BOPMA Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Edicto 8416/2016

NOTA IMPORTANTE: este texto se muestra aquí sólo con fines de consulta. Su original en formato PDF, publicado el día 25 de noviembre de 2016, es el único que cuenta con validez a efectos legales. Puede descargarse desde el siguiente enlace: 251116225.pdf.

Edicto 8416/2016, publicado en el Boletín número 225 del día 25 de noviembre de 2016

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SALARES
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El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2016, aprobó por unanimidad de los cinco concejales que forman la Corporación, de forma definitiva, el expediente de nueva creación de ordenanzas.
Habiéndose expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga números 163 y 168, de fechas 26 de agosto y 2 de septiembre de 2016, y transcurrido el plazo de treinta días, no se han presentado reclamaciones ni alegaciones.
Para dar cumplimiento a lo prevenido en el artículo 17.4 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, se publica el texto íntegro de las ordenanzas, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional:
ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN
ÍNDICE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CAPÍTULO I “DISPOSICIONES GENERALES” ARTÍCULOS DEL 1 AL 7.
CAPÍTULO II “INFORMACIÓN PÚBLICA” ARTÍCULO DEL 8 AL 11.
CAPÍTULO III “PUBLICIDAD ACTIVA DE INFORMACIÓN” SECCIÓN 1.ª RÉGIMEN GENERAL ARTÍCULOS DEL 12 AL 15. SECCIÓN 2.ª OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ARTÍCULOS DEL 16 AL 22.
CAPÍTULO IV “DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA” SECCIÓN 1.ª RÉGIMEN JURÍDICO ARTÍCULOS DEL 23 AL 24. SECCIÓN 2.ª PROCEDIMIENTO
ARTÍCULOS DEL 25 AL 31.
CAPÍTULO V “REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN” ARTÍCULOS DEL 32 AL 40.
CAPÍTULO VI “RECLAMACIONES Y RÉGIMEN SANCIONADOR” SECCIÓN 1.ª RECLAMACIONES ARTÍCULO 41. SECCIÓN 2.ª RÉGIMEN SANCIONADOR ARTÍCULOS DEL 42 AL 46.
CAPÍTULO VII “EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO” ARTÍCULOS DEL 47 AL 50
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. MEDIDAS DE EJECUCIÓN DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. ENTRADA EN VIGOR
ORDENANZA TIPO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son dos principios fundamentales en los estados modernos. La Constitución Española los incorpora a su texto en forma de derechos, algunos de ellos fundamentales y, por tanto, de la máxima importancia y protección:
a) “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” (artículo 20.1.d).
b) “(…) a participar en los asuntos públicos, directamente (…)” (artículo 23.1).
c) “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas” (artículo 105.b).
El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha hecho sino demandar con más fuerza estos derechos, garantizados en parte hasta el momento mediante disposiciones aisladas como el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Estos derechos tienen asimismo su plasmación en el artículo 6.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, cuya disposición final tercera se refiere específicamente a las administraciones locales.
Por otra parte, el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, establece literalmente con una redacción similar a la citada disposición final:
“… las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas. Las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este apartado”.
Este precepto debe ser puesto en conexión con el nuevo párrafo ñ) del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, según el cual corresponde a los ayuntamientos la promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Tanto la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, junto con otras normas recientes o actualmente en tramitación, reguladoras del llamado “gobierno abierto”, nos permiten afirmar que las entidades locales tienen suficiente base jurídica para implantarlo, siendo uno de sus pilares esenciales el citado principio de transparencia. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en su disposición
final novena establece que “los órganos de las comunidades autónomas y entidades locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta ley”. A tal efecto, las entidades locales han de iniciar un proceso interno de adaptación a dicha norma, siendo conveniente, entre otras medidas, regular integralmente la materia a través de una ordenanza. Una de las finalidades por tanto, de esta ordenanza es, junto a la habitual de desarrollar la ley, generar un incentivo e iniciar la efectiva implantación en las entidades locales de las medidas propias de los gobiernos locales transparentes, con un grado de anticipación y eficacia muy superior al que derivaría de un escenario huérfano de ordenanzas, o con alguna de ellas dictada aisladamente. En este sentido la ordenanza tiene un doble objetivo: el regulatorio y el de fomento de la efectividad del principio de transparencia.
En cuanto a la identificación de este gobierno abierto y sus principios (transparencia, datos abiertos, participación, colaboración) con la administración local, no cabe ninguna duda. Gobierno abierto es aquel que se basa en la transparencia como medio para la mejor consecución del fin de involucrar a la ciudadanía en la participación y en la colaboración con lo público. El Gobierno abierto se basa en la transparencia para llegar a la participación y la colaboración. Consideramos que es el momento de ser conscientes de que en la sociedad aparece un nuevo escenario tras la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones a principios del siglo XXI. Un gobierno que no rinde cuentas ante el ciudadano no está legitimado ante el mismo. Dado que la Administración local es la administración más cercana al ciudadano y el cauce inmediato de participación de este en los asuntos públicos, parece ser sin duda la más idónea para la implantación del Gobierno abierto. Igualmente, se debe tener muy en cuenta que en el presente momento histórico dicha participación se materializa fundamentalmente a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), si bien no cabe ignorar mecanismos no necesariamente “tecnológicos” como la iniciativa popular (artículo 70 bis.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril) o los presupuestos participativos.
En cuanto a la participación ciudadana, históricamente la legislación sobre régimen local ha venido regulándola de forma amplia, tanto a nivel organizativo como funcional, legislación que podía y debía completarse con una ordenanza o Reglamento de Participación (artículo 70 bis.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril). En cuanto a la articulación de la participación ciudadana a través de las tecnologías de la información y la comunicación, tampoco puede considerarse una novedad, y como hemos visto hace más de una década se recoge en la Ley 7/1985, de 2 de abril, uniendo y vinculando el impulso de la utilización de las TIC con el fomento de la participación y la comunicación a los vecinos, y también como medio para la realización de encuestas y consultas ciudadanas sin perjuicio de su utilidad para la realización de trámites administrativos. Todos estos derechos de participación presuponen un amplio derecho de información, sin el cual su ejercicio queda notablemente desvirtuado.
En cuanto a la estructura de la presente ordenanza, esta se divide en siete capítulos. En el capítulo I, bajo el título “Disposiciones generales”, se establece el objeto de la norma, que es la regulación de la transparencia de la actividad de la entidad local, así como del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La ordenanza se aplicará no solo a la Administración matriz, sino en su caso a todas las entidades dependientes a través de las cuales también ejerce su actividad la entidad pública principal, incluidas las empresas privadas, contratistas y concesionarias de servicios. Todas estas entidades tienen la obligación de ser transparentes, para lo cual deben cumplir las condiciones y tomar las medidas establecidas en el artículo 3. En relación con estas obligaciones, los ciudadanos ostentan los derechos que vienen enunciados en el artículo 4, que podrán ejercerse presencialmente o por vía telemática en igualdad de condiciones, estando prevista en todo caso la creación de una unidad responsable de la información pública. Concluye el capítulo I con el establecimiento de los principios generales por los que se va a regir la regulación contenida en la ordenanza.
El capítulo II, dedicado a la información pública, a partir de la definición de la misma contenida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
regula, en primer lugar, las distintas formas que tienen las personas de acceder a la información pública. A continuación establece los distintos requisitos que han de tener los datos, contenidos y documentos que conforman dicha información a los efectos de esta ordenanza. Finalmente, se desarrollan las limitaciones generales al acceso a la información pública, siendo los únicos límites los establecidos expresamente en el artículo 10 o en la normativa específica, siendo objeto de especial protección los datos de carácter personal de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de dicha ley y el artículo 11 de la presente ordenanza.
En el capítulo III se regula la transparencia activa, esto es, la información pública que las entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la ordenanza deben publicar de oficio por ser la más representativa de la actividad de la Administración local y la de mayor demanda social. Dicha información se publicará por medios electrónicos: en las sedes electrónicas, páginas webs institucionales o portales de transparencia de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ordenanza. La información pública que será objeto de publicación activa por parte de las entidades enumeradas en el artículo 2, será la detallada en los artículos 16 a 22, dividida en las siguientes categorías: información sobre la institución, su organización, planificación y personal; información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las entidades; información de relevancia jurídica y patrimonial; información sobre contratación, convenios y subvenciones; información económica, financiera y presupuestaria; información sobre servicios y procedimientos; e información medioambiental y urbanística.
El capítulo IV regula la transparencia pasiva, es decir, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, cuya titularidad corresponde a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, sin previa exigencia de condición alguna de ciudadanía, vecindad o similar. La denegación del acceso a dicha información habrá de ser en base a alguno de los límites previamente regulados, cuando, previa resolución motivada y proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un interés público o privado superior que justifique el acceso. Para el ejercicio del derecho regulado en este capítulo, la ordenanza establece un procedimiento ágil cuya resolución, y en el supuesto de que sea desestimatoria, puede ser objeto de la reclamación potestativa a que hace referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En el caso de resolución estimatoria, la información pública se facilitará junto con dicha resolución o, en su caso, en un plazo no superior a diez días desde la notificación.
El capítulo V se dedica a la transparencia colaborativa, regulando el régimen de reutilización de la información pública, cuyo objetivo fundamental es la generación de valor público en la ciudadanía en los ámbitos social, innovador y económico. Esta reutilización no se aplicará a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio del resto de límites establecidos en la normativa vigente en la materia, particularmente en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. En todo caso y con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición será reutilizable siguiendo la modalidad sin sujeción a condiciones, lo que conlleva la no necesidad de autorización previa y la gratuidad del acceso y reutilización, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario y siempre que se cumplan las condiciones de accesibilidad así como las establecidas en el artículo 35 de la ordenanza, y se satisfaga, en su caso, la exacción que corresponda.
El capítulo VI regula en su sección primera el régimen de quejas y reclamaciones por vulneración de la misma, estableciendo en primer lugar la posibilidad de presentar quejas cuando la Administración no cumpla sus obligaciones en materia de publicidad activa, a fin de evitar tener que solicitarla a través del procedimiento regulado en el capítulo IV. En segundo lugar, se regula la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previa a la impugnación en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La sección
segunda regula el régimen sancionador en materia de reutilización de la información pública local, en base al Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, dada la ausencia de normativa sectorial específica que le atribuya la potestad sancionadora en esta materia. Se tipifican las infracciones clasificándolas en muy graves, graves y leves y se establece un régimen sancionador consistente en multas y, en el caso de infracciones muy graves y graves, la prohibición de reutilizar documentos durante un periodo de tiempo entre 1 y 5 años y la revocación de autorizaciones concedidas.
Por último, el capítulo VII regula el sistema de evaluación y seguimiento de la norma, que establece la competencia general de la Alcaldía-Presidencia para el desarrollo, implementación y ejecución de la misma, dictando en su caso las medidas organizativas, así como de formación, sensibilización y difusión que correspondan. Asimismo, los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la transparencia se explicitarán en planes anuales. El resultado de las labores de evaluación y seguimiento de la ejecución de estos planes y medidas será objeto de una memoria que, anualmente, elaborará el servicio responsable en colaboración con el resto de los servicios.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico 1. La presente ordenanza tiene por objeto la aplicación y desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, a través del establecimiento de unas normas que regulen la transparencia de la actividad de la entidad local, así como del ejercicio del derecho de reutilización y acceso a la información pública, estableciendo los medios necesarios para ello, que serán preferentemente electrónicos. 2. El derecho de las personas a acceder a la información pública y a su reutilización se ejercitará en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, en la normativa autonómica dictada en desarrollo de ambas leyes cuando en su ámbito de aplicación se encuentren las entidades locales y en esta ordenanza.
Artículo 2. Ámbito de aplicación 1. Las disposiciones de esta ordenanza serán de aplicación a: a) La entidad local de Ayuntamiento de Salares. b) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresaria-
les y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la entidad local de Ayuntamiento de Salares. c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. d) Las fundaciones de iniciativa pública local o de participación mayoritaria de las entidades locales, ya sea en su dotación fundacional o en sus órganos de gobierno. e) Las asociaciones constituidas por la entidad local, organismos y demás entidades previstos en este artículo. 2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza potestades administrativas de titularidad local, en todo lo referido a la prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de potestades administrativas, deberá proporcionar a la entidad local la información que sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas en la presente ordenanza. Los adjudicatarios de contratos estarán sujetos a igual obligación en los términos que se establezcan en los respectivos contratos y se especificará la forma en que dicha información deberá ser puesta a disposición de la entidad local.
Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la información
1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información y reutilización y en los términos previstos en esta ordenanza, las entidades mencionadas en el artículo 2.1 deben:
a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de sus páginas web o sedes electrónicas, la información cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a la misma.
b) Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de información pública que obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información y ofrecer también dicho catálogo en formatos electrónicos abiertos, legibles por máquinas que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento.
c) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada.
d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su localización y divulgación, así como su accesibilidad, interoperabilidad y calidad.
e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para las personas.
f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para resolver.
g) Publicar y difundir la información relativa a los términos de la reutilización de la información de forma clara y precisa para los ciudadanos.
h) Difundir los derechos que reconoce esta ordenanza a las personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.
i) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato elegido de acuerdo con lo establecido en la presente ordenanza.
2. Las obligaciones contenidas en esta ordenanza se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
3. Toda la información prevista en esta ordenanza estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios y en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
Artículo 4. Derechos de las personas 1. En el ámbito de lo establecido en esta ordenanza, las personas tienen los siguientes derechos:
a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo con lo establecido en esta ordenanza.
b) A ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada o de los que puede derivar dicha información, obran o no en poder del órgano o entidad, en cuyo caso, éstos darán cuenta del destino dado a dichos documentos.
c) A ser asistidas en su búsqueda de información. d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensi-
bles para el ejercicio del derecho de acceso. e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la
forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta ordenanza. f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la información solicitada y, en su caso, en una forma o formato distinto al elegido. g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, en su caso, de las exacciones que correspondan por la expedición de copias o transposición a formatos diferentes del original.
2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá ejercer los derechos contemplados en esta ordenanza, sin que quepa exigir para ello requisitos tales como la posesión de una nacionalidad, ciudadanía, vecindad o residencia determinada.
3. La entidad local no será en ningún caso responsable del uso que cualquier persona realice de la información pública.
Artículo 5. Medios de acceso a la información 1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza están obligadas a habilitar diferentes medios para facilitar la información pública, de modo que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia de su formación, recursos, circunstancias personales o condición o situación social. 2. A estos efectos, la entidad local ofrecerá acceso a la información pública a través de algunos de los siguientes medios: a) Oficinas de información. b) Páginas web o sedes electrónicas. c) Servicios de atención telefónica. d) Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos de la
entidad local habilitados al efecto.
Artículo 6. Unidad responsable de la información pública La entidad local designará una unidad responsable de información pública, bajo la dirección y responsabilidad de la Secretaría1 de la entidad local, que tendrá las siguientes funciones: a) La coordinación en materia de información para el cumplimien-
to de las obligaciones establecida en esta ordenanza, recabando la información necesaria de los órganos competentes del departamento, organismo o entidad. b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y, en su caso, de las reclamaciones que se interpongan de conformidad con lo previsto en el artículo 41. c) El asesoramiento a las personas para el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia a aquellas en la búsqueda de la información, sin perjuicio de las funciones que tengan atribuidas otras unidades administrativas. d) La inscripción, en su caso, en el registro de solicitudes de acceso. e) Crear y mantener actualizado un catálogo de información pública que obre en poder de la entidad local, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información. f) La elaboración de los informes en materia de transparencia administrativa, reutilización y derecho de acceso a la información pública. g) La difusión de la información pública creando y manteniendo actualizados enlaces con direcciones electrónicas a través de las cuales pueda accederse a ella. h) La adopción de las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión de la información pública y su puesta a disposición de los ciudadanos, de la manera más amplia y sistemática posible. i) La adopción de las medidas necesarias para garantizar que la información pública se haga disponible en bases de datos electrónicas a través de redes públicas electrónicas. j) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que sean necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de esta ordenanza.
Artículo 7. Principios generales 1. Publicidad de la información pública: Se presume el carácter público de la información obrante en la entidad local. 2. Publicidad activa: La entidad local publicará por iniciativa propia aquella información que sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad así como la que pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y para la economía, permitiendo el control de su actuación y el ejercicio de los derechos políticos de las personas. 3. Reutilización de la información: La información pública podrser reutilizada en los términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre y la presente ordenanza.
1 Las peculiaridades organizativas de algunas entidades locales o entes dependientes, pueden determinar la atribución de esta responsabilidad a otros órganos de carácter directivo.
4. Acceso a la información: La entidad local garantiza el acceso de las personas a la información pública en los términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la presente ordenanza.
5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: La entidad local establecerá los medios para que el acceso a la información pública pueda ser a través de medios electrónicos, sin necesidad de previa solicitud y de forma inmediata. También se procurará que la publicación y puesta a disposición se realice incluyendo además formatos electrónicos reutilizables siempre que sea posible, todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a las personas a elegir el canal a través del cual se comunica con la entidad local.
6. Calidad de la información: La información pública que se facilite a las personas debe ser veraz, fehaciente y actualizada. En toda publicación y puesta a disposición se indicará la unidad responsable de la información y la fecha de la última actualización. Asimismo, los responsables de la publicación adaptarán la información a publicar, dotándola de una estructura, presentación y redacción que facilite su completa comprensión por cualquier persona.
7. Compromiso de servicio: La provisión de información pública deberá ser en todo momento eficaz, rápida y de calidad, debiendo los empleados públicos locales ayudar a las personas cuando estas lo soliciten y manteniéndose un canal de comunicación específico entre la entidad local y los destinatarios de la información.
CAPÍTULO II
Información pública
Artículo 8. Información pública Se entiende por información pública todo documento o contenido a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Artículo 9. Requisitos generales de la información Son requisitos generales de la información pública regulada en esta ordenanza:
a) La gestión de la información, y especialmente de aquella que se encuentre en formato electrónico, se hará de forma que cada dato o documento sea único, compartido, accesible, estructurado, descrito, con información sobre las limitaciones de uso y, en su caso, ubicado geográficamente.
b) Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá a disposición utilizando formatos comunes, abiertos, de uso libre y gratuito para las personas y, adicionalmente, en otros formatos de uso generalizado.
c) Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para describir y estructurar la información pública se publicarán en la página web de la entidad para que las personas puedan utilizarlos en sus búsquedas e interpretar correctamente la información.
d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a disposición de forma que no se incluirán restricciones que impidan o dificulten la explotación de su contenido.
e) Las personas con discapacidad accederán a la información y su reutilización a través de medios y formatos adecuados y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
Artículo 10. Límites La información pública regulada en esta ordenanza podrá ser limitada, además de en los supuestos recogidos en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en relación al ejercicio delegado de otras competencias estatales y autonómicas, según prevea la norma de delegación o, en su caso, respecto a cualquier información que la entidad local posea y que pudiera afectar a competencias propias o exclusivas de otra Administración, cuyo derecho de acceso esté igualmente limitado por las leyes. En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal forma que los límites referidos no sean obstáculo para su publicación o acceso.
Artículo 11. Protección de datos personales 1. Toda utilización de la información pública a través de los distintos mecanismos previstos en esta ordenanza se realizará con total respeto a los derechos derivados de la protección de datos de carácter personal, en los términos regulados en la legislación específica sobre dicha materia y en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 2. La protección de los datos de carácter personal no supondrá un límite para la publicidad activa y el acceso a la información pública cuando el titular del dato haya fallecido, salvo que concurran otros derechos. Igualmente, no se aplicará este límite cuando los titulares de los datos los hubieran hecho manifiestamente públicos previamente o fuera posible la disociación de los datos de carácter personal sin que resulte información engañosa o distorsionada y sin que sea posible la identificación de las personas afectadas. 3. Se consideran datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública de los órganos, los datos de las personas físicas que presten sus servicios en tales órganos, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.
CAPÍTULO III
Publicidad activa de información
Sección 1.ª Régimen general
Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa 1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán, a iniciativa propia y de manera gratuita, la información pública cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad y la reutilización de la información y, en todo caso, la información cuyo contenido se detalla en los artículos 16 a 22. Dicha información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad, o de la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos obligados. Para el cumplimiento de dicha obligación la entidad local podrá requerir la información que sea precisa de las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, y de los contratistas, en los términos previstos en el respectivo contrato. 2. También serán objeto de publicidad activa aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, y las resoluciones que denieguen o limiten el acceso a la información una vez hayan sido notificadas a las personas interesadas, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran.
Artículo 13. Lugar de publicación 1. La información se publicará en la página web o sede electrónica de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación, o, en su caso, en un portal específico de transparencia. 2. La página web o sede electrónica de la entidad local contendrá, asimismo, los enlaces a las respectivas páginas web o sedes electrónicas de los entes dependientes de la entidad local y el resto de sujetos y entidades vinculadas a la misma con obligaciones de publicidad activa impuestas por la normativa que les sea de aplicación. 3. La entidad local podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el resto de administraciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utilización de portales de transparencia y de datos abiertos de otras entidades. Artículo 14. Órgano competente y forma de publicación 1. Las entidades locales identificarán y darán publicidad suficiente a la información relativa a los órganos competentes responsables de la publicación activa regulada en este capítulo.
2. La información se publicará de manera clara y estructurada, y fácil de entender, utilizando un lenguaje accesible. Si por la naturaleza o el contenido de la información, ésta resultase compleja por su lenguaje técnico, se realizará una versión específica y más sencilla para su publicación.
3. Se incluirá el catálogo completo de información objeto de publicidad activa, indicando el órgano o servicio del que procede la información, la frecuencia de su actualización, la última fecha de actualización, los términos de su reutilización y, en su caso, la información semántica necesaria para su interpretación.
Artículo 15. Plazos de publicación y actualización 1. Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate. 2. La información pública se mantendrá publicada durante los siguientes plazos: a) La información mencionada en los artículos 16, 17, 18 y 21,
mientras mantenga su vigencia. b) La información mencionada en el artículo 19, mientras persis-
tan las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos, dos años después de que éstas cesen. c) La información mencionada en el artículo 20, durante cinco años a contar desde el momento que fue generada. d) La información en el artículo 22, mientras mantenga su vigencia y, al menos, cinco años después de que cese la misma. 3. La información publicada deberá ser objeto de actualización en el plazo más breve posible y, en todo caso, respetando la frecuencia de actualización anunciada, de acuerdo con las características de la información, las posibilidades técnicas y los medios disponibles. 4. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que en el mismo lugar en que se publica la información pública se mantenga la información que deja de ser actual.
Sección 2.ª Obligaciones específicas
Artículo 16. Información sobre la institución, su organización, planificación y personal
1. Las entidades enumeradas en el artículo 2.1, con el alcance previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, publicarán información relativa a:
a) Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias como atribuidas por delegación.
b) La normativa que les sea de aplicación. c) Identificación de los entes dependientes, participados y a los
que pertenezca la entidad local, incluyendo enlaces a sus páginas web corporativas. d) Organigrama descriptivo de la estructura organizativa: identificación de los distintos órganos decisorios, consultivos, de participación o de gestión, especificando su sede, composición y competencias e) Identificación de los responsables de los distintos órganos señalados en el párrafo d), especificando su perfil y trayectoria profesional. f) Estructura administrativa departamental de la entidad, con identificación de los máximos responsables departamentales. g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos. h) Los planes y mapas estratégicos, así como otros documentos de planificación, especificando sus objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. También los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de medida y valoración, serán publicados periódicamente, con una frecuencia mínima anual. i) Los programas anuales y plurianuales, especificando sus objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. También los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de medida y valoración, serán publicados periódicamente, con una frecuencia mínima anual.
j) Número de puestos de trabajo reservados a personal eventual. k) Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instrumen-
tos de planificación de personal. l) La oferta de empleo público u otros instrumentos similares de
gestión de la provisión de necesidades de personal. m) Los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo. n) La identificación de las personas que forman parte de los órga-
nos de representación del personal. 2. La información referida en el apartado j) se ha de publicar, en todo caso, en la sede electrónica.
Artículo 17. Información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las entidades
En relación con las personas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 75 y la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se publicará, como mínimo, la siguiente información:
a) Las retribuciones percibidas anualmente. b) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del
abandono del cargo. c) Las resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad privada
con motivo del cese de los mismos. d) Las declaraciones anuales de bienes y actividades en los tér-
minos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril. Cuando el reglamento orgánico no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones, se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
Artículo 18. Información de relevancia jurídica y patrimonial Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 a) y b) publicarán información relativa a:
a) El texto completo de las ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones de la entidad local.
b) Los proyectos de ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones de carácter normativo cuya iniciativa les corresponda, incluyendo las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de dichas normas. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.
c) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos.
d) Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación.
e) Relación de bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.
Artículo 19. Información sobre contratación, convenios y subvenciones Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a:
a) Todos los contratos formalizados por la entidad local, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, duración, con expresión de las prórrogas, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse, al menos, trimestralmente.
b) Las modificaciones y las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos señalados en el párrafo a).
c) El perfil del contratante. d) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupues-
tario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. e) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. f) Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. g) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
Artículo 20. Información económica, financiera y presupuestaria 1. Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a: a) Los presupuestos anuales, con descripción de las principales
partidas presupuestarias e información actualizada al menos trimestralmente sobre su estado de ejecución. b) Las modificaciones presupuestarias realizadas. c) Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. d) La liquidación del presupuesto. e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre dichas cuentas se emitan. f) Masa salarial del personal laboral del sector público local, en los términos regulados en el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 2. La información referida en el apartado f) se ha de publicar, en todo caso, en la sede electrónica.
Artículo 21. Información sobre servicios y procedimientos Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a:
a) El catálogo general de los servicios que presta, con información adecuada sobre el contenido de los mismos, ubicación y disponibilidad, así como el procedimiento para presentar quejas sobre el funcionamiento de los mismos.
b) Sedes de los servicios y equipamientos de la entidad, dirección, horarios de atención al público y enlaces a sus páginas web corporativas y direcciones de correo electrónico o canales de prestación de los servicios.
c) Las cartas de servicios y otros documentos de compromisos de niveles de calidad estandarizados con los ciudadanos, así como los documentos que reflejen su grado de cumplimiento a través de indicadores de medida y valoración.
d) El catálogo de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación del objeto, formas de iniciación, documentación a aportar, trámites, normativa aplicable, plazos de resolución y sentido del silencio administrativo, así como, en su caso, las instancias y formularios que tengan asociados, especificando los que son realizables vía electrónica.
Artículo 22. Información medioambiental y urbanística2 La entidad local publicará información relativa a: a) Los textos normativos aplicables en materia de medioambiente.
2 Se trata de información exigible en virtud de la Ley 27/2006, 18 de julio, reguladora de los derechos de acceso a la información, participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, así como el Real Dereto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba del Texto Refundido de la Ley del Suelo.
b) Las políticas, programas y planes de la entidad local relativos al medioambiente, así como los informes de seguimiento de los mismos.
c) Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente urbano, incluyendo la calidad del aire y del agua, información sobre niveles polínicos y contaminación acústica.
d) Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo relativos a elementos medioambientales.
e) El texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento urbanístico y sus modificaciones, así como los convenios urbanísticos.
CAPÍTULO IV
Derecho de acceso a la información pública
Sección 1.ª Régimen jurídico
Artículo 23. Titularidad del derecho Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 es titular del derecho regulado en el artículo 105 b) de la Constitución, de conformidad con el régimen jurídico establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el desarrollo reglamentario que tenga carácter de normativa básica. La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuando se trate de menores de edad, se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 24. Limitaciones 1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada por alguno de los límites enumerados en los artículos 10 y 11, cuando, previa resolución motivada y proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un interés público o privado superior que justifique el acceso. 2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denegación del acceso, se analizará previamente la posibilidad de conceder el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite de que se trate, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. Cuando se conceda el acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la información afectada por las limitaciones y la advertencia y constancia de esa reserva.
Sección 2.ª Procedimiento
Artículo 25. Competencia 1. Las entidades locales identificarán y darán publicidad suficiente a la información relativa a los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información pública. 2. Los órganos que reciban las solicitudes de acceso se inhibirán de tramitarlas cuando, aun tratándose de información pública que posean, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro. Asimismo, se inhibirán cuando no posean la información solicitada, pero conozcan qué órgano competente para resolver, la posea. En los casos mencionados en el párrafo anterior, se remitirá la solicitud al órgano que se estime competente y se notificará tal circunstancia al solicitante.
3. En los supuestos en los que la información pública solicitada deba requerirse a personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la resolución sobre el acceso será dictada por la Administración, organismo o entidad al que se encuentren vinculadas.
Artículo 26. Solicitud 1. Los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información pública no requerirán a los solicitantes más datos sobre su identidad que los imprescindibles para poder resolver y notificar aquellas. Asimismo, prestarán el apoyo y asesoramiento necesario al solicitante para la identificación de la información pública solicitada. 2. No será necesario motivar la solicitud de acceso a la información pública. No obstante, el interés o motivación expresada por el interesado podrá ser tenida en cuenta para ponderar, en su caso, el interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11. 3. La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo. 4. Se comunicará al solicitante el plazo máximo establecido para la resolución y notificación del procedimiento, así como del efecto que pueda producir el silencio administrativo, en los términos previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo.
Artículo 27. Inadmisión 1. Las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, serán interpretadas restrictivamente en favor del principio de máxima accesibilidad de la información pública. 2. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en curso de elaboración o publicación general, se informará del tiempo previsto para su conclusión. 3. Los informes preceptivos no serán considerados información de carácter auxiliar o de apoyo, a efectos de inadmitir una solicitud de acceso. No obstante, esto no impedirá la denegación del acceso si alguno de los límites establecidos en los artículos 10 y 11, pudiera resultar perjudicado.
Artículo 28. Tramitación 1. Los trámites de subsanación de la información solicitada, cuando no haya sido identificada suficientemente, y de audiencia a los titulares de derechos e intereses debidamente identificados, que puedan resultar afectados, suspenderán el plazo para dictar resolución, en los términos establecidos en el artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 2. De la suspensión prevista en el apartado 1 y su levantamiento, así como de la ampliación del plazo para resolver, se informará al solicitante para que pueda tener conocimiento del cómputo del plazo para dictar resolución.
Artículo 29. Resolución 1. La denegación del acceso por aplicación de los límites establecidos en los artículos 10 y 11 será motivada, sin que sea suficiente la mera enumeración de los límites del derecho de acceso, siendo preciso examinar la razonabilidad y proporcionalidad de los derechos que concurren para determinar cuál es el bien o interés protegido que debe preservarse. 2. El acceso podrá condicionarse al transcurso de un plazo determinado cuando la causa de denegación esté vinculada a un interés que afecte exclusivamente a la entidad local competente.
Artículo 30. Notificación y publicidad de la resolución 1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la información pública se notificará a los solicitantes y a los terceros titulares de derechos e intereses afectados que así lo hayan solicitado. En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de interponer contra la resolución la reclamación potestativa a que hace referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, o recurso contencioso-administrativo. 2. La resolución que se dicte en aplicación de los límites del artículo 10, se hará pública, previa disociación de los datos de carácter personal y una vez se haya notificado a los interesados.
Artículo 31. Materialización del acceso La información pública se facilitará con la resolución estimatoria del acceso o, en su caso, en plazo no superior a diez días desde la notificación. En el caso de que durante el trámite de audiencia hubiera existido oposición de terceros, el acceso se materializará cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a acceder a la información. Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el plazo de resolución de la reclamación potestativa previa, dado que cabe contra ella recurso contencioso-administrativo.
CAPÍTULO V
Reutilización de la información
Artículo 32. Objetivos de la reutilización La reutilización de la información generada en sus funciones por las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza constata el ejercicio de la transparencia colaborativa por parte del sector público y tiene como objetivo fundamental la creación de valor público en la sociedad en los siguientes ámbitos: a) Social: El derecho de acceso al conocimiento e información
del sector público constituye un principio básico de la democracia y del estado del bienestar. Construir ese estado de bienestar responsable empieza con una ruptura de las brechas y asimetrías de información entre, por un lado, quien define y presta los servicios del estado del bienestar y, por otro lado, quien los usa y los financia. La reutilización da valor y sentido añadido a la transparencia y legitima y mejora la confianza en el sector público. b) Innovador: La información pública debe permanecer abierta para evitar acuerdos exclusivos y favorecer su reutilización innovadora por sectores de la sociedad con fines comerciales o no-comerciales. La reutilización favorecerá la creación de productos y servicios de información de valor añadido por empresas y organizaciones. c) Económico: El tamaño del mercado potencial basado en la información agregada del sector público y su reutilización, junto con su impacto en el crecimiento económico y creación de empleo en el ámbito de la Unión Europea, hace merecedor el esfuerzo y la contribución de todas las administraciones en esta materia. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ordenanza realizarán los esfuerzos necesarios para federar su catálogo de información pública reutilizable junto con los catálogos del resto de entidades de forma agregada en plataformas comunes, como http://datos.gob.es, con el único objetivo de colaborar en la construcción de un único catálogo de información pública reutilizable, facilitar la actividad del sector reutilizador de la sociedad e incrementar así el valor social, innovador y económico generado por la transparencia colaborativa del sector público.
Artículo 33. Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de propiedad intelectual y derechos exclusivos
1. La reutilización de la información regulada en esta ordenanza no se aplica a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial especialmente por parte de terceros.
A los efectos de esta ordenanza se entiende por derechos de propiedad intelectual los derechos de autor y derechos afines, incluidas las formas de protección específicas.
2. La presente ordenanza tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de los entes incluidos en su ámbito de aplicación.
3. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ordenanza ejercerán, en todo caso, sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización.
Artículo 34. Criterios generales 1. Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren los artículos anteriores dentro de los límites establecidos por la normativa vigente en materia de reutilización de la información del sector público. 2. Con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa y de forma gratuita, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario. 3. En particular, la reutilización de la información que tenga la consideración de publicidad activa tanto en esta ordenanza como en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, seguirá siempre la modalidad de reutilización sin sujeción a solicitud previa y/o condiciones específicas y se ofrecerá en formatos electrónicos legibles por máquinas y en formato abierto que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento siguiendo siempre en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la información, aprobada por Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o norma que la sustituya.
Artículo 35. Condiciones de reutilización 1. La reutilización de la información por personas o entidades está sometida a las siguientes condiciones: a) El contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del
sentido y desnaturalización de la información, de forma que puedan darse interpretaciones incorrectas sobre su significado. b) Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente ha publicado la información como fuente y una mención expresa de la fecha de la última actualización de la información reutilizada. c) No se dará a entender de ningún modo que la entidad que originariamente ha publicado la información patrocina, colabora o apoya el producto, servicio, proyecto o acción en el que se enmarque la reutilización, sin perjuicio de que este patrocinio, apoyo o colaboración pueda existir con base en una decisión o acuerdo específico de la citada entidad, en cuyo caso podrá hacerse constar en los términos que se contengan en el mismo. d) Se deberá conservar los elementos que garantizan la calidad de la información, siempre que ello no resulte incompatible con la reutilización a realizar. 2. La publicación o puesta a disposición de información pública conlleva la cesión gratuita y no exclusiva por parte de la entidad que originariamente publica la información de los derechos de propiedad intelectual que resulten necesarios para desarrollar la actividad de reutilización, con carácter universal y por el plazo máximo permitido por la ley. 3. En la misma sección página web o sede electrónica en la que se publique información, se publicarán las condiciones generales para la reutilización.
Artículo 36. Exacciones 1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza podrán exigir exacciones sobre la reutilización de la información para permitir cubrir los costes del servicio o actividad incluyendo en dichos costes los relativos a la recogida, producción, reproducción, puesta a disposición y difusión3.
2. Cuando se establezcan exacciones para la reutilización de información pública, se incluirá en la página web o sede electrónica de la entidad local la relación de los mismos, con su importe y la base de cálculo utilizada para su determinación, así como los conjuntos de datos o documentos a los que son aplicables.
3Téngase en cuenta la reciente Directiva 2013/37/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, que una vez traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, impedirá incluir los costes de recogida y producción de la información pública.
Artículo 37. Exclusividad de la reutilización 1. Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de reutilización de la información. La reutilización estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido basados en información del sector público. Los contratos o acuerdos de otro tipo existentes que conserven los documentos y los terceros no otorgarán derechos exclusivos. 2. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de un servicio de interés público, la entidad incluida en el ámbito de aplicación de esta ordenanza revisará periódicamente y como máximo cada tres años, la validez del motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo. 3. Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la digitalización de recursos culturales, se estará a la regulación específica de la materia. 4. Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de reutilización serán transparentes y se pondrán en conocimiento del público.
Artículo 38. Modalidades de reutilización de la información 1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza clasificarán la reutilización de toda la información que obra en su poder y que sea publicada de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades de reutilización: a) Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a con-
diciones específicas. Esta será la modalidad de uso prioritaria y generalizada en la que la información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa ni condiciones específicas, respetándose los criterios generales y las condiciones de reutilización del artículo 354. b) Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o a autorización previa. De forma extraordinaria, esta modalidad recogerá la reutilización de información puesta a disposición con sujeción a condiciones específicas establecidas en una licencia-tipo o a una previa autorización, la cual podrá incorporar, asimismo, condiciones específicas. 2. Las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios: a) Serán claras, justas y transparentes. b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la competencia. c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización. d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo acuerdo de la entidad titular de la información. 3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos de uso limitados para regular los distintos supuestos de reutilización sujetos a condiciones específicas y estos siempre estarán disponibles en formato digital, abierto y procesable electrónicamente. Estos modos de uso limitados podrán ser elaborados por la propia entidad, aunque serán preferidas las de uso libre y gratuito que gocen de amplia aceptación nacional e internacional5 o aquellas que hayan sido consensuadas con o por otras administraciones públicas. Los modos de uso limitados serán publicados en la web municipal. 4. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza podrán modificar el contenido de las condiciones específicas y modos de uso limitado ya existentes, así como aplicar condiciones específicas y modos de uso limitado a conjuntos de datos o documentos que previamente no las tuvieran. Estas modificaciones se publicarán en la página web y obligarán a los reutilizadores a partir de la publicación o puesta a disposición de la primera actualización de los datos o documentos que se realice después de que la modificación haya sido publicada o, en cualquier caso, transcurridos seis meses desde dicha fecha.
4Esta modalidad sigue de forma similar las pautas establecidas por la licencia Creative Commons (BY) de uso extendido en la socieda actual.
5 Creative Commons u otras similares.
Artículo 39. Publicación de información reutilizable 1. La publicación activa de información reutilizable incluirá su contenido, naturaleza, estructura, formato, frecuencia de actualización, modalidad de reutilización, así como las condiciones aplicables y, en su caso, la exacción a los que esté sujeta la reutilización que será accesible por medios electrónicos para que los agentes reutilizadores puedan realizar la autoliquidación y pago. 2. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza facilitará sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como los metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir normas formales abiertas. Concretamente, se utilizaran estándares clasificados en su correspondiente categorías con tipología de abiertos, en su versión mínima aceptada y estado admitido siguiendo lo establecido en el anexo de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catalogo de Estándares al amparo del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio y la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la información. 3. El apartado 2 no supone que las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza estén obligada, para cumplir dicho apartado, a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación. No podrá exigirse a las citadas entidades que mantengan la producción y el almacenamiento de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad del sector privado o público. 4. Los sistemas de búsqueda de información y documentación publicada permitirá la indicación de búsqueda de información reutilizable.
Artículo 40. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización
1. El procedimiento de tramitación será el regulado en los apartados del artículo 10 de la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, que tengan carácter de normativa básica.
2. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud. Cuando por el volumen y la complejidad de la información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo, se podrá ampliar el plazo de resolución otros quince días. En este caso, deberá informarse al solicitante de la ampliación del plazo, así como de las razones que lo justifican.
3. En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la información regulado en el capítulo IV y la reutilización de dicha información, se tramitará conjuntamente por el procedimiento establecido en el capítulo IV, aplicándose los plazos máximos de resolución previstos en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
4. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.
CAPÍTULO VI
Reclamaciones y régimen sancionador
Sección 1.ª Reclamaciones
Artículo 41. Reclamaciones 1. Las personas que consideren que no se encuentra disponible una información de carácter público que debería estar publicada, de acuerdo con el principio de publicidad activa que preside esta ordenanza y lo dispuesto en los artículos 16 a 22, podrá cursar queja ante el órgano competente en materia de información pública a través del sistema de avisos, quejas y sugerencias. Dicho órgano deberá realizar la comunicación correspondiente en un plazo máximo de 10 días desde que se registró la reclamación, o en el plazo determinado por los compromisos de calidad establecidos por el propio sistema de avisos, quejas y sugerencias de ser este inferior.
2. Frente a toda resolución, acto u omisión del órgano competente en materia de acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y con los plazos y vías de reclamación, plazos de resolución y términos de notificación que dicho artículo establece.
Sección 2.ª Régimen sancionador
Artículo 42. Infracciones 1. Se consideran infracciones muy graves: a) La desnaturalización del sentido de la información cuya reutili-
zación esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa. b) La alteración muy grave del contenido de la información cuya
reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa. 2. Se consideran infracciones graves: a) La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente autorización en los casos en que esta sea requerida. b) La reutilización de la información para una finalidad distinta para la que se concedió. c) La alteración grave del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa. d) El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en el correspondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa reguladora aplicable. 3. Se consideran infracciones leves: a) La falta de mención de la fecha de la última actualización de la información. b) La alteración leve del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa. c) La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en esta ordenanza. d) El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en el correspondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa reguladora aplicable.
Artículo 43. Sanciones 1. Por la comisión de las infracciones recogidas en este capítulo, se impondrán las siguientes sanciones: a) Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de
infracciones muy graves. b) Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de
infracciones graves. c) Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de infrac-
ciones leves. 2. Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además de las sanciones previstas en los párrafos a) y b), se podrá sancionar con la prohibición de reutilizar documentos sometidos a autorización o modo de uso limitado durante un periodo de tiempo entre 1 y 5 años y con la revocación de la autorización o modo de uso limitado concedida. 3. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información reutilizada, al volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en particular a los que se refieren a la protección de datos de carácter personal, a la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
Artículo 44. Régimen jurídico 1. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la presente ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 2. El régimen sancionador previsto en esta ordenanza se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudiera incu-
rrirse, que se hará efectiva de acuerdo con las correspondientes normas legales.
Artículo 45. Órgano competente Será competente para la imposición de las sanciones por infracciones cometidas contra las disposiciones de la presente ordenanza el órgano que resulte de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Artículo 46. Régimen disciplinario El incumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información, por el personal al servicio de la entidad local, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.3 y 20.6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la normativa de carácter disciplinario.
CAPÍTULO VII
Evaluación y seguimiento
Artículo 47. Órgano responsable 1. Por la Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de sus facultades de dirección del gobierno y de la administración local, se ejercerá o delegará en otros órganos la competencia para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo, implementación y ejecución del contenido de la presente ordenanza. 2. Asimismo se establecerá el área o servicio responsable de las funciones derivadas del cumplimiento de la normativa vigente, al que se le encomendarán los objetivos de desarrollo, evaluación y seguimiento de la normativa en la materia y la elaboración de circulares y recomendaciones, así como la coordinación con las áreas organizativas en la aplicación de sus preceptos.
Artículo 48. Actividades de formación, sensibilización y difusión La entidad local realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para garantizar la adecuada difusión y conocimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza. A tal efecto diseñará acciones de publicidad a través de sus medios electrónicos y de los instrumentos de participación ciudadana existentes en su ámbito territorial. Asimismo articulará acciones formativas específicas destinadas al personal, así como de comunicación con las entidades incluidas en el artículo 2.
Artículo 49. Responsabilidades en el desempeño de las tareas de desarrollo, evaluación y seguimiento
Las responsabilidades que se deriven del resultado de los procesos de evaluación y seguimiento se exigirán según lo previsto en el capítulo VI.
Artículo 50. Plan y memoria anual Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la transparencia, acceso a la información y reutilización se concretarán en planes anuales. El resultado de las labores de evaluación y seguimiento de la ejecución de los planes y de estas disposiciones será objeto de una memoria que, anualmente, elaborará el servicio responsable, para lo que contará con la colaboración de todos los servicios que estarán obligados a facilitar cuanta información sea necesaria sobre su área de actuación. En el proceso de elaboración de la memoria anual se solicitará la valoración estructurada de lo realizado y se recopilaran propuestas de actuación a la ciudadanía a través de los órganos de participación ciudadana existentes u otros mecanismos de participación.
Disposición transitoria única Medidas de ejecución
En el plazo de 6 meses tras la entrada en vigor de la presente ordenanza, se llevará a cabo la adecuación de las estructuras organizativas para su ejecución. A tal efecto, la entidad local iniciará el correspon-
diente proceso de rediseño interno y de revisión del reglamento orgánico, así como cuantas disposiciones, circulares o instrucciones internas pudieran resultar afectadas por la norma, dictando las instrucciones precisas para su adaptación.
Disposición final única Entrada en vigor
La presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o de la Comunidad Autónoma, en su caso.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE AYUNTAMIENTO DE SALARES
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto La presente ordenanza establece el régimen jurídico que regula los residuos de construcción y demolición (en adelante RCDs), generados en el término municipal de Salares, siendo su objeto garantizar que las operaciones de gestión de RCDs se lleven a término siguiendo las exigencias legales vigentes para conseguir una alta protección del medio ambiente y de la preservación de la naturaleza y el paisaje.
Artículo 2. Fines Sus finalidades son las siguientes: 1. Reducir en origen la generación de los residuos de construcción
y demolición (RCDs). 2. Fomentar la reutilización y el reciclado de los que se generen,
así como otras formas de valorización. 3. Asegurar que los destinados a operaciones de tratamiento reci-
ban previamente un tratamiento adecuado de reutilización, reciclado y/o valorización, todo ello con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas. 4. Establecer un procedimiento que garantice la legalidad de la producción y gestión de residuos de RCDs, para intentar evitar el vertido incontrolado o los centros de recepción no autorizados de estos residuos. 4. Maximizar la recuperación de los recursos contenidos en los RCDs, contribuyendo a un desarrollo sostenible de la actividad. 5. Potenciar la separación en origen.
Artículo 3. Ámbito de aplicación 1. Ámbito territorial: La presente ordenanza es de aplicación en el término municipal de Salares. 2. Ámbito material: 1) La regulación del régimen de producción y gestión de los RCDs
municipales, así como su vigilancia, inspección y sanción. 2) Establecimiento del procedimiento de fianzas o garantías finan-
cieras para la correcta gestión ambiental de los RCDs, dentro del procedimiento de licencia de obras. 3) Regulación del control de la adecuada gestión de RCDs en los centros de valorización o tratamiento final. 4) Seguimiento del adecuado control de legalidad de la ejecución de las obras del término municipal, en relación a los RCDs de en el marco de la normativa vigente. 3. Por tipología de residuos: La presente ordenanza será de aplicación a los RCDs y residuos generados en las obras de derribos, de construcción, de excavación, de urbanización y en las obras menores que no necesiten proyecto técnico para su autorización, así como los generados en instalaciones (prefabricación, parques de ferralla, etc.) que den servicio exclusivo
a una obra, en la medida en que el montaje y desmontaje de dichas instalaciones tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, con excepción de:
a) Los excedentes de excavación, constituidos por tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, cuando sean reutilizados, sin transformación, en la misma obra, en una obra distinta, o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno.
b) Otros residuos que aunque se generen en obras de construcción/demolición, estén caracterizados legalmente en otra categoría distinta de residuos y en cualquier caso, cuando estén regulados por una legislación específica que será la que regule su régimen jurídico, solo en aquellos aspectos no contemplados en esta legislación, le será aplicable supletoriamente la presente ordenanza.
c) Los residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento o del almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de canteras cubiertos por el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
d) Residuos generados en la industria de los productos de construcción (cerámicos, materiales de construcción, prefabricados, etc.), que serán considerados como residuos industriales no peligrosos, aun cuando pueden presentar características muy similares a residuos generados en obras.
e) Igualmente se excluyen los siguientes: • Residuos que según la Ley se catalogan como «Tóxicos y peligrosos». Según lo establecido en el Plan Nacional Integrado de Residuos, entre los materiales y sustancias que pueden encontrarse entre los RCDs y que pueden tener alguna característica de peligrosidad cabe destacar: Aditivos de hormigón (inflamable). Adhesivos, másticos y sellantes (inflamable, tóxico o irritante). Emulsiones alquitranadas (tóxico, cancerígeno). Materiales de aislamiento y materiales de construcción a base de amianto, en forma de fibra respirable (tóxico, cancerígeno). Madera tratada con funguicidas, pesticidas, etc. (tóxico, ecotóxico, inflamable). Revestimientos ignífugos halogenados (ecotóxico, tóxico, cancerígeno). Equipos con PCB (Ecotóxico, cancerígeno). Luminaria de mercurio (Tóxico, ecotóxico). Sistemas con CFCs. Elementos a base de yeso (fuente posible de sulfhídrico en vertederos, tóxico inflamable). Envases que hayan contenido sustancias peligrosas (disolventes, pinturas, adhesivos, etc.). Así como todos los residuos empleados en la construcción catalogados por la Lista Europea de Residuos como peligrosos. • Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que se regularán por su legislación específica. • Residuos industriales incluyendo lodos y fangos. • Residuos procedentes de actividades agrícolas.
Artículo 4. Definiciones Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados y como complemento a aquéllas, a los efectos de la presente ordenanza se entenderá por:
Residuos RCds municipales: Cuando se generen en “obras menores de construcción y reparación domiciliaria” según el apartado 2 de Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
Residuos no municipales: Los generados en obras de construcción o demolición no contempladas en la letra anterior, competen-
cia de la Administración autonómica en materia de producción y gestión, así como vigilancia, inspección y sanción.
Construcción: Edificar con los elementos necesarios bienes inmuebles para uso residencial, industrial de servicios, o cualquiera otros de los previstos en el planeamiento municipal, así como, las infraestructuras de ingeniería civil (carreteras, aeropuertos, puertos, líneas férreas, obras hidráulicas, infraestructuras de urbanización, parques, instalaciones deportivas o de ocio, etc.). a) Demolición. Derribo de todas las construcciones o elementos
constructivos, tales como, aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. Incluye las siguientes operaciones: 1. Trabajos de preparación y protección. Derribo, fragmentación o desmontaje de construcción
(deconstrucción). Retirada de materiales. b) Deconstrucción o demolición selectiva. Conjunto de operaciones coordinadas durante el proceso de demolición, orientadas a conseguir la máxima recuperación y reciclaje. c) Residuo de construcción y demolición. Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados, y que se generen como consecuencia de construcciones, demoliciones o reformas. d) Residuo inerte. Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana; la lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberá ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas. e) Obras de construcción y/o demolición. La actividad consistente en 1.º La excavación, construcción, reparación, reforma manteni-
miento, derribo y deconstrucción (demolición selectiva), relacionada con un bien inmueble (para uso residencial, industrial o de servicios) y con infraestructuras de ingeniería civil (tales como carreteras, aeropuertos, puertos, líneas férreas, obras hidráulicas, infraestructura de urbanización, parques, instalaciones deportivas o de ocio, etc.). 2.º La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, dragados, sondeos, prospecciones, inyecciones, regeneración de playas, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquello a los que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y la Ley 22/1973 de Minas. Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar, durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como: Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o
suelo-cemento. Plantas de prefabricados de hormigón. Plantas de fabricación de mezclas bituminosas. Talleres de fabricación de encofrados. Talleres de elaboración y manipulación de ferralla. Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la
propia obra. Plantas de tratamiento de residuos de construcción y
demolición de la obra.
Plantas para procesamiento de áridos. Canteras. f) Obra menor de construcción y reparación domiciliaria. Obra de construcción y/o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, o cualquiera otros de los previstos en el planeamiento municipal, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados ni de presupuesto elevado. g) Productor de residuos de construcción y demolición. La persona física o jurídica titular que genera el residuo de construcción y demolición (bien sea en trabajos de construcción, de demolición, de excavación y en trabajos que modifiquen la sustancia del terreno o subsuelo). Si existe licencia urbanística, el titular de la misma será considerado el productor. En aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica propietaria del bien inmueble, estructura o infraestructura que lo origina. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. h) Poseedor de residuos de construcción y demolición (RCDs). El productor de residuos de construcción y demolición o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá, la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción y/o demolición, tales como las personas constructoras, subcontratistas o trabajadoras autónomas. En todo caso, no tendrán la consideración de persona o entidad poseedora de residuos de construcción y demolición quienes trabajen por cuenta ajena en la correspondiente obra. i) Persona o entidad gestora de residuos: Persona o entidad pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación, que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no la productora de los mismos. j) Gestión de residuos: La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos. También se incluyen las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente. k) Negociante: Toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión de los residuos. l) Agente: Toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos por encargo de terceros, incluidos los agentes que no toman posesión física de los residuos. m) Separación en origen. Es la segregación en origen de los RCDs para responder a la necesidad de gestionar estos residuos de forma respetuosa con el medio ambiente, para conseguir de esta manera una optimización del reciclaje de los materiales recuperables. n) Contenedores de obras A efectos de esta ordenanza se entiende por “contenedores de obras”, aquellos recipientes normalizados, especialmente diseñados para ser cargados y descargados mecánicamente sobre vehículos de transporte especial, destinados a la recogida de materiales residuales. o) Planta de transferencia de RCDs. Instalación autorizada por los organismos competentes en la cual se descargan, clasifican y almacenan transitoriamente los RCDs, al objeto de trasladarlos a otro lugar para su valorización. p) Almacenamiento. El depósito temporal y previo a la valorización por tiempo inferior a seis meses. q) Valorización de RCDs. Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los RCDs, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
r) Instalación de valorización. Instalaciones cuyo objeto es la recepción, y recuperación o transformación de los recursos contenidos en los RCDs mediante la aplicación de los procesos físicos y técnicos correspondientes.
s) Plantas fijas de valorización de RCDs: Son instalaciones de reciclaje ubicadas en un emplazamiento cerrado, con autorización administrativa para el reciclaje de RCDs, cuya maquinaria de reciclaje (fundamentalmente equipos de trituración) son fijos y no operan fuera del emplazamiento donde están ubicados.
t) Planta móvil de valorización de RCDs. Aquella planta de valorización de RCDs autorizada por los organismos competentes y diseñada para desplazarse dentro de una obra o planta de valorización, entre una o varias zonas con obras para el tratamiento de los residuos de construcción y demolición in situ.
u) Tratamiento previo al vertido: Proceso físico, térmico, químico o biológico que cambia las características de los residuos reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación.
v) Instalación de eliminación o vertido: Es aquella, previamente autorizada, destinada a albergar el rechazo de la adecuada gestión de los RCDs previamente tratados en instalaciones autorizadas de valorización.
Artículo 5. Propiedad municipal Los materiales o residuos de materiales de obras depositados fuera de las zonas acotadas y autorizadas, o en la vía pública sin seguir las especificaciones de esta ordenanza, adquirirán carácter de residuales pasando a propiedad municipal, sin que el titular afectado pueda reclamar la pérdida de dichos materiales, y sin perjuicio del cargo del coste del servicio y de las sanciones que corresponda.
Artículo 6. Normas de limpieza Las obras se regirán en materia de limpieza por la ordenanza para la limpieza de espacios públicos y gestión integral de los residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Salares.
CAPÍTULO II
Principios ambientales
Artículo 7. Principios ambientales La gestión de residuos se regirá por los siguientes principios: 1) Principio de jerarquía. Los residuos se gestionarán preferente-
mente siguiendo la siguiente jerarquía: • Reducir la producción de residuos. • Reutilizar el máximo de materiales que sea posible. • Seleccionar en origen los materiales reciclables o valorizables. • Reciclar lo que no se pueda reutilizar. • Valorizar energéticamente todo lo que no se pueda reutilizar
o reciclar. • Depositar en vertedero todos aquellos residuos de valoriza-
ción o tratamiento inviable económica o técnicamente. 2) Principio de prevención. Se deberán de aplicar todas aquellas
medidas necesarias para reducir la cantidad de residuos generados y la cantidad de residuos peligrosos contenidos en los RCDs que se generen. 3) Principio de responsabilidad del productor (Quien contamina Paga). Los efectos causados por la gestión de los RCDs. serán responsabilidad del productor, salvo que se puedan delimitar otras responsabilidades en el proceso. 4) Principio de fiscalidad ecológica. El Ayuntamiento podría determinar la aplicación de una penalización económica al vertido de RCDs sin segregación en origen, sin tratamiento previo o el vertido de RCDs valorizables. 5) Principio de autosuficiencia y principio de proximidad para la gestión de los residuos. Los residuos se gestionarán preferente-
mente en la propia obra o en las plantas de tratamiento mas cercanas al lugar de generación. Este principio ha de armonizarse con el principio de libertad de mercado de los productos en el ámbito comunitario. 6) Principio de reutilización. En la construcción se deberán emplear productos procedentes de la valorización de RCDs siempre que esto sea posible.
CAPÍTULO III
Normativa
Artículo 8. Normativa La regulación contenida en esta ordenanza se atiene a los principios y disposiciones contenidas en: Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos. Decisión 2003/33/CE, del Consejo, de 19 de diciembre de 2002
por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental. Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por las que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
CAPÍTULO IV
Licencia de obras
Artículo 9. Licencia urbanística de obras 1. Se someterá a autorización administrativa, al amparo del artículo 104 de la Ley 7/2007, las actividades productoras de residuos de construcción y demolición, integrándose en el acto administrativo de otorgamiento de la licencia urbanística de obras de demolición, o en su caso en el acto administrativo de aprobación del proyecto de urbanización de los terrenos 2. Las entidades locales, en el marco de sus competencias en materia de residuos urbanos que incluye los residuos de construcción y demolición no urbanos condicionarán el otorgamiento de la licencia municipal de obras y aprobación del proyecto de urbanización, a la constitución por parte del productor de residuos de construcción y demolición de una fianza u otra garantía financiera equivalente para responder de la obligación de poner a disposición de gestores autorizados los residuos de construcción y demolición que se producirán en la obra. Dicha fianza deberá ser constituida en la forma reglamentaria. En caso de actuar de forma contraria a la licencia de obras y aprobación del proyecto de urbanización perderá la fianza y, en caso de no haber sido esta constituida, carecerán de eficacia.
Artículo 10. Obras de interés general no sujetas a licencia municipal de obras
Las obras de las administraciones y entes públicos, las declaradas de interés o utilidad general se ajustarán a lo establecido en el artículo
82 del Reglamento de Residuos. Estableciéndose una fianza o garantía financiera equivalente a favor de la Consejería de Medio Ambiente o del Ayuntamiento para asegurar la correcta gestión de los residuos generados.
La constitución de la fianza estará integrada en los procedimientos de autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada o calificación ambiental que le sean de aplicación, según la naturaleza de las obras, de modo que se deposite el importe requerido antes de emitirse la correspondiente resolución de autorización ambiental o antes de que se otorgue la calificación ambiental.
CAPÍTULO V
Obligaciones de las personas o entidades intervinientes en la gestion de RCDs
Artículo 11. Gestión o producción de residuos de construcción y demolición
Las actividades de producción y gestión de RCDs, deberán estar autorizadas y/o registradas en los correspondientes registros de la Comunidad Autónoma, según los requisitos establecidos en la normativa ambiental aplicable.
Artículo 12. Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición
1. Sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Cuando el solicitante de una licencia de obra mayor presente el proyecto técnico, ha de incluir en el mismo un estudio de gestión de RCDs. Dicho estudio de gestión contendrá como mínimo: 1. Una estimación de la cantidad, en toneladas y en metros cúbicos de RCDs que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medo Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores. Dicha estimación quedará reflejada en una ficha cuyo modelo, recogido en el anexo I de la presente ordenanza, se reglamentará con posterioridad a la aprobación de esta ordenanza. 2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 3. Las medidas para mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad (Ley 22/2011) hasta su retirada por gestor autorizado. 4. Las operaciones de reutilización, valorización, o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra, según lo establecido obligatoriamente en el catalogo de residuos de Andalucía del Reglamento de residuos de Andalucía. 5. Medidas de separación en fracciones de los residuos, siendo obligatorio este concepto cuando la cantidad prevista de generación de cada residuo en el volumen total de obra supere las cantidades establecidas en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. Si la Comunidad Autónoma eximiera de esta obligación de separación para alguna o todas las fracciones de residuos, las personas o entidades productoras tendrán que aportar al Ayuntamiento una copia de la resolución favorable para dicha exención in situ de los residuos, junto con toda la documentación de la licencia de obras. 6. En el caso de que las personas o entidades poseedoras realicen actividades de valorización en la misma obra en que se han producido (valorización “in situ”) deberán presentar la resolución de la Comunidad Autónoma en la que se determine para cada centro productor los tipos y cantidades de residuos que se pretenden valorizar, las operaciones de valorización a realizar, las medidas preventivas y correctivas que se estimen convenientes y el periodo de validez de la auto-
rización. Para todos los residuos que no estén incluidos en la resolución anterior deberá justificarse su gestión según lo establecido con carácter general. 7. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 8. Las prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 9. Una valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 10. Certificado acreditativo de haber contratado los servicios de un gestor autorizado para garantizar que los RCDs que se generen en la obra se dirijan a instalaciones de valorización o eliminación autorizadas, si procede. 11. En obras de demolición rehabilitación, reparación o reforma, se debe contemplar además un inventario de los residuos peligrosos que se generarán (inventario que deberá incluirse en el plan de gestión a que se refiere la letra a) del apartado1 del presente artículo), debiéndose prever su retirada selectiva antes de la ejecución de la demolición, de forma que sean enviados a gestores de residuos peligrosos autorizados y evitando su mezcla con residuos no peligrosos. b) Disponer de la documentación que acredite que los RCDs realmente producidos en sus obras han sido entregados, en los términos recogidos en esta ordenanza y, en particular, en el Estudio de Gestión de RCDs de la obra o en sus modificaciones, a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor autorizado, sufragando los correspondientes costes de gestión, así como mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. c) El cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1.a) por parte de la persona física o jurídica que ejecute la actividad de construcción, cuando dicha actividad la realice por cuenta ajena, se llevará a cabo mediante la presentación a la entidad promotora de la obra de un Plan específico de gestión de RCDs, ajustado al Estudio de Gestión del proyecto técnico. La elaboración de este plan específico confirma la responsabilidad del primer contratista frente a subcontratas. La falta de aportación del estudio de gestión antes indicado será suficiente para la denegación de la licencia urbanística. 2. En el caso que los RCDs generados en una obra tengan un destino que implique su uso directo en labores de regeneración u otros autorizados por los técnicos del órgano competente en materia medioambiental, se procederá por parte de estos a informar de las medidas de control correspondientes para que el destino sea el indicado en la licencia. a) Cuando los RCDs, o los materiales indicados en el artículo 3.a) de esta ordenanza, generados se vayan a utilizar en la misma obra, este aspecto y su volumen se especificarán tanto en el Estudio de Gestión de RCDs como en la autorización administrativa integrada en la licencia de obra o proyecto de urbanización. Al finalizar ésta y previo al otorgamiento de licencia de primera ocupación, el técnico facultativo de la misma certificará el destino correcto de los residuos mediante la entrega del certificado de idoneidad de la gestión. b) Si algunos de los casos indicados en el apartado anterior no hubieran estado previstos en el momento del otorgamiento de la licencia de obra y surgieran durante el transcurso de la misma, este hecho se comunicará al ayuntamiento para su autorización.
3. Una vez otorgada la licencia urbanística y con carácter previo a la aprobación del proyecto de urbanización, se procederá a constituir la fianza o garantía financiera que debe aportar el productor de los RCDs, de forma que se asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia urbanística o proyecto en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. Si todo está conforme los técnicos informarán favorablemente.
4. Después de acabada la obra el gestor autorizado de valorización o tratamiento emitirá un certificado sobre las cantidades, los tipos de residuos tratados y las operaciones realizadas que entregará al solicitante de la licencia. Este certificado junto con los comprobantes justificativos de haber pagado el precio correspondiente, se han de presentar por el productor en el ayuntamiento en el término máximo de treinta días a contar desde su libramiento por el gestor autorizado, según modelos normalizados anexo III.
En aquellos casos en los que se haya previsto la generación de residuos peligrosos, se deberá aportar también el certificado emitido por el gestor autorizado de los residuos peligrosos y cotejar los datos reflejados en el inventario de residuos peligrosos.
5. Cuando el titular de la licencia o de la autorización entregue el certificado del gestor final (autorizado por la administración autonómica en los términos recogidos en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental) en el ayuntamiento para obtener la licencia de 1.ª ocupación o recepción provisional, se comparará con la «ficha de evaluación de RCDs»; si son ambos documentos congruentes se realizará el retorno de la fianza y concederá la licencia de 1.ª ocupación u otros que correspondan. Si no son congruentes los documentos se pedirá una justificación satisfactoria y una vez obtenida se otorgará la licencia y devolverá la fianza, pero si no se obtiene se bloqueará el procedimiento y la devolución de la fianza.
6. En los supuestos de obras menores, las obligaciones establecidas en el apartado 1, del presente artículo no serán de aplicación. En este caso, los técnicos municipales indicarán, basándose en la cantidad estimada de residuos, la fianza pertinente, conforme al apartado 1 del artículo 18 de esta ordenanza. En el caso de la «obra menor» solo se deberá entregar el justificante de la correcta gestión de los residuos para recuperar la fianza.
7. En caso de existir subcontratas y sin perjuicio de la posibilidad de repercutir las responsabilidades de forma solidaria, el principal responsable debe ser la empresa titular del contrato, independientemente de las que subcontrate para la ejecución de las obras de que se trate.
Artículo 13. Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición
1. El poseedor de RCDs, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los RCDs se dirigirán preferentemente y por este orden a reutilización, al reciclado o a otras formas de valorización, y en último extremo, y cuando sea imposible las medidas anteriores, a su eliminación en vertedero autorizado.
2. La entrega de los RCDs a gestor autorizado por parte del poseedor habrá de constar en documento, en el que, además del poseedor, figure el productor, la obra de procedencia, la cantidad (en toneladas y/o en metros cúbicos) y el tipo de los residuos entregados (codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.)
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación subsiguiente al que se destinarán los residuos.
3. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
4. El poseedor de residuos de construcción y demolición deberá separar los residuos peligrosos de los no peligrosos, independientemente de la cantidad generada, siempre que sea técnicamente viable. En el caso de no separarse todos tendrán la consideración de residuos peligrosos.
Artículo 14. Obligaciones generales de los gestores de RCDs autorizados en el ámbito de sus competencias.
a) Extender al poseedor certificados de la gestión de los residuos de construcción y demolición recibidos.
En el caso de que sean gestores que lleven a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberán trasmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de tratamiento eliminación subsiguiente a la que fueron destinados los residuos.
b) Llevar un registro en el que como mínimo figure la cantidad en peso y en volumen de residuos recibidos, desglosada por tipo de residuo (por referencia a la Lista Europea de Residuos), su origen (identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor cuando procedan de una operación previa de gestión), el método de gestión aplicado así como las cantidades en peso y destino de los productos y residuos resultantes de la actividad, para lo que se tomará como referencia el catalogo de residuos del reglamento de residuos de la Junta de Andalucía.
c) La información contenida en el registro estará a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas; la información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
d) Usar las mejores tecnologías disponibles y aplicar las mejoras necesarias en su gestión para conseguir el más alto grado de protección y respeto al medio ambiente.
Artículo 15. Fomento de la utilización de productos reciclados procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición
1. Las administraciones locales velarán porque en las obras en que intervengan como promotores se introduzcan medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos de construcción y demolición. Además de aplicar los requisitos ya contemplados en la presente ordenanza y en la demás legislación de residuos, velarán por que en la fase de proyecto de la obra se tengan en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, y de aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil.
2. Las administraciones locales fomentarán que en las obras en que intervengan como promotores se contemple en la fase de proyecto la alternativa que contribuya al ahorro en la utilización de recursos naturales, en particular mediante el empleo en las unidades de obra de productos procedentes de valorización de RCDs.
3. Las administraciones locales fomentarán que en los procedimientos de evaluación ambiental de proyectos y de planes de obras, se consideren adecuadamente los impactos de los residuos de construcción y demolición generados durante la fase de construcción y de explotación.
4. Las administraciones locales fomentarán que en los procedimientos de adjudicación de contratos de obra se prime en la valoración de las ofertas presentadas por los contratistas aquéllas que, en su caso, incluyan alternativas que supongan menor generación de residuos o que utilicen en las unidades de obra productos procedentes de la valorización de residuos con certificado de calidad o declaración de conformidad, siempre que sea posible.
Artículo 16. Deber de informar 1. El productor, poseedor o gestor de las actividades están obligados a facilitar al Ayuntamiento la información que se les requiera sobre las características de los residuos, su cantidad, emplazamiento y
cualquier otro dato que se considere necesario por los servicios municipales, y a facilitar las actuaciones de inspección, vigilancia y control que este realice.
2. El titular de la actividad está obligado a comunicar las siguientes circunstancias al Ayuntamiento en el plazo de 15 días desde que se produzcan las mismas, al objeto de modificar la declaración, o bien, para la presentación de una nueva.
a) El cambio de titularidad de la actividad. b) Las modificaciones y variaciones sustanciales que se produzcan
en la producción, gestión y en la composición o estado físico de los residuos. Será necesario certificado de la dirección de obra que justifique el aumento o disminución del volumen declarado. 3. Los gestores autorizados deberán llevar un registro documental interno, que pondrán a disposición de los servicios municipales o los cuerpos de inspección, en el caso de ser requerido para ello.
2. En el registro documental interno se hará constar obligatoriamente la siguiente información sobre cada obra que gestione:
Productor o poseedor de los RCDs que gestiona. La cantidad y origen de los RCDs. Método de gestión a que se someten los RCDs. Medios de transporte. Frecuencia de prestación. Destino de los RCDs. Documento donde conste fehacientemente la transmisión de los
RCDs del productor o poseedor al gestor y del gestor intermedio al gestor final. Aquellos otros datos que los servicios municipales consideren conveniente. La documentación referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
CAPÍTULO VI
Fianza
Artículo 17. Constitución de fianza En el otorgamiento de las nuevas licencias de obra, tanto menor como mayor, se determinará una fianza de acuerdo con el artículo 18 de esta ordenanza.
Artículo 18. Determinación del costo de la fianza El cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en esta ordenanza se basará en el coste previsto en el Estudio de gestión de residuos de la obra que, de acuerdo con el artículo 7.1.a) de la presente ordenanza, deberá incluir el proyecto de obra. La cuantía de la fianza se fijará sobre la base del presupuesto total de la obra, aplicándose como mínimo los siguientes porcentajes: a) Para obras de derribo: 2%. b) Para obras de nueva construcción: 1%. c) Para obras de excavación: 2%. No obstante si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá elevar motivadamente dicha fianza. A título orientativo, se establecen los siguientes índices establecidos en el Plan Nacional Integrado de Residuos para establecer el volumen de RCDs generados en cada uno de los tipos de obras de edificación:
TIPO DE CONSTRUCCIÓN
RCDS PRODUCIDO POR m2 DE EDIFICACIÓN
OBRAS DE EDIFICIOS NUEVOS 120,0 KG/m2 CONSTRUIDO
OBRAS DE REHABILITACIÓN
338,7 KG/m2 REHABILITADO
OBRAS DE DEMOLICIÓN TOTAL 1.129,0 KG/m2 DEMOLIDO
OBRAS DE DEMOLICIÓN PARCIAL 903,2 KG/m2 DEMOLIDO
El importe de la fianza, que debe ser depositada a la obtención de la licencia urbanística municipal, se fija en el 150% del presupuesto
establecido en el estudio de gestión. Este importe no podrá ser inferior a 300 euros ni superior a 50.000 euros.
Una vez que se presente el proyecto de ejecución, o el proyecto básico y de ejecución conjuntamente y se calcule la fianza, el importe resultante de la aplicación de estos porcentajes no podrá ser inferior al mínimo o superior al máximo fijado anteriormente.
En caso de la “obra menor” se establece una cantidad fija de 100,00 euros.
Los importes de la fianza de obra menor y de las cantidades máximas y mínimas fijadas anteriormente como límites, serán actualizados cada tres años según el IPC acumulado en este periodo.
2. Los proyectos de obras públicas no sujetos a licencia municipal se regirán por su normativa específica y concretarán, en todo caso, el sistema de gestión de las tierras y materiales sobrantes, de acuerdo con los objetivos de estas ordenanzas y especificado en el artíoculo 10 de la misma.
3. La administración podrá requerir al solicitante cuando se detecte algún defecto de la base de cálculo, la constitución del resto de la fianza correspondiente a la diferencia resultante del presupuesto.
4. La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante en las formas previstas en la legislación correspondiente.
5. Las obras de promoción pública también están sujetas al cálculo y depósito de la fianza.
Artículo 19. Ejecución de la fianza El no cumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los RCDs, será motivo de la ejecución de la fianza por actuación subsidiaria del ayuntamiento, independientemente de las sanciones que pueden aplicarse de acuerdo a la ley de residuos y al propio régimen sancionador de esta ordenanza.
CAPÍTULO VII
Contenedores de obras
Artículo 20. Normas de uso de los contenedores para obras Las esquinas deberán tener pintadas una franja reflectante, manteniéndolas siempre en perfecto estado de limpieza, conservación y en óptimas condiciones de visibilidad. Se exigirá, para ciertas ubicaciones, el encendido de lámparas rojas en las esquinas del contenedor durante toda la noche y horas de escasa luz natural. 1. Con carácter general, los contenedores deberán colocarse en el interior de los terrenos donde se desarrollen las obras. En el caso de que esta ubicación no sea posible, podrán situarse en aquellas calzadas, donde esté permitido el estacionamiento, en el lugar más próximo a la obra. 2. Los contenedores de obras no podrán situarse sobre los elementos de acceso de los servicios públicos municipales tales como, alcantarillado, telefonía, electricidad, ni en general sobre cualquier elemento urbanístico al que pudiera causar daños o dificultar su normal utilización. Asimismo no podrán situarse en los accesos a entidades de carácter público, municipales, sanitarias, bancos, etc., siempre y cuando la ubicación de los mismos, impidan el acceso a personas minusválidas. 3. Lo anterior se entiende previo pago de la tasa correspondiente por ocupación de la vía pública. 4. El Ayuntamiento podrá acordar cambios de emplazamiento de contenedores autorizados o suspensión temporal de las licencias otorgadas, por razones de tráfico, de obras en la vía pública o mejoras del servicio. 5. El Ayuntamiento podrá ordenar al responsable de la obra la retirada ocasional de los contenedores a causa de celebraciones o actos en la vía pública, asimismo podrá disponer la retirada circunstancial de los situados en los lugares afectados, durante la celebración de los mismos. 6. En ningún caso procederá indemnización, resarcimiento o reducción de las tasas establecidas, por parte del Ayuntamiento.
7. Los contenedores no podrán situarse sobre las aceras cuya amplitud, una vez deducido el espacio ocupado por las vallas en su caso, no permita una zona libre de paso de 1 metro como mínimo una vez colocado el contenedor. Tampoco podrán situarse en las calzadas, cuando el espacio que quede libre en vías de un solo sentido de marcha sea inferior a 2,75 metros, o en vías de doble sentido de marcha sea inferior a 6 metros. No se podrán colocar contenedores en las calles de anchura menor a 4 metros, ni en las aceras ni en la calzada.
8. En el uso de los contenedores en materia de limpieza cumplirá todas las disposiciones establecidas en el título VIII de la ordenanza para la limpieza de espacios públicos y gestión integral de los residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Salares.
9. Los contenedores, en ningún caso impedirán el libre curso de las aguas pluviales, de riego, etc. por la calzada y aceras.
CAPÍTULO VIII
Centros de valorización y eliminación de RCDs
Artículo 21. Centros autorizados Las empresas o entidades dedicadas a la actividades de valorización y eliminación de residuos de construcción y demolición estarán sujetas a autorización administrativa y se ajustarán a lo establecido en la ley 22/2011, de Residuos y Suelos contaminados, a la Ley 7/2007, de 9 de julio de gestión integrada de calidad ambiental y demás normativa de aplicación. En el supuesto de que la persona o entidad gestora que recibe los residuos carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que garantice la segregación y posterior entrega a una persona o entidad gestora de residuos peligrosos autorizada o registrada, con carácter previo al proceso de tratamiento, de aquellos que tengan este carácter y puedan llegar mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición, en cumplimiento del artículo 7. d) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. Si dentro de una instalación fija de valorización o eliminación de residuos, se instalará una planta móvil de valorización o eliminación de residuos, dicha planta móvil deberá estar incluida en la autorización correspondiente de la instalación fija.
Artículo 22. Planta móvil de valorización de RCDs Las plantas móviles de valorizacion de RCDs se regirán por lo establecido en la legislación ambiental vigente. Las plantas móviles operarán en cada momento adscritas a una obra o actividad, no pudiendo tratar residuos que procedan de otras obras o lugares distintos a la obra en la que estén actuando, por lo que la utilización de plantas móviles deberá estar prevista en el correspondiente proyecto de ejecución de obras. Previamente a su entrada en servicio, el titular de la planta móvil deberá presentar al órgano competente de la comunidad autónoma un plan de trabajo, con el contenido exigido en la normativa vigente. Dicho plan de trabajo, se presentará como documentación adjunta en la solicitud de la licencia de obras. Asimismo antes de la puesta en marcha de la actividad para cada nuevo emplazamiento se deberá presentar al órgano ambiental competente un certificado expedido por el técnico competente en el que se acredite la adecuación de la actividad a las condiciones expuestas en el plan de trabajo. El tiempo de permanencia de la planta móvil no podrá ser superior al tiempo previsto para la ejecución de dicha obra, salvo autorización expresa por el órgano ambiental competente. En ningún caso, las plantas podrán admitir residuos de otras obras, ni crear una infraestructura de comercialización de residuos ajenos a la obra.
Artículo 23. Eliminación en vertedero Solo se podrán depositar en vertedero los rechazos de las operaciones cuyo tratamiento sea técnica, medioambiental y económicamente
inviable, circunstancia que deberá ser justificada según la legislación ambiental vigente.
Artículo 24. Catalogo de residuos de Andalucía Los residuos admitidos en los centros deberán ser catalogados según lo establecido en la orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por las que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Asimismo tendrán obligatoriamente el tratamiento ambiental establecido en el Catalogo de Residuos de Andalucía, según se establece en el Reglamento de Residuos de Andalucía.
Artículo 25. Admisión de residuos En cada vertido o depósito en un centro de valorización/tratamiento, se deberá presentar obligatoriamente por duplicado y relleno en todos sus extremos el formulario del anexo IV. Este albarán irá sellado por cada centro de valorización/ tratamiento y firmado por la persona que realiza cada vertido o deposito. Una copia quedará a disposición del centro y otra para será para el interesado. El titular de la licencia de obras deberá tener en su poder todos los albaranes de las entregas de residuos realizadas a los distintos centro de tratamiento, bien directamente o a través de un gestor intermedio. Cada albarán solo admitirá la identificación del residuo con un solo código LER.
Artículo 26. Certificado expedido por persona o entidad autorizada Una vez finalizada la obra, el titular de la misma presentará al gestor final, una solicitud formalizada, que tendrá como modelo base el anexo II, en la que se hara constar las personas o entidades intervinientes en la gestión. El gestor del centro de valorización o eliminación autorizado emitirá el certificado correspondiente según el modelo base referido en el anexo III de la presente ordenanza.
Artículo 27. Residuos mezclados Cuando los residuos no sean separados en origen, se presenten mezclados y así sea determinado por los códigos LER correspondientes en el certificado que emita el centro de gestión. El Ayuntamiento podrá retener un 20% de la fianza, en concepto de incumplimiento de lo establecido en el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CAPÍTULO IX
Infracciones y régimen sancionador
Artículo 28. Concepto de infracción Se considerará infracción a toda actuación que vulnere las prescripciones contenidas en la presente ordenanza y estará sometida a las imposiciones sancionadoras correspondientes.
Artículo 29. Responsabilidad La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, establece: • Podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de las infrac-
ciones administrativas recogidas en este capítulo las personas físicas o jurídicas que los cometan, de acuerdo con lo establecido en esta ley y sin perjuicio, en su caso, de las correspondientes responsabilidades civiles, penales y medioambientales. • Cuando el cumplimiento de lo establecido en esta Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las sanciones pecuniarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. • La responsabilidad será solidaria, en todo caso, en los siguientes supuestos:
• Cuando el productor, el poseedor inicial o el gestor de residuos los entregue a persona física o jurídica distinta de las señaladas en esta ley.
• Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno en la realización de la infracción.
• Cuando los daños causados al medio ambiente se produzcan por acumulación de actividades debidas a diferentes personas, la administración competente podrá imputar individualmente esta responsabilidad y sus efectos económicos.
Artículo 30. Infracciones Las infracciones se califican en: Muy graves, graves y leves.
Infracciones muy graves 1. La gestión de residuos de construcción y demolición sin las
autorizaciones municipales o incumpliendo los requisitos regulados por la presente ordenanza y normativa de aplicación o en la propia autorización. 2. Proporcionar al Ayuntamiento o a la inspección municipal datos o documentos falsos o impedir o obstaculizar dicha labor inspectora. 3. Realizar cualquier actuación en la gestión de residuos que suponga un daño ambiental irreparable o de difícil subsanación, un grave deterioro al entorno o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas. 4. La ocultación maliciosa y consciente de residuos distintos de los RCDs en los escombros destinados a las plantas de Tratamiento y Reciclaje, con efectos graves para el medio ambiente.
Infracciones graves 1. El ejercicio de las actividades de gestión de los escombros con
las autorizaciones caducadas o suspendidas o sin el Plan de gestión aportado a la obra. 2. Incumplimiento de las obligaciones impuestas en las autorizaciones, que no suponga. un daño ambiental irreparable o de difícil subsanación o un grave deterioro al entorno 3. La actuación en forma contraria a lo establecido en la Ley 22/2011 y en estas ordenanzas, cuando la actividad no esté sujeta a autorización específica, siempre que no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas. 4. No atender a los requerimientos de los técnicos del Ayuntamiento en cuanto al destino indicado para los RCDs, en aplicación del principio de jerarquía establecido por la Ley 22/2011, de Residuos. 5. La utilización, sin permiso expreso de los servicios municipales competentes, de tierras y RCDs para obras de relleno, equilibrado de taludes y cualquier otra actividad que pudiera llevarse a cabo en terrenos privados o públicos. 6. El vertido de los escombros en contenedores destinados a residuos domiciliarios (para RSU, envases y residuos de envases, papel-cartón, etc.) e instalaciones distintas a las específicamente destinadas al efecto y oportunamente legalizadas. 7. Mantener los escombros por parte de los productores, en condiciones tales que produzcan molestias o supongan alguna clase de riesgo hasta tanto no se ponga los mismos a disposición de la administración o entidad encargada de las distintas actividades de gestión. 8. La cesión de los escombros por parte de los productores de los mismos a los gestores autorizados en condiciones tales que no puedan constituir un peligro para la salud humana y para el medio ambiente. 9. La utilización de plantas móviles o de separación in situ para comercialización de residuos o para prestar servicios a varias obras, no contemplados en las correspondientes autorizaciones.
10. La ocultación maliciosa y consciente de residuos distintos de los RCDs en los escombros destinados a las plantas de Tratamiento y Reciclaje.
11. La obstrucción de la actividad inspectora o de control de la administración competente.
12. La comisión de alguna de las infracciones pertenecientes al apartado anterior que por su escasa cuantía y entidad, no merezcan la calificación de muy graves.
13. La reiteración de infracciones leves (en el periodo de dos años). 14. La falta de constitución de fianzas o garantías, o de su renova-
ción, cuando sean obligatorias.
Infracciones leves 1. El retraso en el suministro de la documentación que haya que
proporcionar a la Administración de acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas en las autorizaciones. 2. Incumplimiento por parte del solicitante de la licencia de la entrega al Ayuntamiento del certificado del gestor autorizado. 3. Incumplimiento por parte del gestor autorizado de emisión y entrega al solicitante de la licencia del correspondiente certificado sobre cantidades y tipos de residuos tratados 4. No informar a la administración competente de las medidas de control correspondientes, en el caso de que los residuos se destinen a labores de regeneración. 5. La falta de control por parte del gestor de las actividades de recogida y transporte de los RCDs. 6. No facilitar por parte de los productores, gestores y poseedores de los RCDs, a la administración competente, la información que se les requiera sobre su origen, características, cantidad y emplazamiento. 7. La falta, por parte de los gestores correspondientes, de los registros pertinentes en los que se indique cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, método de transporte, etc., tal como se especifica en el artículo 14 de esta ordenanza 8. Ocupación indebida de las áreas públicas por parte de los contenedores de recogida de escombros. 9. El almacenamiento en la vía pública, fuera de los límites de la valla protectora de las obras de material de construcción, arena, ladrillos, cemento, etc. 10. No retirar en el plazo establecido los RCDs procedentes de obras en la vía pública, así como almacenar en la misma RCDs y materiales de construcción sin utilizar contenedores, o sin la correspondiente licencia de ocupación de vía pública. 11. La obstrucción al acceso de los contenedores por parte de vehículos motorizados. 12. La falta de separación en origen de los RCDs del resto de residuos de obras y reformas domiciliarias, y su adecuada contenerización en fracciones 13. El deterioro de los pavimentos y restantes elementos estructurales de la ciudad. 14. La comisión de alguna infracción del apartado anterior que por su escasa cuantía y entidad, no merezcan la categoría de graves 15. Cualquier infracción de lo establecido en esta Ordenanza o en las estipulaciones contenidas en las autorizaciones, cuando no esté estipulada como muy grave o grave.
Artículo 31. Solidaridad Los productores de residuos de obras que lo entreguen para su utilización o tratamiento a un tercero no autorizado serán responsables solidarios con este de cualquier perjuicio que hubiera derivarse de ello y responderán solidariamente de las sanciones que pudieran imponerse.
Artículo 32. Inspecciones La Policía Municipal, las autoridades competentes en materia de control y vigilancia del transporte y los ciudadanos en general, podrán
denunciar los actos que se estimen como presuntas infracciones de la presente ordenanza.
Las denuncias originarán el oportuno expediente en averiguación de los hechos, siguiéndose los trámites preceptivos, con la adopción de medidas cautelares necesarias, hasta la resolución final.
Los propietarios y constructores de obras deberán permitir las inspecciones que se estimen oportunas.
Artículo 33. Cuantía Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal, civil o de otro orden en que se pueda incurrir, las infracciones a la normativa y obligaciones contempladas en las presentes ordenanzas serán sancionadas de acuerdo a lo establecido por la Ley 22/2011, de Residuos:
• Infracciones leves: Multa de hasta 900,00 euros. • Infracciones graves Multa desde 901,00 euros hasta 45000,00
euros. • Infracciones muy graves: Multa desde 45001,00 euros hasta
1750000,00 euros.
Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido con la comisión de la infracción, la sanción será aumentada hasta el importe en que se haya beneficiado el infractor.
En caso de reincidencia en un periodo de dos años, la multa correspondiente se impondrá en su cuantía máxima.
Cuando un solo hecho pudiera ser sancionado por más de una infracción de las previstas en esta ordenanza, se impondrá la multa que corresponda a la mayor gravedad en la mitad superior de su cuantía o en su cuantía máxima si es reincidente.
Artículo 34. Graduación Para la graduación de las sanciones previstas se considerarán los siguientes criterios:
El daño o riesgo ocasionado a personas o bienes. La repercusión de la contaminación realizada. Reversibilidad del daño ocasionado. El beneficio obtenido o ánimo de lucro. Capacidad económica del infractor. El grado de intencionalidad o culpabilidad. Grado de participación. Concurrencia o no de varias infracciones o que unas hayan ser-
vido para encubrir otras posibles. No adopción de precauciones o controles para evitar la infracción. Coste de la restitución. La adopción de medidas correctoras por parte del infractor con
anterioridad a la incoación del expediente sancionador. Reparación espontánea por parte del infractor del daño causado. La cantidad y características de los residuos implicados. La concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes de la
responsabilidad administrativa. La reincidencia por comisión en el término de un año de más
de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
Artículo 35. Prescripción El régimen de prescripciones de las infracciones y sanciones administrativas será el regulado por la normativa vigente en el momento de la aplicación.
Artículo 36. Expediente sancionador Las sanciones por infracciones previstas en esta ordenanza no se pueden imponer sino en virtud de la incoación del correspondiente expediente sancionador que se tramitará de acuerdo con lo que se prevé en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el RD 1398/1993, de 4 de agosto, sobre Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Artículo 37. Denuncia ante la jurisdicción Si la actuación realizada por el infractor supone un riesgo potencial para la salud de las personas, para el medio ambiente, o para cualquiera de los bienes jurídicos amparados por la legislación penal o implica una manifiesta desobediencia de la autoridad local cursará la correspondiente denuncia ante la jurisdicción correspondiente ordinaria y, si es el caso dará cuenta al Ministerio Fiscal.
Artículo 38. Medidas cautelares, correctivas o restauradoras En el caso de vulneración de las disposiciones de la presente ordenanza y con independencia de la imposición de las multas correspondientes, los Ayuntamientos, con la finalidad de restaurar los espacios dañados con motivo de las infracciones cometidas, podrá adoptar las medidas siguientes:
1. Suspender cautelarmente los trabajos de reciclado que contradigan las disposiciones de esta ordenanza o sean indebidamente realizadas.
2. Requerir al infractor para que en el plazo otorgado, introduzca las rectificaciones necesarias al objeto de ajustarlas a las condiciones del permiso o las prescripciones de esta ordenanza, y/o en su caso, proceder a la restauración de los espacios degradados.
3. Ordenar la ampliación de las medidas técnicas adecuadas que garanticen el cumplimiento de las prescripciones de esta ordenanza.
4. Inmediata suspensión de obras y actividades. 5. Revocación de autorizaciones. 6. Ordenar la reposición de los daños y perjuicios ocasionados a
las instalaciones o cualquier otro bien del dominio público que resulte afectado y proceder a la ejecución subsidiaria, con cargo al causante del daño, cuando no atendiese el correspondiente requerimiento, incluida la satisfacción de indemnización por daños y perjuicios. 7. Adopción de las medidas correctoras o preventivas que sean necesarias para evitar que se produzcan o que se sigan produciendo daños ambientales, con cargo al infractor. 8. Confiscación de fianzas. 9. Revocación de distintivos ambientales, premios, bonificaciones o subvenciones. 10. Imposibilidad de obtener durante un año préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medio ambiente. 11. Comunicación o traslado de la infracción a otras administraciones, que puedan ser competentes en todo o en algún extremo de la infracción.
En todo caso, para la adopción de medidas provisionales se tendrán en cuenta los límites y requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la potestad sancionadora y la normativa de disciplina y responsabilidad ambiental de aplicación.
Artículo 39. Régimen supletorio En todo lo que no esté previsto en esta ordenanza será de aplicación la Ley 22/2011, de Residuos así como las disposiciones de Régimen Local que la complementen.
Disposición transitoria primera
Los titulares de obras productoras de RCDs iniciadas antes de la entrada en vigor de esta ordenanza, deberán constituir las fianzas correspondientes y podrán ser requeridos en cualquier momento para que así lo acrediten.
Disposición final
La presente ordenanza entrará en vigor al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
ANEXO I FICHA MODELO PARA ESTIMACIÓN DE VOLUMEN DE RCDs GENERADOS EN LA OBRA
Datos del promotor Nombre o Razón Social: ………………………………………………………………… CIF: ……………………… Dirección: ……………………………………………………………………………… CP: ………………….……… Municipio: …………………………… Prov: ………………… Teléfono: ………………… Fax: ……………… E-mail: ………………………………………………………………………………………
Persona autorizada Nombre: ………………………………………………………………………………… CIF: …………………… Dirección: …………………………………………………… Teléfono: …………………… Fax: ………………… E-mail…………………………………………………………………………………………
Facultativo ( si procede) Nombre: …………………………………………………… Titulación: …………………………………………… DNI: …………………… Número de colegiado: ………………………… Domicilio: ……………………………… …………………………………………………………………………………………………
Datos de la obra Denominación: ………………………………………………………… Localización: ……………………………… C.P. ………… Donde se ubica la obra: …………………………………………………………………………………
Datos de la empresa constructora (si procede) Nombre o Razón Social: ………………………………………………………………… CIF: ……………………… Dirección: …………………………………………………………………………………… CP: …………………… Municipio: ……………………………………… Prov: ……………………… Teléfono: …………………………… Fax: ……………………………… E-mail: ………………………………………………………………………………
Comunicación de importe de fianza Nombre: …………………………………………………… Teléfono: …………………… Fax: …………………… E-mail: ……………………………………………………… (Cumplimentar el medio que proceda para enviar la comunicación)
Volumen de residuos previstos en la citada obra (1) Volumen de tierras (m3 ) …………………… (2) Volumen de RCD mixto (m3 ) ……………… (3) Volumen de RCD limpio (m3) ……………… (1) Tierras: Procede de vaciado, sótanos o piscinas. (2) RCD mixto: Procede de demoliciones sin selección previa de material, obras nuevas y reparaciones. (3) RCD limpio: Procede de derribos con selección de material con menos del 5% de impureza.
Valoración de la fianza Fianza por generación de tierras: ……………… m3 x 3 euros/m3 = ………… Fianza por generación de RCD mixtos: ……… m3 x 10 euros/m3 = ………… Fianza por generación de RCD limpios: ……… m3 x 8 euros/m3 = ………… Total fianza: ……………………………………… Fecha: ……………………………
Nota 1: Para las obras menores en las que se genere un volumen de residuos igual o inferior a 12 m3 , no será necesario cumplimentar los apartados de «Volumen de residuos producidos en la citada obra» y de «Valoración de la fianza», estableciéndose un valor mínimo de fianza de 150 euros. Nota 2: Para volúmenes inferiores a 1 m3 por obra, procedentes de pequeñas obras y reparaciones domésticas, queda contemplada autorización para proceder a transportarlos hasta las instalaciones o zonas que el Ayuntamiento tenga estipuladas (puntos limpios, zonas de acopio u otras instalaciones autorizadas), debiendo justificarse en la solicitud de la Licencia de Obra Menor dicho volumen.
El Promotor
El Técnico (si procede)
ANEXO II
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE VALORIZACIÓN, TRATAMIENTO O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Por el presente documento se solicita certificado de valorización, tratamiento o eliminación de los residuos de construcción y demolición de los vertidos realizados en el centro de la entidad gestora con número de autorización
Fecha de inicio Fecha de finalización
N.º licencia: Localización:
Nombre o Razón Social: CIF: CP:
DATOS DE LA OBRA Municipio:
DATOS DEL PRODUCTOR
Dirección: Municipio:
Provincia:
Nombre o Razón Social: CIF: CP:
Nombre o Razón Social: CIF: CP:
DATOS DEL POSEEDOR
Dirección: Municipio: DATOS DEL GESTOR INTERMEDIO (*)2
Provincia:
Dirección: Municipio:
Provincia:
FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE
ANEXO III
EMPRESA AUTORIZADA GRU XXX
CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA OPERACIÓN DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RECEPCIONADOS (*)1 (N.º XX/201X)
N.º licencia: Localización:
Municipio:
DATOS DE LA OBRA
RESIDUOS RECEPCIONADOS
Fecha inicio: xxxxx
Fecha finalización: xxxxxx
DENOMINACIÓN
CÓDIGO LER
CANTIDAD
Residuos mezclados de construción y demolición
17 09 04
XXXXX Tn.
Hormigón
17 01 01
XXXXXX Tn.
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el ...
17 05 04
XXXXXX Tn.
Total residuos de la construcción y demolición
XXXXXX Tn.
Nombre o Razón Social: CIF: CP:
Nombre o Razón Social: CIF: CP:
Nombre o Razón Social: CIF: CP:
DATOS DEL PRODUCTOR
Dirección: Municipio:
DATOS DEL POSEEDOR
Provincia:
Dirección: Municipio:
DATOS DEL GESTOR INTERMEDIO (*)2
Provincia:
Dirección: Municipio:
Provincia:
Nombre o Razón Social: CIF: CP:
DATOS DE LA INSTALACIÓN DE VALORIZACIÓN (R5) (*)3
N.º GRU:
Dirección:
Municipio:
Provincia:
(*) 1 Artículo 7.c. RD 105/2008. (*) 2 Artículo 5.3. RD 105/2008. (*) 3. Según orden MAM/304/2002.
ANEXO IV
ALBARAN DE ADMISIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN A CENTROS DE VALORIZACIÓN/TRATAMIENTO AUTORIZADOS
LICENCIA DE OBRAS N.º TITULAR LICENCIA EMPRESA TRANSPORTISTA CENTRO AUTORIZADO DE VALORIZACIÓN/TRATAMIENTO FECHA Y HORA VERTIDO MATRICULA VEHÍCULO UBICACIÓN OBRA ORIGEN RESIDUO CODIGO LER FIRMA Y DNI TRANSPORTISTA
TONELADAS
SELLO/FIRMA EMPRESA VALORIZACIÓN/TRATAMIENTO
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ESTABLECIMIENTO DE BUZONES CONCENTRADOS PLURIDOMICILIARIOS
Artículo 1. Fundamento y naturaleza De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 41 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece un precio público por el establecimiento en suelo de dominio público municipal del servicio de buzones concentrados pluridomiciliarios en función del interés general y a fin de facilitar la distribución y recogida del correo ordinario en las zonas del municipio que así lo requiera, que se regirá por la presente ordenanza. El primer bloque de buzones pluridomiciliarios está ubicado en calle Del Arroyo.
Artículo 2. Definición del servicio El servicio de buzones concentrados al que se refiere el presente precio público consiste en la realización en terrenos de dominio público de la correspondiente obra civil (caseta) y adquisición y primera adquisición de los buzones (alta del servicio) El servicio municipal no incluye el mantenimiento y limpieza, la vigilancia y el control (salvo el servicio general de Policía Local en la zona), así como tampoco la reposición del material o desperfectos que se produzcan, copia de llaves ... que serán de cuenta de los usuarios, individualmente o asociados, debiendo dar cuenta al Ayuntamiento de los acuerdos que puedan alcanzar al respecto. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento conservará en todo momento la titularidad del servicio y podrá realizar las tareas de dirección, gestión, vigilancia y control que estime oportunas. En caso de descuido o abandono por parte de los usuarios, el Ayuntamiento podrá realizar las tareas de mantenimiento o reposición que estime necesarias repercutiendo sobre los mismos los costes correspondientes según los módulos a los que se refiere el artículo 4B.
Artículo 3. Obligados al pago Están obligados al pago del precio público quienes se beneficien del servicio de establecimiento de buzones concentrados pluridomiciliarios. El alta en el servicio se producirá previa solicitud del interesado y justificación del pago del precio público anual, antes de proceder a la entrega de la llave del buzón que le corresponda.
Artículo 4. Cuantía 4-a) Por cada buzón: 50 euros. 4-b) Reposición o reparación: Coste producido al Ayuntamiento +
5% dividido por el número de buzones de alta en la fecha de reposición o reparación. 4-c) Limpieza mensual de la instalación: 10 euros x hora/buzones de alta en la fecha. Todas estas cantidades se entenderán con el IVA incluido. No se procederá a la devolución del importe satisfecho en concepto de precio público cuando se produzca la enajenación de la vivienda que tenga asociada el buzón de correspondencia, transfiriéndose la titularidad del buzón al nuevo adquirente del inmueble.
Artículo 5. Obligación del pago La obligación del pago del precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien se podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, precederá la devolución del importe correspondiente.
Artículo 6. Procedimiento de apremio Las deudas, por precios públicos, podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
Disposición final
1. En lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás normativa vigente de aplicación.
2. La presente ordenanza, aprobada en sesión plenaria de fecha 28 de junio de 2016, entrará en vigor una vez se haya publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 65.2. de la Ley 7/1985 , de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Salares, 16 de noviembre de 2016. El Alcalde, firmado: Pablo Jesús Crespillo Fernández.
8416/16