BOPMA Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Edicto 777/2016

NOTA IMPORTANTE: este texto se muestra aquí sólo con fines de consulta. Su original en formato PDF, publicado el día 09 de febrero de 2016, es el único que cuenta con validez a efectos legales. Puede descargarse desde el siguiente enlace: 090216026a01.pdf.

Edicto 777/2016, publicado en el Boletín número 26 del día 09 de febrero de 2016

MÁLAGA
Área de Movilidad
La Teniente Alcalde delegada del Área de Movilidad, ha dictado con fecha 27 de enero de 2016, resolución del siguiente tenor literal:
“En sesión plenaria de 30 de noviembre de 2015 se adoptaron los acuerdos correspondientes para el nombramiento de los representantes de los distintos Grupos Municipales en el Consejo Sectorial de Movilidad, órgano de participación ciudadana previsto en los artículos 58 y siguientes del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, para cuya puesta en funcionamiento se han iniciado ya los trámites correspondientes en el Área de Movilidad.
El Consejo Sectorial de Movilidad ha de constituirse, en definitiva, en órgano de participación sectorial en el que tendrán cabida las instituciones y entidades relacionadas con la movilidad, a cuyo efecto el mencionado Reglamento de Participación Ciudadana prevé la creación de mesas de debate para el desarrollo de las competencias del Consejo Sectorial en la materia específica de que se trate.
Desde el punto de vista de las competencias municipales en materia de taxi, la participación del sector del taxi en dicho consejo adquiere mayor relevancia, si cabe, dada la reciente extinción del Instituto Municipal del Taxi según acuerdo plenario del pasado 30 de noviembre, con efectos de 1 de enero de 2016.
Desde el mencionado punto de vista, cabe añadir que la participación del sector del taxi en la toma de decisiones municipales que les afecten queda contemplada a lo largo del articulado de la reciente Ordenanza Municipal del Servicio de Taxi y, en particular, en su artículo 5.3 donde se especifica la audiencia que, previamente a la aprobación de disposiciones municipales reguladoras del servicio de taxi, debe otorgarse a las asociaciones y entidades representativas de personas autónomas y asalariadas del sector.
En definitiva, dada la estrecha relación que la Administración Municipal debe mantener con las asociaciones y entidades representativas del sector se hace necesario que dicha representatividad resulte acreditada. Si queremos encontrar referencias al respecto, no tenemos que desplazarnos muy lejos, puesto que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en BOJA de 14 de
octubre de 2014 convocó a las asociaciones y entidades representativas del sector del taxi para que acreditasen su representatividad con ocasión de su participación en el Consejo Andaluz del Taxi. En el mismo sentido, por Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, de 3 de junio de 2013 (BOE de 21 de junio de 2013), se convocó a las asociaciones profesionales de transportistas para la acreditación de representatividad con el fin de revisar la composición del Comité Nacional de Transporte por Carretera.
Por todo ello, de conformidad con las competencias delegadas, según acuerdo adoptado por la Ilustrísima Junta de Gobierno Local de 26 de junio de 2015, ordinal segundo, I,
Dispongo
Primero. Se convoca a las asociaciones, entidades y organizaciones que representen a titulares de licencias de taxis de Málaga o a asalariados de dicho sector que deseen formar parte del Consejo Sectorial de Movilidad, para que soliciten su participación en dicho Consejo, a cuyo efecto deberán acreditar ante el Área de Movilidad su representatividad, de conformidad con lo dispuesto en esta resolución.
Segundo. Al objeto de acreditar su constitución, objeto y fines deberá aportarse por cada asociación, entidad u organización los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada de la tarjeta de persona jurídica con el número de identificación fiscal.
b) Acta de constitución cuando se trata de asociaciones. c) Estatutos. d) Modificaciones estatutarias que rijan en la actualidad. e) Poder o representación que ostenta la persona o personas que
vayan a actuar en nombre de los solicitantes. Deberá quedar acreditado, en todo caso, que la anterior documentación ha sido objeto de los trámites precisos para su legalización conforme a las normas aplicables. Tercero. Las entidades solicitantes deberán aportar documento en el que, mediante certificación del Secretario General u órgano equivalente, se acredite el número de personas afiliadas o asociadas a quienes representen, indicando respecto a cada una de ellas nombre y apellidos, NIF y número de licencia municipal o del permiso municipal de conductor o certificado de aptitud para la conducción de taxi si se trata de asalariado; así como proponer un representante en el Consejo Sectorial de Movilidad y, en su caso, suplentes. Cuarto. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando no se aporte la totalidad de la documentación o datos exigidos o se aporten de forma diferente a la establecida, se requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución o, en su caso, no se computarán las personas afiliadas o sindicadas en relación con las cuales no se aporten los datos en la forma indicada o sean insuficientes. En ningún caso el número de personas afiliadas o asociadas presentadas en fase de subsanación puede exceder a las presentadas en el formulario inicial. Quinto. La Administración Municipal podrá solicitar cuanta documentación y recabar la información que considere relevante para acreditar el número de personas afiliadas o asociadas que se alegue por parte de las entidades. La falsedad en la aportación de documentación supondrá la exclusión del proceso, sin perjuicio de que cuando se conozca un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, la Administración lo ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal, por su hubiese lugar al ejercicio de una acción penal. Sexto. Las entidades participantes deben cumplir los requerimientos establecidos en la legislación de protección de datos”. Lo que se hace público, comunicando que contra la resolución transcrita se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que dictó el mismo, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a aquel en que tiene lugar la presente publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante el órgano correspondiente de la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la presente publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Asimismo, se comunica que contra el acto o acuerdo que resuelva el recurso de reposición se podrá interponer igualmente recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición. Si no hubiese resuelto expresamente dicho recurso, será de aplicación el régimen de actos presuntos a tal efecto regulado en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Málaga, 3 de febrero de 2016 El Secretario General, E.F. de titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, P. D., firmado: Alfonso Calbacho Villanueva.
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