BOPMA Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Edicto 3453/2016

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Edicto 3453/2016, publicado en el Boletín número 94 del día 19 de mayo de 2016

MÁLAGA
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Recursos Humanos
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2016, acordó la aprobación provisional de la modificación y derogación de la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga.
El acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el 16 de marzo de 2016, permaneciendo expuesto, como mínimo, en el tablón de edictos de este Ayuntamiento durante los treinta días hábiles siguientes a la referida publicación, de acuerdo con el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Este periodo finalizó el día 22 de abril, no habiéndose presentado, dentro del mismo, reclamación alguna a la ordenanza citada.
De acuerdo con el artículo 17.3 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el apartado c), párrafo final del artículo 49, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al no presentarse ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario de las ordenanzas que no han recibido reclamación alguna.
En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica a continuación el texto del acuerdo plenario adoptado que incluye el texto íntegro de la ordenanza que ha sido modificada.
ACUERDO ADOPTADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2016, EN RELACIÓN CON EL PUNTO SIGUIENTE:
PUNTO NÚM. 11. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno conoció el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Recursos Humanos y para la Reactivación Económica, Promoción Empresarial y Empleo, de fecha 22 de febrero de 2016, cuyo texto a la letra es el siguiente:
“En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció el citado expediente, en el que obra el acuerdo adoptado por la ilustrísima Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria celebrada el día 19 de febrero de 2016, cuyo texto se transcribe a continuación:
“ACUERDO ADOPTADO POR LA ILMA. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016, EN RELACIÓN CON EL PUNTO SIGUIENTE:
PUNTO NÚM. 4. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
La Junta de Gobierno Local conoció la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, de fecha 16 de febrero de 2016, cuyo texto a la letra es el siguiente:
“En cumplimiento de lo previsto en el artículo 127.1.a) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los proyectos de ordenanzas y, entre ellas, las de carácter fiscal, como trámite previo a su aprobación plenaria.
En consecuencia, es objeto de la presente propuesta someter a la Junta de Gobierno Local el anteproyecto de modificación de la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga, tras cuya aprobación en su caso como proyecto y previo dictamen de la Comisión del Pleno de Economía, Hacienda, Recursos Humanos y para la Reactivación Económica, Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y Turismo, se someterán a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, conforme al artículo 123.1.d) y g) del citado texto legal.
La finalidad esencial de la modificación propuesta es incorporar a la misma el acuerdo alcanzado en la mesa creada al efecto para estudiar soluciones a los embargos de cuentas abiertas en entidades de crédito donde se ingresan sueldos, salarios o pensiones por cuantía inferior al salario mínimo interprofesional, mesa donde han tenido presencia todos los grupos políticos con representación municipal, destacando el consenso y buena disposición de todos ellos en aras a poner en marcha un procedimiento que evite agravar su situación a las personas con escasos recursos económicos y en riesgo de exclusión.
Con las modificaciones propuestas se persigue evitar, en la medida de lo posible, agravar la situación de aquellas personas que aun teniendo deudas con la Hacienda Municipal, carecen de bienes y recursos para hacer frente a estas deudas o bien disponen únicamente de su vivienda habitual. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de apremio hasta sus últimas consecuencias para el pago de las citadas deudas municipales implicaría el desahucio del deudor y el consiguiente peligro de desarraigo.
Otra de las modificaciones que se proponen tiene como finalidad esencial incorporar a la ordenanza general el acuerdo alcanzado en la mesa creada al efecto para estudiar soluciones a los embargos de cuentas abiertas en entidades de crédito donde se ingresan sueldos, salarios o pensiones por cuantía inferior al salario mínimo interprofesional. A la citada mesa han asistido todos los grupos políticos municipales, llegando al consenso de poner en marcha un procedimiento que evite agravar la situación económica a las personas con escasos recursos y en riesgo de exclusión social. Se introduce el procedimiento de insolvencia provisional.
Otra medida que se incorpora es la posibilidad de fraccionar en periodo voluntario las multas impuestas, una vez que se haya adquirido firmeza la sanción recaída.
Se han introducido mejoras técnicas entre las que cabe resaltar la no liquidación separada de los recargos que puedan devengarse en el periodo ejecutivo cuando sean inferiores a 6 euros. En la ordenanza vigente se recoge solo la no liquidación de deudas por impuestos municipales inferiores a esa cantidad. Con ello se pretende lograr una mayor eficiencia recaudatoria no poniendo al cobro deudas cuyo coste de exacción se prevea que va a ser superior a su importe.
Igualmente, se propone especificar la competencia del Gerente del organismo sobre establecer un importe mínimo para cada plazo de los fraccionamientos que no haga ineficiente su gestión recaudatoria.
Por último se propone incluir la transferencia bancaria como medio de pago, admitida por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta el informe emitido por la Intervención General Municipal y el Dictamen del Jurado Tributario, se proponen los siguientes:
Acuerdos
Primero. La aprobación, como Proyecto, del Anteproyecto de modificación de la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga.
Segundo. Que, en caso de ser aprobado el anteproyecto por la Junta de Gobierno Local, el Proyecto se traslade al Pleno, a través de la Comisión de Economía, Hacienda, Recursos Humanos y para la Reactivación Económica, Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y Turismo, para que decida sobre su aprobación inicial, cumpliendo con el trámite que legal y reglamentariamente le corresponda”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, dio su aprobación a la propuesta que antecede, y, consecuentemente, adoptó los acuerdos en la misma propuestos.
A continuación se transcribe el texto del proyecto de modificación de la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga, objeto de aprobación:
“ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 2016
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto Esta ordenanza general, dictada de conformidad a lo prevenido en el artículo 106.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, contiene las normas comunes, tanto sustantivas como procedimentales que, en materia de gestión, inspección, recaudación y régimen sancionador, complementan al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la normativa de desarrollo de las mismas y, a las ordenanzas y resoluciones específicamente reguladoras de cada uno de los distintos ingresos, de las que serán supletorias la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 2. Atribución de la potestad reglamentaria 1. La potestad reglamentaria del Ayuntamiento de Málaga en materia de ingresos de derecho público corresponde a su Pleno, el cual la ejerce a través de las ordenanzas y resoluciones aludidas en el artículo 1.º de la presente ordenanza; ello sin perjuicio de sus facultades de delegación en materia de precios públicos, conforme prevé el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 2. En relación con las ordenanzas fiscales y demás normas reguladoras de ingresos de derecho público corresponderá a la Gerencia del “Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga” evacuar las consultas previstas en los artículos 88 y siguientes de la Ley General Tributaria, así como emitir
disposiciones interpretativas y aclaratorias de las ordenanzas fiscales y demás normas reguladoras de ingresos de Derecho Público.
CAPÍTULO II
Gestión de ingresos
Artículo 3. Obligado tributario y personas o entidades obligadas al pago
El obligado tributario y las personas o entidades obligadas al pago tienen, entre otros, los siguientes deberes:
a) Pagar la deuda y sanciones que puedan imponerse. b) Formular cuantas declaraciones o modificaciones se exijan para
cada tributo o ingreso de derecho público, consignando en ellas el DNI, CIF o NIF, de la persona o entidad interesada y, en su caso, de su representante, acompañando fotocopia de los mismos. c) Tener a disposición de la Administración Municipal los libros de contabilidad, registro y demás documentos que deba llevar y conservar, con arreglo a la ley y según establezca en cada caso la correspondiente ordenanza. d) Facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y proporcionar a la Administración municipal los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible. e) Declarar su domicilio fiscal y/o administrativo conforme a lo establecido en el artículo siguiente. f) En materia de representación legal y voluntaria se estará a lo dispuesto por los artículos 45 y 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. g) Para el disfrute de los beneficios fiscales establecidos potestativamente en los tributos exigidos por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, será requisito imprescindible que el obligado tributario, en el momento de presentar la correspondiente solicitud y en el de los sucesivos devengos cuando se trate de tributos de cobro periódico por recibo, se encuentre al corriente en el pago de todas sus exacciones municipales cuyo periodo voluntario de ingreso haya vencido, así como que tenga domiciliado el pago de las cuotas de aquellos tributos de devengo periódico de los que sea sujeto pasivo, en una cuenta corriente o libreta de ahorros abierta en una entidad bancaria que posea sucursal en España. h) Para garantizar su adecuada efectividad, cualquier aspecto fiscal que se incluya o que se pretenda incluir en acuerdos o convenios de colaboración suscritos o a suscribir por el Ayuntamiento de Málaga o sus organismos autónomos que afecte a la aplicación del sistema tributario municipal, deberá recogerse en la ordenanza fiscal municipal correspondiente y someterse al procedimiento establecido en el artículo 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 4. Domicilio 1. El obligado tributario y la persona o entidad obligada al pago debe declarar su domicilio fiscal y/o administrativo. 2. Cualquier modificación relativa al domicilio fiscal y/o administrativo habrá de ser puesta en conocimiento de este Ayuntamiento por parte del obligado tributario o de la persona o entidad obligada al pago, para lo cual deberá formular declaración expresa ante la Administración municipal. En tanto no sea efectuada la declaración prevista en este precepto o la modificación establecida en el artículo 48.3 de la Ley General Tributaria, tiene la consideración de domicilio fiscal y/o administrativo de cada obligado tributario o persona o entidad obligada al pago el que conste en los correspondientes registros municipales.
3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos anteriores será constitutivo de infracción administrativa.
4. A efectos de la eficacia de las notificaciones se estimará subsistente el último domicilio declarado.
Artículo 5. Callejero municipal: Categoría de viales Con carácter subsidiario a las especificaciones que sobre asignación de categoría pudieran contenerse en las distintas ordenanzas de los diferentes tributos o en las disposiciones y normas particulares que pudiesen dictarse para la regulación y aprobación, por vía reglamentaria, de las correspondientes clasificaciones viarias, serán de aplicación las siguientes reglas: a) En el supuesto de existencia real de una vía que específicamen-
te no se encuentre incluida en callejero, se entenderá clasificada en última categoría hasta tanto se acuerde su inclusión en el callejero y se le asigne categoría. b) Si el número de gobierno de la finca objeto del tributo o precio no apareciese contemplado en el callejero, se aplicará la categoría correspondiente al último tramo contemplado para el lateral afectado. c) En el caso de fincas objeto de tributo o precio, en las que existan accesos desde vías de distinta categoría, se tendrá en consideración siempre la de mayor categoría. d) En aquellos supuestos en que el nombre de una vía ya incluida en el callejero sufra cualquier tipo de alteración o modificación en su denominación, seguirá conservando la categoría que tenía asignada.
Artículo 6. Unicidad de actos Podrán refundirse en documento único de declaración, liquidación y recaudación las exacciones que recaigan sobre el mismo obligado tributario o persona o entidad obligada al pago en cuyo caso se requerirá: a) En la liquidación deberán constar las bases y tipos o cuotas de
cada concepto, con lo que quedarán determinadas o individualizadas cada una de las liquidaciones que se refunden. b) En la recaudación deberán constar por separado las cuotas relativas a cada concepto cuya suma determinará la cuota refundida a exaccionar mediante documento único.
Artículo 7. Presentación de declaraciones de alta, baja y modificación
Con carácter general, y siempre que las normas legales o reglamentarias reguladoras de cada tributo o ingreso no establezcan normas específicas de gestión, las declaraciones de altas, bajas o modificaciones se presentarán en el plazo máximo de un mes desde que se produzcan las circunstancias que las motiven.
Con carácter general, las declaraciones de modificación surtirán efecto para el ejercicio inmediato siguiente al que se formulen. No obstante lo anterior, cuando la fecha que se consigne en la declaración como de efectividad de la baja o de la modificación sea anterior a la de presentación de la declaración, aquella fecha deberá ser probada por quien la declare, en cuyo caso serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de pruebas se contienen en el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo lo dispuesto en los artículos 105 a 108 de la Ley General Tributaria.
Artículo 8. Padrones fiscales, listas cobratorias e inclusión, variación o exclusión de oficio en los censos
1. En los tributos de cobro periódico en los que la gestión corresponda íntegramente al O.A. Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, el padrón y la lista cobratoria se elaborarán, por cada periodo, teniendo en cuenta las declaraciones de los interesados y demás datos que se conozcan como consecuencia de las actuaciones de comprobación e investigación. Dicho instrumento contendrá, además de los datos específicos que cada uno requiera según las características de la exacción, los siguientes extremos:
a) Nombre, apellidos y domicilio del sujeto pasivo. b) Emplazamiento de la finca, establecimiento industrial o comer-
cial, matrícula del vehículo, o elemento objeto de la exacción en cada caso. c) Base imponible. d) Cuota asignada. 2. En los demás casos, el órgano de la Administración competente para la elaboración del correspondiente padrón o matrícula, deberá remitirlo, anualmente, en los plazos que, en cada caso se establezcan al organismo autónomo, al efecto de proceder a su exposición al público; en el caso de los padrones fiscales dicha exposición se hará junto con sus listas cobratorias. 3. Los padrones y listas cobratorias, se someterán a la aprobación del órgano competente y, una vez aprobados, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los correspondientes edictos se expondrán al público en el tablón electrónico municipal habilitado a dicho efecto para examen y recurso por parte de los legítimamente interesados durante el plazo de treinta días. 4. La exposición pública a la que se refiere este artículo se efectuará mediante atención personalizada en las dependencias municipales de información al contribuyente o en aquellas otras que se designen expresamente, en el horario establecido de atención al público, debiendo los interesados acreditar tal condición para poder acceder a la información tributaria correspondiente, ya se efectúe mediante acceso restringido al documento que contenga el padrón o matrícula, visualización de los datos de pantalla, copia de los mismos o comunicación verbal de la información. En fechas diferentes será igualmente necesario acreditar la condición de interesado para que la consulta sea autorizada. 5. Cuando la Administración Municipal tenga conocimiento de la existencia, modificación o desaparición de los elementos configuradores del hecho imponible, y estos no hayan sido declarados por el obligado tributario o persona o entidad obligada al pago, se notificará este hecho a la persona interesada concediéndole un plazo de diez días para que formule las alegaciones que estime convenientes a su derecho. Transcurrido dicho plazo y a la vista de las alegaciones que en su caso se hubieran formulado, se procederá, de oficio, a la inclusión, variación o exclusión que proceda, notificándosele así, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, resultaran de aplicación. Las inclusiones, variaciones o exclusiones realizadas de oficio surtirán efecto en la matrícula o padrón del periodo impositivo inmediato siguiente, sin perjuicio de que la administración tributaria municipal practique las liquidaciones que fueran procedentes en función de las modificaciones advertidas para los periodos tributarios no prescritos. No obstante lo anterior, cuando la Administración tributaria municipal tenga conocimiento de la defunción de quien figure en los padrones fiscales como obligado tributario, procederá a efectuar, de oficio, la correspondiente exclusión, una vez constatado fehacientemente el fallecimiento, retrotrayéndose los efectos de la variación al momento del mismo, anulando las liquidaciones que desde tal momento se hubieran girado a nombre del causante y practicando a los herederos las nuevas liquidaciones que procedan. En los tributos de gestión compartida con otras administraciones públicas, cuando la Administración tributaria municipal tenga conocimiento de la defunción de quien figure en los padrones fiscales como obligado tributario, procederá a efectuar, de oficio, la correspondiente comunicación al órgano encargado de la gestión catastral, censal o padronal.
Artículo 9. Variaciones de las circunstancias determinantes de la cuantía o exigencia de la deuda
1. Salvo disposición en contrario, no será preciso notificar individualizadamente a los obligados tributarios las variaciones que experimenten las bases tributarias como consecuencia de modificaciones dispuestas por las leyes de presupuestos, de medidas financieras y tributarias y otras análogas, así como las establecidas por ordenanzas fiscales municipales, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
2. Los obligados tributarios y las personas o entidades obligadas al pago han de declarar, además de su alta y baja en los correspondientes padrones fiscales y de precios públicos, cualquier modificación en su situación jurídica o material de la que pueda derivarse una alteración con respecto a la sujeción a un tributo o ingreso de derecho público.
No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente no será exigido el pago de la correspondiente deuda cuando, aún no cumplida tal obligación, sea demostrado fehacientemente que no concurrían las condiciones jurídicas o supuestos de hecho determinantes de su exigibilidad. Ello sin perjuicio de la imposición de la correspondiente sanción por incumplimiento de la obligación establecida anteriormente.
Artículo 10. Autoliquidaciones La presentación de declaración-liquidación o autoliquidación sin el ingreso simultáneo de la deuda correspondiente no afectará a la contracción del derecho en cuentas, debiendo procederse a su reconocimiento como “liquidación de contraído previo, ingreso directo”. Igual tratamiento tendrá la presentación de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones, cuando el ingreso no se efectúe por haberse solicitado el aplazamiento o fraccionamiento en el pago de la deuda.
Artículo 11. Importe mínimo de liquidación 1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, no se practicarán liquidaciones de impuestos municipales ni de sanciones tributarias de las que resulten deudas inferiores a seis euros. 2. Conforme a lo previsto por el artículo 72.5 del Reglamento General de Recaudación, no se practicará liquidación separada por interés de demora en el procedimiento de apremio, cuando la cantidad resultante por este concepto sea inferior a seis euros. Tampoco se practicarán liquidaciones separadas de recargos del periodo ejecutivo por importe inferior a dicha cuantía. Esta limitación no afecta a los intereses devengados en aplazamientos o fraccionamientos de pago.
CAPÍTULO III
Disciplina tributaria
Artículo 12. Procedimiento sancionador La Gerencia del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga será la competente para acordar e imponer sanciones previa la instrucción del correspondiente expediente. En el caso de que proceda, además, regularizar la situación tributaria del infractor, el expediente sancionador se incoará, con carácter general, de forma distinta e independiente, salvo las excepciones previstas por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
CAPÍTULO IV
Inspección tributaria
Artículo 13. Atribución de funciones inspectoras La dirección y jefatura superiores de la Inspección Tributaria corresponde a la Gerencia del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga.
Artículo 14. Planificación de las actuaciones 1. Corresponde a la Gerencia del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga aprobar los planes de control tributario. 2. Los planes de Inspección se elaborarán anualmente. En general, su contenido tiene carácter reservado, y no es susceptible de publicación, aunque ello no impedirá que se puedan hacer públicos los criterios generales que lo informen. El ejercicio de las funciones propias de la Inspección de los tributos se adecuará a los planes citados, sin perjuicio de la iniciativa de los actuarios de acuerdo con los criterios de eficacia y oportunidad.
CAPÍTULO V
Recaudación
Sección primera: Organización
Artículo 15. Gestión recaudatoria 1. El Ayuntamiento de Málaga, sus organismos autónomos, entidades públicas empresariales y empresas públicas tienen atribuida la gestión recaudatoria de sus créditos tributarios y demás de derecho público, que es efectuada: a) En periodo voluntario, por su Órgano de Gestión Tributaria,
dependencias delegadas, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y empresas públicas que tengan atribuida la gestión de los correspondientes recursos. Esta gestión engloba las propuestas de resolución de aplazamientos o fraccionamientos relativas a solicitudes presentadas en dicho periodo, que serán resueltas por el órgano que en cada caso resulte competente. El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga podrá asumir, previa solicitud de los organismos autónomos, entidades públicas empresariales o empresas públicas interesados, la recaudación de los recursos de derecho público gestionados por los mismos. b) En periodo ejecutivo, exclusivamente por el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga cuando se trate de recursos del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos, entidades públicas empresariales y empresas públicas exigibles por el procedimiento de apremio. 2. La Dependencia de Recaudación del Ayuntamiento de Málaga cuya función queda adscrita al Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga podrá realizar, conforme a las instrucciones que imparta la Gerencia, las actuaciones de colaboración que establezcan las leyes en la gestión recaudatoria propia de otros entes públicos. 3. Por la Dependencia de Recaudación se realizarán las tareas necesarias para que las liquidaciones y los valores incorporados a listas cobratorias reúnan los elementos mínimos necesarios, normativamente definidos, que permitan su exacción por el procedimiento recaudatorio. Se remitirá a las dependencias de origen relación detallada de los valores incursos en estas anomalías, a efectos de su subsanación. Anualmente se realizará una memoria explicativa de la depuración de valores efectuada y principales anomalías detectadas en las liquidaciones y listas cobratorias, a los efectos de propuesta de mejora en la gestión y recaudación municipal.
Artículo 16. Competencias Los órganos competentes en materia tributaria y demás ingresos de derecho público serán los determinados por la Ley General Tributaria y por sus reglamentos de desarrollo, por la legislación local, los estatutos del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga y por las resoluciones y acuerdos dictados en su desarrollo.
Sección segunda. Extinción de las deudas
Artículo 17. Medios de pago 1. Los pagos que deban ser realizados en las cajas de la Recaudación Municipal podrán ser efectuados a través de:
a) Giro postal o telegráfico a favor del Ayuntamiento de Málaga. El pago se entenderá efectuado desde el momento de la imposición.
b) Domiciliación en cuenta corriente o de ahorro en las condiciones que se determinan en el artículo siguiente.
c) Tarjeta de crédito o débito. d) Cajero automático en las entidades en que así se admita. e) Sistemas telemáticos a través de la página web municipal o de
las pasarelas de pagos establecidas por las entidades financieras colaboradoras en la recaudación. f) Las entidades financieras colaboradoras en la recaudación. g) Cheque, el cual deberá reunir, además de los generales exigidos por la normativa mercantil, los siguientes requisitos: 1.º Ser nominativo a favor del Ayuntamiento de Málaga. 2.º Estar fechado en el mismo día de su entrega, o en los dos
inmediatamente anteriores. 3.º Estar conformado, certificado o expedido por la entidad
librada. 4.º Expresar con toda claridad el nombre y apellidos o razón
social de la persona o entidad libradora, bajo su firma. Si esta actúa en representación de otra persona, la identificación de esta habrá de figurar en la antefirma. La entrega del cheque que reúna tales requisitos liberará a la persona o entidad deudora por su importe desde el momento de su recepción por la caja correspondiente. En otro caso tal liberación quedará demorada hasta el momento en el que, en su caso, sea hecho efectivo. La parte no hecha efectiva de un cheque, una vez transcurrido el periodo voluntario, dará lugar a la expedición del correspondiente título ejecutivo de la parte no pagada para su cobro por el procedimiento de apremio. Si el cheque estaba válidamente conformado o certificado, le será exigido a la entidad que lo conformó o certificó; en otro caso, le será exigido a la persona o entidad deudora. h) Transferencia bancaria.
2. En cualquier caso quien remita el cheque, giro o transferencia consignará con claridad los datos necesarios para identificar plenamente la deuda o deudas a cuyo pago haya de ser imputada la operación, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias derivadas del incumplimiento de ello o de los errores cometidos en la identificación de la deuda. En todo caso habrá de consignarse: el concepto, periodo y número del recibo, liquidación, expediente de apremio o expediente sancionador. Si se realiza el pago por alguno de estos medios será necesario en todo caso, la remisión por fax o por correo electrónico a la dirección del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga, del justificante de dicho ingreso así como del documento de pago o, en su caso, del boletín de denuncia.
3. La utilización de cualquier medio de pago alternativo a la entrega de dinero efectivo de curso legal no podrá implicar gasto alguno por su tramitación a cargo del Ayuntamiento. Si así no fuere, el gasto cargado al Ayuntamiento será automáticamente resarcido del importe abonado al mismo, continuándose el procedimiento recaudatorio por el resto de la cantidad adeudada pendiente de abono.
4. El pago mediante tarjeta se ajustará a lo dispuesto por el artículo 36 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. La cuantía máxima a abonar por este medio en cada documento de ingreso será el que en cada caso permita la correspondiente tarjeta.
Artículo 18. Domiciliación en entidades de crédito 1. Las personas o entidades obligadas al pago podrán domiciliar el mismo, exclusivamente respecto a deudas de vencimiento periódico, en cuentas abiertas en oficinas de entidades de crédito, siempre que tales oficinas radiquen en territorio español. Para ello, o bien habrán de comunicarlo directamente a la Administración Municipal mediante impreso que a tal efecto les será facilitado por la Administración Tributaria Municipal, o bien dirigirán orden personal de domiciliación a la entidad de crédito correspondiente, en cuyo caso esta habrá de comunicarlo formalmente a la Administración Municipal para la eficacia de la domiciliación. En cualquier caso, estas
comunicaciones, para que surtan efecto en el mismo ejercicio, habrán de efectuarse al menos dos meses antes del comienzo del periodo recaudatorio establecido para el tributo o ingreso de derecho público de que se trate; las efectuadas con posterioridad a dicho plazo surtirán efecto conforme a lo regulado en el calendario fiscal para cada ejercicio.
2. El pago podrá domiciliarse en una cuenta que no sea de titularidad de la persona o entidad obligada, siempre que quien ostente la titularidad de la misma autorice la domiciliación.
3. Las declaraciones de modificación o baja de las domiciliaciones habrán de efectuarse con idénticos requisitos.
4. Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por la persona o entidad obligada, rechazadas por la entidad de crédito o la Administración Municipal disponga expresamente su invalidez por causas justificadas. En este último caso, la Administración deberá notificar el acuerdo por el que se declare la invalidez a la persona o entidad obligada al pago y a la entidad colaboradora.
5. Los recibos domiciliados se procesarán de acuerdo con el procedimiento establecido por el Consejo Superior Bancario.
Artículo 19. Efectos del pago El pago o extinción por cualquier forma de débitos al Ayuntamiento de Málaga, no tendrá otros efectos que los determinados por el artículo 59 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que en ningún caso haga prueba o implique en forma alguna la concesión de permisos, autorizaciones o licencias que corresponda emitir a dicho Ayuntamiento.
Artículo 20. Aplazamiento y fraccionamiento del pago 1. Las normas contenidas en el Reglamento General de Recaudación sobre aplazamiento y fraccionamiento del pago son aplicables a las deudas tributarias y demás de Derecho Público a favor del Ayuntamiento de Málaga tanto en periodo voluntario como ejecutivo, con las precisiones que se detallan en el presente artículo. No obstante, no se concederán aplazamientos/fraccionamientos en periodo voluntario en el caso de autoliquidaciones o liquidaciones que hayan sido fraccionadas conforme a lo dispuesto en la ordenanza reguladora del tributo o ingreso público en cuestión, o cuando se trate de aplazamientos/fraccionamientos previstos con carácter genérico por la Administración Municipal. 2. En todo caso las personas o entidades interesadas cumplimentarán la solicitud en modelo normalizado que facilitará la Dependencia de Recaudación. La solicitud para deudas en periodo ejecutivo habrá de comprender todas las deudas tributarias y demás de derecho público de las que sea sujeto pasivo u obligada al pago la persona o entidad solicitante y respecto de las cuales haya transcurrido el periodo voluntario de ingreso. Para deudas en periodo voluntario la solicitud comprenderá el valor o valores que se solicite aplazar/fraccionar. Junto a la solicitud se deberán aportar los siguientes documentos: Solicitudes sobre deudas de personas físicas: Fotocopia de la
última nómina y de la declaración del IRPF, o certificado de la AEAT de no presentar declaración. En los casos de desempleo certificado del organismo correspondiente que acredite dicha situación. En caso de personas pensionistas, certificado de la Seguridad Social u organismo competente de la CCAA que acredite su importe. Solicitudes sobre deudas de personas jurídicas: Copia de la última declaración del impuesto de sociedades y de la escritura de constitución de la sociedad. En ambos casos se aportarán los datos bancarios (código cuenta cliente) de una cuenta abierta en oficina de entidades de depósito radicada en territorio español. 3. Corresponderá acordar a quien ostente la titularidad del Órgano de Gestión Tributaria, con carácter general y atendidas las circunstancias sociales, económicas y financieras de cada momento,
la determinación del plazo máximo en aplazamientos y número de plazos máximos en fraccionamientos que puedan ser concedidos en función del importe de la deuda afectada. Asimismo le corresponderá fijar el importe mínimo de los plazos de los fraccionamientos. Dichos acuerdos serán publicados con carácter previo a su aplicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.
4. Los valores que se encuentren en periodo voluntario de ingreso y se correspondan con ingresos de cobro periódico por recibos podrán fraccionarse en cada ejercicio y a petición de las personas o entidades interesadas siempre que sean superiores a la cantidad acordada por el o la titular del Órgano de Gestión Tributaria que se publicará en las condiciones del párrafo anterior. La deuda resultante de los procedimientos sancionadores podrá fraccionarse una vez haya adquirido firmeza la correspondiente sanción.
5. Salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas, atendiendo a la situación económica del obligado al pago y previo estudio individual de su solicitud, no se podrá conceder un aplazamiento/ fraccionamiento por deudas de cuantía inferior o por periodos superiores a los que se determinen conforme al apartado 3.º o a favor de deudores que, en los cuatro años anteriores a la fecha de la solicitud, hayan incumplido las condiciones de un aplazamiento o fraccionamiento.
6. Para todas las deudas superiores a la cantidad acordada por la persona titular del Órgano de Gestión Tributaria, sin considerar los intereses de demora derivados del propio aplazamiento/fraccionamiento, será necesaria la prestación de garantía suficiente que avale el fraccionamiento o aplazamiento solicitado. Tratándose de deudas en periodo ejecutivo, la garantía podrá consistir en la anotación de embargo preventivo de bienes del deudor en los registros públicos correspondientes.
No obstante y siempre que incidan circunstancias objetivas, el órgano de recaudación, podrá dispensar tal garantía.
El acuerdo previsto en este apartado habrá, igualmente, de publicarse con carácter previo a su aplicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.
Artículo 21. Compensación 1. De conformidad con el 73 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas de derecho público vencidas, líquidas y exigibles que el Estado, las comunidades autónomas y demás entidades de derecho público tengan con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga. La compensación se realizará con los créditos reconocidos a favor de las entidades citadas, incluidos los saldos deudores que mantenga el Ayuntamiento como consecuencia de su participación en los ingresos del Estado. 2. El inicio del procedimiento de compensación se notificará a la entidad correspondiente indicando la deuda y el crédito que van a ser objeto de compensación en la cantidad concurrente. Asimismo se comunicará al Ministerio, Consejería, Órgano o Dependencia responsable de la ejecutividad de los actos compensables para que se pueda producir la compensación correspondiente. 3. Si el crédito es inferior a la deuda, se procederá como sigue:
a) La parte de deuda que exceda del crédito seguirá el régimen ordinario, iniciándose el procedimiento de apremio, si no es ingresada a su vencimiento, o continuando dicho procedimiento, si ya se hubiese iniciado con anterioridad, siendo posible practicar compensaciones sucesivas con los créditos que posteriormente puedan reconocerse a favor de la entidad correspondiente.
b) Por la parte concurrente se procederá según lo dispuesto en el apartado 1.
4. En caso de que el crédito sea superior a la deuda, declarada la compensación, se abonará la diferencia a la entidad correspondiente.
Sección tercera Procedimiento de recaudación en periodo voluntario
Artículo 22. Instrumentos de pago Sin perjuicio alguno de la notificación edictal colectiva de las
deudas de vencimiento periódico, así como de las actuaciones que se hayan producido en cualquier procedimiento recaudatorio, podrán ser remitidos a los obligados tributarios y personas o entidades obligadas al pago avisos o instrumentos de pago de sus deudas, a los solos efectos de facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones.
En cualquier caso la no recepción de dicho documento no excusará del referido cumplimiento en la forma y plazo exigibles, por lo que los que por cualquier causa no los recibieran habrán de solicitarlos en las oficinas municipales o dependencias de la Recaudación municipal al objeto de hacer efectiva la deuda dentro del periodo voluntario de pago.
Sección cuarta Procedimiento de recaudación en periodo ejecutivo
Artículo 23. Mesa para la subasta y adjudicación de bienes embargados
La mesa para la subasta de bienes embargados estará compuesta por la persona titular de la función de recaudación, que asumirá la presidencia de la mesa; el Interventor o Interventora Municipal; la persona responsable de la Dependencia de Recaudación; y el Secretario o Secretaria del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga, quien actuará como Secretario o Secretaria, o en su caso, por quienes les sustituyan.
Artículo 24. Precios públicos, prestaciones patrimoniales de carácter público, multas y sanciones
Esta ordenanza es aplicable a la gestión recaudatoria de los precios públicos, prestaciones patrimoniales de carácter público, multas y sanciones establecidos o impuestas por el Ayuntamiento de Málaga, con carácter supletorio a lo dispuesto en sus normativas municipales específicas. Su recaudación en periodo ejecutivo se iniciará al día siguiente del vencimiento del periodo voluntario de pago.
Sección quinta Contabilidad de la recaudación
Artículo 25. Anulación de deudas, declaración de fallidos, créditos incobrables y estado provisional de insolvencia
1. Conforme a lo previsto por el artículo 16 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, serán anuladas y dadas de baja en contabilidad las deudas imputables a una persona o entidad deudora incursas en vía de apremio, cuyo importe total, excluido el recargo de apremio, no supere los 30 euros, a condición de que sea acreditada la imposibilidad de compensarlas, bien por no existir crédito reconocido de dicha persona o entidad contra la Hacienda Municipal, bien por estar el mismo endosado a una tercera persona o entidad con expreso conocimiento de aquella.
Asimismo, será preciso probar que la persona o entidad obligada ha resultado desconocida en el domicilio que figura en la providencia de apremio o en cualquier otro domicilio del que tuviere conocimiento la Administración Tributaria Municipal.
2. Con independencia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento General de Recaudación, para declarar la insolvencia de los obligados tributarios y demás personas o entidades obligadas al pago por importes superiores a dos mil quinientos euros será preciso, en todo caso, haber obtenido información sobre derechos a su favor en el Registro de la Propiedad.
Especialmente, cuando la imposibilidad de cobrar se produzca por desconocerse el paradero de la persona o entidad obligada, se consultará la información sobre la misma obrante o a la que tenga acceso la Administración Tributaria Municipal. De todo ello se dejará constancia en el expediente.
Cumplimentado el trámite, se remitirá a la Gerencia del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga para que acuerde declararlos fallidos o, en su caso, mande subsanar los defectos que observe previa propuesta efectuada por la persona Titular de la función de recaudación, que acreditará el cumplimiento de los criterios para la determinación de créditos incobrables contenidos en las resoluciones dictadas al efecto.
La inexistencia de bienes embargables de personas o entidades obligadas cuyo domicilio sea conocido se justificará en el expediente de apremio, a través de las correspondientes diligencias negativas de embargo de los bienes a que se refiere el artículo 169.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Asimismo, se acreditará la solicitud de información de cuentas de la persona o entidad deudora en entidades de depósito y la inexistencia de las mismas o, en su caso, las diligencias negativas de embargo practicadas en dichas cuentas.
3. Declarada fallida una persona o entidad, los créditos contra la misma de vencimiento posterior serán dados de baja por referencia a dicha declaración, si no existen otras personas o entidades obligadas o responsables.
4. En todo caso, será necesario acreditar que tampoco se puede compensar la deuda, bien por no existir créditos reconocidos por acto administrativo firme de la Hacienda Municipal a favor del obligado tributario o de la persona o entidad obligada al pago, bien por estar endosado el crédito a una tercera persona con conocimiento del servicio o dependencia de contabilidad municipal.
5. En los casos de solvencia sobrevenida y de tramitación de baja de valores con manifiesto error de hecho, y no mediando prescripción, se procederá a la rehabilitación de los créditos incobrados. Como consecuencia, se reabrirá el procedimiento de recaudación comunicando simultáneamente la determinación adoptada a la correspondiente oficina gestora para que practique nueva liquidación de los créditos dados de baja, a fin de que, en su caso, sean expedidos los correspondientes títulos ejecutivos en la misma situación de cobro en que se encontraban en el momento de la declaración de fallido.
6. En el caso de que, a través de la información obtenida como consecuencia de las actuaciones recaudatorias realizadas durante el procedimiento de apremio respecto del obligado, se constatase la inexistencia de bienes y créditos embargables o que el único bien realizable fuese la vivienda habitual del mismo, se procederá a iniciar expediente de insolvencia provisional en el que se distinguirá:
a) En el caso de inexistencia de bienes embargables y, en particular, de sueldos salarios o pensiones cuyo importe sobrepase el salario mínimo interprofesional, el procedimiento culminará con la declaración de fallido del obligado.
b) Si el único bien realizable fuese la vivienda habitual, acreditada tal circunstancia, y en atención al principio de proporcionalidad establecido en los artículos 3 y 169 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el procedimiento de apremio se limitará al embargo de dicha vivienda sin proceder a realizar actuaciones tendentes a su enajenación. Se actuará de igual forma con la deuda que, en lo sucesivo, devengue el obligado y que se vea incursa en el procedimiento de apremio. En caso de solvencia sobrevenida, transmisión del bien, ejecución de acreedores preferentes u otras similares, se continuará el procedimiento de apremio.
c) Sobre medidas de aseguramiento y otros aspectos del procedimiento se estará a lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
7. Todo aquel deudor que considere que se encuentra en una situación de insolvencia provisional, podrá comunicar su situación patrimonial al Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento, a los efectos previstos en este artículo.
Artículo 26. Derechos de difícil o imposible recaudación 1. A los efectos previstos en los artículos 191.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 103 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de abril, anualmente será determinada la cuantía de los derechos liquidados pendientes de cobro, que sean considerados como de difícil o imposible recaudación, en función de los siguientes criterios:
a) Antigüedad de las deudas con relación a la fecha de su devengo. b) Importe de las deudas, considerándose mayor dificultad de
cobro cuanto menor sea su cuantía.
c) Características de la recaudación según la naturaleza de la deuda, valorándose sus índices y porcentajes tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva.
d) Evolución de las bajas de valores, incluidas las correspondientes a prescripciones y créditos incobrables.
2. La consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación en ningún caso implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas.
CAPÍTULO VI
Recursos administrativos y suspensión de actos
Artículo 27. Recursos administrativos Contra los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público, que sean de competencia municipal los interesados deberán presentar, previamente al recurso contencioso-administrativo, reclamación económico administrativa que será resuelta por el Jurado Tributario del Ayuntamiento de Málaga. No obstante también podrán presentar, con carácter potestativo y previo a dicha reclamación económico administrativa, el recurso de reposición regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La resolución del Jurado Tributario, pone fin a la vía administrativa y contra ella solo cabrá la interposición del recurso contenciosoadministrativo. La citada reclamación se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley prevé la reclamación económico-administrativa ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado. Artículo 28. Suspensión de la ejecución de actos impugnados En los supuestos previstos en los artículos 224.2.c) y 233.2.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en relación con el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y siempre que la cantidad total afianzada no supere los 1.500 euros, será admitida la fianza personal, solidaria y de vigencia indefinida con renuncia a los beneficios de excusión y división, hasta que el Ayuntamiento autorice su cancelación, prestada por dos personas residentes en el término municipal de Málaga y que figuren como contribuyentes por el impuesto sobre bienes inmuebles y al corriente del pago de cualquier tipo de deuda con el Ayuntamiento de Málaga. Tal fianza habrá de estar formalizada en documento notarial o ante personal funcionario competente, quien, sin perjuicio de lo anterior, podrá requerir la presentación de declaración responsable de los bienes que posean y/o certificado que acredite la disponibilidad periódica de ingresos fijos.
Artículo 29. Efectos de la ausencia de resolución expresa El recurso de reposición en materia tributaria local se considerará desestimado cuando no haya recaído resolución en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación, con excepción de los supuestos regulados en las letras j) y k) del artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en las que el plazo se computará desde el día siguiente al que se formulen las alegaciones o se dejen transcurrir los plazos señalados. Las reclamaciones económico-administrativas ante el Jurado Tributario, se considerarán desestimadas cuando no haya recaído resolución en el plazo de seis meses o un año a contar desde el día siguiente al de su interposición, según se tramiten por el procedimiento abreviado u ordinario. Igualmente, se considerará desestimada la solicitud de concesión de beneficios fiscales en relación con los tributos municipales si en el plazo de seis meses, a contar desde el momento de presentación de la solicitud, no ha recaído resolución.
Disposición final
La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y mantendrá su vigencia hasta su modificación o derogación expresas.
IV. PROCEDIMIENTO
El procedimiento a seguir en la aprobación de las ordenanzas fiscales, relativas a tributos locales, se desarrolla en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En concreto, el artículo 16.1, aplicable a la ordenanza que nos ocupa, establece que estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las normas a que se refiere el apartado 3 del artículo 15, el cual señala que las entidades locales ejercerán la potestad reglamentaria a que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta Ley, bien en las ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos locales, bien mediante la aprobación de ordenanzas fiscales específicamente reguladoras de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.
En virtud del artículo 17.1 los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales en relación con modificaciones de las ordenanzas fiscales se expondrán en el tablón de anuncios de la entidad durante 30 días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados (definidos en el artículo 18) podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En todo caso, los anuncios de exposición habrán de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo preceptivo, adicionalmente, para los Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, la publicación en un diario de los de mayor difusión de la Provincia. (artículo 17.2).
Una vez finalizado el periodo de exposición pública, las corporaciones locales, según lo dispuesto en el artículo 17.3, adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza. En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 17.4, el acuerdo definitivo y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
Las ordenanzas fiscales regirán durante el plazo previsto en las mismas, sin que quepa contra ellas otro recurso que el contenciosoadministrativo (artículo 19.1). Dicho recurso se podrá interponer a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de la citada Jurisdicción.
En cuanto a los órganos municipales competentes para adoptar los acuerdos anteriores, el artículo 127.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que corresponde a la Junta de Gobierno Local “la aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones”. Corresponde al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales, según dispone el artículo 123.1. d) de la citada ley. El acuerdo se podrá adoptar con la mayoría simple del número legal de sus miembros, según se desprende del apartado 2 de dicho artículo legal.
Previamente, se requerirá el dictamen del Jurado Tributario (artículo 137 de la Ley 7/1985) y el informe de Intervención General (artículos 213 y 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
Una vez adoptado el correspondiente acuerdo por la Junta de Gobierno Local, se exigirá, además, el Dictamen previo de la Comisión de Economía y Hacienda según dispone el artículo 122 de la Ley 7/1985 y el artículo 151 del Reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Málaga.
VI. PROPUESTAS FINALES
En base a lo expuesto en los apartados anteriores se propone someter a la consideración y aprobación de la Ilma. Junta de Gobierno Local lo siguiente:
1. Aprobar el proyecto de la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga para 2016, modificando su texto conforme a lo expresado en la presente propuesta.
2. En caso afirmativo, someter dicho proyecto al trámite legal y reglamentariamente previsto para su aplicación”.
En atención al artículo 134.1 del Reglamento Orgánico del Pleno de esta Corporación, y constando en el expediente la conformidad de acuerdo con dicha propuesta de todos los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga renunciando al plazo de presentación de enmiendas, es por lo que no se ha procedido a la apertura de dicho plazo.
Votación
La Comisión del Pleno, acordó por unanimidad, dictaminar favorablemente el asunto epigrafiado.
Propuesta al órgano decisorio
La aprobación de la propuesta de modificación de la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga, conforme al detalle y a los acuerdos adoptados por la Iltma. Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 19 de febrero de 2016, que quedan transcritos en el presente dictamen.”
Votación
El resultado de la votación fue el siguiente: El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros de la Corporación asistentes a la votación del presente punto, dio su aprobación al Dictamen cuyo texto ha sido transcrito y, consecuentemente, adoptó los acuerdos en el mismo propuestos.
Contra los referidos acuerdos, definitivos de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la presente publicación.
Al respecto se advierte que dicho recurso solo deberá referirse, en su caso, a las modificaciones que concretamente han sido introducidas en los respectivos textos de las ordenanzas afectadas tras la adopción de los pertinentes acuerdos plenarios.
Málaga, 4 mayo de 2016. El Alcalde-Presidente, P. D., el Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Carlos María Conde O’Donnell.
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