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Edicto 4119/2016

NOTA IMPORTANTE: este texto se muestra aquí sólo con fines de consulta. Su original en formato PDF, publicado el día 01 de julio de 2016, es el único que cuenta con validez a efectos legales. Puede descargarse desde el siguiente enlace: 010716125.pdf.

Edicto 4119/2016, publicado en el Boletín número 125 del día 01 de julio de 2016

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3 DE FUENGIROLA
Procedimiento: Juicio verbal (250.2) 67/2014. Negociado: JP. Sobre juicio verbal. De comunidad de propietarios Edificio Torrealba. Procurador: Don Carlos Javier Blanco Rodríguez. Contra don Ezequiel Sánchez Enciso.
Edicto
Cédula de notificación
Sentencia 281/2014. En Fuengirola, a 30 de septiembre de 2014. Don Miguel Ángel Aguilera Navas, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número tres de Fuengirola y su partido judicial, ha visto los presentes autos de juicio verbal número 67/2014, sobre propiedad horizontal (reclamación de cuotas), promovidos por el procurador de los tribunales señor Blanco Rodríguez, en nombre y representación de la comunidad de propietarios Edificio Torrealba y asistido por el letrado señor López Avales, contra don Ezequiel Sánchez Enciso, quien fue declarado en rebeldía.
Antecedentes de hecho
Primero. El Procurador señor Blanco Rodríguez, en nombre y representación de comunidad de propietarios Edificio Torrealba, se interpuso demanda de juicio verbal contra don Ezequiel Sánchez Enciso, en la que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminaba interesando que se dictara sentencia en los términos del suplico de la demanda.
Segundo. Se convocó a las partes a una vista fijada para el 30 de septiembre de 2014. El demandado no compareció al acto de la vista por lo que fue declarado en rebeldía. Se practicó las pruebas que se estimó pertinente y, una vez practicada, quedaron los autos vistos para sentencia.
Fundamentos de derecho
Primero. En el supuesto de autos la parte demandante interpuso escrito de demanda reclamando la cantidad total de 1.297,57 euros, y ello como consecuencia del impago de las cuotas debidas a la comunidad a fecha septiembre de 2014, incluido, tal y como en la demanda ya se anuncio, es decir, se solicitó que ampliación de la cantidad inicial reclamada hasta la fecha de celebración de al vista.
Segundo. En el caso de autos el demandado ha estado en situación de rebeldía desde el momento que no compareció pese a estar citado en forma.
La rebeldía, según la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, no tiene reflejo en las cargas y posibilidades del actor, quien se encuentra en la misma posición procesal a la que tendría de no existir rebeldía porque ésta no equivale al allanamiento ni a la admisión de hechos sino que constituye una mera negativa “táctica” que no implica ficta confessio. La actora mantiene, por tanto, la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensión y el Juez conserva la facultad de apreciarlos con arreglo a lo previsto en los artículos 316, 319, 326, 348, 376 y demás concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Debe recordarse, sin embargo, que el propio TS matiza los principios general sobre la carga de la prueba a través de los principios de normalidad (SSTS 24 de abril de 1987; 19 de julio de 1991, entre otras) flexibilidad en su interpretación (SSTS 20 de marzo de 1987, 15 de julio de 1987, 17 de junio de 1989, entre otras) y facilidad probatoria en función de la posibilidad probatoria de las partes, derivada de la posición de cada una con relación al el efecto jurídico pretendido.
Lo anterior da pie para considerar que, ante la rebeldía procesal, suele producirse una lógica reducción de la actividad probatoria a desplegar por el actor o una limitación de su auténtica naturaleza (la ausencia permanente puede impedir, por ejemplo, el interrogatorio del demandado, el cotejo de letras, el reconocimiento de firmas, ... ); y, a la vez, la inactividad probatoria del demandado puede, dificultarla previa del actor. De ahí que no se pueda ser excesivamente riguroso en la valoración de las pruebas aportadas por el actor, porque la falta de los habituales medios probatorios (por ej., interrogatorio de la parte o reconocimiento de documento privado) se debe, precisamente, a la
incomparecencia y/o inactividad del demandado. Exigir lo contrario supondria convertir la rebeldía no solo en una cómoda defensa, sino también, en una situación de privilegio para el litigante rebelde, con flagrante infracción del principio de igualdad, aquí, en la posición de las partes en proceso, constitucionalizado en el artículo 14 de la CE. Es decir, que la eficacia de la prueba quedaría en manos del rebelde, con notoria indefensión del actor. Todo ello supuesta la existencia de un emplazamiento previo, válido y en forma, que posibilite la contradicción, de manera que la parte ausente haya tenido posibilidad de defensa, como aquí ha ocurrido.
Tercero. De la documentación aportada por el actor (no impugnada de contrario) se desprende la titularidad de la vivienda del demandado así como la existencia de la deuda y por el importe reclamado (certificación del administrador, no impugnado), por lo que queda probado la realidad de la deuda tanto en su procedencia como en su cuantía. Con esta documentación y dada la ausencia de contradicción de la misma por el demandado se estima que el actor acredita los hechos constitutivos de la obligación que el demandado ha contraído con el actor (artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y una vez que el demandado, con su incomparecencia, no ha acreditado cualquier hecho impeditivo o extintivo de la obligación contraída ni se ha opuesto a la pretensión ejercitada por la parte demandante (artículo 217 .3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), se entiende que procede estimar la demanda en los términos formulados, y todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 e) de la Ley de Propiedad Horizontal.
Cuarto. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1.100, 1.101 y 1.108 Cc, la demandada deberá abonar, en concepto de indemnización por retraso en el pago, el interés legal de la suma adeudada desde la interposición de la demanda y hasta su completo pago. Este interés se incrementa en dos puntos desde la fecha de esta resolución (artículo 576 LEC).
Quinto. El artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que “en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho”, por lo que procede imponer las costas a la parte demandada.
Fallo: Estimo la demanda presentada por el procurador Sr/a. Blanco Rodríguez, en nombre y representación de comunidad de propietarios Edificio Torrealba, y condeno a don Ezequiel Sánchez Enciso a abonar a comunidad de propietarios Edificio Torrealba la cantidad de 1.297,57 euros, más los intereses legales de esta cantidad desde la interposición de la demanda hasta su completo pago.
Las costas de este procedimiento se imponen a la parte demandado.
Esta sentencia es firme y contra ella no cabe recurso. Líbrese testimonio de esta resolución para su unión a los autos principales y llévese el original al libro de sentencias de este Juzgado. Notifíquese esta resolución a las partes de este procedimiento. (Firma ilegible).
4119/16