BOPMA Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Edicto 4481/2016

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Edicto 4481/2016, publicado en el Boletín número 125 del día 01 de julio de 2016

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
TORREMOLINOS
Edicto
Transcurrido el plazo legal de exposición al público de la aprobación de la siguiente ordenanza:
Ordenanza número 69, Reguladora de la Apertura de Establecimientos para el Ejercicio de Actividades Económicas y Autorizaciones para la realización de Actividades Recreativas y Espectáculos Públicos Ocasionales.
y admitidas las sugerencias expuestas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga en Pleno de fecha 26 de mayo de 2016, se entiende definitivamente aprobada de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49. c) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 70.2 en relación con el artículo 65.2 de la misma ley.
ORDENANZA REGULADORA DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y
AUTORIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS OCASIONALES
Exposición de motivos
Desde hace una década han venido desarrollándose diversos acontecimientos significativos en distintos ámbitos que obligan a realizar una profunda reflexión, como han sido las innovaciones en las tecnologías, cambios normativos y la situación económica y laboral.
Por una parte, en el terreno económico, la crisis que empezó a sacudir el mundo occidental a mediados de la década pasada y su consecuencia en las empresas y en el empleo y el paro. En este sentido, una importante mejora de la actividad económica y del empleo puede estar favorecida por la reducción o eliminación de costes improductivos para las empresas, entre los que se encuentran los provocados por el exceso de trámites administrativos no justificados.
Otro aspecto a tener en cuenta ha sido la experiencia o situaciones vividas desde 2006 (directivas y reglamentos europeos), 2009 (adaptaciones y transposiciones de leyes y reglamentos en España y en Andalucía), continuándose a día de hoy con la actualización de esa normativa de rango superior en el ámbito reglamentario municipal.
Finalmente, en el mismo ámbito local, nos encontramos con la necesidad de regular situaciones de hecho que no estaban contempladas en la normativa existente (ordenanzas o reglamentos), con especial mención de los espectáculos públicos (conciertos, concentraciones, etc.) por las rigurosas implicaciones en materia de seguridad, entre otras.
Por ello se hace necesario mejorar el entorno administrativo, eliminando las barreras burocráticas innecesarias, con procedimientos fácilmente entendibles por los ciudadanos, a la vez que ágiles y simplificados, que favorezcan unas resoluciones o respuestas rápidas por parte de la administración a los operadores económicos. Todo ello al objeto que no se pierdan los proyectos de inversión que se presenten.
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto La presente Ordenanza tiene por objeto regular los procedimientos de intervención municipal sobre los establecimientos, locales, o lugares estables, ubicados en el término municipal de Torremolinos, destinados al ejercicio de actividades económicas, a través de los medios establecidos en el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como la comprobación del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de dichas actividades.
Artículo 2. Definiciones A los efectos de esta ordenanza se entenderá por: 1. Actividad económica: Toda aquella actividad industrial o mercantil consistente en producción de bienes o prestación de servicios. 2. Servicio: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración. 3. Declaración responsable: El documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 4. Comunicación previa: el documento suscrito por persona interesada en el que pone en conocimiento de la Administración Pública
competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o inicio de una actividad.
Artículo 3. Ámbito de aplicación 1. El régimen de declaración responsable y control posterior se aplica: a) Al ejercicio de las actividades económicas incluidas dentro
del ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y de sus posibles modificaciones b) Al ejercicio de las actividades comerciales minoristas y de servicios, realizadas a través de establecimientos permanentes, cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a la que en cada momento se determine en la Ley 12/12, de 26 diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios o normativa que la desarrolle, y estén relacionadas en el Anexo de la citada Ley, así como las incluidas en sus posibles modificaciones y normas de desarrollo c) A las actividades económicas inocuas definidas en el artículo 14 de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. d) Con carácter general, a la celebración y desarrollo de espectáculos públicos y actividades recreativas permanentes y de temporada recogidas en el Decreto 78/2002, 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus modificaciones. e) A las actividades profesionales para las que se requiera según normativa de aplicación. f) A aquellas actividades cuyo sometimiento a licencia previa sea considerado un medio de intervención municipal innecesario y desproporcionado, cuando haya un acuerdo municipal que así lo determine. g) A las modificaciones de las actividades sometidas a declaración responsable (ampliación de la actividad, ampliación de superficie del local u otros supuestos similares). h) Reapertura de actividades indicadas, la cual procede cuando el establecimiento una vez abierto al público proceda a su cierre por un periodo superior o igual a seis meses. i) Las actividades sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental, sea autonómico o municipal, según la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. En estos casos, el instrumento de prevención y control ambiental correspondiente, será aportado por el interesado junto a la declaración responsable. 2. El régimen de comunicación previa se aplica a:
a) El cambio de titularidad que afecte a las actividades y servicios comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza.
b) A la comunicación de baja o cese de la actividad. En dicha comunicación, que se efectuará en modelo normaliza-
do, los interesados pondrán en conocimiento del Ayuntamiento sus datos identificativos y demás requisitos que se establezcan, incluido la declaración de disponer del justificante de pago del tributo correspondiente. Cuando una vez comunicada la baja de una actividad en un local determinado se pretenda reanudar la misma o iniciar otra nueva, el mencionado local deberá cumplir la normativa vigente al momento de la solicitud.
3. Se someterán a la autorización previa prevista en el Decreto 195/2007 de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, las celebraciones indicadas de acuerdo con los apartados 2,3 y 5 del artículo 6 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
4. Sin perjuicio del régimen y procedimientos previstos en los anteriores apartados, las actividades en ellos referidas deberán obtener las demás autorizaciones que fueran preceptivas de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.
5. Las actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de la normativa podrán ser desempeñadas por entidades privadas legalmente homologadas que cuenten con la preceptiva autorización municipal, pudiendo el Ayuntamiento crear un registro municipal de entidades colaboradoras.
Artículo 4. Exclusiones Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza los siguientes establecimientos, actividades y obras, que se ajustarán a lo establecido en la normativa sectorial de aplicación: a) Los establecimientos situados en puestos de mercado de abastos
municipales, así como los ubicados en instalaciones, parcelas u otros inmuebles de organismos o empresas públicas, que se encuentren dentro de la misma parcela o conjunto residencial y sean gestionados por éstos, por entenderse implícita la licencia en la adjudicación del puesto, sin perjuicio de garantizar su sometimiento a la normativa medio ambiental e higiénico-sanitaria que le sea de aplicación. b) Los quioscos para venta de prensa, revistas y publicaciones, golosinas, flores y otros de naturaleza análoga situados en los espacios de uso público del municipio. c) El comercio ambulante, situado en la vía y espacios públicos. d) El uso del dominio público que pueda realizarse en el ejercicio de una actividad económica e) El ejercicio individual de actividades profesionales o artísticas en despacho, consulta o lugar, ubicado en el interior de una vivienda si no se destina para su ejercicio más del 40 % de la superficie útil de la misma. f) La instalación de antenas o estaciones radioeléctricas y otras instalaciones análogas que resulten complementarias o auxiliares de otra industria principal g) Las cocheras y garajes de uso privado que no tengan carácter mercantil y los aparcamientos en superficie vinculados a actividades sujetas a declaración responsable. h) Los usos residenciales y sus instalaciones complementarias privadas (trasteros, locales para uso exclusivo de reunión de la Comunidad de Propietarios, piscinas, pistas deportivas, garajes, etc.), siempre que se encuentren dentro de la misma parcela o conjunto residencial ocupado por los usos residenciales a los que se vinculan.
Artículo 5. Normas comunes para el desarrollo de las actividades 1. Las personas responsables de las actividades y establecimientos están obligadas a desarrollarlas y mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad, habitabilidad y calidad ambiental, reduciendo la posible afección de los espacios públicos y empleando las mejores técnicas disponibles, que en su caso, resultaren necesarias para el cumplimiento de las condiciones expresadas. 2. La Declaración Responsable quedará sin efecto si transcurridos seis meses desde la resolución del procedimiento de autorización previa o actos comunicados, el establecimiento no hubiese abierto al público o cuando el establecimiento, una vez abierto al público, proceda a su cierre durante un periodo superior o igual a seis meses. 3. Se extinguirán los efectos derivados de las declaraciones responsables presentadas para el inicio de la actividad en las siguientes circunstancias: a) La renuncia de la persona titular, comunicada por escrito al
Ayuntamiento, que la aceptará, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de su actuación. b) La revocación o anulación en los casos establecidos y conforme a los procedimientos señalados en la normativa aplicable. c) La caducidad, en los casos establecidos y conforme al procedimiento señalado en el apartado siguiente.
Artículo 6. Documentación necesaria para las distintas actuaciones 1. Documentación administrativa. A. Con carácter general las declaraciones responsables, y comuni-
caciones previas deberán acompañarse en todos los casos de la siguiente documentación administrativa: Impreso normalizado, debidamente cumplimentado (por
duplicado). Documentación acreditativa de identificación del titular: En el caso de personas físicas, bastará con fotocopia del NIF
o el NIE. En el caso de personas jurídicas, se deberá aportar, además
de la fotocopia del CIF, fotocopia del documento acreditativo de la capacidad legal de la persona que ostente la representación, acompañando copia de su NIF o el NIE. Copia de la escritura de propiedad, del contrato de arrendamiento, o documento equivalente sobre el establecimiento que acredite la titularidad o disponibilidad de uso sobre el mismo. B. Documentación Técnica. 1. La documentación técnica habrá de presentarse acompañando a la administrativa . 2. La documentación técnica constituye el instrumento básico necesario para acreditar que los establecimientos, las actividades que en ellos se van a desarrollar y las instalaciones que los mismos contienen se han proyectado cumpliendo las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad, habitabilidad y calidad ambiental exigibles por las normas vigentes aplicables. 3. La documentación técnica habrá de expedirse por técnico competente en relación al objeto y características de lo proyectado. Tanto el técnico, como la persona titular de la actividad se responsabilizan de la veracidad de los datos y documentos aportados. 4. Se podrán dejar sin efecto las declaraciones responsables presentadas en las que se detecte el incumplimiento de las cuestiones certificadas y declaradas, sin perjuicio de las acciones de otra índole que procedan, incluida la incoación de expediente sancionador correspondiente. 5. La documentación técnica, que variará en función de las características del establecimiento, consistirá en: a) Certificado de seguridad de las instalaciones, según modelo normalizado, acompañado de planos de planta, a escala adecuada y normalizada, que reflejen la distribución con mobiliario y usos de las distintas dependencias así como las instalaciones (extintores, alumbrado de emergencia, etc.) del establecimiento e incluya leyenda con la superficie construida total y desglosada la de almacén y al aire libre, si la actividad no se encuentra incluida en el ámbito de la Ley 13/1999 o la ley 7/2007 y sus posteriores modificaciones y dispone de una superficie construida inferior a 300 m². En caso contrario, se deberá aportar Proyecto Técnico, acompañado de Certificado de la Dirección Técnica de las Instalaciones. b) Certificado de persistencia de las condiciones del local, según modelo normalizado para los establecimientos sujetos a comunicación previa por cambio de titularidad sin modificaciones, que procedan.
Artículo 7. Modelos normalizados Los documentos normalizados que en cada caso deben aportarse por los interesados estarán disponibles para su descarga en la página web del Ayuntamiento de Torremolinos. Una vez habilitado el procedimiento en dicha página web, se podrán rellenar los documentos en la misma.
TÍTULO SEGUNDO
Régimen de declaración responsable o comunicación previa
Artículo 8. Toma de conocimiento 1. La declaración responsable o comunicación previa para el ejercicio de la actividad debe formalizarse mediante documento normali-
zado una vez acabadas las obras e instalaciones necesarias, y obtenidos los demás requisitos sectoriales y autorizaciones necesarios para llevar a cabo la actividad.
2. La presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa faculta al interesado al inicio de la actividad desde el mismo día de la presentación o desde la fecha manifestada de inicio, para cuya validez no se podrá postergar más allá de seis meses, siempre que en la declaración responsable formulada consten todos los datos requeridos en la misma.
Si la declaración responsable o comunicación previa no reúne los requisitos exigidos y la documentación aportada sea insuficiente o deficiente, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de la inmediata suspensión de la actividad en caso de tratarse de requisitos de carácter esencial. La eficacia de la declaración responsable o comunicación previa quedará en suspenso hasta el momento en que se hayan subsanado los datos omitidos. Asimismo, se indicará que si no subsanara la declaración responsable o comunicación previa en el plazo establecido se le tendrá por no presentada, ordenándose su ineficacia y conllevando la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada, y la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
3. La copia de la documentación presentada y debidamente sellada o el recibo emitido por el registro electrónico tendrá la consideración de toma de conocimiento por la Administración. Este documento deberá estar expuesto en el establecimiento objeto de la actividad.
Artículo 9. Comprobación 1. Podrá requerirse al interesado la aportación o exhibición de la documentación que haya declarado poseer así como la demás que sea pertinente para la comprobación de la actividad. 2. El control realizado posteriormente a la presentación de la declaración responsable o comunicación previa se formalizará en un informe técnico que verifique la efectiva adecuación de la actividad a la normativa aplicable, tras la realización de las oportunas visitas de inspección, sin perjuicio del procedimiento de protección de la legalidad que en su caso pudiera iniciarse. 3. Asimismo, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifestación en la comunicación previa o declaración responsable o la no presentación ante este Ayuntamiento, determinará la imposibilidad de iniciar o desarrollar la actividad o servicio desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 4. No será posible el ejercicio de una actividad cuando ésta sea contraria o no se ajuste al planeamiento o a la normativa vigente.
TÍTULO TERCERO
Instrumentos de prevención y control ambiental previstos en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía y la Ley 3/2014 y el Decreto-Ley 5/2015 de medidas normativas para
reducir las trabas administrativas para las empresas
Artículo 10. Autorización Ambiental Integrada y Autorización Ambiental Unificada
1. En las actuaciones sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental de competencia autonómica, Autorización Ambiental Integrada y Autorización Ambiental Unificada, se deberá aportar justificante de la documentación entregada en la Consejería competente en materia de medio ambiente, sin perjuicio del resto de documentación exigida para la presentación de la Declaración Responsable. Asimismo, una vez obtenida la autorización correspondiente se deberá aportar copia de la misma o indicación que permita su identificación.
2. La resolución desfavorable del instrumento de prevención y control ambiental determinará en todo caso los efectos contenidos en el artículo 31.b de la presente ordenanza.
Artículo 11. Actividades sujetas a calificación Ambiental y a calificación por declaración responsable (CA y CA-DR)
Cuando el instrumento de prevención y control ambiental sea de competencia municipal, es decir, la Calificación Ambiental o la Calificación Ambiental por Declaración Responsable, habrá de tenerse en cuenta lo establecido en la Ley 7/2007, 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental, sus modificaciones, el Decreto 1/2016 de 12 de enero, por el que se establecen un conjunto de medidas para la aplicación de la declaración responsable para determinadas actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas y en el proyecto “emprende 3”.
En todo lo demás se estará a lo dispuesto en el artículo anterior.
TÍTULO CUARTO
Espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario
Artículo 12. Ámbito de aplicación 1. De conformidad con los apartados 2, 3 y 5 del artículo 6 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía, están sometidas a licencia municipal previa las siguientes actuaciones: a) La instalación de estructuras no permanentes o desmontables
destinadas a la celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de actividades recreativas. b) La instalación de atracciones de feria en espacios abiertos, previa comprobación de que las mismas reúnen las condiciones técnicas de seguridad para las personas, a tenor de la normativa específica aplicable. c) Los establecimientos públicos destinados ocasional y esporádicamente a la celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de actividades recreativas no sujetas a autorización autonómica, cuando no disponga de licencia de apertura adecuada a dichos eventos o se pretenda su celebración y desarrollo en vías públicas o zonas de dominio público. 2. En ningún caso se considerarán extraordinarios, aquellos espectáculos o actividades que respondan a una programación cíclica o se pretendan celebrar y desarrollar con periodicidad. En estos casos, si el correspondiente establecimiento se pretende destinar ocasional o definitivamente a otra actividad distinta de aquélla para la que originariamente fue autorizado, se habrán de obtener las autorizaciones necesarias en cada supuesto. 3. No se otorgará ninguna autorización sin la previa acreditación documental de que la persona titular o empresa organizadora tiene suscrito y vigente el contrato de seguro de responsabilidad civil obligatorio en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, debiendo contar este Ayuntamiento con una copia de la correspondiente póliza suscrita vigente y justificante del pago de la misma. 4. En todas las autorizaciones de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias se hará constar, como mínimo, los datos identificativos de la persona titular y persona o entidad organizadora, la denominación establecida en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la actividad que corresponda, el periodo de vigencia de la autorización, el aforo de personas permitido y el horario de apertura y cierre aplicable al establecimiento en función del espectáculo público o actividad recreativa autorizados. 5. La licencia se extingue automáticamente a la terminación del período de tiempo fijado en la autorización concedida.
Artículo 13. Solicitud 1. La persona natural y jurídica que cuente con la capacidad de obrar y profesional necesaria para promover u organizar el espectáculo o actividad recreativa de que se trate. 2. Los interesados podrán presentar la solicitud de autorización en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento o en el del Órgano que tenga en cada momento la delegación para otorgar las autorizaciones, según el tipo de espectáculo público o actividad recreativa, con una antelación mínima de 30 días al previsto para la celebración del evento, utilizando para ello el modelo normalizado establecido, según el carácter ocasional o extraordinario del evento. 3. La solicitud presentada en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, junto con los documentos que la acompañan, deberán ser remitidos el siguiente día hábil al órgano que tenga la delegación para otorgar las autorizaciones.
Artículo 14. Documentación y subsanación de errores 1. Con la solicitud se presentarán, en todo caso, los documentos citados en el Decreto 195/2007 y normativa complementaria, de acuerdo con el espectáculo o actividad específica y que se relacionan en los modelos normalizados de solicitud. 2. No se tendrán en cuenta las solicitudes entregadas fuera del plazo mínimo señalado, circunstancia que deberá ser comunicada al solicitante, salvo que por las características del espectáculo o evento, el órgano competente considere procedentes seguir con la tramitación de la solicitud. 3. Si se observaren deficiencias en la solicitud y documentación presentadas, se dará un plazo de 10 días al organizador o promotor del evento para que las subsane, que de no hacerlo se le tendrá por desistida su petición, previa resolución declarativa.
Artículo 15. Actuaciones complementarias 1. Si el evento se trata de una prueba deportiva, marcha ciclista o que afecte a las vías o terrenos objeto de la legislación de tráfico que discurran por vías interurbanas o travesías, se remitirá copia por la administración actuante, de la solicitud con los documentos señalados en el apartado 1.a), b) y c) del artículo 9 del Decreto 195/2007 a la Jefatura Provincial de Tráfico para que emita informe sobre su viabilidad y fije en esas vías los servicios de vigilancia y regulación del tráfico (artículo 9.3). 2. El informe previsto en el apartado anterior tendrá carácter vinculante cuando se oponga a la realización del evento, o propongan variaciones ( artículo 9. 4).
Artículo 16. Inspección e informes por servicios municipales De acuerdo con las delegaciones otorgadas por el Alcalde-Presidente, el órgano competente para otorgar las autorizaciones, al ser preceptivos los informes previos del Área de Seguridad (Policía Local) y del Servicio de Extinción de Incendios en todos los EE.PP o AA.RR. ocasionales o extraordinarios que se pretendan autorizar, solicitará a los respectivos servicios los mencionados informes, adjuntándoles la solicitud y documentación presentadas por el promotor del evento.
Artículo 17. Otros trámites 1. Durante la tramitación del procedimiento, y antes de otorgar la autorización, serán requeridos los interesado para que aporten los justificantes del pago de las tasas que les fueran de aplicación de conformidad con las Ordenanzas Fiscales aplicables 2. De no hacerlo, se dictará resolución declarativa denegando la autorización solicitada.
Artículo 18. Resolución 1. Una vez realizadas las comprobaciones de adecuación a las normativas de aplicación por los servicios municipales correspondientes, el Órgano competente dictará resolución otorgando o denegando la autorización, que se notificará al interesado con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha de celebración del evento.
2. La resolución de autorización de un evento podrá exigir motivadamente la obligación de establecer un servicio de vigilancia privado cuando concurran circunstancias de especial riesgo para las personas o la naturaleza de la actividad así lo haga necesario, aunque el aforo sea inferior al mínimo establecido para este tipo de servicio, o incrementar la dotación mínima de vigilantes.
3. La autorización, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 195/2007, contendrá como mínimo los siguientes datos:
a) La denominación establecida en el Nomenclátor y el Catálogo de EE.PP., AA.RR. y Establecimientos Públicos de Andalucía para la actividad que corresponda.
b) Los datos identificativos de la persona titular y empresa o entidad organizadora.
c) El aforo máximo autorizado, salvo que no pueda estimarse porque el evento se celebrará en espacios abiertos de aforo indeterminado.
d) El periodo u horario autorizado para el desarrollo del evento. e) Aquellos otros que se consideren convenientes en cada caso
concreto. 4. Se entenderán desestimadas las solicitudes de autorización cuando no hubiese recaído resolución expresa del órgano competente.
TÍTULO QUINTO
Inspección y control de actividades
Artículo 19. Objeto y potestades administrativas 1. El presente Título tiene por objeto regular la inspección y control de los establecimientos y actividades del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, mediante la comprobación de la adecuación de los mismos a lo dispuesto en esta y demás normativa de aplicación. 2. La Administración municipal podrá, en cualquier momento, de oficio o por denuncia, efectuar visitas de control o inspección a los establecimientos y actividades antedichas. 3. Las potestades de la Administración Municipal en el marco de las actuaciones de inspección y control son las siguientes: a. Comprobación periódica del cumplimiento de la normativa de
aplicación que afecte a las actividades sujetas a declaración responsable. b. Adopción de medidas para el restablecimiento y aseguramiento de la legalidad. c. Tramitación de las actas de denuncia que se levanten por agentes de la autoridad o por los funcionarios/as habilitados sobre hechos o conductas susceptibles de constituir infracción. d. Comprobación y, en su caso, tramitación de las denuncias que por incumplimientos susceptibles de constituir infracción se presenten por los ciudadanos. e. Aplicación de medidas provisionales y sancionadoras para las actuaciones u omisiones susceptibles de infracción.
Artículo 20. Unidades administrativas de control e inspección
1. Las funciones de policía e inspección para el control de los establecimientos se desarrollarán por la Policía Local.
2. Del mismo modo, para el ejercicio de las funciones de control e inspección se habilitará a funcionarios/as con la especialización técnica requerida en cada caso. Las personas que tengan asignadas funciones de inspección tendrán, en el ejercicio de su cometido, la consideración de autoridad pública, disfrutando como tales de la protección y facultades que a estos les dispensa la normativa vigente.
3. Sin perjuicio de lo anterior se podrán arbitrar mecanismos de colaboración técnica con entidades públicas o privadas para desarrollar actividades complementarias y/o de asistencia a las actuaciones de inspección y control de establecimientos.
4. Los funcionarios/as actuantes en las visitas de inspección, podrán acceder en todo momento a los establecimientos sometidos a la presente ordenanza, cuyas personas responsables deberán prestar la
asistencia y colaboración necesarias, así como permitir la entrada a las instalaciones para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 21. Inspección y control de los establecimientos La Administración procederá, mediante los funcionarios habilitados al efecto, al control e inspección de las instalaciones de los establecimientos y actividades sujetos a la presente Ordenanza, al objeto de verificar la posesión de declaración responsable presentada en forma y su adecuación a la normativa vigente, levantando acta de inspección y emitiendo el oportuno informe que podrá ser favorable o desfavorable.
Artículo 22. Actas de inspección 1. Los resultados de las inspecciones se recogerán en actas, que tendrán la consideración de documento público y valor probatorio en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan aportar los propios administrados. 2. En las actas de inspección se consignarán, entre otros, los siguientes extremos: a. Lugar, fecha y hora de formalización. b. Identificación personal de los inspectores. c. Nombre, apellidos, número de identificación fiscal o docu-
mento equivalente y firma en su caso, del titular de la actividad o de la persona o personas con las que se entiendan las actuaciones y el carácter o representación con que intervienen en las mismas. d. Descripción de los hechos, datos objetivos y demás circunstancias que se consideren relevantes para las decisiones que se hayan de adoptar con posterioridad. e. Manifestaciones del interesado cuando se produzcan. 3. Como regla general se entregará copia del acta al interesado. Cuando no pueda entregarse por cualquier circunstancia, se le dará traslado de la misma conforme al procedimiento de los artículos siguientes. 4. De la actuación de comprobación o inspección se levantará acta, cuyo informe podrá ser:
a) Favorable: Cuando la actividad inspeccionada se ejerza conforme a la normativa de aplicación.
b) Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de adoptar medidas correctoras.
c) Desfavorable: Cuando la actividad inspeccionada presente irregularidades sustanciales y se aprecie la necesidad de suspensión de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso de que fueran posibles. En caso contrario se propondrá el cese definitivo de la actividad.
2. En el supuesto de informe condicionado o desfavorable, los servicios competentes determinarán el plazo para la adopción de las medidas correctoras que señalen para su subsanación que no podrá exceder en ningún caso de un mes. Se podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de plazo establecido, que no exceda de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero, conforme al artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el número anterior sin que por los requeridos se hayan adoptado las medidas ordenadas, se dictará, por el órgano competente en la materia, resolución acordando la suspensión de la actividad o servicio hasta que se adopten las medidas correctoras ordenadas, sin perjuicio de iniciar el procedimiento sancionador que pudiera corresponder.
Artículo 23. Procedimiento de control e inspección de actividades sujetas a declaración responsable
1. Cuando de la inspección de los establecimientos donde estas se desarrollan se concluya que los mismos no se adaptan a
la normativa aplicable, en el acta de inspección se detallarán las anomalías detectadas y se notificará al interesado, otorgándosele un plazo de 15 días para realizar alegaciones conforme al informe técnico municipal.
2. Tras las alegaciones, se resolverá y notificará lo que corresponda, otorgándose en su caso al interesado un plazo de 15 días para adecuar la instalación conforme a la resolución y al informe técnico municipal, debiéndose aportar por el mismo tras dicha adecuación la correspondiente certificación técnica, y pudiéndose realizar una visita posterior a efectos de comprobación, todo ello sin perjuicio de la adopción de las medidas disciplinarias que correspondan. Atendiendo a las especiales condiciones de adecuación, o en caso de que se presenten alegaciones suficientemente fundadas, tras el oportuno estudio, y siendo estas estimadas, podrá ampliarse el plazo previsto en el apartado anterior, hasta un máximo de 15 días.
TÍTULO SEXTO
Régimen sancionador
Artículo 24. Principios rectores 1. El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o reglamentariamente establecido. 2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento ni se hayan agotado los plazos para subsanación. 3. Las disposiciones sancionadoras no se aplicarán con efecto retroactivo, salvo cuando favorezcan al presunto infractor. 4. En todo caso el Ayuntamiento deberá favorecer todo tipo de medidas cautelares o provisional con carácter previo a la comunicación del cierre o precinto.
Artículo 25. Procedimiento Los procedimientos sancionadores se iniciarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en el RD 1398/1993 de 4 de agosto, Regulador del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y demás normativa general de aplicación.
Artículo 26. Concepto y clasificación de las infracciones 1. Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en la presente ordenanza y normativa aplicable, así como la desobediencia de los mandatos de la administración municipal o sus agentes, dictados en aplicación de la misma. 2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, de conformidad con la tipificación establecida en los artículos siguientes, sin perjuicio de lo regulado en la normativa del Estado o de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en las que recaiga sobre la administración municipal la competencia para sancionar.
Artículo 27. Cuadro de infracciones 1. Sin perjuicio de lo dispuesto para las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como para las actividades sujetas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, que se regirán, respectivamente, por su correspondiente normativa, se consideran infracciones leves:
a. Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves, cuando por su escasa significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales.
b. No encontrarse en el establecimiento el documento acreditativo de la declaración responsable presentada en forma o expuesto el de la concesión de licencia de apertura.
c. La modificación no sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin la correspondiente declaración responsable presentada en forma.
d. No haber formalizado cambio de titularidad de la declaración responsable por la persona que ejerce la actividad, en dichos supuestos.
e. La no comunicación a la administración competente de los datos requeridos por ésta dentro de los plazos establecidos al efecto.
f. Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza y demás leyes y disposiciones reglamentarias a que se remita la misma o hayan servido de base para la presentación de la declaración responsable o concesión de la correspondiente licencia, siempre que no resulten tipificados como infracciones muy graves o graves.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto para las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y para las actividades sujetas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, que se regirán, respectivamente, por su correspondiente normativa, se consideran infracciones graves:
a. La puesta en marcha o funcionamiento de establecimientos y/o actividades, careciendo de la correspondiente declaración responsable presentada en forma o licencia de apertura, cuando no se produzcan situaciones de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas.
b. La dedicación de los establecimientos a actividades distintas de aquellas para las que se hubiesen declarado o estuviesen autorizados.
c. La modificación sustancial de las condiciones técnicas de los establecimientos y sus instalaciones sin haber presentado la correspondiente declaración responsable en forma u obtenido la correspondiente licencia de apertura.
d. La falta de aportación de la documentación a que se supedita la puesta en marcha de la actividad, en los casos en que ello sea necesario.
e. El incumplimiento del requerimiento efectuado, encaminado a la ejecución de las medidas correctoras que se hayan fijado.
f. El incumplimiento de las condiciones que sirvieron de base a la licencia de apertura o a la declaración responsable.
g. No facilitar el acceso o la obstrucción a la actividad inspectora. h. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en
cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a declaración responsable presentada en forma o a una solicitud de licencia, así como la falsedad, ocultación o manipulación de datos en el procedimiento de que se trate. i. La reiteración o reincidencia en la comisión de dos infracciones leves en el plazo de un año.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto para las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y para las actividades sujetas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, que se regirán, respectivamente, por su correspondiente normativa, se consideran infracciones muy graves:
a. El incumplimiento de la orden de clausura, cese o prohibición de la actividad, previamente decretada por autoridad competente.
b. El incumplimiento de una orden de precintado o retirada de determinadas instalaciones propias del establecimiento o actividad, previamente decretados por autoridad competente.
c. La puesta en marcha o funcionamiento de establecimientos y/o actividades, careciendo de la correspondiente declaración responsable presentada en forma o licencia de apertura, cuando se produzcan situaciones de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas.
d. La modificación de las condiciones técnicas de los establecimientos sin haberse presentado previamente declaración res-
ponsable en forma u obtenido la correspondiente licencia y con ello se produzcan situaciones de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas. e. La reiteración o reincidencia en la comisión de dos faltas graves en el plazo de un año. 4. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo se considerará modificación sustancial cualquier cambio o ampliación de actuaciones autorizadas y/o declaradas que pueda tener efectos adversos significativos sobre la seguridad, o salud de las personas, así como modificación no sustancial cualquier modificación no incluida en las anteriores referida los aspectos contenidos en la autorización o declaración, con escaso efecto sobre la seguridad o la salud de las personas.
Artículo 28. Responsables de las infracciones 1. Son responsables de las infracciones:
a) Los titulares de las licencias municipales o quienes hayan suscrito la declaración responsable.
b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad.
c) Los técnicos que emitan la documentación técnica final, o emitan los certificados que se soliciten con motivo de garantizar que se han realizado las medidas correctoras necesarias para su funcionamiento o que las actividades cumplen con la normativa que les es de aplicación.
d) Las personas responsables de la realización de la acción infractora, salvo que las mismas se encuentren unidas a los propietarios o titulares de la actividad o proyecto por una relación laboral, de servicio o cualquier otra de hecho o de derecho en cuyo caso responderán éstos, salvo que acrediten la diligencia debida.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza corresponda a varias personas conjuntamente, o cuando no fuera posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubieren intervenido en la realización de la infracción, responderán solidariamente de las infracciones que en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan.
En el caso de personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente la responsabilidad a los administradores de aquellas, en los supuestos de extinción de su personalidad jurídica y en los casos en que se determine su insolvencia.
Artículo 29. Cuantía de las sanciones pecuniarias 1. Las infracciones en relación a las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía podrán ser corregidas por los órganos competentes con las sanciones siguientes:
Hasta 300,51 euros, si se trata de infracción leve. Desde 300.51 euros a 30.050,61, si se trata de infracción grave.
2. Para las actividades sujetas a declaración responsable, no incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, las cuantías de las sanciones atendiendo al tipo de infracción serán las siguientes:
Hasta 750 euros si se trata de infracción leve. De 751 hasta 1.500 euros si se trata de infracción grave. De 1.501 hasta 3.000 euros si se trata de infracción muy grave.
La sanción a aplicar en ningún caso será inferior a 180 euros.
Artículo 30. Graduación de las sanciones 1. La imposición de las sanciones correspondientes a cada clase de infracción se regirá por el principio de proporcionalidad y, en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación siguientes: a. La gravedad de la infracción. b. La existencia de intencionalidad.
c. La naturaleza de los perjuicios causados. d. La reincidencia. e. La reiteración f. El grado de conocimiento de la normativa legal y de las normas
técnicas de obligatoria observancia por razón de oficio, profesión o actividad habitual. g. El beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, la realización de ésta sin consideración al posible beneficio económico.
Se entenderá que existe reincidencia en los supuestos de comisión de más de una infracción de la misma naturaleza en el término de un año cuando así haya sido declarado por resolución firme.
Se entenderá que existe reiteración en los casos de comisión de más de una infracción de distinta naturaleza en el término de un año cuando así haya sido declarado por resolución firme.
En la fijación de las sanciones pecuniarias se tendrá en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de la sanción no resulte más beneficioso para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.
A los efectos de graduación anteriores, se consideran como circunstancias agravantes:
a. El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible. b. El beneficio derivado de la actividad infractora. c. Circunstancia dolosa o culposa del causante de la infracción. d. Reiteración y reincidencia.
Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción espontánea por parte del autor de la infracción, de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador, así como el reconocimiento espontáneo de responsabilidad por el interesado antes de efectuarse la propuesta de resolución.
2. Las sanciones se graduarán en tres escalas o grados: mínimo, medio y máximo:
a) Las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía se regirán por lo establecido en la misma.
b) Para el resto de actividades, salvo disposición legal que determine otra cuantía de conformidad con el artículo 141 de la ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, las sanciones se gradúan en las siguientes escalas:
Infracciones leves: Mínimo: 180 euros a 300 euros. Medio: de 300,01 a 500 euros. Máximo: de 500,01 a 750 euros. Infracciones graves: Mínimo: 750,01 a 1.000 euros. Medio: 1.000,01 a 1.250 euros. Máximo: 1.250,01 a 1.500 euros. Infracciones muy graves: Mínimo: 1.500,01 a 2.000 euros. Medio: 2.000,01 a 2.500 euros. Máximo: 2.500,01 a 3.000 euros.
3. Tramos de las multas: A efectos de graduación de la sanción de multa, en función de su gravedad, ésta se dividirá en cada uno de los grados (mínimo, medio o máximo), en dos tramos, inferior y superior, de igual extensión. Sobre esta base se observarán, según las circunstancias que concurran, las siguientes reglas:
a. Si concurre solo una circunstancia atenuante, la sanción se impondrán en grado mínimo y dentro de éste, en su mitad inferior. Cuando sean varias, en la cuantía mínima de dicho grado, pudiendo llegar en supuestos muy cualificados a sancionarse conforme al marco sancionador correspondiente a las infracciones inmediatamente inferiores en gravedad.
b. Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción se impondrá en grado medio en su mitad superior. Cuando sean
dos circunstancias agravantes, la sanción se impondrá en la mitad inferior del grado máximo. Cuando sean más de dos agravantes o una muy cualificada podrá alcanzar la mitad superior del grado máximo llegando incluso, dependiendo de las circunstancias tenidas en cuenta, a la cuantía máxima determinada. c. Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, el órgano sancionador, en atención a todas aquellas circunstancias de la infracción, individualizará la sanción dentro de la mitad inferior del grado medio. d. Si concurren tanto circunstancias atenuantes como agravantes, el órgano sancionador las valorará conjuntamente, pudiendo imponer la sanción entre el mínimo y el máximo correspondiente a la calificación de la infracción por su gravedad.
Artículo 31. Otras medidas sancionadoras Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, la corrección de las infracciones tipificadas en la presente ordenanza podrá llevar aparejadas las siguientes sanciones accesorias:
a) Precintados o retiradas de instalaciones no previstas en la declaración responsable .
b) Decretar como no presentada la declaración responsable o revocación de las licencias de apertura, en su caso.
En el caso de infracciones muy graves, las sanciones complementarias o accesorias no podrán imponerse por un plazo superior a un año. En el supuesto de infracciones graves no podrán imponerse por un plazo superior a 6 meses, salvo lo determinado expresamente en la legislación que le sea de aplicación.
La resolución que imponga estas sanciones determinará exacta y motivadamente el contenido y duración de las mismas.
Artículo 32. Otras medidas coercitivas 1. En los casos en que habiendo realizado la declaración responsable, el funcionamiento no se adecue a las condiciones de la misma o a la normativa de aplicación, y la autoridad competente ordene que se realicen las acciones u omisiones que se estimen convenientes y esta orden se incumpla o no se ponga en conocimiento de esta Administración la realización de las medidas requeridas, este incumplimiento podrá dar lugar, cuando así se determine por ley, a la imposición de multas coercitivas sucesivas y/o, en su caso, ordenar la suspensión de la actividad. De no poder imponerse multas coercitivas se requerirá a la persona responsable de la actividad para que se adopten las medidas necesarias. Estas medidas se entienden independientes y distintas de la incoación de los procedimientos sancionadores que puedan instruirse, y de las medidas cautelares que puedan adoptarse. 2. En aquellos casos en que se determine que las deficiencias se concretan en una parte de la actividad que sea fácilmente identificable y separable del resto de la misma, se ordenará sólo el cese y, en su caso, clausura de esta parte de la actividad como medida menos res-
trictiva de la libertad individual, salvo que la misma resulte imprescindible para el adecuado funcionamiento de la actividad en su conjunto.
Artículo 33. Reducción de la sanción si se paga de forma inmediata Cuando la sanción sea de tipo económico, el pago voluntario de la misma, y el reconocimiento de responsabilidad, antes de que se dicte la resolución, podrá dar lugar a la terminación del procedimiento, con una rebaja en la sanción propuesta del 25%.
Artículo 34. Prescripción 1. Para las actividades sujetas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, las infracciones y sanciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los tres años y las leves al año. 2. Para el resto de actividades, las infracciones y sanciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
Artículo 35. Caducidad Si no hubiese recaído resolución definitiva en el procedimiento sancionador transcurridos: 1 año, respecto a las actividades sujetas a la Ley 13/1999 de 15
de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, 10 meses, respecto a las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 6 meses para el resto de actividades, desde la iniciación del procedimiento, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por la suspensión del mismo en los casos previstos en el art. 5 y 7 del RD 1398/1993 de 4 de agosto, Regulador del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad establecido en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de RJAP-PAC.
Disposición derogatoria
Queda derogada la Ordenanza Municipal número 53, aprobada el 26 de junio de 2010, así como las demás normas municipales que se opongan a la presente ordenanza.
Disposición final
La presente ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Torremolinos, 31 de mayo de 2016 El Alcalde-Presidente P.D. el Concejal de Economía y Hacienda, firmado: Pedro Pérez Ramírez.
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