BOPMA Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Edicto 4768/2016

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Edicto 4768/2016, publicado en el Boletín número 117 del día 21 de junio de 2016

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS SERVICIO DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN
A ENTIDADES LOCALES
Edicto
El Pleno de la Diputación Provincial de Málaga, en la sesión ordinaria celebrada el 19 de abril de 2016, al punto 5.4 de su orden del día, aprobó inicialmente la Ordenanza Reguladora del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación y otros Planes o Instrumentos Específicos
de Asistencia Económica de la Diputación de Málaga a los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Provincia, el cual a los efectos de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 26 de abril de 2016, para que los interesados pudiesen efectuar las reclamaciones o sugerencias que estimasen oportunas; y no habiéndose presentado ninguna en el plazo de 30 días hábiles contados a partir de dicha publicación, la citada ordenanza se entiende aprobada definitivamente.
El texto definitivo de la Ordenanza Reguladora del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación y otros Planes o Instrumentos Específicos de Asistencia Económica de la Diputación de Málaga a los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Provincia es el siguiente:
ORDENANZA REGULADORA DEL PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN Y OTROS PLANES O INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE ASISTENCIA ECONÓMICA DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA A LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Establece el artículo 141 de la Constitución que “la provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado”.
Entre los fines propios y específicos de la provincia destaca el artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LBRL), los de garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales en el marco de la política económica y social y, en particular, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal y participar en la coordinación de la Administración Local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado.
Las distintas formas de cooperación se regulan en el artículo 30.6 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril.
La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, tras la definición de la provincia en el articulo 96, establece en el apartado tercero las competencias de la Diputación, manteniendo los criterios tradicionales de asistencia, asesoramiento y cooperación con los municipios, especialmente con los de menor población que requieran de estos servicios, así como la posible prestación de algunos servicios supramunicipales, en los términos y supuestos que establezca la legislación de la Comunidad Autónoma. Siendo asimismo competencias de la Diputación las que, con carácter específico y para el fomento y administración de los intereses peculiares de la provincia, le atribuya la legislación básica del Estado y la legislación que dicte la Comunidad Autónoma en desarrollo de esta.
En desarrollo del artículo 98 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante LAULA), establece el marco competencial, en el ámbito andaluz, de las diputaciones provinciales de su territorio, reconociendo en coherencia con la previsión estatutaria “la autonomía provincial al servicio de la autonomía municipal, diferenciando ambas, reconociendo relevancia jurídica a las prioridades y solicitudes presentadas por los municipios, que no podrán ser ignoradas ni suplantadas, pero no completa o necesariamente satisfechas si la provincia, obligada a ponderar la prioridad municipal con visión intermunicipal, la entendiera desmesurada o lesiva para la prestación equitativa de un servicio”, tal y como expresa su exposición de motivos.
La LAULA en desarrollo de los mandatos de la LBRL y del Estatuto de Autonomía de Andalucía, concreta las formas de asistencia de la provincia a los municipios y establece el marco dentro del cual debe de llevarse a cabo la misma. En particular, las asistencias técnicas y económicas se contemplan en los artículos 12 y 13, en los que se disponen que dichas asistencias se regularán por norma provincial; y
diseñando a su vez las fases del procedimiento de elaboración de los citados planes y programas, fases que deberán ser respetadas por la correspondiente norma que ha de aprobar la Diputación.
Por otra parte, la modificación de la disposición adicional octava de la Ley General de Subvenciones, operada mediante Ley 24/2005, dispuso que las subvenciones que integran el Programa de Cooperación Económica del Estado a las Inversiones de las Entidades Locales, de la misma forma que las subvenciones que integran planes o instrumentos similares que tengan por objeto llevar a cabo funciones de asistencia y cooperación municipal, se regirán por su normativa específica, resultando de aplicación supletoria las disposiciones de la ley.
En aplicación del mandato contenido en el art. 13 de la LAULA, la Diputación de Málaga en sesión plenaria de 5 de junio de 2012 aprobó la Ordenanza Reguladora de los Planes y Programas de Asistencia Económica a los municipios y entidades locales autónomas de la Provincia que constituye la norma provincial reguladora de dicha asistencia a través de Planes y Programas.
La reforma del régimen local instrumentada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha venido a potenciar la función de coordinación por las diputaciones provinciales de los servicios prestados por los pequeños municipios lo que se lleva a efecto principalmente mediante la modificación de los artículos 26 y 36 de la LBRL en cuya nueva regulación resulta evidente el interés del legislador de asegurar que los servicios prestados por las entidades locales se lleve a cabo mediante fórmulas que permitan reducir los costes efectivos de los mismos.
En tal sentido, el apartado 2 del artículo 36 en su nueva redacción, introduce la prestación de servicios de carácter supramunicipal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de los servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial como servicios a incluir en el plan provincial.
Asimismo, el artículo 36.2 de la LBRL, en su nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local al regular el contenido de los Planes Provinciales, en su apartado a), establece que para el ejercicio de las competencias de coordinación de los servicios municipales entre sí, para la garantía de la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal; la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión, y en todo caso garantizar en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención; para la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial, asumiendo la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando estos no procedan a su prestación, la Diputación o entidad equivalente:
a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los municipios de la Provincia. El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de fondos, criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes efectivos de los servicios.
“Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el Plan Provincial fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos”.
Los cambios legislativos que se han producido en los últimos años hace necesaria la adaptación de los instrumentos reguladores de dicha asistencia, lo que constituye el objeto principal de esta modificación
de la ordenanza reguladora de la asistencia económica a través de planes y programas.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Concepto Se considera Asistencia Económica de la Diputación a los municipios las aportaciones de fondos destinados a financiar las inversiones, actividades y servicios de competencia municipal, que podrán ser ejecutadas por la propia Diputación o por el municipio destinatario, con sujeción a los principios y condiciones contemplados en esta ordenanza.
Artículo 2. Objeto La presente disposición tiene por objeto regular la asistencia por parte de la Diputación Provincial Málaga a través del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación y otros Planes o Instrumentos Específicos de Asistencia Económica de la Diputación de Málaga a los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Provincia para la realización de inversiones, actividades y servicios municipales, en aplicación del mandato contenido en los artículos 36 de la LBRL, artículos 12 y 13 de la LAULA.
Artículo 3. Exclusiones Quedan excluidas de las prescripciones contenidas en esta normativa:
a) Aquellas en las que en el acto de concesión se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, razones de emergencia o por acreditada dificultad de convocatoria pública.
b) Las consignadas nominativamente en el presupuesto de la Corporación.
c) Aquellas otras inversiones, actividades y servicios con normativa estatal o autonómica que establezcan un procedimiento especial de asistencia económica.
d) Los convenios de colaboración que se suscriban con otras administraciones públicas.
e) Proyectos con financiación europea en los que se considere que las condiciones impuestas para la solicitud y ejecución de los mismos, en su caso, sean incompatibles con el proceso regulado en esta normativa.
Artículo 4. Beneficiarios Podrán ser beneficiarios los ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia de Málaga. No podrán ser beneficiarios aquellos ayuntamientos y entidades locales autónomas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza del apoyo económico se exceptúe en las resoluciones de convocatoria de la correspondiente asistencia económica:
a) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
b) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de cantidades en periodo ejecutivo con esta Diputación.
Artículo 5. Financiación La financiación de la ayuda económica aportada por la Diputación se realizará con cargo a los créditos consignados en su presupuesto, especificándose en los Planes la cuantía total destinada con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes, con sujeción a lo establecido en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera. Las cantidades económicas de los programas de los ayuntamientos y entidades locales autónomas son compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad otorgadas por otras administraciones públicas o por entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, salvo aquellas para cuyo objeto se reciba apoyo
específico por cualquier Delegación de la Diputación, sus organismos autónomos y o las entidades públicas que de ella dependan.
El importe otorgado en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras asistencias, subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad. En el caso de que se produzcan economías en la ejecución del programa anual se minorará la aportación de la Diputación.
El Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma deberán comunicar la concesión de ayudas por parte de otras instituciones públicas para cualquiera de las actividades que figuren en sus programas. En el caso, que con ellas se supere el coste total del proyecto, el beneficiario está obligado a reintegrar el sobrante a la Diputación.
El Ayuntamiento o Entidad local Autónoma beneficiaria queda obligado a informar en todo tipo de comunicaciones de la financiación por parte de Diputación de la actividad de que se trate.
CAPÍTULO II
Plan Provincial de Asistencia y Cooperación
Artículo 6. Objeto El objeto general del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación es la materialización de las competencias propias de la Diputación a que alude el artículo 36.1 a), b) y c) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local:
a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para garantizar su prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial.
b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión, y en todo caso garantizar en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención.
c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial; asumiendo la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación.
El plan tiene como objeto prioritario la financiación de las inversiones y actuaciones relacionadas con la efectiva prestación de los servicios municipales obligatorios a que alude el art 26 de la LBRL.
Artículo 7. Formas de asistencia La asistencia a las entidades locales de la provincia a través del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación a que alude el artículo 36 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en relación con los artículos 12 y 13 de la LAULA se podrán llevar a cabo por cualquiera de las siguientes formas:
a) Mediante transferencia de fondos a los destinatarios al objeto de que ellos ejecuten la inversión, actividad o servicio.
b) Mediante la ejecución por la propia Diputación destinando para ello recursos económicos y/o técnicos.
Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos.
Artículo 8. Concepto Se considera Asistencia Económica de la Diputación a los municipios las aportaciones de fondos destinados a financiar las inversiones, actividades y servicios de competencia municipal, que podrán ser ejecutadas por la propia Diputación o por el municipio destinatario, con sujeción a los principios y condiciones contemplados en esta ordenanza.
Se considera asistencia técnica, a estos efectos, el conjunto de actividades que lleva a cabo la Diputación Provincial de Málaga a las entidades locales beneficiarias del Plan en materia de información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico contemplados en el artículo 12.1 de la LAULA en relación con el artículo 36 1 b) de la LBRL, así como el conjunto de actividades de carácter técnico relacionadas con las competencias municipales a que alude el art 9 de la LAULA. Todo ello con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales previstas en las leyes. Las actuaciones de asistencia técnica serán los recogidos como tales en el catálogo de programas a que alude el artículo 14.
Artículo 9. Duración El Plan Provincial de Asistencia y Cooperación tendrá carácter plurianual y se articulará a través de los correspondientes planes anuales que deben aprobarse de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 15 de la presente ordenanza. La aprobación del plan plurianual, en su caso, trae consigo la de las actuaciones incluidas en la primera anualidad.
Artículo 10. Beneficiarios Serán beneficiarios del Plan los municipios de la provincia de población igual o inferior a 20.000 habitantes y las Entidades Locales Autónomas.
Artículo 11. Financiación Las actuaciones que se incluyan en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación se financiarán mediante las aportaciones de la Diputación Provincial y de las entidades locales beneficiarias y, en su caso, del Estado, de la Comunidad Autónoma o cualquier otra de que pudiera disponerse incluidas las procedentes de la UE y no resulte incompatible con las mismas. El porcentaje de aportación al Plan de las Entidades beneficiarias así como la forma y plazos de acreditación de la misma se regularán en las correspondientes convocatorias del mismo. Las entidades locales beneficiarias harán constar de forma expresa la pertenencia de la actuación al Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de la anualidad/es que corresponda, sin perjuicio de las instrucciones de señalización que en su caso se establezca en la normativa específica del programa a que pertenezca.
Artículo 12. Mesa Plan Provincial Asistencia y Cooperación La mesa del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación se constituye como el órgano de consulta y debate sobre el desarrollo de este proceso, con funciones de propuestas en las distintas fases del mismo que se recogen en el artículo siguiente y de seguimiento de su ejecución. La mesa del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación estará compuesta por dos miembros, como máximo, de cada grupo político de la Diputación con voto ponderado en función de la representación en la misma. A las reuniones que de la misma se celebren actuará como Secretario/a la Jefatura del Servicio encargada de la coordinación de dicho proceso, levantando acta de las cuestiones que en las mismas se traten.
Artículo 13. De la asistencia técnica La asistencia técnica se llevará a cabo en los términos y condiciones que se regulen en los Programas que para esa finalidad se incluyan en el Catálogo de Programas a que alude el artículo 14, de acuerdo con los siguientes:
Principios Los principios sobre los que se asienta la asistencia técnica serán:
a) Atención preferente a los municipios de menor población y a los de insuficiente capacidad económica y de gestión, a las
peticiones de asistencia técnica relacionadas con solicitudes de asistencia económica, así como a la urgencia de la asistencia requerida. En los casos de urgencia, la entidad peticionaria deberá acreditar la concurrencia de dicha circunstancia. b) Complementariedad: la asistencia complementará actuaciones o actividades de los destinatarios de la asistencia para el cumplimiento de las funciones legalmente atribuidas a los mismos, en especial de las relacionadas con los servicios municipales de prestación obligatoria. c) Proximidad: la asistencia provincial se prestará procurando, en lo posible, el acercamiento físico de los medios empleados a los puntos de asistencia, con criterios de desconcentración, eficacia y eficiencia. d) Racionalidad y adecuación técnica, económica y temporal: en todo caso, la prestación de la asistencia velará por la racionalidad y adecuación técnica, económica y temporal de las solicitudes de asistencia. e) Respeto a la autonomía municipal. f) Disponibilidad de medios: la asistencia se prestará conforme a los medios personales y materiales de que disponga la Diputación para atender las peticiones formuladas. g) Principio de gestión eficiente: se velará por el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos destinados a la asistencia. h) Cofinanciación: el destinatario de la asistencia técnica podrá contribuir económicamente en el coste de la misma en los términos que resulten en las correspondientes convocatorias de acuerdo con los criterios del plan correspondiente.
Organización 1. La prestación efectiva de la asistencia técnica corresponde, con carácter general, a las unidades administrativas de la delegación que, en cada caso, gestione la competencia a la que se refiera la petición, de conformidad con la normativa y actos aprobados por la Diputación en ejercicio de sus potestades de organización y bajo los criterios y principios que establezcan sus órganos de gobierno. 2. La prestación se realizará directamente por el personal al servicio de dichas unidades, con cargo al presupuesto que gestionen y con los medios materiales asignados a las mismas. 3. Cuando la asistencia no pueda ser prestada directamente por la unidad o unidades administrativas competentes, podrá promoverse por estas, motivadamente, expediente de contratación administrativa correspondiendo la dirección del contrato a los órganos o funcionarios de la unidad administrativa impulsora del mismo.
Artículo 14. Catálogo de programas que integran el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación
1. El catálogo de programas del plan es el instrumento de comunicación y gestión de las actuaciones que presta la Diputación. Comprenderá la relación completa, ordenada y sistemática de las actuaciones que lleva a cabo la Diputación en cada momento a las entidades beneficiarias del plan estableciendo las características de la prestación de cada uno de ellos, en el marco de la normativa reguladora de los mismos. La información contenida en el catálogo debe posibilitar el conocimiento preciso de cada servicio por los destinatarios de los mismos.
2. La Diputación de Málaga mantendrá actualizado su catálogo de programas, para su permanente adaptación a las necesidades de las entidades locales y para facilitar la planificación de las mismas y de la propia Diputación.
Artículo 15. Procedimiento elaboración del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación
El Plan Provincial de Asistencia y Cooperación se desarrollará en “programas” que agruparán las actuaciones aprobadas en función de la finalidad de las mismas y que quedarán recogidos en los convenios anuales de asistencia y cooperación a suscribir entre la Diputación y cada entidad local beneficiaria.
El convenio es el documento en el que la Diputación y cada uno de los entes adheridos, en su caso, plasman los acuerdos alcanzados en el proceso de concertación.
El convenio recogerá, como parte integrante del mismo, el contenido de los programas que enmarcan las actuaciones pactadas.
El convenio expresará la voluntad política de las partes de desarrollar conjuntamente las actuaciones que recoge.
El procedimiento de elaboración del Plan se regirá por los principios de transparencia y publicidad de las distintas actuaciones, informes y alegaciones municipales y provinciales y se compondrá de las siguientes fases:
A. Información sobre necesidades e intereses de las Enti-
dades locales
La Diputación podrá recabar de las entidades locales información detallada sobre sus necesidades e intereses peculiares, pudiendo utilizar para ello la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) como instrumento objetivo de análisis y valoración de las necesidades de dotaciones locales.
A la vista de las necesidades advertidas, las diferentes Delegaciones de Diputación elaborarán una planificación general de actuaciones en la que se incluirán los programas, en principio susceptibles de esta asistencia, con indicación, líneas de financiación, formas de ejecución, objetivos, finalidades, actividades e indicadores y destinatarios (...)
Dicha planificación será suscrita por el Diputado/a responsable de la Delegación y se introducirá en el aplicativo informático que para tal efecto se habilita.
El servicio encargado de la coordinación del proceso elabora un borrador de catálogo de programas que se remitirá, a propuesta de la mesa del plan, a las entidades locales para su conocimiento y para que puedan proponer la inclusión de otros programas no previstos o la modificación de los incluidos en el citado borrador, por un plazo máximo de diez días.
La propuesta de inclusión o modificación de un programa se realizará a través de un modelo normalizado (electrónico) que se remitirá a la delegación competente para la prestación del mismo.
Las delegaciones gestoras en función de la materia emiten informe motivado sobre la viabilidad de las propuestas citadas anteriormente, en función de la disponibilidad de medios para ello y del resto de criterios establecidos en la norma provincial. En caso de que se informe favorablemente una propuesta, la dependencia competente elaborará la ficha del Programa que contendrá la información específica del mismo que se adaptará a los criterios generales establecidos para su definición y que se cumplimentará en el aplicativo informático que se habilita a tal efecto.
B. Criterios básicos y directrices para la elaboración del
A la vista de la información recabada el Pleno de la Diputación, a propuesta de la mesa del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, aprobará con carácter plurianual el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación que incluirá una distribución de los importes para cada entidad local beneficiaria por anualidad de acuerdo con criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que estarán necesariamente el criterio de población con apoyo preferente a los de menor población, el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios; el criterio de déficits y necesidades de infraestructuras destinado a atender carencias relacionadas con los servicios municipales obligatorios enumerados en el artículo 26 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local de acuerdo con la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales, así como, en su caso, aquellos que se regulen en las convocatorias de los organismos financiadores a que alude el artículo 11 de esta ordenanza.
Anualmente el pleno de la Diputación aprueba la correspondiente convocatoria junto con el catálogo de programas (especificando de los programas solicitados por las entidades locales, aquellos que se incluyen y los que no), para que las entidades beneficiarias soliciten la inclusión de prioridades; a dicha convocatoria se incorporará memoria justificativa de los objetivos y de los criterios de distribución de fondos de conformidad con los criterios aprobados en el plan plurianual.
En la convocatoria se incluirá el porcentaje de aportación al plan de las entidades beneficiarias así como la forma y plazos de acreditación de la misma.
Dicha convocatoria se publicará en la página web de Diputación y se comunicará a las entidades locales beneficiarias.
C. Gestión de las solicitudes de las entidades beneficiarias De acuerdo con los criterios básicos aprobados por el Pleno de
la Diputación, los ayuntamientos y entidades locales autónomas beneficiarias formularán sus propuestas de actuación a través del aplicativo informático que para tal efecto se habilita, en el plazo máximo de 20 días hábiles contados desde la comunicación de la convocatoria y en el que dispondrán del catálogo de programas aprobado por el Pleno. La propuesta de actuación solicitada se aprobará por el órgano competente de la entidad beneficiaria
D. Aprobación Plan Provincial de Asistencia y Cooperación En razón a las propuestas municipales, una vez aprobadas, la
Diputación (a propuesta de la mesa del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación) formulará un proyecto de Plan Provincial de Asistencia y Cooperación cuyo contenido se agrupará en los Programas que resulten de dichas propuestas y que contendrán la normativa específica de las actuaciones en el incluidas debiendo respetar los siguientes contenidos mínimos:
Objeto del programa Servicio responsable de la tramitación. Documentación justificativa que deber ser aportada en cada
caso por los municipios solicitantes. Presupuesto de la actuación y plan de financiación en el que
se incluya, en su caso, la anualidad o anualidades a que se refiere la inversión, actividad o servicio que se incluye en el programa. Forma de ejecución de la actuación. Plazo de ejecución y justificación.
Aprobado inicialmente dicho proyecto se expondrá al público durante un plazo de 10 días hábiles mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, para que las entidades locales puedan presentar sus correspondientes alegaciones dirigido a la consecución de acuerdos mediante la remisión del borrador de convenio con cada una de ellas, en el que se recogerán de manera individualizada las actuaciones aprobadas de ésa entidad.
Terminado el trámite de audiencia, la Diputación introducirá las modificaciones oportunas al proyecto si de las modificaciones pudiera resultar perjuicio o afección singular para uno o varios destinatarios la Diputación iniciará un trámite extraordinario de consultas con todos los interesados.
El rechazo de alguna/s de las prioridades manifestadas por las entidades adheridas deberá ser motivado con expresión del objetivo insatisfecho pudiendo por parte de las mismas realizar una nueva propuesta.
El Plan Provincial de Asistencia y Cooperación se aprobará definitivamente por el Pleno de la Diputación y se publicará en el BOP y en el portal web de Diputación.
El convenio anual será aprobado por el órgano competente de la entidad local beneficiaria y se suscribirá por la Presidencia de la Diputación y por el/la Alcalde/sa o máximo responsable de la misma o persona en quien se delegue.
Artículo 16. Modificación de actuaciones incluidas en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación
Excepcionalmente, si surgieran circunstancias especiales en algunos municipios que hicieran necesaria la modificación de las asistencias contempladas en el Convenio de Asistencia y Cooperación éstas podrán modificarse siempre que se soliciten motivadamente. Se tendrá en cuenta para la tramitación de estas solicitudes lo siguiente:
1.º Las modificaciones deberán ser solicitadas por el mismo órgano de la entidad que aprobó el Convenio de Asistencia y Cooperación.
2.º Las condiciones para llevar a cabo dichas modificaciones serán las que se establezcan en el Convenio de cada anualidad.
Artículo 17. Procedimiento de gestión Las diferentes fases del procedimiento de elaboración del plan provincial se llevarán a cabo a través del aplicativo informático habilitado al efecto que de manera gradual se irá habilitando para la tramitación electrónica de los diferentes trámites que sustancian el expediente.
CAPÍTULO III
Asistencia Económica a través de otros planes o instrumentos específicos
Artículo 18 La asistencia económica de la Diputación al margen de los planes provinciales de asistencia y cooperación se podrá llevar cabo a través de otros planes ó instrumentos específicos. En el supuesto que la asistencia económica se lleve a cabo a través de un plan ó programa la elaboración se compondrá de las siguientes fases: a) Mediante resolución de la Presidencia se establecerá un perio-
do de recepción de solicitudes de los Ayuntamientos y entidades locales autónomas destinatarias para que manifiesten sus necesidades e intereses respecto a las materias objeto de la asistencia económica; en dicha resolución se determinarán las condiciones en las que se llevarán a cabo las solicitudes (plazo de presentación, modelo/s, si se requiere la aportación de documentación etc.) b) A la vista de las necesidades presentadas el Pleno de la Diputación, a propuesta de la Delegación encargada de la materia/s objeto de la asistencia, fijará los criterios básicos para la priorización de las propuestas municipales, incluyendo los plazos y formas de presentación de propuestas, los baremos a aplicar así como el importe máximo de financiación a destinar en el Plan ó Programa correspondiente. c) De acuerdo con los criterios básicos aprobados por el Pleno de la Diputación, los Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas destinatarios formularán sus propuestas de actuación en los plazos y formas establecidas al efecto. d) En razón a las propuestas municipales, una vez aprobadas por el órgano competente del ayuntamientos o Entidad Local Autónoma, el pleno de la Diputación (a propuesta de la Delegación gestora) aprobará el plan o programa que contendrán la normativa específica de las actuaciones en el incluidas debiendo respetar los siguientes contenidos mínimos:
Objeto del programa. Servicio responsable de la tramitación. Documentación justificativa que deber ser aportada en cada
caso por los municipios solicitantes. Presupuesto de la actuación y plan de financiación en el que
se incluya, en su caso, la anualidad o anualidades a que se refiere la inversión, actividad o servicio que se incluye en el programa. Forma de ejecución de la actuación. Plazo de ejecución y justificación.
e) Aprobado inicialmente por el pleno de la Diputación, dicho proyecto se someterá a un trámite de audiencia de los destinatarios
por un plazo máximo de treinta días naturales dirigido a la consecución de acuerdos. f) Terminado el trámite de audiencia se formularán las modificaciones oportunas al proyecto. Si de las modificaciones pudiera resultar perjuicio o afección singular para uno o varios destinatarios la Diputación iniciará un trámite extraordinario de consultas con todos los interesados. g) El rechazo de alguna/s de las prioridades manifestadas por las entidades adheridas deberá ser motivado con expresión del objetivo insatisfecho pudiendo por parte de las mismas realizar una nueva propuesta. h) La aprobación definitiva del plan o programa a la vista de las prioridades municipales rechazadas propondrá derivar la asistencia para otra actividad de las materias propias de la Delegación. i) Si en el curso de la ejecución del Programa surgieran circunstancias especiales que hiciera conveniente su modificación se procederá a efectuarla siguiendo los trámites previstos en las letras d),e) y f).Los interesados podrán modificar la prioridad presentada , siempre que la nueva que se proponga respete los criterios básicos aprobados por el pleno, no supere el importe de la ayuda económica de la Diputación inicialmente aprobada y pueda ejecutarse dentro de los plazos establecidos. j) Dichos planes y/o programas se publicarán en el BOP.
Artículo 19. Formas de asistencia La asistencia económica a las entidades locales de la provincia a través de planes especiales u otros instrumentos específicos a que alude el artículo 36 b) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en relación con el 13 de la LAULA se podrá llevar a cabo por cualquiera de las siguientes formas:
a) Mediante transferencia de fondos a los destinatarios al objeto de que ellos ejecuten la inversión, actividad o servicio.
b) Mediante la ejecución por la propia Diputación destinando para ello recursos económicos.
c) Mediante transferencias incondicionadas de fondos.
CAPÍTULO IV
De la ejecución y justificación de los programas
Artículo 20. Ejecución 1. La entidad a la que corresponda la ejecución de las inversiones, actividades y servicios contemplados en la presente ordenanza está obligada a aplicar las mismas a las actuaciones específicas incluidas en el correspondiente plan o programa. La ejecución estará sujeta a seguimiento y evaluación por parte de la Diputación Provincial, con la colaboración de los ayuntamientos. 2. La entidad ejecutora de las inversiones, actividades y servicios contemplados en la presente ordenanza está obligada a realizar las actuaciones con cumplimiento de los plazos de inicio y finalización establecidos en el programa correspondiente y a comunicar a la otra entidad las circunstancias anteriores. 3. En el supuesto de ejecución por parte de la Diputación, dentro del plazo de realización de la actuación deberá quedar formalizada la recepción y entrega al municipio o entidad local autónoma destinataria.
Artículo 21. Aportaciones económicas 1. Cuando la inversión, actividad o servicio la ejecute la entidad destinataria de los programas:
a) Las aportaciones de cada una de las entidades beneficiarias de los programas correspondientes se acreditará mediante certificado de consignación presupuestaria del Secretario/aInterventor/a, con indicación de la aplicación correspondiente en el presupuesto de esa entidad, por importe mínimo igual al correspondiente a la aportación municipal aprobada.
b) La aportación de la diputación se acreditará mediante el certificado de aprobación del plan o programa correspondiente.
2 Cuando la inversión, actividad o servicio se ejecute por Diputación las entidades locales financiadoras deberán garantizar la plena disponibilidad de su aportación por alguno de los siguientes medios:
• Ingreso en la Tesorería Provincial. • Acuerdo corporativo, irrevocable, autorizando al Patronato de
Recaudación Provincial a efectuar los descuentos correspondientes en las entregas a cuenta mensuales, con carácter prioritario a ningún otro, y, asimismo, informe del organismo citado sobre posibilidad de efectuar dicho descuento.
Artículo 22. Justificación
22.1. Forma de acreditar la realización del proyecto o
La justificación de las aportaciones económicas tendrá la estructura y el alcance que se determine en la normativa específica de cada Programa de actuación de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia en las asignación y utilización de los recursos públicos.
La acreditación de la realización del proyecto o actividad, se efectuará por alguno de los siguientes medios, que se concretarán en la normativa específica de cada programa:
a) Certificación o en su caso declaración o informe, expedida/o por el Secretario/a o el perceptor/a del cumplimiento de la finalidad de la actividad acordada.
b) Certificación expedida por Secretario/a en la que se haga constar que el importe de la aportación de la Diputación a dicho Programa aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de entidades públicas y/o privadas nacionales o internacionales no supera el coste total de las actividades realizadas.
c) Certificación expedida por Secretario/a o en su caso declaración, de que los justificantes se ajustan a la normativa tributaria y de seguridad social vigente, y del lugar donde se encuentran depositados dichos justificantes a efectos de cualquier comprobación por los servicios de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
d) Cuenta justificativa de los gastos realizados. e) Memoria justificativa de la actuación. f) Para el supuesto de que la actuación objeto de asistencia econó-
mica consista en obra pública: Original o copia cotejada de la certificación final de de las obras. g) Cualquier otra que se considere conveniente de acuerdo con el objeto del programa.
22.2. Plazo para justificar la realización del proyecto o
Todas las aportaciones económicas que realice Diputación reguladas en esta ordenanza, habrán de ser justificadas en los plazos que se establezcan en la normativa específica del programa correspondiente.
Con objeto de asegurar el cumplimiento de los plazos, la Diputación arbitrará los medios necesarios para que con antelación al cumplimiento de los mismos se genere aviso automático a los afectados; entre tanto se llevan a cabo los trabajos oportunos para ello, por parte de la delegación gestora encargada de la gestión de cada Programa, se llevará a cabo dicho aviso con antelación de un mes al cumplimiento del plazo de justificación.
En ningún caso el incumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior en cuanto al aviso de finalización del plazo de justificación eximirá, modificará ni condicionará el cumplimiento del mencionado plazo por parte del beneficiario.
La falta de justificación de la aportación económica aprobada, producirá la pérdida de la misma; se entiende por falta de justificación la no remisión de la documentación requerida en cada caso o su remisión fuera del plazo establecido, remisión incompleta o inexacta, así como se considera también no justificados aquellos casos en los que tras la comprobación que a tal efecto pueda realizarse, se ponga de manifies-
to que los recursos del programa no se han aplicado a los fines para los que fueron entregados o que se han incumplido las condiciones establecidas en el mismo.
No obstante, cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad de pérdida de la aportación económica se determinará proporcionalmente atendiendo a la parte del proyecto o actividad ejecutada o realizada.
En supuestos excepcionales cuya justificación será apreciada por esta Diputación se podrá conceder previamente al cumplimiento del plazo concedido, una prórroga al plazo de ejecución y/o justificación cuya duración se fijará en función de las circunstancias que concurran en la actuación concreta y que no excederá de la mitad del mismo.
Si por no haberse ejecutado las actividades incluidas en los Programas, procediera el reintegro total ó parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de las cantidades correspondientes, se estará a lo que dispone la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones sobre causas y procedimiento de reintegro.
Artículo 23. Abono de la asistencia económica Cuando la naturaleza de las actuaciones a desarrollar así lo justifique, podrán realizarse pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las citadas actuaciones, con el cumplimiento de las condiciones que, en su caso, establezcan los programas correspondientes.
Artículo 24. Evaluación Los ayuntamientos y entidades locales autónomas incluidas en esta normativa quedan obligados a posibilitar la actividad de control y de inspección que se realice por parte de esta Diputación. La Diputación evaluará de forma constante los efectos económicos, sociales, ambientales y territoriales de los programas correspondientes. La Diputación podrá adaptar los Programas, asegurando la consecución real y efectiva de los objetivos propuestos, cuando de su ejecución estricta pudieran resultar efectos indeseados e imprevisibles. La constatación de estos posibles efectos resultará del intercambio informativo continuo entre el Ayuntamiento, la Entidad Local Autónoma y la Diputación a través de la realización de los estudios de impacto pertinentes. Las diferentes delegaciones de la Diputación formularán un balance de resultados y un informe de gestión, relativos al cumplimiento de los objetivos fijados dentro de los distintos programas, en sus respectivos ámbitos.
Artículo 25. Régimen jurídico aplicable La ordenanza tiene su fundamento en las siguientes disposiciones legales: Artículos 137 y 141 de la Constitución Española de 1978 sobre autonomía de los entes locales para la gestión de sus respectivos intereses; artículos 2, sobre autonomía local y 9, apdo. 7 sobre concesión de subvenciones a las entidades locales que no pueden causar perjuicio a la libertad de la política municipal, de la Carta Europea de Autonomía Local hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985 y ratificada el 20 de enero de 1988; artículos 96 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre competencias de las diputaciones en materia de asistencia y asesoramiento a los municipios y 98 sobre la autonomía provincial al servicio de la autonomía municipal; artículos 25, 26, 31.2, 36 y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local sobre cooperación de las diputaciones con los municipios para la realización de obras, servicios y actividades de competencia municipal mediante cualquier fórmula de cooperación, pudiéndose otorgar subvenciones a los municipios para tal fin; artículos 9, 12 y 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
con carácter supletorio; artículos 6 ,8 y 9 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común sobre los convenios interadministrativos como fórmula de colaboración; y artículos 32 y 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de disposiciones vigentes en materia de régimen local.
Disposiciones finales
Primera. Normativa propia La presente ordenanza junto con el resto de la normativa específica de los distintos programas que integran la asistencia económica y técnica regulada en esta ordenanza constituyen la normativa propia a la que se refiere la disposición adicional octava de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Segunda. Entrada en vigor La presente ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y una vez que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Málaga, 14 de junio de 2016. El Vicepresidente 1.º, José Francisco Salado Escaño.
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