesto en la citada legislación, debiendo en este caso respetar lo establecido en los términos de la cesión.
f) Los documentos conservados por las entidades que gestionen los servicios esenciales de radiodifusión sonora y televisiva y sus filiales.
g) Los documentos producidos o conservados por instituciones educativas y de investigación (incluidas las organizaciones para la transferencia de los resultados de la investigación, centros
escolares y universidades, exceptuando las bibliotecas universitarias) así como los museos y archivos estatales como agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación siempre que sean resultado de una investigación. h) Los documentos producidos o conservados por instituciones culturales que no sean bibliotecas, incluidas las universitarias, museos y archivos. i) Las partes de documentos que solo incluyan logotipos, divisas e insignias. j) Los documentos a los que no pueda accederse o cuyo acceso esté limitado en virtud de regímenes de acceso por motivos de protección de los datos personales, de conformidad con la normativa vigente y las partes de documentos accesibles en virtud de dichos regímenes que contengan datos personales cuya reutilización se haya definido por ley como incompatible con la legislación relativa a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de los datos personales. k) Los documentos elaborados por entidades del sector público empresarial y fundacional en el ejercicio de las funciones atribuidas legalmente y los de carácter comercial, industrial o mercantil elaborado en ejecución del objeto social previsto en sus Estatutos. l) Los estudios realizados por entidades del sector público en colaboración con el sector privado, mediante convenios o cualquier otro tipo de instrumento, como fórmula de financiación de los mismos.
4. En ningún caso, podrá ser objeto de reutilización, la información en que la ponderación a la que se refieren los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, arroje como resultado la prevalencia del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, a menos que se produzca la disociación de los datos a la que se refiere el artículo 15.4 de la citada ley.
Artículo 45. Criterios generales 1. Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren los artículos anteriores dentro de los límites establecidos por la normativa vigente en materia de reutilización de la información del sector público. 2. Con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa y de forma gratuita, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario. 3. En particular, la reutilización de la información que tenga la consideración de publicidad activa tanto en esta ordenanza como en la Legislación vigente, seguirá siempre la modalidad de reutilización sin sujeción a solicitud previa y/o condiciones específicas y se ofrecerá en formatos electrónicos legibles por máquinas y en formato abierto que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento siguiendo siempre en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la información, aprobada por Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de administraciones públicas o norma que la sustituya.
Artículo 46. Condiciones de reutilización 1. La reutilización de la información por personas o entidades está sometida a las siguientes condiciones:
a) El contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del sentido y desnaturalización de la información, de forma que puedan darse interpretaciones incorrectas sobre su significado.
b) Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente ha publicado la información como fuente y una mención expresa de la fecha de la última actualización de la información reutilizada.
c) No se dará a entender de ningún modo que la entidad que originariamente ha publicado la información patrocina, colabora o apoya el producto, servicio, proyecto o acción en el que se enmarque la reutilización, sin perjuicio de que este patrocinio, apoyo o colaboración pueda existir con base en una decisión
o acuerdo específico de la citada entidad, en cuyo caso podrá hacerse constar en los términos que se contengan en el mismo. d) Se deberá conservar los elementos que garantizan la calidad de la información, siempre que ello no resulte incompatible con la reutilización a realizar.
2. La publicación o puesta a disposición de información pública conlleva la cesión gratuita y no exclusiva por parte de la entidad que originariamente publica la información de los derechos de propiedad intelectual que resulten necesarios para desarrollar la actividad de reutilización, con carácter universal y por el plazo máximo permitido por la ley.
3. En la misma sección página web o sede electrónica en la que se publique información, se publicarán las condiciones generales para la reutilización.
4. La reutilización se puede limitar por la tutela de otros bienes jurídicos prioritarios, como la protección de datos de carácter personal, los derechos de protección intelectual de terceros, o la intimidad de las personas. La reutilización de obras protegidas por la propiedad intelectual se puede formalizar mediante el uso de licencias de difusión abierta, como las de Creative Commons, que ceden determinados derechos de explotación de las obras, conforme la disposición adicional cuarta de la presente ordenanza.
Artículo 47. Exacciones 1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza podrán exigir exacciones sobre la reutilización de la información , limitándose a los costes marginales en que se incurran para la recogida, producción, reproducción, puesta a disposición y difusióni. 2. Cuando se establezcan exacciones para la reutilización de información pública, se incluirá en la página web o sede electrónica de la Entidad Local la relación de los mismos, con su importe y la base de cálculo utilizada para su determinación, así como los conjuntos de datos o documentos a los que son aplicables.
Artículo 48. Exclusividad de la reutilización 1. Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de reutilización de la información. La reutilización estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido basados en información del sector público. Los contratos o acuerdos de otro tipo existentes que conserven los documentos y los terceros no otorgarán derechos exclusivos. 2. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de un servicio de interés público, la entidad incluida en el ámbito de aplicación de esta ordenanza revisará periódicamente y como máximo cada tres años, la validez del motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo. 3. Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la digitalización de recursos culturales, se estará a la regulación específica de la materia. 4. Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de reutilización serán transparentes y se pondrán en conocimiento del público.
Artículo 49. Modalidades de reutilización de la información 1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza clasificarán la reutilización de toda la información que obra en su poder y que sea publicada de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades de reutilización:
a) Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a condiciones específicas. Esta será la modalidad de uso prioritaria y generalizada en la que la información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa ni condiciones específicas, respetándose los criterios generales y las condiciones de reutilización
b) Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o a autorización previa. De forma extraordinaria, esta modalidad recogerá la reutilización de información puesta a disposición con sujeción a condiciones específicas establecidas en una licencia-tipo o a una previa autorización, la cual podrá incorporar, asimismo, condiciones específicas.
2. Las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios:
a) Serán claras, justas y transparentes. b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limi-
tar la competencia. c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de
reutilización. d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo acuerdo de la entidad titular de la información. 3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos de uso limitados para regular los distintos supuestos de reutilización sujetos a condiciones específicas y éstos siempre estarán disponibles en formato digital, abierto y procesable electrónicamente. Estos modos de uso limitados podrán ser elaborados por la propia entidad, aunque serán preferidas las de uso libre y gratuito que gocen de amplia aceptación nacional e internacional1 o aquellas que hayan sido consensuadas con o por otras Administraciones públicas. Los modos de uso limitados serán publicados en la web municipal. 4. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza podrán modificar el contenido de las condiciones específicas y modos de uso limitado ya existentes, así como aplicar condiciones específicas y modos de uso limitado a conjuntos de datos o documentos que previamente no las tuvieran. Estas modificaciones se publicarán en la página web y obligarán a los reutilizadores a partir de la publicación o puesta a disposición de la primera actualización de los datos o documentos que se realice después de que la modificación haya sido publicada o, en cualquier caso, transcurridos seis meses desde dicha fecha.
Artículo 50. Publicación de información reutilizable 1. La publicación activa de información reutilizable incluirá su contenido, naturaleza, estructura, formato, frecuencia de actualización, modalidad de reutilización, así como las condiciones aplicables y, en su caso, la exacción a los que esté sujeta la reutilización que será accesible por medios electrónicos para que los agentes reutilizadores puedan realizar la autoliquidación y pago. 2. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza facilitará sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como los metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir normas formales abiertas. Concretamente, se utilizaran estándares clasificados en su correspondiente categorías con tipología de abiertos, en su versión mínima aceptada y estado admitido siguiendo lo establecido en el anexo de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catalogo de Estándares al amparo del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio y la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la información. 3. El apartado 2 no supone que las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza estén obligada, para cumplir dicho apartado, a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación. No podrá exigirse a las citadas entidades que mantengan la producción y el almacenamiento de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad del sector privado o público. 4. Los sistemas de búsqueda de información y documentación publicada 1 Creative Commons u otras similares permitirá la indicación de búsqueda de información reutilizable.
Artículo 51 Procedimiento de tramitación de solicitudes de Reutilización
1. El procedimiento de tramitación será el regulado en los apartados del artículo 10 de la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, que tengan carácter de normativa básica.
2. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo máximo de veinte dias desde la recepción de la solicitud. Cuando por el volumen y la complejidad de la información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo, se podrá ampliar el plazo de resolución otros veinte días. En este caso, deberá informarse al solici-
tante, en el plazo máximo de diez días, de la ampliación del plazo, así como de las razones que lo justifican.
3. En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la información regulado en el capítulo IV y la reutilización de dicha información, se tramitará conjuntamente por el procedimiento establecido en el capítulo IV, aplicándose los plazos máximos de resolución previstos en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
4. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.
CAPÍTULO VI
Evaluación y seguimiento
Artículo 52. Órgano responsable 1. Por la Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de sus facultades de dirección del gobierno y de la administración local, se ejercerá o delegará en otros órganos la competencia para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo, implementación y ejecución del contenido de la presente ordenanza. 2. Asimismo se establecerá el área o servicio responsable de las funciones derivadas del cumplimiento de la normativa vigente, al que se le encomendarán los objetivos de desarrollo, evaluación y seguimiento de la normativa en la materia y la elaboración de circulares y recomendaciones, así como la coordinación con las áreas organizativas en la aplicación de sus preceptos.
Artículo 53. Actividades de formación, sensibilización y difusión El Excmo. Ayuntamiento de Torrox realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para garantizar la adecuada difusión y conocimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza. A tal efecto diseñará acciones de publicidad a través de sus medios electrónicos y de los instrumentos de participación ciudadana existentes en su ámbito territorial. Asimismo articulará acciones formativas específicas destinadas al personal, así como de comunicación con las entidades incluidas
Artículo 54. Responsabilidades en el desempeño de las tareas de desarrollo, evaluación y seguimiento
Las responsabilidades que se deriven del resultado de los procesos de evaluación y seguimiento se exigirán según lo previsto en el capítulo VI.
Artículo 55. Plan y memoria anual Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la transparencia, acceso a la información y reutilización se concretarán en planes anuales. El resultado de las labores de evaluación y seguimiento de la ejecución de los planes y de estas disposiciones será objeto de una memoria que, anualmente, elaborará el servicio responsable, para lo que contará con la colaboración de todos los servicios que estarán obligados a facilitar cuanta información sea necesaria sobre su área de actuación. En el proceso de elaboración de la memoria anual se solicitará la valoración estructurada de lo realizado y se recopilaran propuestas de actuación a la ciudadanía a través de los órganos de participación ciudadana existentes u otros mecanismos de participación.
Disposición adicional primera
Responsabilidades
1. Garantía y responsabilidad sobre los conjuntos de datos El Ayuntamiento de Torrox ofrecerá los conjuntos de datos disponibles según constan en sus archivos y, a pesar de los esfuerzos para gestionarlos de manera adecuada, no puede asegurar su integridad, actualización, precisión o el acceso continuo a estos conjuntos de datos, no ofreciendo ninguna garantía en este sentido. El Ayuntamiento de Torrox podrá, en cualquier momento, añadir, eliminar o modificar los conjuntos de datos publicados o estas condiciones de uso. El anuncio de estos cambios será publicado en el portal correspondiente.
Cualquier cambio que se realice será efectivo desde el momento de su publicación a menos que se notifique lo contrario.
Tanto el Ayuntamiento de Torrox como cualquiera de sus organismos, entidades o agentes, no se hacen responsables de los daños o pérdidas que, de forma directa o indirecta, incluidos aquellos que comportan perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provoque o pueda provocar el uso de los conjuntos de datos.
2. Responsabilidad de la persona usuaria o agente de la reutilización La persona usuaria se encuentra sometida a la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, especialmente a su régimen sancionador, así como a toda la normativa que afecte al uso de la información, como la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Si como resultado del incumplimiento de los términos de uso expuestos en este documento o los términos de la licencia bajo la que se publican los conjuntos de datos, el Ayuntamiento de Torrox, o alguno de sus organismos, entidades, empresas o agentes, fuera objeto de acciones legales o fuera sancionado económicamente, la persona usuaria responderá ante el Ayuntamiento de Torrox, o ante sus organismos, entidades, empresas o agentes, de todos los gastos, incluso procesales, sanciones o indemnizaciones puedan declararse, dejándolos totalmente indemnes. De esta manera la persona usuaria acepta indemnizar, así como eximir, al Ayuntamiento de Torrox y a todos sus organismos, entidades, empresas o agentes, de cualquier responsabilidad en que puedan incurrir debido a las reclamaciones que puedan originarse por el incumplimiento de estas condiciones de uso o por el uso, reproducción, modificación o distribución de la información. El Ayuntamiento de Torrox por otra parte, se reserva el derecho de tomar las correspondientes medidas legales para velar por sus intereses, sin que ello suponga renunciar a la responsabilidad e indemnización por parte de la persona usuaria.
Disposición adicional segunda. Otras restricciones legales
No estará permitida la reutilización de ningún conjunto de datos para fines ilícitos o que atenten contra los principios de personas, entidades o de la actuación administrativa pública.
El Ayuntamiento de Torrox podrá, por cuenta propia, denegar o suspender el acceso a los conjuntos de datos sin previo aviso a cualquiera que, según su criterio unilateral, considere que está incumpliendo las presentes condiciones de uso, la legalidad vigente o utilice, reproduzca, modifique o distribuya los conjuntos de datos de una manera perjudicial o inconveniente.
Esta denegación o suspensión no tendrá efecto sobre aquellas personas o entidades que, de buena fe, hayan recibido los conjuntos de
datos a través de la persona o entidad objeto de la cancelación o suspensión y que, de otro modo, estén cumpliendo estas condiciones de uso.
La persona usuaria no podrá indicar, insinuar o sugerir en el uso final, por ningún medio, la participación o apoyo por el Ayuntamiento de Torrox, o por sus organismos, entidades, empresas o agentes, en la actividad del que utiliza la información o el conjunto de datos.
Disposición adicional tercera
Normas complementarias sobre reutilización de datos
Las condiciones de uso de los conjuntos de datos provistos por el Ayuntamiento de Torrox se amparan en la normativa vigente al respecto: la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, modificada por la Ley 18/2015, de 9 de julio, que transpone la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
El Ayuntamiento permite la reutilización de los contenidos y de los datos para todas las personas y sin ningún tipo de limitación ni restricción que no sean las condiciones básicas establecidas en el artículo 8 de la Ley 37/2007 citación de la fuente, no alteración ni desnaturalización de la información así como la especificación de la última fecha de actualización, y siempre que no se contradiga con la licencia o aviso que pueda tener una obra y que, en cualquier caso, es la que prevalece y se cite el autor o titular de los derechos: Ayuntamiento de Torrox, departamento de (nombre departamento) (organismo autónomo y / o sociedad mercantil municipal).
Cualquier duda o comentario acerca de las presentes condiciones de uso puede ser reportado mediante el formulario de contacto de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
Disposición final única
Entrada en vigor
La presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o de la comunidad autónoma, en su caso.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.
En Torrox, a 29 de diciembre de 2015. El Alcalde, firmado: Óscar Medina España.
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