BOPMA Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Edicto 2803/2017

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Esc
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
Número 84 Viernes, 5 de mayo de 2017 Página 113
ADMINISTRACIÓN LOCAL
MARBELLA
Delegación de Participación Ciudadana
Edicto
El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, en sesión ordinaria celebrada el
pasado día 25 de noviembre de 2016 (punto número 2.9), aprobó con carácter definitivo el texto
del Código de Buen Gobierno.
Con objeto de dar cumplimiento a dicho acuerdo y según lo previsto en el artículo 49 de
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede a la publi-
cación del texto definitivo a efectos de su entrada en vigor:
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO LOCAL DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
En un contexto económico, social y político en el que la ciudadanía manifiesta un alto
grado de desconfianza respecto de la política, las instituciones y los responsables públicos, se
hace necesario canalizar esta situación como una oportunidad, como motor para la profundiza-
ción democrática. De este modo, las entidades locales deben redoblar esfuerzos por restablecer
el valor de la política local y recuperar la confianza de la ciudadanía mediante una intensifica-
ción y exteriorización efectiva de los valores públicos, de los estándares de conducta y de la
actitud ética de los cargos públicos y de los directivos locales.
En dicho contexto, la aprobación del Código de Buen Gobierno (CBG) del excelentí-
simo Ayuntamiento de Marbella resulta una herramienta adecuada a tal fin, reforzada por la
existencia de un nuevo marco jurídico integrado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, la Ley 1/2014 de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía y el Plan Municipal de Gobierno Abierto, aprobado por
la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de 10 de noviembre de 2015 (punto 8.1). La
sujeción de las administraciones públicas al principio de jerarquía normativa y al sistema de
fuentes establecido en nuestro ordenamiento jurídico determinará la posición obligacional del
presente código.
Siguiendo la línea del CBG de la FEMP aprobado en el año 2009, como una herramien-
ta de introducción formal de la ética en el ámbito local con carácter innovador, se realiza una
adaptación al actual marco normativo y a las demandas de la ciudadanía. Sobre una estructura
sencilla se apuntan las líneas estratégicas para la adecuada gestión pública local desde la consi-
deración del buen gobierno, sentando las bases para el desarrollo posterior de cada una de ellas.
Tras la definición de sus ámbitos objetivo y subjetivo, se incorporan los principios del
buen gobierno local, definiendo aquellos sujetos afectados por las declaraciones contenidas en
el mismo y la finalidad a que obedece en su suscripción. El contenido sustancial se articula en
torno a cinco ejes: estándares de conducta para la mejora de la democracia local, compromisos
éticos en materia de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades y retribuciones, rela-
ciones entre cargos electos y empleados públicos y medidas para la mejora de la democracia
participativa.
Además de la determinación de los principios y estándares de actuación, así como la fija-
ción de un marco relacional entre los niveles de gobierno y administración se incide en dos
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aspectos. El primero, los compromisos en materia de conflictos de intereses, advertido el mayor
impacto que en la dignidad y reconocimiento de legitimidad de gobiernos y administraciones
públicas genera en los ciudadanos.
El segundo, la irrupción, en el ámbito de la administración local, de las tecnologías socia-
les, y en concreto de las redes sociales digitales. Su utilización masiva por parte de la ciudadanía
supone un desafío para los usos y costumbres empleados en la participación ciudadana hasta
el momento. Las administraciones públicas locales deben incorporarse a este fenómeno social
mediante la puesta en marcha de iniciativas innovadoras que adapten la participación tal y como
la conocemos hasta ahora, en una participación multicanal que aproveche las nuevas oportunida-
des de relación con la ciudadanía.
La iniciativa para la creación de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Parti-
cipación Ciudadana de la FEMP abre, para el ámbito local, una nueva etapa que exige dotar a las
entidades que se integran en él, de las herramientas e instrumentos necesarios para desarrollar
adecuadamente no sólo sus obligaciones legales sino también sus compromisos éticos con la
gestión pública, en general, y con los ciudadanos, en particular. El CBG se erige en la pieza cen-
tral de esta estrategia que será objeto de desarrollo a través de los mecanismos que se definan en
el seno de la red. El excelentísimo Ayuntamiento de Marbella se adhirió a esta red a través del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 14 de julio de 2015 y su posterior dación de
cuenta del acuerdo adoptado en la sesión ordinaria del Pleno de 30 de julio de 2015, con el com-
promiso de cumplir sus fines y objetivos y desarrollar en la entidad políticas para el fomento de
la transparencia y la participación ciudadana.
Ámbito objetivo
El Código de Buen Gobierno tiene por objeto el establecimiento de los principios a res-
petar en el desempeño de las responsabilidades políticas de gobierno y administración, así
como las de dirección y gestión local, fijando los compromisos que reflejen los estándares de
conducta recomendados y reforzando la calidad democrática del excelentísimo Ayuntamiento
de Marbella.
Como objetivos específicos pueden señalarse los siguientes:
La integración de la dimensión ética en el funcionamiento del excelentísimo Ayun-
tamiento de Marbella.
Incorporar las estrategias de actuación para la consecución de una democracia real y
efectiva, a través de la participación ciudadana y el gobierno abierto.
Definir las líneas básicas que deben presidir la gestión pública local.
Reforzar los estándares de conducta en el ejercicio de las responsabilidades públicas.
Delimitar las pautas para las adecuadas relaciones entre los ámbitos de gobierno y
administración, normalizando las relaciones personales internas.
Ámbito subjetivo
El presente código, en su condición de instrumento inspirador de la actuación del excelen-
tísimo Ayuntamiento de Marbella y del personal a su servicio, se aplicará a:
a. Los miembros de la Corporación Local, en su condición de representantes electos, con
independencia de su integración o no en el equipo de gobierno.
b. Los miembros de los órganos de gobierno de los organismos autónomos, entidades
públicas empresariales locales y sociedades mercantiles locales, así como fundaciones
de naturaleza local.
c. Los titulares de órganos directivos, según la definición de la normativa en materia de
régimen local y función pública.
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d. El personal que desempeñe funciones directivas y predirectivas al servicio de la
administración local, entendiendo por tal a aquéllos que ejerzan funciones de gestión
o ejecución de carácter superior, ajustándose a las directrices generales fijadas por el
órgano de gobierno de la Corporación, adoptando al efecto las decisiones oportunas y
disponiendo para ello de un margen de autonomía, dentro de esas directrices generales.
e. Los funcionarios de las corporaciones locales con habilitación de carácter estatal que,
conforme a lo previsto en el artículo 5.2 de la disposición adicional segunda de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, desempeñen en las
entidades locales puestos que hayan sido provistos mediante libre designación en aten-
ción al carácter directivo de sus funciones o ala especial responsabilidad que asuman.
A efectos de clarificar terminológicamente el ámbito subjetivo en el desarrollo del CBG
las referencias a los empleados públicos incluidos en el mismo, se utilizará la expresión “directi-
vos públicos locales”.
Con carácter previo a la asunción de un cargo público, responsabilidad política o función
ejecutiva en la organización, se deberá suscribir el CBG del excelentísimo Ayuntamiento de
Marbella.
Esta delimitación no excluirá la suscripción de sus objetivos por la totalidad de los
empleados públicos locales, sujetos a este respecto al código ético y de conducta recogido en la
normativa sobre función pública, así como a aquellos sujetos proveedores de servicios a la admi-
nistración local y perceptores de fondos públicos.
Principios de buen gobierno local
Los sujetos destinatarios del CBG ajustarán la gestión de los intereses públicos y el desa-
rrollo de la democracia participativa a la realización efectiva del gobierno abierto y sus princi-
pios de transparencia, participación y colaboración ciudadana, como mínimo en los términos de
la normativa vigente en cada momento, en una gestión orientada a la ciudadanía.
Para la consecución de dichos objetivos su actuación estará orientada al cumplimiento de
los siguientes principios, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a ellos:
a) Actuarán en el desempeño de sus funciones de acuerdo con la Constitución, el Estatuto
de Autonomía para Andalucía y el resto del ordenamiento jurídico, promoverán el res-
peto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas y ajustarán su actividad a
los principios éticos y de conducta contenidos en el presente Código de Buen Gobierno
Local.
b) El desarrollo de las labores de gobierno estará presidida por los principios de eficacia,
economía, eficiencia, satisfacción del interés general, así como de racionalización y
optimización de los recursos públicos.
c) Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio indepen-
diente y ajeno a todo interés particular, asegurando un trato igual y sin discriminaciones
de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
d) Ejecutarán de las políticas públicas conforme a los principios de publicidad, innova-
ción, transparencia y buen servicio a la ciudadanía, defendiendo los intereses generales
y la generación de valor con dedicación al servicio público.
e) Respetarán las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, la normativa regula-
dora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses, los deberes de honestidad,
buena fe, sigilo y discreción en relación con los datos e informes de los que tengan
conocimiento por razón del cargo.
f) Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva
para la que fueron otorgados, evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el inte-
rés público o el patrimonio de las administraciones, no se implicarán en situaciones,
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actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir
en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.
g) Incorporarán a su actuación valores como la inclusión social de colectivos más desfavo-
recidos, la tolerancia y el fomento de la diversidad, la lucha contra el cambio climático,
la protección del medio ambiente o la ordenación racional y sostenible del territorio,
garantizando el principio de igualdad y equilibrio territorial en el acceso a los servicios
públicos.
h) Respeto de la disciplina presupuestaria y financiera, a efectos de garantizar la correcta
administración de los recursos públicos.
i) El ejercicio de las competencias locales establecidas en el marco normativo y las capa-
cidades de gestión asociadas, se desarrollará bajo el principio de mejor servicio ciuda-
dano, proximidad y subsidiariedad.
j) Impulso a la adopción de modelos de gestión pública que alineen recursos a estrategia
y garanticen una orientación a los resultados ante la sociedad y a la generación de valor
público como máxima garantía de fortalecimiento del sector público, sus instituciones y
organizaciones públicas.
k) Apuesta por una dirección pública y gestión de los recursos humanos profesional como
elemento clave de un adecuado funcionamiento de la administración pública.
Estándares de conducta para la mejora de la democracia local
La plasmación del carácter democrático de las entidades locales exige su reflejo en la
actuación por parte de sus miembros, ajustando el desempeño de las responsabilidades públicas
a las siguientes líneas de conducta:
1. Asumirán la responsabilidad en todo momento de las decisiones y actuaciones propias
y de los organismos que dirigen, sin derivarla hacia sus subordinados sin causa objetiva
y sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.
2. Fomentarán los valores cívicos y utilizarán un tono respetuoso, esmerado y deferente
en sus intervenciones y en el trato con los ciudadanos.
3. Todos los miembros de la Corporación, tanto los integrantes en el gobierno como los
que formen parten de la oposición deberán basar su actuación en la lealtad institucional,
información y transparencia, colaborando en la definición de los objetivos estratégicos
y procurando alcanzar consensos en los asuntos de mayor relevancia.
4. La toma de decisiones perseguirá la satisfacción de los intereses generales y se funda-
mentará en consideraciones objetivas orientadas hacia el interés común y el trato igual
y no discriminatorio.
5. Responderán frente a los ciudadanos durante todo su mandato, atendiendo diligente-
mente a cualquier solicitud de información relativa al desempeño de sus funciones, los
motivos de su actuación, o el funcionamiento de los servicios y departamentos de los
que son responsables.
6. Garantizarán que la gestión pública tenga un enfoque centrado en la ciudadanía con un
compromiso de mejora continua en la calidad de la información, la atención y los servi-
cios prestados.
7. Potenciarán los instrumentos necesarios para garantizar la participación y cooperación
ciudadana en el diseño de las políticas públicas y en su evaluación.
8. Impulsarán la implantación de una administración receptiva y accesible, mediante la
utilización de un lenguaje administrativo claro y comprensible para todas las personas,
la simplificación, la eliminación de trabas burocráticas, y agilización de los procedi-
mientos, el acceso electrónico a los servicios y la mejora de la calidad de las normas y
regulaciones.
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9. Los cargos electos respetarán la voluntad de la ciudadanía y actuarán con lealtad políti-
ca, comprometiéndose a asumir el código de conducta política en relación con el trans-
fuguismo en las corporaciones locales.
10. Con motivo de los desplazamientos derivados del ejercicio de las funciones propias de
cargo, utilizarán el medio de transporte adecuado al objeto del mismo, teniendo siem-
pre en cuenta las necesidades de la corporación y la mejor relación en cuanto al coste.
11. Facilitarán las actuaciones de control y supervisión que las autoridades internas o exter-
nas competentes adopten, absteniéndose de obstaculizar la ejecución de cualquier medi-
da de supervisión que las autoridades internas o externas relevantes pudieran decidir
tomar con la debida justificación y transparencia.
12. Responderán diligentemente a las solicitudes de información formuladas por los
medios de comunicación en relación con el desempeño de sus funciones, absteniéndo-
se, por el contrario, de suministrar cualquier dato confidencial o información sujeta a
protección de datos de carácter personal y articularán medidas que fomenten la cober-
tura por parte de los medios de comunicación del desempeño de sus funciones y el fun-
cionamiento de los servicios y departamentos a su cargo.
13. Promoverán la transformación de la administración local mediante el desarrollo de la ges-
tión desde la óptica de la innovación y la calidad, simplificación y reducción de cargas
administrativas, garantizando la definitiva implantación de la administración electrónica.
14. Se fomentará la creación de instrumentos de control y seguimiento de la contratación
pública para garantizar a los operadores económicos un trato igualitario y no discri-
minatorio y un procedimiento basado en la transparencia, así como la introducción de
criterios de responsabilidad social en los contratos.
Compromisos éticos en materia de conflictos de intereses
El desempeño de responsabilidades públicas exigirá el respeto a la normativa en materia
de conflicto de intereses basando su actuación en los siguientes compromisos:
1. En el ejercicio de sus facultades discrecionales, se abstendrán de conceder ninguna ven-
taja a ellos mismos o a otra persona o grupo de personas con el fin de obtener un bene-
ficio personal directo o indirecto de los mismos.
2. Se abstendrán de participar en cualquier deliberación, votación o ejecución de aquellos
asuntos en los que tengan un interés personal, ya sea directo o indirecto.
3. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo
sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio pro-
pio o su entorno o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros o del
interés general.
4. No aceptarán, recibirán o solicitarán, directamente o a través de terceros, regalos que
sobrepasen los usos habituales, sociales o de cortesía por parte de entidades o personas
o, en cualquier caso, que sobrepasen la cuantía de ciento cincuenta euros.
5. Rechazarán cualquier favor o servicio en condiciones ventajosas por parte de personas
físicas o entidades privadas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones.
6. El desempeño de cargos en órganos ejecutivos de dirección de partidos políticos y
organizaciones sindicales dicha actividad en ningún caso menoscabará o comprometerá
el ejercicio de sus funciones.
Régimen de incompatibilidades y retribuciones
El adecuado cumplimiento de las exigencias normativas impuestas por el régimen de
incompatibilidades y la estructura retributiva en el ámbito local se ajustará a los siguientes pará-
metros:
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1. Los representantes locales, y los directivos públicos locales formularán con motivo de
su toma de posesión, con ocasión del cese y al final de su mandato, declaraciones tanto
sobre causas de posible incompatibilidad y cualquier actividad que proporcione o pueda
proporcionar ingresos económicos. Asimismo, comunicarán cualquier modificación de
las mismas en plazo máximo de un mes.
2. Asimismo habrán de presentar declaración de sus bienes patrimoniales y de la partici-
pación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas partici-
padas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso,
Sociedades. Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos
respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al
final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.
3. Evitarán cualquier conflicto de intereses con motivo del ejercicio de sus funciones
públicas, absteniéndose se utilizar sus competencias y prerrogativas institucionales a fin
de otorgar para o para terceras personas algún tipo de beneficio así como abstenién-
dose de llevar a cabo cualquier tipo de actividad privada que, directa o indirectamente,
colisione con los intereses públicos locales de su responsabilidad.
4. El ejercicio de responsabilidades ejecutivas en el gobierno local, una vez finalizado
el mandato o producido el cese y durante un periodo de dos años, conllevará el cum-
plimiento de las limitaciones para el ejercicio de actividades privadas establecidas en la
legislación reguladora de conflictos de intereses que les sea aplicable.
5. El régimen de dedicación exclusiva y parcial, así como las demás retribuciones de los
representantes locales se fijarán, con pleno respeto a los límites establecidos en la legis-
lación de Régimen Local, con proporcionalidad y atendiendo a características de la
entidad y del puesto a desempeñar tales como población, presupuesto, situación finan-
ciera y competencias y responsabilidades a ejercer.
6. Exigir, de manera reglada, para todos los contratos de obras o suministros y para todos
los procedimientos negociados, con o sin publicidad, así como para todos los convenios
realizados por el excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, así como empresas y socie-
dades municipales:
Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguri-
dad Social impuestas por las disposiciones vigentes o que, en su defecto, las deudas
estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la
impugnación de tales deudas.
Declaración jurada del representante legal o representantes legales de la empresa o
de la persona contratante de que no tienen ninguna vinculación con una empresa,
sociedad financiera o banco que estén situados en países catalogados como paraísos
fiscales o cuyas leyes tributarias no sean asimilables a las españolas: países de fisca-
lidad opaca o cuya tributación similar o cercana al 0%, siempre y cuando la finalidad
sea evitar el pago de impuestos.
Gobierno y administración: Relaciones entre cargos electos y empleados públicos
Las relaciones entre cargos electos y empleados públicos se ajustarán a los principios éti-
cos recogidos en la normativa en materia de transparencia y empleo público, entre otros: respeto
de la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico, lealtad institu-
cional, objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad,
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia,
honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a los derechos humanos y
a la igualdad entre mujeres y hombres.
Cada persona al servicio de los intereses públicos locales asumirá su cometido y fun-
ciones de forma legal y coordinada con el resto de responsables públicos, políticos, técnicos
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y administrativos. Para garantizar la existencia de un entorno de trabajo en armonía y para el
correcto desarrollo de los servicios públicos se articularán vías alternativas a la solución de las
discrepancias o conflictos que, en su caso, pudieran producirse.
Las relaciones entre cargos electos y empleados públicos se instrumentarán a través de
la implementación de los mecanismos físicos y telemáticos necesarios que garanticen la posi-
bilidad de interlocución directa y el desarrollo de un procedimiento de mediación, presencial o
electrónico, entre las partes en conflicto.
Los cargos electos impulsarán la formación en principios de integridad y orientaciones del
Buen Gobierno para el conjunto de empleados públicos.
Medidas para la mejora de la democracia participativa
El principio de proximidad en el ámbito local configura a las entidades locales como el
espacio de gobierno y administración idóneo para alcanzar la máxima participación ciudadana e
instrumentar las vías y cauces que hagan posible su materialización en niveles óptimos.
A efectos de conocer con precisión las necesidades y expectativas de la ciudadanía,
así como de garantizar la existencia de cauces de interlocución se adoptarán las siguientes
medidas:
1. Se regulará una carta de derechos y deberes ciudadanos, como instrumento en el que
definir y facilitar su ejercicio.
2. Se promoverá la utilización de encuestas, realizadas en los propios servicios, en la web
y redes sociales, o a pie de calle, los buzones de quejas y sugerencias, el cliente miste-
rioso, los recursos administrativos y otros canales de participación tales como las juntas
municipales de distrito, los diferentes consejos sectoriales, el Consejo Social de la Ciu-
dad, o la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
3. Se procurará la mejora de los procedimientos codecisión y la transformación de las
estructuras burocráticas desactualizadas para la consecución de una gobernanza real,
como gobierno abierto, participativo, transparente y equitativo.
4. Se convocará a todos los grupos de interés (asociaciones, plataformas, universidad,
etc.), invitándoles a expresar sus opiniones y sugerencias, incluso a colaborar en la
redacción de las normas locales, con la posibilidad de pactarlas en el marco de la potes-
tad material de decisión política.
5. Se implementarán los presupuestos participativos como instrumentos de mejora de la
participación de la ciudadanía en la asignación de los recursos públicos y en la defini-
ción de objetivos prioritarios de gestión.
6. Se atenderá a las necesidades sociales en las diferentes etapas de la vida y se procurará
la conciliación de tiempos de trabajo con los que no lo son (ocio, formación).
7. Se destinará, en cada ejercicio, una partida presupuestaria suficiente para realizar con-
sultas ciudadanas en al menos dos decisiones importantes anuales y, en todo caso, para
elegir entre un listado de inversiones a acometer en el municipio.
Asimismo se facilitará el ejercicio del derecho a la iniciativa popular, presentando pro-
puestas de acuerdos o actuaciones o proyectos normativos en materia de la competencia local.
Igualmente, a través de las entidades ciudadanas reconocidas de interés local, se establecerán las
vías para solicitar a la Administración Local que se lleven a cabo actividades de interés público
y de competencia local y con la aportación de medios económicos, bienes, derechos o trabajo
personal.
La atención ciudadana se estructurará a través de un doble mecanismo:
1. Se coordinará una atención generalista, integrada en un sólo servicio (oficinas de Aten-
ción Ciudadana) consiguiendo beneficios claros en homogeneización de los datos, en
accesibilidad de los ciudadanos, en el establecimiento de criterios uniformes, en la
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selección y formación de los operadores, en la adopción de decisiones, y en el recono-
cimiento de las singularidades propias del funcionamiento del servicio
2. Atención e información especializada, suministrada desde las propias Delegaciones o
Áreas que la generan. Dada la orientación al ciudadano, habrá que sentar las bases tec-
nológicas, de gestión, técnicas, y legales, incluidas las económicas, para conseguir que
su relación con la administración sea más accesible en tiempo y coste.
Se entiende el derecho de acceso a la información como parte esencial del derecho genéri-
co de participación ciudadana en los asuntos públicos.
Marco para la participación ciudadana 2.0
El entorno cambiante y la transformación de la administración local exige el estableci-
miento de un marco para la participación ciudadana con un enfoque 2.0 basado en las siguientes
medidas y estrategias:
1. Contemplar el uso de las tecnologías sociales como herramienta de mejora de la par-
ticipación ciudadana mediante la superación de las tradicionales barreras de espacio y
tiempo, abriendo espacios digitales abiertos a la participación sin restricciones y desa-
rrollar comunidades virtuales que favorezcan el bien común.
2. Facilitar y promover la iniciativa y la participación ciudadana tanto individual como
colectiva en la gestión local, sin perjuicio de las facultades de decisión correspondien-
tes a los órganos locales correspondientes.
3. Hacer efectivos y velar por los derechos y deberes de la ciudadanía recogidos en la
legislación aplicable y en la normativa local.
4. Acercar la gestión local a las ciudadanas y los ciudadanos en aras de alcanzar una
democracia de proximidad real. Para ello, aparte de otras medidas que se tomen, se
publicarán en la web corporativa todas las facturas fiscalizadas y contabilizadas que se
aprueben semanalmente en la Junta de Gobierno Local.
5. Diseñar órganos y mecanismos que garanticen los derechos de la ciudadanía relativos a
participación ciudadana.
6. Lograr la integración de todos los sectores sociales en los mecanismos, espacios y dis-
positivos recogidos en la correspondiente normativa local.
7. Afianzar la participación ciudadana estratégica en la política local con el desarrollo de
una cultura participativa que imprima carácter a toda la actividad en todo su ámbito
territorial.
8. Adaptar la normativa local a la nueva realidad social, mediante la presencia y participa-
ción de la entidad local en las redes sociales digitales más utilizadas por la ciudadanía y
mediante la creación de comunidades virtuales locales.
9. Servir de soporte y complemento a las estrategias y planes de actuación locales en
materia de participación.
La participación ciudadana 2.0 se articulará como una participación accesible, plural,
representativa, activa y abierta, facilitando la igualdad de oportunidades e integración de todos
los sectores de la población directa y se explorará el desarrollo de un procedimiento de media-
ción, presencial o electrónico, para la resolución de conflictos.
Además de las redes y cauces de información y comunicación institucionales, los cargos
electos y directivos públicos locales tendrán preferiblemente presencia en las redes sociales en
aras a una mayor transparencia y mejor servicio público a la ciudadanía.
Otros compromisos de transparencia y regeneración democrática
1. Publicación en la web municipal del informe de idoneidad de los asesores para ocu-
par dichos cargos y la justificación de su contratación, justificando que no hay en el
Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA). Avenida de los Guindos, 48, 29004 MÁLAGA
Teléfonos: 952 069 279 - 283 / Fax: 952 603 844 www.bopmalaga.es www.cedma.es
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Ayuntamiento trabajadores municipales con ese perfil (según el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de 27 de junio de 2015, enmienda del punto 11).
2. Solicitar informes a los habilitados nacionales en plaza para todos los acuerdos de
Pleno y Junta de Gobierno Local que así se requiera por Ley.
3. Publicación en la web municipal del orden del día de las sesiones ordinarias de la Junta
de Gobierno Local de forma previa a su celebración.
4. Publicación en la web municipal de los presupuestos, de forma comprensible y actuali-
zada.
5. Publicación en la web municipal de las resoluciones de autorización de compatibilidad
que afecten a los empleados públicos.
Aprobación del Código de Buen Gobierno por el excelentísimo Ayuntamiento de Marbella
La aprobación del CBG por el Ayuntamiento de Marbella se llevará a cabo mediante la
adopción del correspondiente por el Pleno, para facilitar la íntegra suscripción de sus principios
y valores por la totalidad de los miembros de la Corporación, gobierno y oposición.
La adecuada ejecución del CBG exigirá la asignación individualizada de dicha responsa-
bilidad en el marco de la organización política y administrativa, a efectos de garantizar el cum-
plimiento de sus objetivos.
Los órganos y personal responsables de dicha función adoptarán cuantas actuaciones sean
necesarias para garantizar la adecuada difusión y conocimiento del CBG, con especial incidencia
en garantizar su conocimiento por la ciudadanía, su incorporación al ordenamiento jurídico local
y la máxima difusión entre los agentes sociales, económicos y culturales.
El acuerdo de adhesión al CBG será comunicado a la FEMP para su conocimiento y, en su
caso, seguimiento.
Evaluación y seguimiento
La adhesión al CBG requerirá la determinación de las estrategias para su desarrollo, eva-
luación y seguimiento en el ámbito del Ayuntamiento, encajando dichas actuaciones en el marco
legislativo vigente y las peculiaridades de la respectiva entidad, con una visión participativa y
colaboradora.
A tal fin, el Ayuntamiento elaborará, con la periodicidad que se determine, un informe de
evaluación sobre su cumplimiento a través de indicadores de medida y valoración, que incor-
porará, a su vez, el resultado de los procesos de evaluación y seguimiento de los instrumentos
de planificación, las cartas de servicios y otros compromisos de calidad existentes en la entidad
local. Asimismo, se someterá al observatorio de evaluación de la transparencia, la calidad y el
buen gobierno de la FEMP, a efectos de valorar la aplicación del código y, proponer, actuacio-
nes de implementación y mejora, así como de evaluación y seguimiento, sin perjuicio de la asig-
nación de otras finalidades que dicho observatorio tenga asignadas.
En Marbella, a 23 de marzo de 2017.
El Alcalde-Presidente, José Bernal Gutiérrez.
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