BOPMA Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Edicto 4826/2016

NOTA IMPORTANTE: este texto se muestra aquí sólo con fines de consulta. Su original en formato PDF, publicado el día 20 de julio de 2016, es el único que cuenta con validez a efectos legales. Puede descargarse desde el siguiente enlace: 200716138.pdf.

Edicto 4826/2016, publicado en el Boletín número 138 del día 20 de julio de 2016

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 11 DE MÁLAGA
Procedimiento: Ordinario 942/2014. Negociado: RE. De María García Vega. Abogado: Antonio Martín del Pino. Contra Demelsa Fernández Campos.
Edicto
Don Luis Villalobos Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de Málaga.
En los autos número 942/2014, a instancia de María García Vega contra Demelsa Fernández Campos, en la que se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Juzgado de lo Social número once de Málaga. Autos número 942/2014 (cantidad). En la ciudad de Málaga, a 7 de junio de 2016. Don Juan de Dios Camacho Ortega, Magistrado; titular de este Juzgado de lo Social número once de Málaga y su provincia. Una vez vistos en juicio oral y público los presentes autos, promovidos por María García Vega contra Demelsa Fernández Campos con la autoridad que el pueblo español me confiere, dicto (en nombre de Su Majestad el Rey), la siguiente sentencia (246 /2016).
IV. Fallo
Estimo íntegramente la demanda origen de las presentes actuaciones y, en su virtud:
Primero. Condeno a Demelsa Fernández Campos a abonar, a María García Vega, la suma bruta de 1.704,85 euros, en concepto de principal y conforme al desglose y por el tiempo descrito en el cuerpo de la actual resolución judicial.
Segundo. Condeno también a Demelsa Fernández Campos a abonar, a María García Vega, la suma bruta de 170 euros, en concepto de los intereses por mora correspondientes al principal anterior.
Tercero. Condeno asimismo a Demelsa Fernández Campos a abonar a María García Vega, las costas del actual proceso, e incluidos los honorarios de la defensa letrada de la parte actora que se fijan (integrados en estas) en la suma de 300 euros y su correspondiente IVA.
Cuarto. Finalmente, y en cuanto al Fogasa, este sólo deberá estar a tales condenas anteriores, que de momento no le afectan, sin perjuicio, claro es, de su posible responsabilidad legal y subsidiaria futura (ex artículo 33 ET) de la que, obviamente, por ahora nada se anticipa.
Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro; llévese testimonio de la misma a los autos de su razón y notifíquese a las partes, a las que se hace saber además las siguientes advertencias legales estándares (sin perjuicio de la más que recomendable lectura sosegada y complementaria de los artículos 194, 195, 229 y 230 LRJS):
1.ª Contra esta sentencia, en cuanto al fondo, no cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.
2.ª No obstante, si legalmente se decidiera interponerlo (por ejemplo, ex artículo 191.3.d o e), antes de ello, deberá anunciarse así expresamente a este Juzgado de lo Social dentro de los 5 días hábiles y siguientes al de la notificación de aquella; bastando para ello la mera manifestación, comparecencia o escrito de parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante.
Con todo, será indispensable que, si el recurrente hubiere sido el condenado al pago de la cantidad total definida en la sentencia, este, al tiempo de anunciar el recurso de suplicación (y a salvo de lo dispuesto en el artículo 230.3 LRJS), acredite haber consignado, en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado, en oficina del Santander de esta ciudad (los datos de dicha cuenta y el procedimiento de ingreso le serán informados llamando previamente a la oficina judicial), la meritada cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento, emitido por entidad de crédito.
(En el caso de condena solidaria, la obligación de consignación o aseguramiento alcanzará a todos los condenados con tal carácter, salvo que la consignación o el aseguramiento, aunque efectuado solamente por alguno de los condenados, tuviera expresamente carácter solidario respecto de todos ellos para responder íntegramente de la condena que pudiera finalmente recaer frente a cualquiera de los mismos).
Además, el recurrente deberá, al anunciar su recurso de suplicación (a salvo de lo dispuesto en el artículo 230.3 LRJS y fuera de las excepciones que de inmediato se dirán), hacer un depósito de 300 euros en la precitada cuenta.
3.ª En cualquier caso, están exceptuados de hacer todos estos ingresos las entidades públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador (o asimilado legalmente) o beneficiario del régimen público de seguridad social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una entidad gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de seguridad social de pago periódico, al anunciar el recurso, deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que, en su caso, lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.
4.ª Y ya por fin, y junto a lo que acaba de ser reseñado expresamente, para cualquier otra cuestión sobre el particular y relativa a materia de seguridad social, se informa expresamente a la parte recurrente que deberá estar (para su cumplimiento) a lo dispuesto en el artículo 230.2 LRJS.
5.ª Resta advertir al recurrente que, caso de no ser persona física o persona jurídica a la que se le haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deberá adjuntar, al escrito de interposición del recurso de suplicación, el ejemplar para la Administración de Justicia del modelo 696 con el ingreso debidamente validado de la oportuna tasa, en la cuantía establecida para el orden social por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Juan de Dios Camacho Ortega. Y para que sirva de notificación en legal forma a Demelsa Fernández Campos, cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro el presente edicto. Dado en Málaga, a 14 de junio de 2016. El Letrado de la Administración de Justicia, Luis Villalobos Sánchez.
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