BOPMA Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Edicto 5641/2017

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Esc
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
Número 151 Martes, 8 de agosto de 2017 Página 28
ADMINISTRACIÓN LOCAL
VÉLEZ-MÁLAGA
Área de Servicios Generales, Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Anuncio
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, ni tras
la audiencia dada a las asociaciones vecinales cuyos fines guardan relación directa con el objeto
de la disposición, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo inicial adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión ordina-
ria celebrada el día 27 de enero de 2017, aprobatorio de la Ordenanza Municipal Reguladora de
los Residuos de Construcción y Demolición, cuyo texto íntegro se hace público para su general
conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, entrando en vigor en el plazo previsto en el
artículo 65 de dicha Ley.
Contra el citado acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, se podrá interponer por
los interesados recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
pudiendo, no obstante, formular cualquier otro recurso que estime procedente.
ORDENANZA MUNICIPAL DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA
REGULADORA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
PREÁMBULO
En la actualidad, la principal problemática ambiental asociada a los residuos generados por
las obras de nueva construcción, remodelación, rehabilitación y demolición, se debe a una ges-
tión insuficiente que conlleva el vertido incontrolado de parte de dichos residuos.
Como consecuencia de lo anterior, los retos a alcanzar para estos residuos se centran en
la eliminación de los vertederos incontrolados de escombros existentes y el establecimiento de
un sistema de gestión que, en consenso con los agentes implicados (administraciones, construc-
tores, promotores, etc.), priorice la prevención, reutilización y reciclaje y otras formas de valo-
rización, y el depósito controlado en vertedero únicamente cuando no existan otras alternativas
viables, dando así cumplimiento a la legislación vigente aplicable.
Esta preocupación y sensibilidad por la protección del medio ambiente se hace patente en
la Constitución Española que, en su artículo 45, consagra que todos los ciudadanos y ciudadanas
tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así
como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos
los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restau-
rar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
También el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 28, reconoce el derecho de
todas las personas a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a
disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad, debiendo
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hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones
futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes.
En cuanto al marco competencial del municipio en materia de gestión de residuos, éste se
encuentra conformado, fundamentalmente, por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y
Suelos Contaminados, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambien-
tal, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición y el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Resi-
duos de Andalucía .
En este contexto, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambien-
tal, en su artículo 104 dispone que:
“1. Los proyectos de obra sometidos a licencia municipal deberán incluir la estimación
de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se vayan a producir y las
medidas para su clasificación y separación por tipos en origen.
2. Los Ayuntamientos condicionarán el otorgamiento de la licencia municipal de obra a
la constitución por parte del productor de residuos de construcción y demolición de
una fianza o garantía financiera equivalente, que responda de su correcta gestión y que
deberá ser reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos.
3. Los productores de residuos generados en obras menores y de reparación domiciliaria
deberán acreditar ante el Ayuntamiento el destino de los mismos en los términos pre-
vistos en sus ordenanzas.
4 . Los Ayuntamientos, en el marco de sus competencias en materia de residuos, estable-
cerán mediante ordenanza las condiciones a las que deberán someterse la producción,
la posesión, el transporte y, en su caso, el destino de los residuos de construcción y
demolición, así como las formas y cuantía de la garantía financiera prevista en el apar-
tado 2 de este artículo. Para el establecimiento de dichas condiciones se deberá tener en
cuenta que el destino de este tipo de residuos será preferentemente y por este orden, su
reutilización, reciclado u otras formas de valorización y sólo, como última opción, su
eliminación en vertedero”.
En este sentido, el artículo 79 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de Residuos de Andalucía, indica, respecto de la consideración jurídica de los
residuos de construcción y demolición y la distribución de competencias, que:
“Según lo dispuesto en este reglamento y de conformidad con el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción de residuos de construcción y demolición,
este tipo de residuos tendrán la consideración jurídica de:
“1. Municipales, cuando se generen en las obras consideradas «obras menores de construc-
ción y reparación domiciliaria» según la definición del apartado d) del artículo 2 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
Por tanto, es competencia de las administraciones locales la regulación de su régimen
de producción y gestión, así como la vigilancia, inspección y sanción, conforme a lo
regulado en las ordenanzas locales.
2. No municipales, los generados en las obras de construcción o demolición no contem-
pladas en la letra anterior, por lo que compete a la Administración autonómica la regu-
lación del régimen jurídico de su producción y gestión, así como la vigilancia, inspec-
ción y sanción”.
Por otra parte, el artículo 80 prevé la constitución de fianza o garantía financiera equiva-
lente por parte de la persona o entidad productora, al disponer que:
“1. Los proyectos de obra sometidos a licencia municipal deberán incluir la estimación
de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se vayan a producir y las
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medidas para su clasificación y separación por tipos en origen, de conformidad con el
artículo 104.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. Para el otorgamiento de la licencia muni-
cipal de obras, las personas o entidades productoras tendrán que constituir a favor del
Ayuntamiento una fianza o garantía financiera equivalente, a fin de asegurar la correcta
gestión de los residuos generados.
2. No se podrán conceder licencias municipales de obra sin que se haya constituido
previamente la fianza, la cual se reintegrará a la persona o entidad productora en el
momento en que aporte el certificado emitido por persona autorizada acreditativo de la
operación de valorización y eliminación a la que han sido destinados los residuos, de
acuerdo con el modelo del anexo XII.”
Mientras que la disposición transitoria décima del referido decreto, establece que:
“1. De acuerdo con las previsiones de la disposición transitoria segunda de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, las administraciones locales dispondrán de un plazo de dos años desde
la entrada en vigor de dicha Ley para aprobar o adecuar las ordenanzas en materia de
residuos a los contenidos del reglamento que se aprueba por el presente decreto.
2. Asimismo, dispondrán de un plazo de un año desde la entrada en vigor de este Decreto
para regular mediante ordenanza la constitución de la fianza que condiciona el otorga-
miento de la licencia de obras a la que se hace referencia en el artículo 104 de la Ley
7/2007, de 9 de julio”.
Esta ordenanza se estructura en nueve títulos, con un total de cuarenta artículos, un dispo-
sición transitoria, una disposición derogatoria y 5 disposiciones finales.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1 . Objeto
La presente ordenanza establece el régimen jurídico que regula los residuos de construc-
ción y demolición (en adelante RCDs), generados en el término municipal de Vélez-Málaga,
siendo su objeto garantizar que las operaciones de gestión de RCDs se lleven a término siguien-
do las exigencias legales vigentes para conseguir una alta protección del medio ambiente y de la
preservación de la naturaleza y el paisaje.
Artículo 2 . Fines
Sus finalidades son:
a) Reducir en origen la generación de los residuos de construcción y demolición (RCDs).
b) Fomentar la reutilización y el reciclado de los que se generen, así como otras formas de
valorización.
c) Asegurar que los destinados a operaciones de tratamiento reciban previamente un trata-
miento adecuado de reutilización, reciclado o valorización, todo ello con la finalidad de
proteger el medio ambiente y la salud de las personas.
d) Establecer un procedimiento que garantice la legalidad de la producción y gestión de
residuos de RCDs, para intentar evitar el vertido incontrolado o los centros de recep-
ción no autorizados de estos residuos.
e) Maximizar la recuperación de los recursos contenidos en los RCDs, contribuyendo a un
desarrollo sostenible de la actividad.
f) Potenciar la separación en origen.
Artículo 3 . Ámbito de aplicación
1. Ámbito territorial: La presente ordenanza es de aplicación en el término municipal de
Vélez-Málaga.
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2. Ámbito material: La presente ordenanza regula el ejercicio de las siguientes situaciones:
a) La regulación del régimen de producción y gestión de los RCDs municipales, así como
su vigilancia, inspección y sanción.
b) Establecimiento del procedimiento de fianzas o garantías financieras para la correcta
gestión ambiental de los RCDs, dentro del procedimiento de licencia de obras.
c) Regulación del control de la adecuada gestión de RCDs en los centros de valorización o
tratamiento final.
d) Seguimiento del adecuado control de legalidad de la ejecución de las obras en termino
municipal, en relación a los RCDs de en el marco de la normativa vigente.
3. Por tipología de residuos: La presente ordenanza será de aplicación a los RCDs y resi-
duos generados en las obras de derribos, de construcción, de excavación, de urbanización y en
las obras menores que no necesiten proyecto técnico para su autorización, así como los genera-
dos en instalaciones (prefabricación, parques de ferralla, etc.) que den servicio exclusivo a una
obra, en la medida en que el montaje y desmontaje de dichas instalaciones tenga lugar durante la
ejecución de la obra o al final de la misma, con excepción de:
a) Los excedentes de excavación, constituidos por tierras y piedras no contaminadas por
sustancias peligrosas, cuando sean reutilizados, sin transformación, en la misma obra,
en una obra distinta, o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno.
b) Otros residuos que aunque se generen en obras de construcción/demolición, estén
caracterizados legalmente en otra categoría distinta de residuos y en cualquier caso,
cuando estén regulados por una legislación específica que será la que regule su régimen
jurídico; solo en aquellos aspectos no contemplados en esa legislación, le será aplicable
supletoriamente la presente ordenanza.
c) Los residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento o del alma-
cenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de canteras, regulados por
el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre la gestión de los residuos de industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
d) Residuos generados en la industria de los productos de construcción (cerámicos, mate-
riales de construcción, prefabricados, etc.), que serán considerados como residuos
industriales no peligrosos, aun cuando pueden presentar características muy similares a
residuos generados en obras.
e) Residuos que según la Ley se catalogan como «Tóxicos y peligrosos». Según lo esta-
blecido en el Plan Nacional Integrado de Residuos, entre los materiales y sustancias
que pueden encontrarse entre los RCDs y que pueden tener alguna característica de
peligrosidad cabe destacar:
Aditivos de hormigón (Inflamable).
Adhesivos, másticos y sellantes (inflamable, tóxico o irritante).
Emulsiones alquitranadas (tóxico, cancerígeno).
Materiales de aislamiento y materiales de construcción a base de amianto, en forma de
fibra respirable (tóxico, cancerígeno).
Madera tratada con fungicidas, pesticidas, etc. (tóxico, ecotóxico, inflamable).
Revestimientos ignífugos halogenados (ecotóxico, tóxico, cancerígeno).
Equipos con PCB (ecotóxico, cancerígeno).
Luminaria de mercurio (tóxico, ecotóxico).
Sistemas con CFCs .
Elementos a base de yeso (fuente posible de sulfhídrico en vertederos, tóxico inflama-
ble).
Envases que hayan contenido sustancias peligrosas (disolventes, pinturas, adhesivos,
etc.).
Así como todos los residuos empleados en la construcción catalogados por la lista
europea de residuos como peligrosos.
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f) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que se regularán por su legislación espe-
cifica.
g) Residuos industriales incluyendo lodos y fangos.
h) Residuos procedentes de actividades agrícolas.
Artículo 4 . Definiciones
Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados y en Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la
producción y gestión de los residuos de construcción, y demolición como complemento a aqué-
llas, a los efectos de la presente ordenanza se entenderá por:
a) Residuos RCDs Municipales: Cuando se generen en “obras menores de construcción y
reparación domiciliaria”, según el apartado 2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febre-
ro, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
b) Residuos no municipales: Los generados en obras de construcción o demolición no
contempladas en la letra anterior, competencia de la Administración autonómica en
materia de producción y gestión, así como vigilancia, inspección y sanción.
c) Construcción: Edificar con los elementos necesarios bienes inmuebles para uso, resi-
dencial, industrial de servicios, o cualquiera otros de los previstos en el planeamien-
to municipal, así como, las infraestructuras de ingeniería civil (carreteras, aeropuertos,
puertos, líneas férreas, obras hidráulicas, infraestructuras de urbanización, parques, ins-
talaciones deportivas o de ocio, etc.).
d) Demolición: Derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como,
aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros que sea necesario eliminar para la
adecuada ejecución de la obra.
Incluye las siguientes operaciones:
– Trabajos de preparación y protección.
– Derribo, fragmentación o desmontaje de construcción (deconstrucción).
– Retirada de materiales .
e) Deconstrucción o demolición selectiva: Conjunto de operaciones coordinadas durante
el proceso de demolición, orientadas a conseguir la máxima recuperación y reciclaje.
f) Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo
la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de Residuos y
Suelos Contaminados, y que se generen como consecuencia de construcciones, demoli-
ciones o reformas .
g) Residuo inerte: Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físi-
cas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona físi-
ca ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negati-
vamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar
a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana; la lixiviabilidad
total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberá
ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las
aguas superficiales y/o subterráneas.
h) Obras de construcción y demolición: La actividad consistente en:
La excavación, construcción, reparación, reforma, mantenimiento, derribo y decons-
trucción (demolición selectiva), relacionada con un bien inmueble (para uso residen-
cial, industrial o de servicios) y con infraestructuras de ingeniería civil (tales como
carreteras, aeropuertos, puertos, líneas férreas, obras hidráulicas, infraestructura de
urbanización, parques, instalaciones deportivas o de ocio, etc.).
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La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del
subsuelo, tales como excavaciones, dragados, sondeos, prospecciones, inyecciones,
regeneración de playas, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aque-
llo a los que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y la Ley
22/1973, de 21 de julio, de Minas.
i) Parte integrante de la obra: Toda instalación que de servicio exclusivo a la misma, y
en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar, durante la ejecución de la
obra o al final de la misma, tales como:
Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento.
Plantas de prefabricados de hormigón.
Plantas de fabricación de mezclas bituminosas.
Talleres de fabricación de encofrados .
Talleres de elaboración y manipulación de ferralla .
Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra .
Plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición de la obra.
Plantas para procesamiento de áridos.
– Canteras .
j) Obra menor de construcción y reparación domiciliaria: Obra de construcción o demo-
lición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, o
cualquiera otros de los previstos en el planeamiento municipal, de sencilla técnica y
escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del
uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no
precisa de proyecto firmado por profesionales titulados ni de presupuesto elevado.
k) Productor de residuos de construcción y demolición:
La persona física o jurídica titular que genera el residuo de construcción y demoli-
ción (bien sea en trabajos de construcción, de demolición, de excavación y en tra-
bajos que modifiquen la sustancia del terreno o subsuelo). Si existe licencia urba-
nística, el titular de la misma será considerado el productor. En aquellas obras que
no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del resi-
duo la persona física o jurídica propietaria del bien inmueble, estructura o infraes-
tructura que lo origina.
La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento previo, de
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de
los residuos .
l) Poseedor de residuos de construcción y demolición (RCDs): El productor de residuos
de construcción y demolición o la persona física o jurídica que los tenga en su poder
y que no tenga la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la conside-
ración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción
o demolición, tales como las personas constructoras, subcontratistas o trabajadoras
autónomas. En todo caso, no tendrán la consideración de persona o entidad poseedo-
ra de residuos de construcción y demolición quienes trabajen por cuenta ajena en la
correspondiente obra .
ll) Persona o entidad gestora de residuos: Persona o entidad pública o privada, registrada
mediante autorización o comunicación, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la gestión de los residuos, sea o no la productora de los mismos.
m) Gestión de residuos: La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización
y la eliminación de los residuos. También se incluyen las actuaciones realizadas en
calidad de negociante o agente.
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n) Negociante: Toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra
y posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión de los
residuos .
ñ) Agente: Toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación
de residuos por encargo de terceros, incluidos los agentes que no toman posesión físi-
ca de los residuos .
o) Separación en origen: Es la segregación en origen de los RCDs para responder a la
necesidad de gestionar estos residuos de forma respetuosa con el medio ambiente,
para conseguir de esta manera una optimización del reciclaje de los materiales recu-
perables .
p) Contenedores de obras: A efectos de esta ordenanza se entiende por “contenedores de
obras”, aquellos recipientes normalizados, especialmente diseñados para ser cargados
y descargados mecánicamente sobre vehículos de transporte especial, destinados a la
recogida de materiales residuales.
q) Planta de transferencia de RCDs: Instalación autorizada por los organismos compe-
tentes en la cual se descargan, clasifican y almacenan transitoriamente los RCDs, al
objeto de trasladarlos a otro lugar para su valorización.
r) Almacenamiento: El depósito temporal y previo a la valorización por tiempo inferior
a seis meses .
s) Valorización de RCDs: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los RCDs, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
t) Instalación de valorización: Instalaciones cuyo objeto es la recepción y recuperación o
transformación de los recursos contenidos en los RCDs, mediante la aplicación de los
procesos físicos y técnicos correspondientes .
u) Plantas fijas de valorización de RCDs: Son instalaciones de reciclaje ubicadas en un
emplazamiento cerrado, con autorización administrativa para el reciclaje de RCDs,
cuya maquinaria de reciclaje (fundamentalmente equipos de trituración) son fijos y
no operan fuera del emplazamiento donde están ubicados.
v) Planta móvil de valorización de RCDs: Aquella planta de valorización de RCDs auto-
rizada por los organismos competentes y diseñada para desplazarse dentro de una
obra o planta de valorización, entre una o varias zonas con obras para el tratamiento
de los residuos de construcción y demolición in situ .
w) Tratamiento previo al vertido: Proceso físico, térmico, químico o biológico que cam-
bia las características de los residuos, reduciendo su volumen o su peligrosidad, faci-
litando su manipulación .
x) Instalación de eliminación o vertido: es aquella, previamente autorizada, destinada a
albergar el rechazo de la adecuada gestión de los RCDs previamente tratados en ins-
talaciones autorizadas de valorización.
Artículo 5. Propiedad municipal
Los materiales o residuos de materiales de obras depositados fuera de las zonas acotadas
y autorizadas, o en la vía pública sin seguir las especificaciones de esta ordenanza, adquirirán
carácter de residuales pasando a propiedad municipal, sin que el titular afectado pueda recla-
mar la pérdida de dichos materiales, y sin perjuicio del cargo del coste del servicio y de las
sanciones que corresponda.
Articulo 6. Normas de limpieza
Las obras se regirán en materia de limpieza por la Ordenanza Municipal de Limpieza
Pública y Gestión Municipal de Residuos Urbanos del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
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TÍTULO II
Principios ambientales
Articulo 7. Principios ambientales
La gestión de residuos se regirá por los siguientes principios:
a) Principio de jerarquía: Los residuos se gestionarán preferentemente siguiendo la
siguiente jerarquía:
Reducir la producción de residuos.
Reutilizar el máximo de materiales que sea posible.
Seleccionar en origen los materiales reciclables o valorizables.
Reciclar lo que no se pueda reutilizar.
Valorizar energéticamente todo lo que no se pueda reutilizar o reciclar.
Depositar en vertedero todos aquellos residuos de valorización o tratamiento invia-
ble económica o técnicamente .
b) Principio de prevención: Se deberán aplicar todas aquellas medidas necesarias para
reducir la cantidad de residuos generados y la cantidad de residuos peligrosos conteni-
dos en los RCDs que se generen.
c) Principio de responsabilidad del productor (quien contamina paga): Los efectos causa-
dos por la gestión de los RCDs. serán responsabilidad del productor, salvo que se pue-
dan delimitar otras responsabilidades en el proceso .
d) Principio de fiscalidad ecológica: El Ayuntamiento podría determinar la aplicación de
una penalización económica al vertido de RCDs sin segregación en origen, sin trata-
miento previo o el vertido de RCDs valorizables.
e) Principio de autosuficiencia y principio de proximidad para la gestión de los residuos:
Los residuos se gestionarán preferentemente en la propia obra o en las plantas de tra-
tamiento más cercanas al lugar de generación. Este principio ha de armonizarse con el
principio de libertad de mercado de los productos en el ámbito comunitario.
f) Principio de reutilización: En la construcción se deberán emplear productos proceden-
tes de la valorización de RCDs, siempre que esto sea posible.
TÍTULO III
Régimen jurídico
Artículo 8. Normativa
La regulación contenida en esta ordenanza se atiene a los principios y disposiciones conte-
nidas en:
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de
2008, sobre los residuos.
Decisión 2003/33/CE, del Consejo, de 19 de diciembre de 2002 por la que se estable-
cen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo
al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por las que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan
Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.
Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial
de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019.
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición .
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía .
TÍTULO IV
Licencias urbanísticas
Artículo 9. Licencia urbanística de obras
1. Se someterá a autorización administrativa, al amparo del artículo 104 de la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, las actividades pro-
ductoras de residuos de construcción y demolición, integrándose en el acto administrativo de
otorgamiento de la licencia urbanística de obras o demolición o, en su caso, en el acto adminis-
trativo de aprobación del proyecto de urbanización de los terrenos.
2. El Ayuntamiento, en el marco de sus competencias en materia de residuos urbanos, que
incluye los residuos de construcción y demolición (RCDs) generados en obras sometidas, bien a
licencia urbanística de obras, bien a control administrativo posterior al inicio (mediante declara-
ciones responsables o a la aprobación de proyectos de urbanización), condicionará la autoriza-
ción administrativas para dichas actuaciones a la constitución, por parte del productor de resi-
duos de construcción y demolición (RCDs), de una fianza o garantía financiera para responder
de la obligación de poner a disposición de gestores autorizados los residuos que se producirán en
la obra .
3. En el caso de obras o actuaciones generadoras de residuos de construcción y demolición
(RCDs), sujetas a autorización administrativa, en las que se exija proyecto técnico, deberá pre-
sentarse una separata denominada Estudio de Gestión de Residuos, con la documentación exigi-
da en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición, y se deberá constituir la fianza o garan-
tía financiera establecida como condición de la autorización, teniendo esta carácter provisional,
pudiendo ser modificada por el Ayuntamiento, junto al otorgamiento de la licencia, en caso de
que fuese incorrecta.
El Área Municipal de Urbanismo, con carácter previo al envío de la documentación pre-
sentada al Área Municipal de Medio Ambiente, competente para el control de la gestión de resi-
duos, comprobará:
a) Que el proyecto técnico contiene el Estudio de Gestión de Residuos, y que el mismo
contiene los documentos indicados anteriormente .
b) Que se ha constituido la fianza o garantía financiera equivalente para responder de la
correcta gestión de los residuos de construcción y demolición (RCDs), como condición
para la obtención de la licencia urbanística correspondiente .
4. Una vez realizada la obra, el titular de la licencia deberá acreditar ante Área Municipal
de Urbanismo el cumplimiento de los requisitos establecidos en relación a los RCDs, para lo
cual presentará la documentación justificativa pertinente. Cuando hayan sido entregados a una
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento deberán presentar un resumen
de los RCDs entregados, acompañado con los documentos de recepción del gestor de RCDs, y
que deben contener al menos los datos indicados en el apartado a) del artículo 7 del Real Decre-
to 105/2008. Realizadas las comprobaciones pertinentes, los servicios técnicos podrán informar
favorablemente la devolución de la garantía prestada.
No podrá concederse licencia de ocupación de la obra u edificio sin haberse justifi-
cado el cumplimiento de los requisitos exigibles relativos a los RCDs y haberse propuesto
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o la devolución o la incautación de la garantía. En este caso, si ello es posible, se exigirán
las responsabilidades por daños medioambientales que puedan proceder.
5. En los expedientes de solicitud de licencia obra menor (aquellas en las que no se exija
proyecto técnico), que por sus características técnicas den lugar a la generación de RCDs, el
interesado deberá presentar una declaración responsable en la que el mismo se compromete a
gestionar correctamente los residuos que se produzcan en la obra o actividad conforme a la nor-
mativa vigente y a la constitución de la garantía para responder de la correcta gestión de los
RCDs .
La garantía deberá presentarse junto con la petición de licencia de obras teniendo esta
carácter provisional, pudiendo ser modificada por el Ayuntamiento, junto al otorgamiento de la
licencia, en caso de que fuese incorrecta.
Finalizada la obra, y a solicitud del interesado, los servicios técnicos municipales com-
petentes comprobarán el cumplimiento de los requisitos e informarán sobre la devolución de la
fianza prestada. Cuando los RCDs hayan sido entregados a una instalación de valorización o eli-
minación para su tratamiento, y se presenten los documentos de recepción por el gestor de RCDs
autorizado se considerarán dichos documentos como bastantes para la recuperación de la fianza.
Cuando los RCDs hayan sido entregados a una instalación de valorización o eliminación
para su tratamiento, y se presenten los documentos de recepción por el gestor de RCDs autoriza-
do, según Anexo II, se considerarán dichos documentos como bastantes para la recuperación de
la fianza.
6. El Área Municipal de Medio Ambiente ejercerá la labor de control sobre el cumplimien-
to de las obligaciones contenidas en el Estudio de Gestión de Residuos y en la declaración res-
ponsable sobre gestión de RCDs. En caso de incumplimiento de dichas obligaciones enviará un
informe al área o servicio municipal competente para el inicio del pertinente expediente sancio-
nador y demás consecuencias legales derivadas del incumplimiento.
Artículo 10 . Obras de interés general no sujetas a licencia urbanística municipal
Las obras de las administraciones y entes públicos, las declaradas de interés o utilidad
general se ajustarán a lo establecido en el artículo 82 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, estableciéndose una fianza o garan-
tía financiera equivalente a favor de la Consejería de Medio Ambiente o del Ayuntamiento para
asegurar la correcta gestión de los residuos generados.
La constitución de la fianza o garantía financiera equivalente estará integrada en los pro-
cedimientos de autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada o calificación
ambiental que sean de aplicación, según la naturaleza de las obras, de modo que se deposite el
importe requerido antes de emitirse la correspondiente resolución de autorización ambiental o
antes de que se otorgue la calificación ambiental.
TÍTULO V
Obligaciones de las personas o entidades intervinientes en la gestión de RCDs
Articulo 11 . Producción y gestión de residuos de construcción y demolición
Las actividades de producción y gestión de RCDs deberán estar autorizadas y registradas
en los correspondientes registros de la Comunidad Autónoma, según los requisitos establecidos
en la normativa ambiental aplicable.
Artículo 12 . Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición
1. Sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el solici-
tante de una licencia de obra mayor, como productor de residuos de construcción y demolición,
ha de incluir en el proyecto técnico un Estudio de Gestión de RCDs que deberá cumplir con las
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siguientes obligaciones establecidas en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
El cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1.a), por parte de la persona
física o jurídica que ejecute la actividad de construcción, cuando dicha actividad la realice por
cuenta ajena, se llevará a cabo mediante la presentación a la entidad promotora de la obra de un
Plan específico de gestión de RCDs, ajustado al Estudio de Gestión de Residuos incluido en el
proyecto técnico. La elaboración de este plan específico confirma la responsabilidad del primer
contratista frente a subcontratas .
La estimación prevista en el artículo 4.1.a).1º, del citado artículo 4, quedará reflejada en
una ficha resumen.
Si la Comunidad Autónoma eximiera de la obligación prevista en el punto 4.º del apartado
a), del mencionado artículo, las personas o entidades productoras tendrán que aportar al Ayun-
tamiento una copia de la resolución favorable para dicha exención in situ de los residuos, junto
con toda la documentación de la licencia de obras .
2. En el caso de que los RCDs generados en una obra tengan un destino que implique su
uso directo en labores de regeneración u otros autorizados por los técnicos del órgano compe-
tente en materia medioambiental, se procederá por parte de éstos a informar de las medidas de
control correspondientes para que el destino sea el indicado en la licencia.
3. En el caso que los RCDs generados en una obra tengan un destino que implique su uso
directo en labores de regeneración u otras autorizadas por los técnicos del órgano competente en
materia medioambiental, se procederá por parte de éstos a informar de las medidas de control
correspondientes para que el destino sea el indicado en la licencia.
4. Cuando los RCDs, o los materiales indicados en el artículo 3.3.1.a) de esta ordenanza,
generados se vayan a utilizar en la misma obra, este aspecto y su volumen se especificarán, tanto
en el Estudio de Gestión de RCDs, como en la autorización administrativa integrada en la licen-
cia de obras o proyecto de urbanización. Al finalizar ésta y previo al otorgamiento de la licencia
de primera ocupación, el técnico facultativo de la misma certificará el destino correcto de los
residuos mediante la entrega del certificado de idoneidad de la gestión.
Si algunos de los casos indicados en el apartado anterior no hubieran estado previstos en el
momento del otorgamiento de la licencia de obras y sugieran durante el transcurso de la misma,
este hecho se comunicará al Ayuntamiento para su autorización.
5. Después de acabada la obra, el gestor autorizado de valoración o tratamiento emitirá
un certificado sobre las cantidades, los tipos de residuos tratados y las operaciones realizadas,
que entregará al solicitante de la licencia. Este certificado junto con los comprobantes justifi-
cativos de haber pagado el precio correspondiente, se han de presentar por el productor en el
Ayuntamiento en el término máximo de treinta días a contar desde su libramiento por el gestor
autorizado, según el modelo normalizado (anexo II).
En aquellos casos en los que se haya previsto la generación de residuos peligrosos, se
deberá aportar también el certificado emitido por el gestor autorizado de dichos residuos peligro-
sos y cotejar los datos reflejados en el inventario de residuos peligrosos.
6. En los supuestos de obras menores, las obligaciones establecidas en el apartado 1 y 2
del presente artículo no serán de aplicación. En este caso, la fianza pertinente será la establecida
en el artículo 18 de esta ordenanza. En el caso de la «obra menor» solo se deberá entregar el jus-
tificante de la correcta gestión de los residuos para recuperar la fianza.
7. En relación con el almacenamiento, la mezcla y el etiquetado de residuos en el lugar de
producción, el productor u otro poseedor de residuos está obligado a adoptar las medidas para
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad hasta su retirada por un gestor auto-
rizado.
8. En caso de existir subcontratas, y sin perjuicio de la posibilidad de repercutir las respon-
sabilidades de forma solidaria, el principal responsable debe ser la empresa titular del contrato,
independientemente de las que subcontrate para la ejecución de las obras de que se trate.
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Artículo 13 . Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición
1. El poseedor de RCDs estará sometido a las obligaciones previstas en el artículo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los resi-
duos de construcción y demolición .
2. El poseedor de residuos de construcción y demolición deberá separar los residuos
peligrosos de los no peligrosos, independientemente de la cantidad generada, siempre que sea
técnicamente viable. En el caso de no separarse todos tendrán la consideración de residuos
peligrosos.
Artículo 14 . Obligaciones generales de los gestores de RCDs autorizados en el ámbito de
sus competencias
1. El gestor de RCDs estará sometido a las obligaciones previstas en el artículo 7 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición .
2. El gestor de RCDs llevará un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad en
peso y en volumen de residuos recibidos, desglosada por tipo de residuo (por referencia a la
Lista Europea de Residuos), su origen (identificación del productor, del poseedor y de la obra de
donde proceden, o del gestor cuando procedan de una operación previa de gestión), el método de
gestión aplicado así como las cantidades en peso y destino de los productos y residuos resultan-
tes de la actividad, para lo que se tomará como referencia el Catálogo de residuos del Reglamen-
to de Residuos de la Junta de Andalucía .
La información contenida en el registro estará a disposición de las administraciones públi-
cas competentes, a petición de las mismas; la información referida a cada año natural deberá
mantenerse durante los cinco años siguientes.
4. El gesto de RCDs usará las mejores tecnologías disponibles y aplicar las mejoras nece-
sarias en su gestión para conseguir el más alto grado de protección y respeto al medio ambiente.
Artículo 15. Fomento de la utilización de productos reciclados procedentes de la valoriza-
ción de residuos de construcción y demolición
1. El Ayuntamiento velará porque en las obras en que intervenga como promotor se
introduzcan medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos de construcción y
demolición .
Además de aplicar los requisitos ya contemplados en la presente ordenanza y en la demás
legislación de residuos, velará porque en la fase de proyecto de la obra se tengan en cuenta las
alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y
de explotación, y de aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la
obra al final de su vida útil.
2. El Ayuntamiento fomentará que en las obras en que intervenga como promotor se con-
temple en la fase de proyecto la alternativa que contribuya al ahorro en la utilización de recursos
naturales, en particular mediante el empleo en las unidades de obra de productos procedentes de
valorización de RCDs.
3. El Ayuntamiento fomentará, asimismo, que en los procedimientos de evaluación
ambiental de proyectos y de planes de obras, se consideren adecuadamente los impactos de los
residuos de construcción y demolición generados durante la fase de construcción y de explo-
tación .
4. El Ayuntamiento fomentará también que en los procedimientos de adjudicación de con-
tratos de obra se prime en la valoración de las ofertas presentadas por los contratistas aquéllas
que, en su caso, incluyan alternativas que supongan menor generación de residuos o que utilicen
en las unidades de obra productos procedentes de la valorización de residuos con certificado de
calidad o declaración de conformidad, siempre que sea posible.
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Artículo 16. Deber de informar
1. El productor, poseedor o gestor de las actividades, están obligados a facilitar al Ayun-
tamiento la información que se les requiera sobre las características de los residuos, su cantidad,
emplazamiento y cualquier otro dato que se considere necesario por los Servicios Municipales, y
a facilitar las actuaciones de inspección, vigilancia y control que éste realice.
2. El titular de la actividad está obligado a comunicar las siguientes circunstancias al
Ayuntamiento en el plazo de 15 días desde que se produzcan las mismas, al objeto de modificar
la declaración, o bien, para la presentación de una nueva:
a) El cambio de titularidad de la actividad.
b) Las modificaciones y variaciones sustanciales que se produzcan en la producción, ges-
tión y en la composición o estado físico de los residuos. Será necesario certificado de la
dirección de obra que justifique el aumento o disminución del volumen declarado.
3. Los gestores autorizados deberán llevar un registro documental interno, que pondrán a
disposición de los Servicios Municipales o los cuerpos de inspección, en el caso de ser requerido
para ello .
En el registro documental interno se hará constar obligatoriamente la siguiente informa-
ción sobre cada obra que gestione:
a) Productor o poseedor de los RCDs que gestiona.
b) La cantidad y origen de los RCDs.
c) Método de gestión a que se someten los RCDs.
d) Medios de transporte.
e) Frecuencia de prestación.
f) Destino de los RCDs.
g) Documento donde conste fehacientemente la transmisión de los RCDs del productor o
poseedor al gestor y del gestor intermedio al gestor final.
h) Aquellos otros datos que los Servicios Municipales consideren conveniente.
La documentación referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes.
TÍTULO VI
Fianza
Articulo 17. Constitución de fianza
El otorgamiento de las licencias urbanísticas de obras, tanto menor como mayor, de demo-
lición, de excavación, y de urbanización, conllevará el depósito de una fianza de acuerdo con el
artículo18 de esta ordenanza que podrá consistir exclusivamente en:
a) Depósito en dinero.
b) Aval de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca (según
modelo anexo IV) o certificado de seguro caución (según modelo anexo V).
Artículo 18. Determinación del costo de la fianza
1. El cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en esta
ordenanza se basará en el coste previsto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra que, de
acuerdo con el artículo 9 de la presente ordenanza, deberá incluir el proyecto de obra.
La cuantía de la fianza se fijará sobre la base del presupuesto total de la obra, aplicándose
como mínimo los siguientes porcentajes:
a) Para obras de derribo: 2 %.
b) Para obras de nueva construcción: 1 %.
c) Para obras de excavación: 2 %
No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la
baja, se podrá elevar motivadamente dicha fianza.
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A titulo orientativo, se establecen los siguientes índices establecidos en el Plan Nacional
Integrado de Residuos para establecer el volumen de RCDs generados en cada uno de los tipos
de obras de edificación:
TIPO DE CONSTRUCCIÓN RCDs PRODUCIDO POR M2 DE EDIFICACIÓN
OBRAS DE EDIFICIOS NUEVOS 120,0 KGS/m2 CONSTRUIDO
OBRAS DE REHABILITACIÓN 338,7 KGS/m2 REHABILITADO
OBRAS DE DEMOLICIÓN TOTAL 1.129,0 KGS/m2 DEMOLIDO
OBRAS DE DEMOLICIÓN PARCIAL 903,2 KGS/m2 DEMOLIDO
El importe de la fianza, que debe ser depositada a la obtención de la licencia urbanística
municipal, se fija en el 150% del presupuesto establecido en el Estudio de Gestión de Residuos.
Este importe no podrá ser inferior a 300,00 €, ni superior a 50.000,00 €.
Una vez que se presente el proyecto de ejecución, o el proyecto básico y de ejecución con-
juntamente y se calcule la fianza, el importe resultante de la aplicación de estos porcentajes no
podrá ser inferior al mínimo o superior al máximo fijado anteriormente.
En caso de las obras menores se establece una cantidad fija de 200,00 €.
Los importes de la fianza de obra menor y de las cantidades máximas y mínimas fijadas
anteriormente como límites, serán actualizados cada tres años según el IPC acumulado en este
periodo .
2. Los proyectos de obras públicas no sujetos a licencia municipal se regirán por su nor-
mativa específica y concretarán, en todo caso, el sistema de gestión de las tierras y materiales
sobrantes, de acuerdo con los objetivos de esta ordenanza.
3. La administración podrá requerir al solicitante, cuando se detecte algún defecto de la
base de cálculo, la constitución del resto de la fianza correspondiente a la diferencia resultante
del presupuesto .
4. La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante en las formas previstas en el artículo
anterior .
5. Las obras de promoción pública también están sujetas al cálculo y depósito de la fianza.
Artículo 19. Ejecución de la fianza
El incumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza, en cuanto a la correcta ges-
tión de los RCDs, será motivo de la ejecución de la fianza por actuación subsidiaria del Ayun-
tamiento, independientemente de las sanciones que pueden aplicarse de acuerdo a la Ley de
Residuos y al propio régimen sancionador de esta ordenanza.
TÍTULO VII
Contenedores de obras
Artículo 20 . Normas de uso de los contenedores para obras
1. Con carácter general los contenedores deberán colocarse en el interior de los terrenos
donde se desarrollen las obras .
2. En el caso de que esta ubicación no sea posible, podrán situarse en aquellas calzadas
donde esté permitido el estacionamiento, en el lugar más próximo a la obra, previa obtención de
la correspondiente autorización municipal de acuerdo con los siguientes requisitos:
3 . Se debe contar con la correspondiente licencia urbanística municipal .
4. Se debe abonar la tasa correspondiente por ocupación de la vía pública.
5. Se deberá depositar una garantía por importe de 500 euros para responder, en su caso,
de la reconstrucción o reparación del pavimento u otros elementos que pudieran resultar dañados
como consecuencia de la instalación .
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6. Los contenedores deberán tener en su exterior de manera visible el nombre, razón social
y teléfono del propietario o empresa responsable .
7. Se debe delimitar la zona de forma que permita el tránsito de vehículos y peatones con
total seguridad.
8. En los contenedores solo se podrán depositar residuos de construcción y demolición,
prohibiéndose expresamente arrojar a los mismos cualquier otra clase de residuos.
9. La colocación y retirada de estos contenedores de la vía pública se realizará utilizando
los medios necesarios para no dañar el pavimento ni el mobiliario.
10. Los contenedores de obras no podrán situarse sobre los elementos de acceso de los
servicios públicos municipales tales como, alcantarillado, telefonía, electricidad, ni en general
sobre cualquier elemento urbanístico al que pudiera causar daños o dificultar su normal utili-
zación; ni en pasos de peatones, vados, reservas de estacionamiento y parada, ni su colocación
podrá modificar la ubicación de contenedores de basuras o de otros elementos urbanísticos.
Tampoco podrán situarse en los accesos a entidades de carácter público, municipales, sanitarias,
bancos, etc ., siempre y cuando la ubicación de los mismos, impidan el acceso a personas minus-
válidas. Los contenedores, en ningún caso impedirán el libre curso de las aguas pluviales, de
riego, etc, por la calzada y aceras.
11. En los casos en que fuera necesario ocupar la acera toda la superficie en que se apoye o
pueda ser arrastrado el contenedor deberá quedar protegido con tablas de maderas o chapa metá-
lica de un espesor adecuado para evitar daños en el pavimento; también en las zonas peatonales
se deberá proteger con el mismo sistema el recorrido de los vehículos de recogida de los conte-
nedores, así como en la calzada si se estimara conveniente por el Ayuntamiento.
12. Los contenedores no podrán situarse sobre las aceras cuya amplitud, una vez deducido
el espacio ocupado por las vallas en su caso, no permita una zona libre de paso de 1 metro y 50
centímetros, como mínimo, una vez colocado el contenedor. Tampoco podrán situarse en las
calzadas, cuando el espacio que quede libre en vías de un solo sentido de marcha sea inferior a
2,75 metros, o en vías de doble sentido de marcha sea inferior a 6 metros. No se podrán colocar
contenedores en las calles de anchura menor a 4 metros, ni en las aceras ni en la calzada.
13. Los contenedores de obras solamente podrán ser utilizados por los titulares de la licen-
cia urbanística que los hayan contratado y deberán utilizarse de modo que su contenido no se
vierta o esparza por acción del viento u otro agente atmosférico, por lo que, una vez llenos,
deberán taparse con lona o cubiertas de modo adecuado, de forma que no se produzcan vertidos
al exterior de materiales residuales. Igualmente es obligatorio tapar los contenedores al finalizar
el horario de trabajo; además, la carga de los residuos y materiales no excederá del nivel del
límite superior de la caja del contenedor.
14. En el uso de los contenedores se deberán todas las disposiciones establecidas en la
Ordenanza Municipal de la Limpieza Pública y Gestión Municipal de Residuos Urbanos.
15. La concesión de la autorización municipal para la instalación del contenedor llevará
implícita la obligación por parte del solicitante de limpiar los espacios de la vía pública que se
hubieren ensuciado.
16. Los contenedores de obras deberán retirarse:
a) Cuando estén llenos, y siempre en el mismo día en que se produzca su llenado.
b) A requerimiento de los Agentes de la Policía Local o del Servicio Municipal competen-
te, cuando razones de higiene urbana, circulación u orden público lo aconsejen.
c) Cuando expire la licencia de obras o autorización de ocupación de la vía pública.
d) Se prohíbe la permanencia de los contenedores en la vía pública desde las 22:00 horas,
del viernes hasta las 8:00 horas del lunes o día hábil siguiente, salvo que se obtenga
autorización expresa del Ayuntamiento.
17. El Ayuntamiento podrá acordar cambios de emplazamiento de contenedores autoriza-
dos o suspensión temporal de las licencias otorgadas, por razones de tráfico, de obras en la vía
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pública o mejoras del servicio. Podrá, asimismo, ordenar al responsable de la obra la retirada de
los contenedores a causa de celebraciones o actos en la vía pública.
La Policía Local, si fuere necesario con motivo de celebraciones o actos en la vía públi-
ca, podrá asimismo disponer la retirada de los contenedores situados en los lugares afectados,
durante la celebración de los mismos .
En ninguno de estos caso procederá indemnización, resarcimiento o reducción de las tasas
establecidas por parte del Ayuntamiento .
18. El titular de la autorización prestará especial atención al cumplimiento de la Ordenan-
za Municipal de Circulación, la Ordenanza Municipal de la Limpieza Pública y Gestión Munici-
pal de Residuos Urbanos y la restante normativa de aplicación, especialmente la de tráfico.
19. El aprovechamiento deberá efectuarse con estricta sujeción a las condiciones impues-
tas por la Administración Municipal y la autorización se podrá dejar sin efecto y sin posibili-
dad de instar el titular indemnización alguna cuando el Ayuntamiento estime necesario retirar la
licencia por razones de tráfico, urbanísticas o de otra índole.
20. La autorización se entenderá otorgada a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
del de terceros, ni de las autorizaciones, concesiones, licencias, informes u otros requisitos que
sean exigibles con arreglo a la legislación vigente.
21. Cualquier accidente, percance, perjuicio personal o material que se pudiera derivar del
incumplimiento de las condiciones previstas en esta ordenanza a las cuales queda supedito el
otorgamiento de la autorización será responsabilidad, a todos los efectos, de la parte solicitante.
22. Serán responsables solidarios de las infracciones a los preceptos de esta ordenanza
las empresas constructoras o contratistas, los promotores y los propietarios de las obras. Serán
también responsables de dichas infracciones las empresas arrendatarias de los contenedores, así
como en su caso los conductores de los vehículos, desde el momento en que se hagan cargo de
la retirada de los mismos .
23. Las infracciones a los preceptos relativos a los contenedores de obras, además de
provocar la incoación del correspondiente expediente sancionador, podrán dar lugar a la reti-
rada del contenedor, la cual se llevará a efecto de forma inmediata por su titular una vez que
se le comunique la detección de la infracción por los Agentes de la Policía Local o el Servicio
Municipal competente. En el supuesto que no se efectúe la retirada inmediata del contenedor, el
Ayuntamiento actuará de forma subsidiaria, cargándole los gastos ocasionados por la retirada y
el depósito a la empresa propietaria de dichos envases, que podrán exigirse por vía de apremio.
TÍTULO VIII
Centros de valorización y eliminación de RCDs
Artículo 21 . Centros autorizados
1. Las empresas o entidades dedicadas a la actividades de valorización y eliminación de
residuos de construcción y demolición estarán sujetas a autorización administrativa y se ajusta-
rán a lo establecido en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados, a la Ley 7/2007, de
9 de julio de Gestión Integrada de Calidad Ambiental y demás normativa de aplicación.
2. En el supuesto de que la persona o entidad gestora que recibe los residuos carezca de
autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admi-
sión de residuos en la instalación que garantice la segregación y posterior entrega a una persona
o entidad gestora de residuos peligrosos autorizada o registrada, con carácter previo al proce-
so de tratamiento, de aquellos que tengan este carácter y puedan llegar mezclados con residuos
no peligrosos de construcción y demolición, en cumplimiento del artículo 7.d) del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero.
3. Si dentro de una instalación fija de valorización o eliminación de residuos se instala-
una planta móvil de valorización o eliminación de residuos, dicha planta móvil deberá estar
incluida en la autorización correspondiente de la instalación fija.
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Artículo 22 . Planta móvil de valorización de RCDs
1. Las plantas móviles de valorización de RCDs se regirán por lo establecido en la legisla-
ción ambiental vigente.
2. Operarán en cada momento adscritas a una obra o actividad, no pudiendo tratar residuos
que procedan de otras obras o lugares distintos a la obra en la que estén actuando, por lo que la
utilización de plantas móviles deberá estar prevista en el correspondiente proyecto de ejecución
de obras .
3. Previamente a su entrada en servicio, el titular de la planta móvil deberá presentar al
órgano competente de la Comunidad Autónoma un plan de trabajo, con el contenido exigido en
la normativa vigente.
Dicho plan de trabajo se presentará como documentación adjunta en la solicitud de la
licencia de obras .
4. Antes de la puesta en marcha de la actividad, para cada nuevo emplazamiento se deberá
presentar al órgano ambiental competente un certificado expedido por el técnico competente en el
que se acredite la adecuación de la actividad a las condiciones expuestas en el plan de trabajo.
5. El tiempo de permanencia de la planta móvil no podrá ser superior al tiempo previsto
para la ejecución de dicha obra, salvo autorización expresa por el órgano ambiental competente.
6. En ningún caso las plantas podrán admitir residuos de otras obras, ni crear una infraes-
tructura de comercialización de residuos ajenos a la obra.
Artículo 23 . Eliminación en vertedero
Solo se podrán depositar en vertedero los rechazos de las operaciones cuyo tratamiento
sea técnica, medioambiental y económicamente inviable, circunstancia que deberá ser justificada
según la legislación ambiental vigente.
Artículo 24 . Catálogo de residuos de Andalucía
Los residuos admitidos en los centros deberán ser catalogados según lo establecido en la
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por las que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Asimismo, tendrán obligatoriamente el
tratamiento ambiental establecido en el Catálogo de Residuos de Andalucía, según se establece
en el Reglamento de Residuos de Andalucía.
Artículo 25. Admisión de residuos
1. En cada vertido o depósito en un centro de valorización/tratamiento, se deberá presentar
obligatoriamente por duplicado y relleno en todos sus extremos el formulario del anexo III.
2. Este albarán irá sellado por cada centro de valorización/tratamiento y firmado por la
persona que realiza cada vertido o deposito. Una copia quedará a disposición del centro y otra
será para el interesado.
3. El titular de la licencia de obras deberá tener en su poder todos los albaranes de las
entregas de residuos realizadas a los distintos centros de valorización/tratamiento, bien directa-
mente o a través de un gestor intermedio.
4. Cada albarán solo admitirá la identificación del residuo con un solo Código LER.
Artículo 26. Certificado expedido por persona o entidad autorizada
1. Una vez finalizada la obra, el titular de la misma presentará al gestor final una solicitud
formalizada, que tendrá como modelo base el anexo I, en la que se hará constar las personas o
entidades intervinientes en la gestión.
2. El gestor del centro de valorización o eliminación autorizado emitirá el certificado
correspondiente según el modelo base referido en el anexo II de la presente ordenanza.
Artículo 27. Residuos mezclados
Cuando los residuos no sean separados en origen, se presenten mezclados y así sea deter-
minado por los códigos LER correspondientes en el certificado que emita el Centro de gestión,
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el Ayuntamiento podrá retener un 20 % de la fianza en concepto de incumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la pro-
ducción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
TÍTULO IX
Infracciones y régimen sancionador
Artículo 28. Concepto de infracción
Se considerará infracción a toda actuación que vulnere las prescripciones contenidas en la
presente ordenanza y estará sometida a las sanciones correspondientes.
Artículo 29. Responsabilidad
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, establece :
Podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones administrativas
recogidas en este capítulo las personas físicas o jurídicas que los cometan, de acuerdo con
lo establecido en esta ley y sin perjuicio, en su caso, de las correspondientes responsabili-
dades civiles, penales y medioambientales.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público, cuando el cumplimiento de lo establecido en esta orde-
nanza corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de
las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obs-
tante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en
función del grado de participación de cada responsable.
La responsabilidad será solidaria, en todo caso, en los siguientes supuestos:
a) Cuando el productor, el poseedor inicial o el gestor de residuos los entregue a persona
física o jurídica distinta de las señaladas en esta ley.
b) Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participa-
ción de cada uno en la realización de la infracción.
c) Cuando los daños causados al medio ambiente se produzcan por acumulación de acti-
vidades debidas a diferentes personas, la administración competente podrá imputar
individualmente esta responsabilidad y sus efectos económicos.
Artículo 30 . Infracciones
Las infracciones se califican en: Muy graves, graves y leves.
InfraccIones muy graves:
La gestión de residuos de construcción y demolición sin las autorizaciones municipales
o incumpliendo los requisitos regulados por la presente ordenanza y normativa de aplica-
ción o en la propia autorización.
Proporcionar al Ayuntamiento o a la Inspección municipal datos o documentos falsos o
impedir o obstaculizar dicha labor inspectora.
Realizar cualquier actuación en la gestión de residuos que suponga un daño ambiental
irreparable o de difícil subsanación, un grave deterioro al entorno o se haya puesto en
peligro grave la salud de las personas.
La ocultación maliciosa y consciente de residuos distintos de los RCDs en los escom-
bros destinados a las plantas de tratamiento y reciclaje, con efectos graves para el medio
ambiente .
InfraccIones graves:
El ejercicio de las actividades de gestión de los escombros con las autorizaciones caduca-
das o suspendidas o sin el plan de gestión aportado a la obra.
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Incumplimiento de las obligaciones impuestas en las autorizaciones, que no suponga un
daño ambiental irreparable o de difícil subsanación o un grave deterioro al entorno.
La actuación en forma contraria a lo establecido en la Ley 22/2011 y en esta ordenan-
za, cuando la actividad no esté sujeta a autorización especifica, siempre que no se haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en
peligro grave la salud de las personas.
No atender a los requerimientos del Ayuntamiento en cuanto al destino indicado para
los RCDs, en aplicación del principio de jerarquía establecido por la Ley 22/2011, de
Residuos .
La utilización, sin permiso expreso de los servicios municipales competentes, de tierras y
RCDs para obras de relleno, equilibrado de taludes y cualquier otra actividad que pudiera
llevarse a cabo en terrenos privados o públicos.
El vertido de los escombros en contenedores destinados a residuos domiciliarios (para
RSU, envases y residuos de envases, papel-cartón, etc.) e instalaciones distintas a las
específicamente destinadas al efecto y debidamente autorizados.
Mantener los escombros por parte de los productores en condiciones tales que produzcan
molestias o supongan alguna clase de riesgo, hasta tanto no se ponga los mismos a dispo-
sición de la administración o entidad encargada de las distintas actividades de gestión.
La cesión de los escombros por parte de los productores de los mismos a los gestores
autorizados en condiciones tales que puedan constituir un peligro para la salud humana y
para el medio ambiente .
La utilización de plantas móviles o de separación in situ para comercialización de resi-
duos o para prestar servicios a varias obras, no contemplados en las correspondientes
autorizaciones .
La ocultación maliciosa y consciente de residuos distintos de los RCDs en los escombros
destinados a las plantas de tratamiento y reciclaje.
La obstrucción de la actividad inspectora o de control de la administración competente.
La comisión de alguna de las infracciones pertenecientes al apartado anterior que por su
escasa cuantía y entidad, no merezcan la calificación de muy graves.
La reiteración de infracciones leves en el periodo de dos años.
La falta de constitución de fianzas o garantías, o de su renovación, cuando sean obli-
gatorias.
InfraccIones leves:
El retraso en el suministro de la documentación que haya que proporcionar a la Adminis-
tración de acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable o por las estipulaciones
contenidas en las autorizaciones.
Incumplimiento por parte del solicitante de la licencia de la entrega al Ayuntamiento del
certificado del gestor autorizado.
Incumplimiento por parte del gestor autorizado de emisión y entrega al solicitante de la
licencia del correspondiente certificado sobre cantidades y tipos de residuos tratados
No informar a la administración competente de las medidas de control correspondientes,
en el caso de que los residuos se destinen a labores de regeneración.
La falta de control por parte del gestor de las actividades de recogida y transporte de los
RCDs .
No facilitar por parte de los productores, gestores y poseedores de los RCDs, a la admi-
nistración competente la información que se les requiera sobre su origen, características,
cantidad y emplazamiento.
La falta, por parte de los gestores correspondientes, de los registros pertinentes en los que
se indique cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, método de trans-
porte, etc., tal como se especifica en el artículo 14 de esta ordenanza.
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Ocupación indebida de las áreas públicas por parte de los contenedores de recogida de
escombros .
El almacenamiento en la vía pública, fuera de los límites de la valla protectora de las
obras de material de construcción, arena, ladrillos, cemento, etc .
No retirar en el plazo establecido los RCDs procedentes de obras en la vía pública, así
como almacenar en la misma RCDs y materiales de construcción sin utilizar contenedo-
res, o sin la correspondiente licencia de ocupación de vía pública.
La obstrucción al acceso de los contenedores por parte de vehículos motorizados.
La falta de separación en origen de los RCDs del resto de residuos de obras y reformas
domiciliarias, y su adecuada contenerización en fracciones.
El deterioro de los pavimentos y restantes elementos estructurales de la ciudad.
La comisión de alguna infracción del apartado anterior que por su escasa cuantía y enti-
dad, no merezcan la categoría de graves.
Cualquier infracción de lo establecido en esta ordenanza o en las estipulaciones conteni-
das en las autorizaciones, cuando no esté estipulada como muy grave o grave.
Artículo 31 . Solidaridad
Los productores de residuos de obras que lo entreguen para su utilización o tratamiento a
un tercero no autorizado serán responsables solidarios con éste de cualquier perjuicio que hubiera
derivarse de ello y responderán solidariamente de las sanciones que pudieran imponerse.
Artículo 32 . Inspecciones
La Policía Local, la Inspección o Servicios Municipales competentes, las autoridades compe-
tentes en materia de control y vigilancia del transporte y los ciudadanos en general, podrán denun-
ciar los actos que se estimen como presuntas infracciones de la presente ordenanza.
Las denuncias originarán el oportuno expediente en averiguación de los hechos, siguiéndose
los tramites preceptivos, con la adopción de medidas cautelares necesarias, hasta la resolución final.
Los propietarios y constructores de obras deberán permitir las inspecciones que se estimen
oportunas .
Artículo 33 . Cuantía
Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal, civil o de
otro orden en que se pueda incurrir, las infracciones a la normativa y obligaciones contempla-
das en la presente ordenanza serán sancionadas de acuerdo a lo establecido por la Ley 22/2011
de Residuos:
Infracciones leves: Multa de hasta 900,00 euros.
Infracciones graves: Multa desde 901 euros hasta 45.000,00 euros.
Infracciones muy graves: Multa desde 45.001,00 euros hasta 1.750.000,00 euros.
Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido con la comisión de la
infracción, la sanción será aumentada hasta el importe en que se haya beneficiado el infractor.
En caso de reincidencia en un periodo de dos años, la multa correspondiente se impondrá en
su cuantía máxima.
Cuando un solo hecho pudiera ser sancionado por más de una infracción de las previstas en
esta ordenanza, se impondrá la multa que corresponda a la mayor gravedad en la mitad superior de
su cuantía o en su cuantía máxima si es reincidente.
Articulo 34 . Graduación
Para la graduación de las sanciones previstas se considerarán los siguientes criterios:
El daño o riesgo ocasionado a personas o bienes.
La repercusión de la contaminación realizada.
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Reversibilidad del daño ocasionado.
El beneficio obtenido o ánimo de lucro.
Capacidad económica del infractor.
El grado de intencionalidad o culpabilidad.
Grado de participación.
Concurrencia o no de varias infracciones o que unas hayan servido para encubrir
otras posibles .
La no adopción de precauciones o controles para evitar la infracción.
Coste de la restitución.
La adopción de medidas correctoras por parte del infractor con anterioridad a la incoación
del expediente sancionador .
Reparación espontánea por parte del infractor del daño causado.
La cantidad y características de los residuos implicados.
La concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes de la responsabilidad admi-
nistrativa.
La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la
misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
Artículo 35. Prescripción
El régimen de prescripciones de las infracciones y sanciones administrativas será el regulado
por la normativa vigente en el momento de la aplicación.
Artículo 36. Expediente sancionador
Las sanciones por infracciones previstas en esta ordenanza no se pueden imponer sino en
virtud de la incoación del correspondiente expediente sancionador que se tramitará de acuerdo con
lo que se prevé en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y restante normativa de aplicación.
Artículo 37. Denuncia ante la jurisdicción
Si la actuación realizada por el infractor supone un riesgo potencial para la salud de las per-
sonas, para el medio ambiente, o para cualquiera de los bienes jurídicos amparados por la legis-
lación penal o implica una manifiesta desobediencia de la autoridad local, se cursará la corres-
pondiente denuncia ante la jurisdicción ordinaria correspondiente y, si procede, se dará cuenta al
Ministerio Fiscal .
Artículo 38. Medidas cautelares, correctivas o restauradoras
En el caso de vulneración de las disposiciones de la presente ordenanza y con independencia
de la imposición de las multas correspondientes, el Ayuntamiento, con la finalidad de restaurar los
espacios dañados con motivo de las infracciones cometidas, podrá adoptar las medidas siguientes:
Suspender cautelarmente los trabajos de reciclado que contradigan las disposiciones de
esta ordenanza o sean indebidamente realizadas.
Requerir al infractor para que en el plazo otorgado, introduzca las rectificaciones necesa-
rias al objeto de ajustarlas a las condiciones del permiso o las prescripciones de esta orde-
nanza, y, en su caso, proceder a la restauración de los espacios degradados.
Ordenar la ampliación de las medidas técnicas adecuadas que garanticen el cumplimiento
de las prescripciones de esta ordenanza.
Inmediata suspensión de obras y actividades.
Revocación de autorizaciones.
Ordenar la reposición de los daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones o
cualquier otro bien del dominio público que resulte afectado y proceder a la ejecución
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subsidiaria, con cargo al causante del daño, cuando no atendiese el correspondiente
requerimiento, incluida la satisfacción de indemnización por daños y perjuicios.
Adopción de las medidas correctoras o preventivas que sean necesarias para evitar que se
produzcan o que se sigan produciendo daños ambientales, con cargo al infractor.
Ejecución de fianzas.
Revocación de distintivos ambientales, premios, bonificaciones o subvenciones.
Imposibilidad de obtener durante un año préstamos, subvenciones o ayudas publicas en
materia de medio ambiente .
Comunicación o traslado de la infracción a otras administraciones, que puedan ser com-
petentes en todo o en algún extremo de la infracción.
En todo caso, para la adopción de medidas provisionales se tendrán en cuenta los límites y
requisitos establecidos en las normativa vigente para el ejercicio de la potestad sancionadora y la
normativa de disciplina y responsabilidad ambiental de aplicación.
Artículo 39. Régimen supletorio
En todo lo que no esté previsto en esta ordenanza será de aplicación la Ley 22/2011, de 28
de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, así como la restante normativa que resulte de aplica-
ción .
Artículo 40 . Analogía
Las normas de la presente ordenanza se aplicarán, por analogía, a los supuestos que no estén
expresamente regulados y que, por su naturaleza, estén comprendidos en su ámbito de aplicación.
Disposición transitoria
Única: Los titulares de obras productoras de RCDs iniciadas antes de la entrada en vigor de
esta ordenanza, deberán constituir las fianzas correspondientes y podrán ser requeridos en cual-
quier momento para que así lo acrediten.
Disposición derogatoria
Única: A la entrada en vigor de la presente ordenanza, quedarán derogadas cuantas disposi-
ciones del mismo o inferior rango se opongan o contradigan a lo establecido en la misma.
Disposiciones finales
Primera: En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en la legis-
lación autonómica, estatal y comunitaria vigente en cada momento.
Segunda: Cuando existan regulaciones específicas de superior rango, las prescripciones de
esta ordenanza se aplicarán sin perjuicio de aquellas normas y como complemento de las mismas.
Tercera: La promulgación de futuras normas con rango superior al de esta ordenanza, que
afecten a las materias reguladas en la misma, determinará la aplicación automática de aquellas y la
posterior adaptación de la ordenanza en lo que fuera necesario.
Cuarta: Se faculta a la alcaldía para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la apli-
cación y desarrollo de la presente ordenanza, así como para resolver las dudas o lagunas que pudie-
ra ofrecer su cumplimiento .
Quinta: La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado el texto íntegro en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Málaga y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con el artículo
70.2 de dicho texto, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ANEXO I
Solicitud de certificado de valorización, tratamiento o eliminación de residuos
de construcción y demolición
Por el presente documento se solicita certificado de valorización, tratamiento o elimi-
nación de los residuos de construcción y demolición de los vertidos realizados en el centro
de la entidad gestora ……………………………………con número de autorización ………
Fecha de inicio: ……………………………………
Fecha de finalización: ……………………………
DATOS DE LA OBRA
N.º LICENCIA: MUNICIPIO:
LOCALIZACIÓN:
DATOS DEL PRODUCTOR
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CIF: DIRECCIÓN:
CP: MUNICIPIO: PROVINCIA:
DATOS DEL POSEEDOR
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CIF: DIRECCIÓN:
CP: MUNICIPIO: PROVINCIA:
DATOS DEL GESTOR INTERMEDIO (*)
2
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CIF: DIRECCIÓN:
CP: MUNICIPIO: PROVINCIA:
Fecha y firma del solicitante
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ANEXO II
Certificado acreditativo de la operación de valorización de residuos de la construcción
y demolición recepcionados (*)1
(Número XX/201X)
DATOS DE LA OBRA
N.º LICENCIA: MUNICIPIO:
LOCALIZACIÓN:
RESIDUOS RECEPCIONADOS
FECHA INICIO: XXXXX FECHA FINALIZACIÓN: XXXXXX
DENOMINACIÓN CÓDIGO LER CANTIDAD
RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 17 09 04 XXXXX TN.
HORMIGÓN 17 01 01 XXXXXX TN.
TIERRAS Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL . 17 05 04 XXXXXX TN.
TOTAL RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN XXXXXX TN.
DATOS DEL PRODUCTOR
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CIF: DIRECCIÓN:
CP: MUNICIPIO: PROVINCIA:
DATOS DEL POSEEDOR
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CIF: DIRECCIÓN:
CP: MUNICIPIO: PROVINCIA:
DATOS DEL GESTOR INTERMEDIO (*)2
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CIF: DIRECCIÓN:
CP: MUNICIPIO: PROVINCIA:
DATOS DE LA INSTALACIÓN DE VALORIZACIÓN (R5) (*)3
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: N.º GRU:
CIF: DIRECCIÓN:
CP: MUNICIPIO: PROVINCIA:
(*)1 ARTÍCULO 7.C. R.D. 105/2008.
(*)2 ARTÍCULO 5.3. R.D. 105/2008.
(*)3. SEGÚN ORDEN MAM/304/2002.
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ANEXO III
Albarán de admisión de residuos de construcción y demolición a centros
de valorización/tratamiento autorizado
LICENCIA DE OBRAS N.º
TITULAR LICENCIA
EMPRESA TRANSPORTISTA
CENTRO AUTORIZADO
DE VALORIZACIÓN/TRATAMIENTO
FECHA Y HORA VERTIDO
MATRICULA VEHÍCULO
UBICACIÓN OBRA ORIGEN RESIDUO
CÓDIGO LER TONELADAS
FIRMA Y DNI TRANSPORTISTA SELLO/FIRMA EMPRESA
VALORIZACIÓN/TRATAMIENTO
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ANEXO IV
Modelo de aval
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF,
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código
postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficien-
tes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte
inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en
virtud de lo dispuesto por: el artículo 17 de la Ordenanza Municipal del excelentísimo Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga Reguladora de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs)
para responder de las obligaciones siguientes: responder de la correcta gestión de los residuos
de construcción y/o demolición de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos incluido en
el proyecto técnico denominado …………………………………………………………………,
ante el excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga, por importe de: (en letra y en cifra).
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en
el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del excelentísimo
Ayuntamiento de Vélez-Málaga, con sujeción a los términos previstos en la legislación de con-
tratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa regulado-
ra de la Caja General de Depósitos.
El presente aval será de duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el excelen-
tísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga resuelva expresamente declarar la extinción de la obliga-
ción garantizada y la cancelación del aval.
(Lugar y fecha)
(Razón social de la entidad)
(firma de los apoderados)
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL
ESTADO
Provincia Fecha Número o código
Nota: Las entidades avalistas habrán de acreditar mediante declaración responsable los
siguientes requisitos:
a) No encontrarse en situación de mora frente al excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-
Málaga como consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores
avales. A este efecto, el excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga podrá rehusar la admi-
sión de avales provenientes de bancos o entidades que mantuvieren impagados los importes de
avales ya ejecutados treinta días naturales después de haberse recibido en la entidad el primer
requerimiento de pago.
b) No hallarse en situación de suspensión de pagos o quiebra.
c) No encontrarse suspendida o extinguida la autorización administrativa para el ejercicio
de su actividad.
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ANEXO V
Modelo de certificado de seguro de caución
Certificado número …………………………… (en adelante, asegurador), con domicilio
en, calle, y NIF, debidamente representado por don ……………………………………………
……………………………………, con poderes suficientes para obligarle en este acto, según
resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,
ASEGURA A …………………………………………………, NIF, en concep-
to de tomador del seguro, ante el excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga , en
adelante asegurado, hasta el importe de (en letras y en cifras), en concepto de garan-
tía de la correcta gestión de los residuos de construcción y/o demolición de acuer-
do con el Estudio de Gestión de Residuos incluido en el proyecto técnico denominado
………………………………………………………, en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga Reguladora de los Residuos de
Construcción y Demolición (RCDs) y demás normativa de aplicación, para responder de las
obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.
El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegura-
dor a resolver el contrato, ni este quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida
ni este liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado (esto es, el excelentísimo
Ayuntamiento de Vélez-Málaga), a su primero requerimiento, en los términos establecidos en la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y normas de desarrollo.
El presente seguro caución será de duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que
el excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga resuelva expresamente declarar la extinción de
la obligación garantizada y la cancelación del seguro caución.
Lugar y fecha.
Firma:
Asegurador
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL
ESTADO
Provincia Fecha Número o código
Nota: La entidad aseguradora debe estar autorizada para operar en España en el ramo del
seguro de caución y que dicha entidad cumpla los siguientes requisitos:
a) No encontrarse en situación de mora frente al excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-
Málaga como consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores
avales. A este efecto, el excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga podrá rehusar la admi-
sión de contratos de seguro de caución celebrados con entidades que mantuvieren impagados los
importes correspondientes a contratos de seguro ya ejecutados treinta días naturales después de
haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de pago.
b) No hallarse en situación de suspensión de pagos o quiebra.
c) No encontrarse suspendida o extinguida la autorización administrativa para el ejercicio
de su actividad”.
Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA). Avenida de los Guindos, 48, 29004 MÁLAGA
Teléfonos: 952 069 279 - 283 / Fax: 952 603 844 www.bopmalaga.es www.cedma.es
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En Vélez-Málaga, a 21 de junio de 2017
El Alcalde, firmado: Antonio Moreno Ferrer.
5641/2017
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