BOPMA Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Edicto 8312/2016

NOTA IMPORTANTE: este texto se muestra aquí sólo con fines de consulta. Su original en formato PDF, publicado el día 20 de diciembre de 2016, es el único que cuenta con validez a efectos legales. Puede descargarse desde el siguiente enlace: 201216240.pdf.

Edicto 8312/2016, publicado en el Boletín número 240 del día 20 de diciembre de 2016

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 11 DE MÁLAGA
Procedimiento: Impugnación de laudo arbitral 256/2016. Negociado: VB. De Unión Provincial en Málaga de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Abogado: Don Alejandro Ocaña Fernández. Contra Sindicato Andaluz de Bomberos SAB; Unión General de Trabajadores y Ayuntamiento de Estepona. Abogados: Doña María Isabel Pérez Marchante y don Francisco Javier Ortega Lozano.
Edicto
Don Luis Villalobos Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de Málaga,
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 256/2016, a instancia de la parte actora Unión Provincial en Málaga de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios contra Sindicato Andaluz de Bomberos SAB; Unión General de Trabajadores y Ayuntamiento de Estepona, sobre impugnación de laudo arbitral se ha dictado resolución de fecha 4 de julio de 2016 del tenor literal siguiente:
IV. F a l l o
Desestimo íntegramente la demanda origen de las presentes actuaciones, al tiempo que confirmo en todos sus términos el laudo arbitral cuya impugnación por la CSIF ha dado lugar a las mismas.
Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro; llévese testimonio de la misma a los autos de su razón y notifíquese a las partes (así como a la oficina pública), a las que se hace saber además las siguientes advertencias legales estándares (sin perjuicio de la más que recomendable lectura sosegada y complementaria de los arts. 194, 195, 229 y 230 LRJS):
1.ª Contra esta sentencia, en cuanto al fondo, no cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.
2.ª No obstante, si legalmente se decidiera interponerlo (por ejemplo, ex artículo 191.3.d o e), antes de ello, deberá anunciarse así expresamente a este Juzgado de lo Social dentro de los 5 días hábiles y siguientes al de la notificación de aquella; bastando para ello la mera manifestación, comparecencia o escrito de parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante. Con todo, será indispensable que, si el recurrente hubiere sido el condenado al pago de la cantidad total definida en la sentencia, este, al tiempo de anunciar el recurso de suplicación (y a salvo de lo dispuesto en el artículo 230.3 LRJS), acredite haber consignado, en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado, en oficina del Santander de esta ciudad (los datos de dicha cuenta y el procedimiento de ingreso le serán informados llamando previamente a la oficina judicial), la meritada cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento, emitido por entidad de crédito. (En el caso de condena solidaria, la obligación de consignación o aseguramiento alcanzará a todos los condenados con tal carácter, salvo que la consignación o el aseguramiento, aunque efectuado solamente por alguno de los condenados, tuviera expresamente carácter solidario respecto de todos ellos para responder ínte-
gramente de la condena que pudiera finalmente recaer frente a cualquiera de los mismos). Además, el recurrente deberá, al anunciar su recurso de suplicación (a salvo de lo dispuesto en el artículo 230.3 LRJS y fuera de las excepciones que de inmediato se dirán), hacer un depósito de 300 euros en la precitada cuenta.
3.ª En cualquier caso, están exceptuados de hacer todos estos ingresos las entidades públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador (o asimilado legalmente) o beneficiario del régimen público de seguridad social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una entidad gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de seguridad social de pago periódico, al anunciar el recurso, deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que, en su caso, lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.
4.ª Y ya por fin, y junto a lo que acaba de ser reseñado expresamente, para cualquier otra cuestión sobre el particular y relativa a materia de seguridad social, se informa expresamente a la parte recurrente que deberá estar (para su cumplimiento) a lo dispuesto en el art. 230.2 LRJS.
5.ª Resta advertir al recurrente que, caso de no ser persona física o persona jurídica a la que se le haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deberá adjuntar, al escrito de interposición del recurso de suplicación, el ejemplar para la Administración de Justicia del modelo 696 con el ingreso debidamente validado de la oportuna tasa, en la cuantía establecida para el orden social por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Don Juan de Dios Camacho Ortega. Y para que sirva de notificación al demandado Sindicato Andaluz de Bomberos SAB, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. En Málaga, a 4 de noviembre de 2016. El Letrado de la Administración de Justicia, Luis Villalobos Sánchez.
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