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Edicto 1322/2019

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Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
Número 56 Viernes, 22 de marzo de 2019 Página 96
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
NÚM . 3 DE MÁLAGA
Procedimiento: Familia. Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 238/2016.
Negociado: MT.
Sobre derecho de familia: Otras cuestiones.
De doña Natividad Romero Infantes.
Procuradora: Doña Ana José Anaya Berrocal.
Letrada: Doña Sara Serrano Pastor.
Contra don Julio José Oliveira Loureiro.
Edicto
En el presente procedimiento Familia. Guarda/custod/alim.menor no matr. no consens.
238/2016, seguido a instancia de doña Natividad Romero Infantes frente a don Julio José Olivei-
ra Loureiro, se ha dictado sentencia cuyo tenor literal es el siguiente:
Juzgado de Violencia sobre la Mujer número tres de Málaga.
Autos. Guarda, custodia y alimentos contenciosa número 238/16.
Sentencia número 73/17.
En Málaga, a 9 de octubre de 2017.
Doña M.ª Concepción Montoya González, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer
número tres de Málaga, ha visto los presentes autos de juicio verbal número 238/16, sobre guar-
da, custodia y alimentos, promovido por doña Natividad Romero Infantes, representada por la
procuradora doña Ana José Anaya Berrocal y asistida por la letrada doña Sara Serrano Pastor,
frente a don Julio José Oliveira Loureiro, declarado en rebeldía; y con intervención del Ministe-
rio Fiscal; y ha dictado la presente resolución en base a los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero. Por la procuradora doña Ana José Anaya Berrocal, en nombre y representación
de doña Navidad Romero Infantes, se interpuso demanda de juicio sobre guarda, custodia y ali-
mentos de sus hijos menores de edad. En ella tras alegar los hechos e invocar los fundamentos
de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando se dicte sentencia en la que se recojan
las medidas solicitadas en interés de los menores.
Segundo. Admitida a trámite la demanda por decreto de fecha 10 de enero de 2017 se
acordó emplazar a la parte demandada y al Ministerio Fiscal por término de veinte días para que
compareciera en autos y contestara a la demanda. Dentro de plazo se contestó la demanda por
el Ministerio Fiscal y después de alegar los hechos e invocar los fundamentos de derecho que
estimó de aplicación, terminó suplicando se dicte sentencia de conformidad con la prueba que se
practique. El demandado fue declarado en rebeldía.
Tercero. Mediante diligencia de fecha 31 de julio de 2017 se convocó a las partes para
juicio oral. En el acto del juicio la parte actora se afirmó y ratificó en su demanda, y solicitó el
recibimiento del pleito a prueba. La parte demandada no compareció. Una vez practicadas las
pruebas admitidas y declaradas pertinentes, quedaron los autos conclusos para sentencia.
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Cuarto. En la sustanciación de este juicio se han observado las prescripciones legales de
procedimiento y demás aplicables al caso de autos.
Fundamentos de derecho
Primero. Por la procuradora doña Ana José Anaya Berrocal se presentó demanda de juicio
sobre guarda, custodia y alimentos de los hijos menores de ambas partes en la que alegaba que la
actora había mantenido una relación de hecho con el actor durante varios años, unión de la que
nacieron tres hijas, aunque han surgido posteriormente desavenencias que han desembocado en
la ruptura de la pareja ante lo que solicita que se adopten una seria de medidas para la protección
de los menores.
Segundo. En este caso estamos en presencia de unos hijos nacidos de una relación extra-
matrimonial y aunque el Código Civil omite toda referencia a ellas, el artículo 39 CE parece
venir a reconocerlas, aunque sea de forma implícita, cuando al referirse a la “familia”, sin adjeti-
vos, se refiere tanto a la familia fundada en el matrimonio, como a la extramatrimonial, debiendo
apreciarse así no solo por aplicación del clásico principio “ubi lex non distinguit nec nos distin-
guere debemus”, sino también porque el párrafo 2.º de dicho artículo establece “la protección
integral de los hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su filiación...” dando igual
tratamiento, por tanto, a los matrimoniales como a los extramatrimoniales.
Pues bien, de tales uniones de hecho, cuando se extinguen, como en este caso, a pesar de que
el ordenamiento jurídico español las ignora, surgen previsiones normativas que tienen como desti-
natarios a los hijos, ya que estos son iguales ante la ley con independencia de su filiación (artículo
39.2 CE), como ya se ha dicho, y, habidos dentro o fuera del matrimonio, los padres deben pres-
tarles asistencia de todo orden (artículo 39.3 CE), precisamente, entre otros motivos, como dice la
STC 15-11-90, “porque su filiación y su condición de habidos dentro o fuera del matrimonio es el
resultado de decisiones ajenas a los mismos”, y en esa asistencia, dentro de la patria potestad como
función, es decir, como derecho-deber está el velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentar-
los, educarlos y procurarles una formación integral, según el artículo 154.1 CC, deberes y faculta-
des que se engloban dentro del concepto de relaciones paternofiliales, aspectos esenciales de las
cuales son la guarda y custodia del hijo menor de edad, régimen de visitas y comunicaciones para
la progenitor no custodio, la pensión alimenticia a satisfacer por el padre y las cargas de la pareja
de hecho, temas a tratar en el presente procedimiento, en el que a la hora de decidir cual ha de ser
alcance de dicho régimen hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y faculta-
des configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, fina-
lidad que es común para el conjunto de las relaciones paternofiliales, y este criterio proteccionista
se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y edu-
cación de los hijos cuando sus padres, casados o no entre sí, se separan, pues como ya dijo la STS
9-3-89, “es una exigencia de las orientaciones legislativas y doctrinales modernas, muy en armonía
con la tradición ética y jurídica de la familia española, la que obliga a atemperar el contenido de
la patria potestad en interés de los hijos y de la sociedad”, pronunciándose en el mismo sentido la
STS 5-10-87, y como más recientes las de 11 de octubre de 1991 y 12 de febrero de 1992, que, en
definitiva, vienen a sentar la doctrina de que informada toda la normativa legal reguladora de las
medidas relativas a los hijos en los casos de separación de sus padres en el criterio fundamental del
relevante “favor filii” (artículos 92, 103, 154 y 159 CC) los acuerdos sobre su cuidado y educación
y demás cuestiones que les afecten habrán de ser tomados “siempre en beneficio de los hijos”,
como taxativamente expresa el último de los citados preceptos legales.
Tercero. Respecto a lo pretendido en la demanda, debemos comenzar señalando que la
incomparecencia del demandado y su situación de rebeldía impide conocer su postura sobre
lo solicitado en la demanda. Ahora bien, de la documental aportada se desprende que procede
adoptar las medidas solicitadas por la parte actora al ser las más adecuada para la protección de
los menores, y en atención al “favor filii”.
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Cuarto. No procede especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas dada la
específica naturaleza del procedimiento.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación
Fallo: Que, estimando íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora doña Ana
José Anaya Berrocal, en nombre y representación de doña Natividad Romero Infantes, frente a
don Julio José Oliveira Loureiro, debo acordar y acuerdo las siguientes medidas:
1. La atribución de la guarda y custodia de las hijas menores a doña Natividad Romero
Infantes, pero ejerciéndose conjuntamente por ambos progenitores la patria potestad. Este ejerci-
cio conjunto supone que las decisiones importantes relativas a las menores serán adoptadas por
ambos progenitores de mutuo acuerdo y en caso de discrepancia resolverá el Juzgado conforme
al trámite previsto en el artículo 156 del Código Civil. A título indicativo son decisiones inclui-
das en el ámbito de la patria potestad las relativas a las siguientes cuestiones:
a) Cambio de domicilio del menor fuera del municipio de residencia habitual y traslado al
extranjero, salvo viajes vacacionales.
b) Elección inicial o cambio de centro escolar.
c) Determinación de las actividades extraescolares o complementarias.
d) Celebraciones sociales y religiosas de relevancia (bautismo, primera comunión y simi-
lares en otras religiones).
e) Actos médicos no urgentes que supongan intervención quirúrgica o tratamiento médico
de larga duración o psicológicos.
Se reconoce al progenitor no custodio el derecho a obtener información sobre la marcha
escolar de las menores y a participar en las actividades tutoriales del centro. Igualmente podrá
recabar información médica sobre los tratamientos de sus hijas.
2. En concepto de alimentos en favor de las hijas comunes, don Julio José Oliveira Lou-
reiro abonará por meses anticipados dentro de los cinco primeros días de cada mes, la cantidad
mensual de trescientos euros (300 euros) que será ingresada en la cuenta bancaria que la actora
designe al efecto, siendo actualizada esta suma con arreglo al Índice de Precios al Consumo que
anualmente fija el Instituto Nacional de Estadística u organismo que pudiera sustituirle en el
futuro.
Cada progenitor abonará el 50% de los gastos extraordinarios de las menores (médicos y/o
farmacéuticos no cubiertos por la Seguridad Social y extraescolares), previa acreditación docu-
mental y acuerdo entre los progenitores, o en su caso, autorización judicial.
3. Como régimen de visitas para don Julio José Oliveira Loureiro se establece el siguiente,
siempre en defecto de acuerdo entre los progenitores: Sábados alternos de 12:00 a 18:00 horas,
siempre en presencia de un familiar, que deberá recoger y reintegrar a las menores en el domici-
lio materno.
Todo ello sin expresa declaración en cuanto a las costas causadas.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el plazo de veinte días a
contar desde el siguiente a su notificación y para su resolución por la ilustrísima Audiencia Pro-
vincial de Málaga.
Inclúyase la presente en el libro de sentencias dejando testimonio en los autos de su razón.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo. E/.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Jueza que la suscribe estan-
do celebrando audiencia pública el día de la fecha de lo que yo, el Secretario Judicial, doy fe.
Y encontrándose dicho demandado, don Julio José Oliveira Loureiro, en paradero desco-
nocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Málaga, a 29 de octubre de 2018.
La Letrada de la Administración de Justicia, Estefanía Rubio Gómez.
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