BOPMA Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Edicto 7601/2020

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Esc
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
Número 232 Jueves, 3 de diciembre de 2020 Página 126
ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
INTERVENCIÓN
Edicto
Por acuerdo de Pleno ordinario, de 22 de septiembre de 2020, en el punto 2.1.3 de su
orden del día, se procedió a aprobar la “Aprobación inicial del Reglamento de Control Interno
en la Diputación Provincial de Málaga, Organismo Autónomo y Entidad Mercantil dependien-
te”. Sometido el expediente a información pública, con anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, número 190, página 26, de 2 de octubre de 2020, número de edicto 5741/2020, y en el
tablón de edictos, sin que se hayan presentado alegaciones, sugerencias o reclamaciones, dicho
reglamento se considera aprobado definitivamente conforme al artículo 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. El texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
“REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA,
ORGANISMO AUTÓNOMO Y ENTIDAD MERCANTIL DEPENDIENTE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al igual que el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el RD 2/2004,
de 5 de marzo, han constituido el marco general para el ejercicio del control interno en su doble
vertiente de función interventora y control financiero. Este último texto normativo fue objeto de
modificación en sus artículos 213 y 218 por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionali-
zación y Sostenibilidad de la Administración Local, que vino a decir que el sistema de control
interno se caracteriza porque el mismo se ejerce con total y plena independencia, se realiza por
medio de las modalidades de función interventora, función de control financiero y función de
control de eficacia. Además, el párrafo segundo del artículo 213 encomienda al Gobierno la ela-
boración de un reglamento para regular a nivel general los procedimientos y metodología de
aplicación, con el fin, entre otros objetivos, de lograr un sistema de control económico-financie-
ro más riguroso y eficaz así como reforzar el papel de la función interventora en las entidades
locales.
Fruto de este mandato, a través de la IGAE se propuso la aprobación del RD 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades
del Sector Público Local que viene a dar cumplimiento de lo previsto en el TRLHL pero que no
excluye la posibilidad de un mayor desarrollo, adecuado a las peculiaridades de cada administra-
ción, como consecuencia del principio de autoorganización local, contemplado en el artículo 4
de la Ley 7/1985, de 23 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
La aprobación del RD 424/2017, de 28 de abril, supone el establecimiento de nuevos
ámbitos subjetivos y objetivos que hasta la fecha no se encontraban regulados y define la fun-
ción interventora en su doble acepción de fiscalización e intervención previa en todas aquellas
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actuaciones que supongan ejecución presupuestaria. En el ámbito del control financiero se pro-
cede a la definición de las distintas modalidades, como complementaria a la función interventora
y se procede a determinar cuál es el ámbito subjetivo de aplicación, al alcance, las formas de
ejercicio de dicho control, así como el sometimiento a un Plan Anual de Control Financiero que
asegure una planificación eficaz del control en la Administración Local.
Otra novedad importante introducida a través de este reglamento es la regulación de los
supuestos, las formas de actuar así como las medidas a tomar, en caso de la que se haya omitido
la función Interventora previa.
De esta manera, la función interventora y el control financiero tratarán de cumplir un doble
objetivo, por una parte y, el cumplimiento de la legalidad en los actos de contenido económico-
financiero y por otra, la más novedosa, de asesoramiento, tratando de formular recomendacio-
nes para mejorar la gestión al objeto de corregir las actuaciones que lo requieran en sus aspec-
tos económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo, procedimental y
sobre los sistemas informáticos de gestión. Para ello, el control de legalidad se llevará a efecto
a través de la función interventora y el control financiero, mientras que el asesoramiento y las
posibles recomendaciones para mejorar la gestión, podrán deducirse de la función de eficacia
complementando a la función de control financiero.
Ahora bien, con independencia de la existencia del actual RD 424/2017, de 28 de abril, se
sigue dejando la posibilidad de distintas interpretaciones en determinados aspectos, lo que hace
necesario la elaboración de un Reglamento de Control Interno para la Diputación de Málaga y
sus entes dependientes, utilizando para ello las distintas recomendaciones, resoluciones y regla-
mentación que existen en materia de control en la Administración del Estado debido a que esta
se encuentra más habituada a este tipo de control posterior.
El presente reglamento, consta de tres títulos donde se diferencia, junto a las disposiciones
generales del título I, las modalidades de control que emanan del Real Decreto 424/2017, de 28
de abril, la función interventora, desarrollada en el título II, y el control financiero determinada
en el título III.
A lo largo del articulado del título II se regula de manera pormenorizada la tramitación de
los reparos, los reconocimientos extrajudiciales de créditos y se contempla la novedosa figura de
la omisión de fiscalización.
En relación al control financiero, regulado en el título III, se divide en cuatro capítulos,
donde se regula y define el control financiero permanente y auditoría y, se regula de manera
diferenciada, el Control Financiero de Subvenciones. A través de esta regulación el ejercicio de
control financiero se constituye como una herramienta esencial no solo para el órgano de control
detectando las deficiencias e irregularidades desde un punto de vista global de la organización,
sino que se constituye como una herramienta importante para que los gestores adopten las medi-
das necesarias en aras de una mejor gestión económico-financiera. Los resultados del Plan Anual
de Control Financiero, encarga al Presidente la necesidad de la adopción de medidas encamina-
das a lograr estos objetivos.
En relación con las auditorias, en la modalidad de cumplimiento y operativas, recae-
sobre las entidades donde no se aplica la función interventora, por otro lado, la auditoría de
cuentas dependerá del ámbito subjetivo sobre el que haya de realizarla, y no tanto del objeto.
En definitiva, la importante regulación del RD 424/2017, de 28 de abril, que supone un
cambio en el modelo de control, hace necesario la aprobación del presente reglamento por parte
de la Diputación, cuyo objetivo es permitir regular las forma de ejercerlo, adaptándolo a las
características de esta organización, dotándola de mayor agilidad y transparencia en el ejercicio
del control. En base a todo lo expuesto, se elabora el siguiente reglamento, que supone la adap-
tación a la normativa actual, respondiendo a las necesidades de control vigentes y de auto orga-
nización de la Diputación Provincial de Málaga.
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TÍTULO I
Disposiciones comunes
Artículo 1. Objeto
El presente reglamento tiene por objeto la regulación de las funciones de control interno
de la Diputación Provincial de Málaga y su sector público y su adaptación a lo previsto en el
RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno de las
Entidades del Sector Público Local.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El control interno de la actividad económico-financiera de la Diputación Provincial
de Málaga y su sector público se realizará, con el alcance que posteriormente se indica, sobre
el conjunto de su actividad económico-financiera en los términos recogidos en el Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y el RD 424/2017, de 28 de abril, que regula
el régimen jurídico del control interno, resultando de aplicación, con carácter supletorio la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y normas que la desarrollen en cuanto
sean de aplicación al ámbito local.
2. A los efectos del control interno y de conformidad con lo señalado en el artículo 2 del
RD 424/2017, de 28 de abril, forman parte del sector público local:
a) La propia entidad local (Diputación Provincial de Málaga).
b) Sus organismos autónomos locales.
c) Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga, (Patronato de
Recaudación Provincial).
d) Las entidades públicas empresariales locales.
e) Las sociedades mercantiles dependientes de las entidades locales.
f) Turismo y Planificación Málaga-Costa del Sol, Sociedad Limitada.
g) Las fundaciones de sector público dependientes de la entidad local.
Fundación MADECA.
Fundación, Agregación de fundaciones Benéfico Particulares Provincia de Málaga.
h) Los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente
desde los presupuestos generales de la entidad local.
i) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia adscritos a la entidad local
de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Consorcio Provincial para la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento de la provincia de Málaga.
Consorcio Montes – Alta Axarquía.
Consorcio Parque Maquinaria Zona Nororiental de Málaga.
Consorcio Provincial para el Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones de
Agua, Saneamiento y Depuración en los municipios de la provincia de Málaga.
Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga.
Consorcio Parque Maquinaria Caminos Rurales de la Axarquía.
j) Las entidades con o sin personalidad jurídica distintas a las mencionadas en los aparta-
dos anteriores con participación total o mayoritaria de la entidad local.
Artículo 3. Formas de ejercicio
1. El control interno de la actividad económico-financiera del sector público provincial se
ejercerá por el órgano interventor (en adelante OI) mediante el ejercicio de la función interven-
tora y el control financiero.
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2. La función interventora tiene por objeto controlar los actos que den lugar al reconoci-
miento de derechos o a la realización de gastos así como los ingresos y pagos que de ellos se
deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, todo ello con el fin de
asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. Por tanto, la función
interventora se realizará sobre aquellos actos que tengan repercusión directa e inmediata en algu-
na de las fases de ejecución presupuestaria o que supongan movimientos de fondos públicos.
3. El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del
sector público provincial en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento
de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios
de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra
orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los prin-
cipios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos
provinciales.
4. El control financiero, que incluirá el control de eficacia referido en el artículo 213 del
TRLRHL, comprende las siguientes modalidades, que se desarrollarán conforme se determine
en este reglamento:
a. Control permanente:
Control previo establecido por una disposición de ley.
Control posterior sobre actos en régimen de fiscalización limitada previa.
b. Auditoría pública.
Auditoría de cuentas.
Auditoria de cumplimiento.
Auditoria operativa.
5. El OI ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones
y ayudas concedidas por los sujetos que integran el sector público provincial y que se encuen-
tren financiadas con cargo a sus presupuestos generales, de acuerdo a lo establecido en la Ley
General de Subvenciones y en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvencio-
nes a otorgar por la Diputación Provincial de Málaga.
6. La función interventora en los consorcios dependientes de la Diputación Provincial se
llevará a cabo, con el alcance antes indicado, en los términos establecidos en sus normas funda-
cionales o estatutos y por el personal en ellos indicado.
De acuerdo con el esquema anterior, atendiendo a la composición del grupo provincial, y a
las modalidades expuestas de control, las distintas modalidades de control sobre el sector públi-
co provincial se ejercen de la siguiente manera:
FUNCIÓN
INTERVENTORA
CONTROL FINANCIERO
CONTROL
PERMANENTE
AUDITORíA PÚBLICA
AUDITORíA
DE CUENTAS
AUDITORíA
CUMPLIMIENTO
AUDITORíA
OPERATIVA
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL X X
PATRONATO
RECAUDACIÓN X X X
TURISMO Y
PLANIFICACIÓN, SL X X
CONSORCIO DE
BOMBEROS X X X
CONSORCIO MONTES –
ALTA AXARQUÍA X X X
CONSORCIO PARQUE
MAQUINARIA X X X
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FUNCIÓN
INTERVENTORA
CONTROL FINANCIERO
CONTROL
PERMANENTE
AUDITORíA PÚBLICA
AUDITORíA
DE CUENTAS
AUDITORíA
CUMPLIMIENTO
AUDITORíA
OPERATIVA
CONSORCIO AGUAS X X X
CONSORCIO RSU X X X
CONSORCIO CAMINOS
RURALES AXARQUÍA X X X
FUNDACIÓN MADECA * * X X
F. AGREG. F. BENÉFICO
PARTICULARES * * X X
*En función de su normativa específica y el plan anual de auditorías (artículo 29.3.A) del
Real Decreto 424/2017).
Artículo 4. Principios del ejercicio del control interno
1. El OI, en el ejercicio de sus funciones de control interno, estará sometido a los princi-
pios de autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio, a cuyos
efectos se le habilitarán los medios necesarios y suficientes de acuerdo con las disponibilidades
de la Diputación Provincial o entidades correspondientes.
2. El procedimiento contradictorio implica que la opinión del órgano de control debe ser
contrastada con la opinión del órgano gestor, garantizando que el órgano competente que debe
de adoptar la decisión tenga conocimiento de ambas.
3. El control interno se ejercerá con plena autonomía respecto de las autoridades y entes
cuya gestión sea objeto de control. A estos efectos los funcionarios que realicen el mismo ten-
drán independencia funcional respecto de los titulares de las entidades cuya gestión controlen y
ajustarán sus actuaciones a la normativa legal de aplicación, al presente reglamento y a las ins-
trucciones impartidas al efecto por la Intervención General o responsable del control interno de
cada entidad.
4. El OI dará cuenta a los órganos de gestión controlados de los resultados más relevantes
de las comprobaciones efectuadas y recomendará las actuaciones que resulten aconsejables. De
igual modo, el OI dará cuenta al Pleno de esta Diputación Provincial correspondiente a través de
la Presidencia y con ocasión de la aprobación de la cuenta general de los resultados que, por su
especial trascendencia, considere adecuados elevar al mismo y le informará sobre la situación
de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto con ocasión del control efectuado con
expresa mención del grado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas y en particular
de la negativa o resistencia a la adopción de las mismas, todo ello en los términos previstos en
este reglamento.
Artículo 5. Deberes del personal controlador
1. Los funcionarios/as que ejerzan la función interventora o realicen el control financiero, ya
sea en la Diputación Provincial o en cualquiera de sus entes dependientes, deberán guardar el debi-
do sigilo con relación a los asuntos que conozcan por el desempeño de sus funciones. Los datos,
informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno sólo podrán utilizarse para los
fines asignados al mismo y, en su caso, para formular la correspondiente denuncia de hechos que
puedan ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o penal.
2. Cuando en la práctica de un control, el Interventor/a o el personal de la Intervención
aprecie que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una
infracción administrativa, o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales, lo
pondrá en conocimiento del órgano competente, conforme a lo determinado por el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril.
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3. Cuando dichas posibles infracciones sean detectadas por el personal que desarrolle sus
funciones en la Intervención u órgano de control de cada entidad lo pondrán previamente en
conocimiento del titular de la Intervención o responsable del órgano de control de la entidad,
quien hará el traslado a que se refiere el párrafo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que
corresponden a todo empleado público.
4. El OI deberá facilitar el acceso a sus informes de control en aquellos casos en los que
legalmente proceda. En defecto de previsión legal, la solicitud de los mismos deberá dirigirse
a la Presidencia que resolverá sobre la petición formulada en el plazo de cinco días hábiles, sin
perjuicio de la posible delegación de esta facultad.
Artículo 6. Facultades del personal controlador
1. El titular de la Intervención organizará y dirigirá los servicios destinados al control
interno proponiendo el personal que estime más conveniente para llevar a efecto los trabajos
encomendados por este reglamento y por el RD 424/2017, de 28 de abril.
2. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como los jefes, directores o
gerentes de las entidades integrantes del sector público provincial y, en general, el personal que
desempeñe su trabajo en las mismos deberán prestar la debida colaboración y apoyo a los fun-
cionarios encargados de la realización del control.
3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar, pre-
vio requerimiento del OI, toda clase de datos, informes o antecedentes deducidos directamente
de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas con trascendencia
para las actuaciones de control que desarrolle.
4. Cuando la naturaleza del acto así lo requiera, el OI, en el ejercicio de sus funciones de
control interno, podrá recabar directamente de los distintos servicios los asesoramientos jurídi-
cos y los informes técnicos que considere necesarios, así como los antecedentes y documentos
precisos para el ejercicio de dicha función. Asimismo, el OI tendrá siempre acceso a los expe-
dientes completos en los que sea necesario su control.
5. La Intervención General podrá solicitar el asesoramiento de la Intervención General de
la Administración del Estado en el marco de los convenios que se puedan suscribir de conformi-
dad con lo previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local así como en la disposición adi-
cional cuarta del RD 424/2017.
6. Los funcionarios actuantes en el control financiero podrán revisar los sistemas informá-
ticos de gestión que sean precisos para llevar a cabo su función de control.
7. La Diputación Provincial y demás entidades del sector público provincial deberán
garantizar y adoptar las medidas necesarias para proporcionar la defensa jurídica y protección
que, en su caso, puedan necesitar los funcionarios que, como consecuencia de su participación
en las actuaciones de control interno, sean objeto de procedimientos y consecuentes citaciones
ante cualquier órgano jurisdiccional. Se podrá igualmente asumir con cargo a sus respectivos
presupuestos por los entes fiscalizados, el coste de un seguro de responsabilidad civil que cubra
las actuaciones de los titulares y al personal al servicio del OI en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 7. Procedimiento general de control interno
Sin perjuicio de los procedimientos específicos que se desarrollan en este reglamento, el
procedimiento de control interno se llevará a cabo de manera telemática a través del aplicativo
que al efecto esté implantado. En ningún caso la adaptación del procedimiento por medios
telemáticos podrá suponer alteración de los requisitos de fiscalización establecidos en este
reglamento.
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TÍTULO II
De la función interventora
Artículo 8. Ámbito de aplicación
1. La Diputación Provincial de Málaga, la Agencia Pública de Servicios Económicos Pro-
vinciales de Málaga, así como los consorcios adscritos están sujetos a la función interventora
en los términos establecidos en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el RD 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el Régimen Jurídico de Control Interno de las Entidades del Sector Público
Local y del presente reglamento.
2. La función interventora en los consorcios dependientes integrantes del sector público
provincial se llevará a cabo, con el alcance antes señalado, por los funcionarios/as y personal a
los que se les encomienden estas tareas en sus normas fundacionales o estatutos.
Artículo 9. De las modalidades de la función interventora
1. La función interventora se realizará en sus modalidades de Intervención formal y mate-
rial y se ejercerá sobre aquellos actos que tengan repercusión presupuestaria. La intervención
formal tiene como objeto garantizar para cada acto, el cumplimiento de las disposiciones nor-
mativas aplicables a cada caso y la intervención material tiene por objeto la comprobación real y
efectiva de la aplicación de los fondos públicos.
2. El ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases:
Fiscalización previa: Entendida como la facultad que compete al interventor/a de exa-
minar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, los actos que reconozcan
derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o compro-
metan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores, con el fin de asegurar su
conformidad con las disposiciones aplicables a cada caso.
En concreto, supone el control de legalidad de los siguientes actos/ fases contables:
a) Compromisos de ingresos o reconocimiento de derechos o sus inversas (RD y RD/).
b) Aprobación/autorización del gasto o sus inversas (A y A/).
c) Compromisos de gasto o su inversa (D y D/).
d) Acuerdos que comporten movimiento de fondos y valores.
intervención previa del reconocimiento de la obligación: Entendida como la
facultad de la intervención para comprobar, antes de que se dicte la correspondiente
resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos
por las autoridades competentes y que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su
caso la correlativa prestación.
En concreto, supone la fiscalización sobre las siguientes fases contables de gastos:
a) Reconocimiento de la obligación y su inversa (O y O/).
b) Fiscalización de las órdenes previas a los pagos no presupuestarios.
intervención Formal de la ordenación del pago: Entendida como la facultad de
la Intervención para verificar la correcta expedición de las órdenes de pago contra la
Tesorería de la entidad.
En concreto, supone la fiscalización de las siguientes fases contables de gastos:
a) Ordenación del pago (P).
b) Fiscalización de los mandamientos de pagos no presupuestarios (PMP).
intervención material del pago: Entendida como la facultad que compete al OI para
verificar que dicho pago se ha dispuesto por órgano competente y se realiza a favor del
perceptor y por el importe establecido.
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Artículo 10. Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora
1. El OI recibirá el expediente original completo, una vez reunidos todos los justificantes
y emitidos los informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por el
órgano competente.
2. Sin perjuicio de la posible definición de las series documentales de los procedimientos
de la Diputación Provincial y sus entes dependientes, se entiende que el expediente está comple-
to y apto para la adopción del acuerdo, cuando esté compuesto, por:
Las memorias justificativas, propuestas o dictámenes, que permitan conformar la
voluntad del órgano competente.
Informes técnicos, jurídicos o administrativos que aporten motivación y seguridad jurí-
dica al acuerdo, en su caso.
Certificación de la existencia de crédito, en caso de que conlleve gasto presupuestario.
Propuesta de acuerdo sujeto a control.
En particular y conforme se determine para cada supuesto los modelos aprobados por
la Diputación, cualquier otra norma sectorial que sea de aplicación al expediente que se
trate por razón de su materia y/o en el acuerdo vigente por el que se establezca el régi-
men de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos.
3. Si el expediente adoleciera errores u omisiones o careciera de uno o varios documentos
esenciales que imposibilitara el ejercicio de la fiscalización previa con el alcance determinado
en cada caso, o imposibilitara la fiscalización condicionada, el OI podrá solicitar la rectificación
o la aportación de los documentos omitidos al centro gestor. Los centros gestores dispondrán de
cinco días hábiles para remitir a la Intervención la documentación/rectificación solicitada. Trans-
currido el plazo sin respuesta del servicio, el expediente será devuelto por la intervención sin
más trámite.
4. El OI fiscalizará el expediente en el plazo de diez días hábiles, plazo que se reducirá a
cinco días hábiles cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente o se aplique
el régimen especial de fiscalización e intervención previa limitada. A los anteriores efectos, el
cómputo de los plazos citados se iniciará el día siguiente a la fecha de recepción del expediente
original completo, una vez se disponga de la totalidad de los antecedentes, documentos e infor-
mes que deban integrar aquel.
5. Cuando el OI haga uso de las facultades a que se refiere el artículo 6 del presente regla-
mento se suspenderá el plazo de fiscalización previsto en este artículo y quedará obligado a dar
cuenta de dicha circunstancia al gestor.
6. El resultado de la fiscalización se recogerá en el informe que el OI emita al efecto con el
pronunciamiento que en cada caso proceda en los términos regulados en el presente reglamento.
7. El OI podrá, asimismo, emitir comunicaciones, circulares o recomendaciones a las dis-
tintas áreas y centros gestores con el objeto de advertir sobre comportamientos y actuaciones
observadas en los procedimientos fiscalizados –y que no hayan debido ser advertidos en los mis-
mos– sin que recomendaciones o circulares tengan la consideración de informes de fiscalización.
La reiteración de estas recomendaciones o circulares sobre un idéntico o similar objeto o extre-
mo podrán motivar una propuesta del órgano de control para incluir el mismo entre los extremos
esenciales a comprobar con motivo de la fiscalización previa en régimen de requisitos básicos.
Artículo 11. Fiscalización en materia de gastos
1. Los actos, documentos o expedientes susceptibles de producir obligaciones de conte-
nido económico o movimiento de fondos y valores pueden ser, según sus características, clasi-
ficados en:
a) No sujetos a fiscalización/intervención previa.
b) Sujetos a fiscalización/intervención plena.
c) Sujetos a fiscalización/intervención previa limitada.
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2. La fiscalización previa de un determinado acto o fase, en cualquiera de los supuestos
recogidos en el apartado b y c anterior, será independiente de la fiscalización efectuada en rela-
ción con fases anteriores del mismo expediente de tal modo que cuando un acto o fase previa
haya sido objeto de reparo resuelto por el trámite de discrepancia recogido en el presente regla-
mento, tal circunstancia será referida en el informe del OI pero no supondrá la apertura de un
nuevo procedimiento de discrepancia por tal motivo ya que la fiscalización se referirá exclusiva-
mente a los requisitos propios del acto o fase fiscalizada y sin perjuicio de que de dicho análisis
pueda derivarse otro reparo diferente.
3. En los supuestos en que proceda la acumulación de fases de ejecución presupuestaria
se comprobarán los requisitos establecidos para cada una de las fases o actuaciones de manera
acumulada.
Artículo 12. Exención de fiscalización previa
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 219.1 del TRLHL y el artículo17 del RD
424/2017, no están sujetos a fiscalización previa:
a) Los gastos de material no inventariable.
b) Los contratos menores.
c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo cuando haya sido fiscaliza-
do el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato de que deriven o sus
modificaciones.
d) Otros gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se
hagan efectivos mediante los anticipos de caja fija.
2. Esta excepción no incluye el control de la existencia de crédito adecuado y suficiente
que se proponga por el órgano competente.
3. Sin perjuicio de las peculiaridades que se establezcan reglamentariamente para los anti-
cipos de caja fija, contratos menores u otros supuestos, el control de estos gastos se realizará
mediante el control financiero, en los términos señalados en el presente reglamento.
Artículo 13. De la intervención previa del reconocimiento de la obligación
1. Está sometido a intervención previa el reconocimiento de la obligación que tengan su
origen en la ley o negocios jurídicos válidamente celebrados.
2. El OI conocerá del expediente con carácter previo al acuerdo de liquidación del gasto
o reconocimiento de la obligación. En este momento deberá quedar acreditado que se cumplen
todos los requisitos necesarios para el reconocimiento de la obligación o liquidación del gasto.
3. Con carácter general se comprobará:
a) Que las obligaciones responden a gastos previamente aprobados y, en su caso, fiscaliza-
dos favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obliga-
ción se realicen simultáneamente.
No obstante, en el supuesto en que las fases anteriores al reconocimiento de la obli-
gación hubieran sido objeto de reparo, y este se hubiera resuelto con el trámite de dis-
crepancia dicha consideración será reflejada en el informe del OI, pero no provocará
por mismo, el reparo en la fase de reconocimiento, que únicamente procederá en los
supuestos en los que los aspectos específicos de dicha fase sean incorrectos.
b) Que los documentos justificativos de la obligación se ajusten a las disposiciones legales
y reglamentarias que resulten de aplicación, y en el caso de las facturas que se hayan
registrado por el Registro General de Facturas.
c) En todo caso, en la documentación deberá constar:
Identificación del acreedor.
Importe exacto de la obligación.
Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago.
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d) Cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la obra, servicio, suministro o
gasto. De la misma manera, en todos los contratos de obras y suministros, será necesa-
rio acompañar documento acreditativo de la recepción.
4. La intervención favorable se podrá realizar mediante diligencia firmada en el documen-
to contable, sin necesidad de motivarla, cuando, del resultado de la verificación el expediente, se
desprenda su ajuste a la legalidad, o, en otro caso, mediante emisión de informe específico en los
supuestos que se contemple algún requisito esencial diferente a los recogidos con carácter gene-
ral en el acuerdo de fiscalización previa limitada aprobado por el Pleno de la Diputación.
Artículo 14. De la fiscalización/intervención previa limitada en gastos y pagos, en régi-
men de requisitos básicos
1. La función interventora en materia de gastos y pagos se llevará a cabo en régimen de
fiscalización e intervención previa limitada de requisitos básicos en los supuestos establecidos
por el Pleno de la Diputación Provincial, limitándose el OI a comprobar los requisitos y extre-
mos trascendentes señalados a estos efectos en el mencionado acuerdo.
2. La modificación de la normativa legal reguladora de expedientes o actos sujetos a fisca-
lización, entendiendo como tal una modificación del contenido esencial de los mismos y no una
mera actualización de importes o numeración de articulado, determinará la aplicación inmediata
del nuevo régimen en el ejercicio de la función interventora sin perjuicio de que se proceda a la
mayor brevedad posible a la modificación y actualización del acuerdo adoptado para la fiscaliza-
ción e intervención previa limitada de requisitos básicos.
Sin perjuicio también de la modificación y actualización del anteriormente mencionado
acuerdo cuando sea preciso, tendrán en todo caso la consideración de trascendentes en el proceso
de gestión y, por consiguiente, ser objeto de comprobación los extremos fijados en el acuerdo del
Consejo de Ministros, vigente en cada momento, con respecto al ejercicio de la función interven-
tora en régimen de requisitos básicos en aquellos extremos que sean de aplicación a las entidades
locales, extremos que deberán comprobarse en todos los tipos de gasto que comprenda.
3. El Pleno, en el acuerdo sobre el ejercicio de la función interventora en régimen de fisca-
lización e intervención previa limitada podrá establecer que, con carácter supletorio, se aplique
la misma a aquellos supuestos en los que no esté establecida expresamente, remitiéndose a los
de requisitos básicos que se hayan establecido en el acuerdo con carácter general.
Artículo 15. Fiscalización/intervención previa plena
Será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención previa plena respecto de
aquellos tipos de gasto y obligaciones para los que no se haya acordado el régimen de requisitos
básicos a efectos de fiscalización e intervención limitada previa, así como para los gastos de
cuantía indeterminada.
Artículo 16. De la comprobación material de la inversión
Antes de la intervención previa del reconocimiento de la obligación, se verificará la
efectiva realización de las obras, servicios o adquisiciones y su adecuación al correspondiente
contrato.
El OI, cuando sea necesario por la especialidad técnica de la comprobación contará con
asesoramiento especializado.
En cualquier caso se procederá de la siguiente manera:
1. Los órganos gestores deberán comunicar al OI, que se va a proceder a la comprobación
de la inversión, para su asistencia a la misma, con una antelación mínima de veinte días
a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate, cuando el importe
de esta sea igual o superior al importe que regule, en su caso, la legislación sobre con-
tratos, y en todo caso, cuando superen los 50.000,00 euros, con exclusión del IVA.
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
Número 232 Jueves, 3 de diciembre de 2020 Página 136
2. Quedará al margen de la obligación de intervención de la comprobación material, las
prestaciones derivadas de otros negocios jurídicos y aquellas en las que por su natura-
leza no sea posible la verificación material porque el objeto no es una realidad física,
tangible y susceptible de constatación material.
3. La intervención de la comprobación material se realizará por concurrencia del OI, o
actuando en su nombre la persona en quien delegue al acto de recepción de la obra, ser-
vicio o adquisición de que se trate. Dicha delegación podrá realizarse de manera gené-
rica en personal del OI o con carácter específico para cada comprobación, comunicán-
dose al órgano gestor con carácter previo. En cualquier caso, la asistencia del responsa-
ble de control interno se podrá realizar sin necesidad de avocar la delegación realizada
al efecto. Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el OI podrá acordar la
realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la ejecución de las
obras, la prestación de servicios y fabricación de bienes adquiridos mediante contratos
de suministros y sin perjuicio de las consideraciones al respecto que pudieran despren-
derse de la legislación sobre contratos públicos.
4. El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en acta que será
suscrita por todos los que concurran al acto de recepción de la obra, servicio, adquisi-
ción, y en la que se harán constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a
adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción.
En dicha acta o en informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual o
colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes.
5. En los casos en que la intervención de la comprobación material de la inversión no sea
preceptiva, y no se acuerde por el OI en uso de las facultades que al mismo se le reco-
nocen, la comprobación de la inversión se justificará con el acta de conformidad firma-
da por quienes participaron en la misma o con una certificación expedida por el jefe
del centro o dependencia a quien corresponda recibir o aceptar las obras, servicios o
adquisiciones, en la que se expresará haberse hecho cargo del material adquirido, espe-
cificándolo con el detalle necesario para su identificación, o haberse ejecutado la obra
o servicio con arreglo a las condiciones generales y particulares que, en relación con
ellos, hubieran sido previamente establecidas.
6. En los supuestos de modificado de contratos de obras que contemplen unidades de obra
que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medi-
ción parcial de las mismas, deberá comunicarse a la Intervención de la Administración
correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera
oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material de la
inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en relación con el
apartado 2 del artículo 210.
7. La Intervención podrá dictar instrucciones de desarrollo sobre el ejercicio de la función
interventora en el ámbito de la comprobación material.
Artículo 17. Ejercicio de la función interventora sobre derechos e ingresos
1. La fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería se sustituye por el
control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior ejercido mediante el
control financiero, tal y como autoriza el artículo 9 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril.
2. La toma de razón en contabilidad se efectuará a la vista de toda operación de gestión
económico-presupuestaria, mediante la incorporación al sistema de información contable a tra-
vés de los documentos contables correspondientes.
3. El ejercicio del control posterior o financiero se llevará a cabo mediante técnicas de audi-
toría y muestreo. Estas comprobaciones posteriores tienen como finalidad asegurar que la gestión
económico-financiera de los derechos e ingresos se ajusta a las disposiciones aplicables a cada caso.
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Número 232 Jueves, 3 de diciembre de 2020 Página 137
4. La sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería por
el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior no alcanza a la
fiscalización de los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos
indebidos, ni a los supuestos de reintegro ni aceptación de devoluciones voluntarias de subven-
ciones.
Artículo 18. Fiscalización de conformidad
1. Si el OI estuviese de acuerdo con el fondo y forma de los actos, documentos o expe-
dientes examinados, emitirá fiscalización de conformidad:
a) Con carácter general, si el OI considera que el expediente objeto de fiscalización se
ajusta a la legalidad, hará constar de manera expresa su conformidad mediante Infor-
mes de verificación de requisitos básicos, en el caso de la fiscalización previa limitada.
En caso de fiscalización plena se emitirá informe expreso.
b) Con carácter excepcional, ya sea en fiscalización plena o previa limitada, podrá igual-
mente mostrar la conformidad de manera expresa al expediente, sin necesidad de moti-
varla en el informe de fiscalización, mediante diligencia firmada del siguiente tenor lite-
ral “Fiscalizado o Intervenido y conforme”.
2. En el caso de fiscalización previa plena, la conformidad puede informarse condicio-
nada siempre que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento de
requisitos o trámites que no sean los considerados esenciales en los términos determinados en
este reglamento, ni el resto de los incluidos en el artículo 216.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Dichos defectos deberán ser subsanados con anterioridad
a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá al OI la documentación justificativa de
haberse subsanado dichos defectos.
De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continui-
dad del expediente, se considerará formulado el correspondiente reparo.
3. En caso de conformidad, el informe será debidamente notificado al centro gestor, quien
podrá continuar con la tramitación del expediente.
Artículo 19. Fiscalización con reparos
1. Si el OI no estuviese de acuerdo con el fondo y forma de los actos, documentos o expe-
dientes examinados, formulará su reparo por escrito.
2. Los reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en las
que se apoye el criterio sustentado y deberán comprender todas las objeciones observadas en el
expediente, teniendo efecto suspensivo sobre la tramitación del expediente hasta que sea este
solventado, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.
c) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del recono-
cimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisi-
ciones y servicios.
e) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
f) Cuando se hayan omitido requisitos o trámites esenciales que pudieran dar lugar a la
nulidad del acto o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar
quebrantos económicos a la Tesorería de la entidad local o a un tercero.
g) Cuando se incumpla algún requisito básico en régimen de fiscalización previa limitada.
3. En los supuestos de fiscalización limitada previa, la intervención podrá igualmente for-
mular las observaciones complementarias que considere convenientes, sin que las mismas ten-
gan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes. Respecto a estas
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Número 232 Jueves, 3 de diciembre de 2020 Página 138
observaciones no procederá el planteamiento de discrepancia. Dichas observaciones podrán ver-
sar tanto sobre las cuestiones no consideradas esenciales en la fiscalización limitada, como rela-
cionadas con aquéllas, con el objetivo de alertar sobre aspectos que puedan ser observados en
el control financiero. Dichas observaciones serán objeto de seguimiento en control permanente
posterior.
Artículo 20. Tramitación de los reparos
1. Emitido un reparo, una vez que el mismo haya sido notificado, el órgano gestor al que
va dirigido podrá:
a) aceptarlo, en cuyo caso decidirá:
Cuando el órgano gestor al que se dirija el reparo lo acepte, podrá retirar la propues-
ta desistiendo de continuar con la tramitación del expediente (sin perjuicio de su rei-
nicio posterior) o subsanar las deficiencias observadas y remitir una nueva propuesta
ya corregida al OI en el plazo de quince días hábiles desde la recepción del informe
del OI.
Recibida la nueva propuesta, el OI emitirá nuevo informe de fiscalización en el que
expresará si considera o no subsanadas las deficiencias en su día advertidas. En
el primer caso se continuará con la tramitación del expediente mientras que en el
segundo, el OI confirmará el reparo pudiendo el centro gestor en los cinco días hábi-
les siguientes a la recepción de este segundo informe retirar la propuesta, aceptar el
reparo y volver a subsanar o plantear una discrepancia en los términos del presente
artículo.
Recibido el reparo, podrá igualmente desistir del gasto, y resolver el archivo de las
actuaciones mediante resolución, en su caso, del presidente u órgano en quien dele-
gue y sin perjuicio de su reinicio posterior.
b) no aceptarlo .
Formulado un reparo y no aceptado por el órgano gestor iniciará un procedimiento de
discrepancia.
El órgano gestor, cuyo criterio sea contrario al manifestado por el OI, planteará al
Presidente de la entidad local o al Pleno, en los supuestos de su competencia, la dis-
crepancia motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente
su criterio, en el plazo de quince días hábiles desde la recepción del reparo.
El Presidente de la Diputación Provincial o el Pleno, en los supuestos de su compe-
tencia, podrá remitir propuesta motivada de resolución de la discrepancia a la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía, concretando el extremo o extremos acerca
de los que solicita valoración y acompañando a la consulta el expediente completo.
Cuando el Presidente o el Pleno hagan uso de esta facultad deberán comunicarlo al
OI y demás partes interesadas.
La Intervención General de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de su facultad para
recabar los informes o dictámenes que sean necesarios a efectos de emitir informe,
informará con arreglo al artículo 15 RD 424/2017, sobre las cuestiones planteadas
en el plazo de un mes desde la solicitud por parte del Presidente siempre que se
cuente con el expediente completo. Este plazo se interrumpirá en el caso de que sea
necesario solicitar aclaraciones o informes para la resolución de la discrepancia
Artículo 21. Resolución de discrepancia
1. Corresponderá al Pleno la resolución de la discrepancia cuando los reparos:
a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
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2. Corresponderá al Presidente, la resolución de las discrepancias en todos aquellos
supuestos no contemplados en el apartado anterior. La resolución de discrepancias será indele-
gable, deberá recaer en el plazo de quince días hábiles desde la emisión del informe motivado de
discrepancia del gestor y tendrá naturaleza ejecutiva.
3. Resuelta la discrepancia, que será motivada y por escrito, se podrá continuar con la tra-
mitación del expediente, dejando constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en
la Resolución correspondiente o, en su caso, a la motivación para la no aplicación de los crite-
rios establecidos por el órgano de control.
4. Con ocasión de la dación de cuentas de la liquidación, el OI elevará al órgano cole-
giado de la entidad que corresponda, el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por
el Presidente de la entidad contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión del
órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe
así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho
informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscali-
zadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El
Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
En el caso de reparos formulados contra cuentas justificativas de pagos a justificar o cajas fijas,
los informes emitidos igualmente se remitirán al Pleno con ocasión de la liquidación, y como
punto independiente.
5. Una vez informado el Pleno el OI remitirá anualmente, conforme al artículo 218.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con ocasión de la cuenta gene-
ral, al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la
entidad local y por el Pleno contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
6. La resistencia, negativa u omisión del procedimiento de resolución de discrepancias
frente a los reparos del OI en los términos del presente artículo, cuando sea culpable, será consti-
tutiva de infracción muy grave en materia de gestión económico-presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 28.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
7. Las resoluciones de discrepancias y el correspondiente acuerdo de aprobación del gasto
no se admitirán, y solo accederán a la contabilización con cargo al presupuesto corriente, si tie-
nen entrada en intervención antes de la fecha fijada anualmente en el correspondiente calendario
de cierre del ejercicio.
Artículo 22. De la omisión de la función interventora
1. En los supuestos en que, según las disposiciones aplicables, se haya dictado un acto
administrativo o se haya producido el hecho que hubiera debido motivar aquel sin el mismo,
y donde la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer
la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se
conozca y resuelva la omisión mencionada en los términos previstos en este artículo.
2. Se entiende que la Intervención General tiene conocimiento de un expediente cuando se
le ha remitido formalmente para ser fiscalizado, sin que tenga efecto la presencia de la Interven-
ción en un órgano en que se adopte un acuerdo con omisión de la fiscalización.
3. Conocida la omisión por la Intervención, comunicará al centro gestor la suspensión del
procedimiento y le devolverá las actuaciones o acto para que elabore un informe o memoria que
incluya una explicación de la omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa. Este
informe, emitido por el responsable del centro gestor, conformado por el delegado que corres-
ponda, deberá manifestarse, al menos, sobre los siguientes puntos:
a) Justificación de la necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido
el procedimiento jurídico administrativo.
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b) Fecha y periodo de realización.
c) Importe de la prestación realizada.
d) Manifestación que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y que su precio
se ajusta al mercado, así como la buena fe del contratista.
e) Referencia a que las unidades utilizadas son las estrictamente necesarias para la ejecu-
ción de la prestación y que los precios aplicados son correctos y adecuados en el merca-
do o se contienen en cuadros de precios aprobados.
f) Aplicación presupuestaria con cargo a la cual se propone imputar el gasto.
g) De no haber dotación presupuestaria, se informará sobre la tramitación de la modifica-
ción de crédito oportuna.
4. A la vista de la memoria elaborada por el centro gestor, el OI emitirá preceptivamente
un informe, que se incorporará al expediente. Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscali-
zación, pondrá de manifiesto como mínimo los siguientes aspectos:
a) Las infracciones del ordenamiento jurídico que se hubieran puesto de manifiesto si se
hubiera sometido el expediente a intervención previa en el momento oportuno.
b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones
pendientes.
c) Las prestaciones que se hayan realizado como consecuencia de dicho acto.
d) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del orde-
namiento, que será apreciada por el OI, en función de si se han realizado o no las pres-
taciones, el carácter de estas y su valoración, así como de los incumplimientos legales
que se hayan producido. Para ello, se tendrá en cuenta que el resultado de la revisión
del acto se materializará acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios
derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de
haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor, o de incumplir la obligación
a su cargo, por lo que, por razones de economía procesal, sólo sería pertinente instar
dicha revisión cuando sea presumible que el importe de dichas indemnizaciones fuera
inferior al que se propone.
5. El OI remitirá el informe de omisión de la función interventora (en adelante OFI) al
centro gestor para que junto con la memoria justificativa del gestor señalada en el apartado 3 de
este artículo, lo remita al Presidente a fin de que, junto al expediente completo, pueda decidir si
continua o no el procedimiento y demás actuaciones que, en su caso, procedan. En los casos que
la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o gastos cuya competencia sea
de Pleno, el Presidente de la entidad local deberá someter la decisión al mismo.
6. En todo caso, para que la obligación sea reconocida y satisfecha necesitará ser convali-
dada, convalidación que se tramitará atendiendo a lo dispuesto en el artículo 52 de Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7. El Presidente por resolución o el Pleno, decidirán si continúan o no el procedimiento,
pudiendo ocurrir que:
a) La única infracción detectada en el informe OFI, haya sido la propia omisión, en cuyo
caso la resolución acordará la continuación del procedimiento, no incoará revisión y
convalidará expresamente tal vicio, el cual se tramitará conforme a lo señalado en el
apartado 6. Se trasladará al OI para que contabilice, si procede, el acto, sin perjuicio de
posible apercibimiento de la Presidencia de la entidad.
b) El informe OFI aprecie, además de la omisión cometida, infracciones o incumplimien-
tos normativos, que requieran, a criterio de la Intervención, rectificación, revocación,
convalidación o anulación del acto no fiscalizado.
En estos casos el Presidente, el Pleno u órgano colegiado competente, a la vista del
informe emitido por la Secretaría General de la entidad, en relación a la tramitación que
proceda, decidirá:
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a) Si continúa el procedimiento, motivándolo en su caso debidamente, y remitiendo tal
acuerdo y el expediente al OI, que lo considerará como una resolución contra el cri-
terio del órgano de control. El OI dará cuenta al Pleno y al Tribunal de Cuentas y
contabilizará en su caso, las operaciones que se deriven del acto resuelto.
b) Si NO continúa el procedimiento, remitiendo el expediente al gestor a los efectos de
su tramitación conforme se haya indicado en el informe del OFI y/o en el informe
jurídico. La no continuación supone, la enmienda del vicio detectado.
En este supuesto, se considera competente para la resolución rectificativa, de revo-
cación, la convalidación, así como para la revisión que se materialice acudiendo a la
vía de la indemnización, el Presidente o el Pleno en función de quien tenga la com-
petencia del gasto. Será no obstante competencia de Pleno la declaración de nulidad
o la de lesividad de los actos. El acuerdo favorable del Presidente o del Pleno, no
eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.
8. Las resoluciones que en su caso fueran adoptadas se admitirán, y solo accederán a la
contabilización con cargo al presupuesto corriente, si tienen entrada en intervención antes de la
fecha fijada anualmente en el correspondiente calendario de cierre del ejercicio.
Artículo 23. Reconocimientos extrajudiciales de crédito
1. Cuando se trate de expedientes de gastos donde la función interventora sea preceptiva,
relativos a prestaciones de ejercicios cerrados, donde se haya incurrido en omisión de la función
interventora, y que no se correspondan con atrasos de personal ni gastos debidamente adquiridos
en los términos del artículo 26 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el compromiso del
gasto, el reconocimiento de la obligación, o los pagos, no podrán contabilizarse hasta que no se
conozca y resuelva el expediente de reconocimiento extrajudicial del crédito.
2. El reconocimiento extrajudicial de créditos es una excepción al principio de temporali-
dad del crédito presupuestario, y se tramita para imputar al presupuesto corriente gastos de ejer-
cicios anteriores, pero en ningún caso es un procedimiento para convertir actos nulos de pleno
derecho (contrataciones irregulares) en actos válidamente realizados.
3. Los actos de contenido económico deben respetar tanto la legalidad presupuestaria
como la legalidad administrativa, y un procedimiento excepcional en materia presupuestaria
(como el reconocimiento extrajudicial) no puede obviar el trámite de revisión de oficio previsto
por la normativa administrativa para los casos de nulidad de pleno derecho.
4. En el caso de las facturas (correspondientes a contratos) sin consignación, la falta de
cobertura presupuestaria no solo afecta a la legalidad presupuestaria sino que al establecerse por
la normativa de contratos como un requisito esencial, la obligación contractual no sólo no es
exigible sino que ni siquiera ha nacido, es decir, no existe. Su imputación al ejercicio presupues-
tario vigente, requerirá declaración expresa del centro gestor como gasto debidamente adquirido,
acreditando la buena fe del contratista con cualquier medio de prueba admisible. La tramitación
de los expedientes de reconocimiento extrajudicial se llevará a cabo de la siguiente manera:
a) El centro gestor deberá dar traslado a la Intervención del acto, acuerdo o documentos
que le requieran, dictados con omisión de fiscalización, a los que acompañará informe
justificativo en el que se pronunciará al menos sobre los siguientes extremos:
Razón por la que se ha omitido la función Interventora.
Descripción detallada del gasto.
Acreditación de la realización de las prestaciones y su ajuste a precios de mercado,
la buena fe del contratista.
Tal informe será suscrito por el responsable del centro gestor afectado y visado por el
Diputado correspondiente.
b) El OI emitirá un informe que valorará el ajuste o infracciones de los actos al ordena-
miento y manifestará su opinión respecto de los mismos. Distinguiendo en tal caso
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entre facturas que precisen en su caso de una declaración de revisión de oficio, por nuli-
dad o anulabilidad. A tal efecto se distinguirá entre facturas registradas o conformadas
en ejercicio presupuestario posterior, pero que en el momento de realizarse, gozaban de
crédito presupuestario y documento contractual correspondiente y aquellas que adole-
cieran de falta de consignación presupuestaria o de cobertura contractual.
c) El Presidente de la entidad, remitirá al Pleno el expediente con la propuesta de revisión
del acto, mediante declaración de nulidad o anulabilidad y acuerdo indemnizatorio, si
procede. El Pleno u órgano colegiado competente, adoptará el acuerdo pertinente, sin
perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar, lo cual procederá en el caso de con-
tratos asumidos sin crédito ni documento contractual, máxime si son de carácter perió-
dico y repetitivo. Siendo en tal caso preceptivo informe emitido por la Secretaría, tal y
como reseña el artículo 3. 3 d) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional.
5. El Presidente de la entidad procederá a la aprobación del reconocimiento extrajudicial
del crédito, de la obligación y posterior pago, en caso de facturas registradas o conformadas en
ejercicio presupuestario posterior, dado el principio de anualidad y que contaban con crédito sufi-
ciente. Estas facturas o gastos, en principio no precisarán declaración de nulidad o anulabilidad.
Artículo 24. Dación de cuentas
Anualmente, con motivo de la liquidación, y junto con los informes de reparo, se remitirá
un informe resumen al Pleno u órgano colegiado, de todos los informes emitidos durante el año
por la omisión de intervención previa, en los términos en este punto establecido, así como de los
expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito a los que se refiere el artículo 60.2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y el punto anterior de este artículo. Igualmente se remiti-
rá a la Cámara de Cuentas, con ocasión de la rendición de la cuenta general.
TÍTULO III
Control financiero
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 25. Ámbito de aplicación y objetivos
1. El control financiero se ejercerá sobre:
a) La propia entidad local (Diputación Provincial de Málaga)
b) Sus organismos autónomos locales.
Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga, Patronato de
Recaudación Provincial).
c) Las sociedades mercantiles dependientes.
Turismo y Planificación Málaga-Costa del Sol, Sociedad Limitada.
d) Concesionarios de servicios, concesionarios de obra pública y concesiones demaniales.
e) Beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas.
f) Las demás entidades contenidas en el artículo 2.2 del presente reglamento.
g) Se ejercerá igualmente el control financiero en aquellas actuaciones que legalmente
se le exija al órgano de control, como la auditoría de sistemas del registro contable de
facturas que requiere el artículo 12.3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impul-
so de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector
Público.
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
Número 232 Jueves, 3 de diciembre de 2020 Página 143
2. El control financiero informará sobre:
a) La presentación adecuada de la información financiera.
b) El cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación.
c) Los grados de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.
d) Que la actividad económico-financiera se ajusta a los principios generales de buena
gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico,
financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.
3. El control de eficacia regulado en el artículo 221 del TRLRHL, así como la comproba-
ción material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones previstas en el artículo
214.2 del TRLRHL, podrá ejecutarse conjuntamente con el control financiero, para lo que podrá
disponerse un sistema de muestreo. Sin perjuicio de lo anterior podrá disponerse un sistema de
muestreo para la comprobación material de cualquier otro gasto.
4. El control posterior de derechos e ingresos se realizará sobre la gestión de los tributos y
la recaudación de los ingresos, los ingresos gestionados por las concesionarias de servicios y la
gestión de precios públicos y tarifas en vigor.
Artículo 26. Formas de ejercicio del control financiero
1. El control financiero de la actividad económico- financiero se ejercerá mediante el ejer-
cicio del control permanente y la auditoría pública.
a) El control permanente, por su parte, puede ser:
Control previo por disposición de ley (actos no sujetos a función interventora previa).
Control posterior sobre actos en régimen de fiscalización limitada previa.
b) La Auditoria pública, distingue:
Auditoría de cuentas.
Auditoría de cumplimiento.
Auditoría operativa.
2. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría, de acuerdo con las
normas de auditoría del sector público, tanto en su modalidad de control financiero permanente
como en el de auditoría pública.
3. El control financiero permanente se ejercerá de forma continuada especialmente sobre
la Diputación y entidades sometidas a la función interventora.
4. Aquellos ámbitos de control que no sean objeto de control financiero permanente lo serán
de procedimientos de auditoría pública que será ejecutada de forma sistemática y con posterioridad.
5. En el ejercicio del control financiero serán de aplicación las normas vigentes de control
financiero y auditoría pública aplicables a las entidades locales y, en su defecto y subsidiaria-
mente, las dictadas por la Intervención General de la Administración del Estado.
Artículo 27. Control de eficacia
El control financiero, tanto en su modalidad de control permanente como de auditoría
pública, incluirá el control de eficacia que consistirá en verificar el grado de cumplimiento de los
objetivos programados, del coste y rendimiento de los servicios de conformidad con los princi-
pios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos
públicos locales.
Artículo 28. Del Plan Anual de Control Financiero
1. Anualmente el OI elaborará un Plan Anual de Control Financiero, sobre la base de un
análisis de riesgos, que será remitido al Pleno provincial a efectos informativos, consignándose
a tal fin al menos la enumeración de actuaciones de control previstas en el ejercicio, así como su
alcance objetivo, subjetivo y temporal.
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2. Dicho plan anual podrá ser modificado por razones debidamente ponderadas, parti-
cularmente la inclusión de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la
estructura de las entidades objeto de control o la insuficiencia de medios. Las modificaciones
operadas serán igualmente remitidas al Pleno Provincial para su conocimiento en la siguiente
sesión ordinaria que celebre.
La remisión al Pleno del plan o sus modificaciones se entenderá sin perjuicio de la posibi-
lidad de inicio previo de las actuaciones de control correspondientes.
3. La Intervención General para la formulación del plan de control financiero anual tendrá
en cuenta:
a) Aquellas actuaciones que imperativamente deban ejecutarse por obligación legal.
b) Aquellas actuaciones que se seleccione sobre la base de un análisis de riesgos coheren-
te con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada
ejercicio y los medios de que se dispongan.
El concepto de riesgo deberá ser entendido como la posibilidad de que se produz-
can hechos o circunstancias en la gestión sometida a control, susceptibles de generar
incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la información finan-
ciera, inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia en la gestión.
c) El resultado de los controles financieros de los ejercicios anteriores.
d) El diseño de los procedimientos administrativos y de la fiabilidad de sus sistemas de
control interno.
e) La naturaleza de las actividades sometidas a control.
f) Las situaciones especiales que puedan influir en la fiscalización.
g) La importancia relativa de las operaciones.
h) Los medios personales y económicos disponibles.
Artículo 29. Objetivos, ejecución y desarrollo de la planificación del control financiero
1. La ejecución del PACF tendrá los siguientes objetivos:
a) Ofrecer una visión del grado en que la gestión desarrollada por el sujeto del sector
público sometido a control, se ajusta a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia,
calidad y demás de buena gestión, mediante la verificación de la regularidad formal de
la gestión económico financiera desarrollada, analizando el grado de cumplimiento de
la normativa y procedimientos sobre los que no se extiende la función interventora.
b) Efectuar recomendaciones y propuestas de actuaciones correctoras de las deficiencias
que se observen, de medidas de carácter preventivo que eviten la aparición de deficien-
cias, o de acciones que pudieran redundar en una mejora de la gestión, mediante la veri-
ficación de la aplicación del principio de orientación a resultados y dirección por objeti-
vos, efectuando entre otras, las siguientes acciones:
a. El análisis y evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos definidos en los
programas de gastos de los presupuestos generales de las entidades sometidas a control.
b. El seguimiento de la ejecución presupuestaria a fin de verificar la fiabilidad de la
información financiera y de aportar información de aquellos aspectos de la gestión
económica financiera desarrollada que pudieran afectar al principio de estabilidad,
sostenibilidad o de equilibrio presupuestario.
c. Proporcionar una valoración acerca de si los procesos y procedimientos de gestión
objeto de análisis se adecuan a los principios de eficiencia, economía, calidad y
demás de buena gestión.
2. El desarrollo del PACF para el control permanente, se realizará con las siguientes premisas:
a) La Intervención podrá dictar una instrucción técnica que amplíe el contenido que res-
pecto al PACF se determina en este reglamento.
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b) La determinación de los objetivos específicos del control financiero permanente se
fijará en los correspondientes programas de trabajo a los que se refieren los apartados
siguientes.
El programa de trabajo será el documento que desarrolle para cada actuación sobre
la que se decida realizar control permanente. Se elaborará atendiendo a la instruc-
ción técnica que al efecto pueda realizar la Intervención. Determinará, en base al
PACF, los sujetos y áreas de gestión sobre los que se realizarán el control financiero
permanente, los objetivos de control, los responsables de su ejecución, y los recursos
asignados.
Los papeles de trabajo, comprenderán la totalidad de los documentos preparados o
recibidos por el órgano que efectúe el control, de manera que en conjunto constituyan
un compendio de la información utilizada, de las evidencias obtenidas y de las prue-
bas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones que se han debi-
do tomar para llegar a formar las conclusiones y opiniones. Constituyen, por tanto, el
nexo de unión entre el trabajo de campo y el informe de control financiero permanente.
Artículo 30. Programa de trabajo
1. La ejecución de las pruebas y procedimientos de auditoría requerirá de la previa elabo-
ración de los preceptivos programas de trabajo que deberán desarrollar los procedimientos que
se especifican para cada ámbito subjetivo del control posterior.
2. Estos procedimientos se completarán para quien ejecute el control posterior cuando se
observen operaciones o transacciones de relevancia o significación incluyéndose la revisión de
las que no estén específicamente previstas en los procedimientos detallados.
3. Igualmente, se adaptarán o se propondrán alternativas cuando las circunstancias y
características del servicio o de la entidad a fiscalizar lo hagan necesario, justificando adecuada-
mente las razones que motivan la decisión.
Artículo 31. Destinatarios de los informes
1. La intervención General remitirá los informes definitivos de control financiero al ges-
tor directo de la actividad económico-financiera controlada y al Presidente de la Diputación, así
como, a través de este último, al Pleno para su conocimiento. Será objeto de análisis mediante su
inclusión como punto independiente del orden del día en la correspondiente sesión plenaria.
Cuando en dichos informes se aprecie la existencia de hechos que puedan dar lugar, indi-
ciariamente, a las responsabilidades que en él se describen se remitirá a los órganos que prevé el
artículo 5.2 del RD 424/2017.
2. Los informes de auditorías de cuentas anuales que emita la Intervención General se
publicarán en la sede electrónica o el portal de transparencia de la Diputación. Asimismo, los
informes de auditoría de cuentas anuales se remitirán a la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, para su integración en el registro de cuentas anuales del sector público regu-
lado en el artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de con-
formidad con las instrucciones que se dicten al respecto.
Artículo 32. Traslado de responsabilidades
1. El traslado de responsabilidades administrativas, patrimoniales o contables, o penales
a que hace referencia el artículo 5.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, si indicia-
riamente se apreciaran por el OI, se hará coincidente con carácter general con la remisión de los
correspondientes informes.
No obstante, en los supuestos en los que el OI aprecie que pudieran existir indicios de
delito valorará, en función de las circunstancias concurrentes, la comunicación inmediata.
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2. Sin perjuicio de las instrucciones que los órganos receptores correspondientes dicten,
que se entenderán prevalentes a lo dispuesto en el presente reglamento, las comunicaciones,
cuando menos incorporarán el siguiente contenido:
a) Las presuntas infracciones, con descripción de los hechos constatados.
b) Los presuntos autores, en el caso de que se disponga de información suficiente para su
identificación.
c) Cuando de los supuestos de hecho se pudiera derivar responsabilidad contable, la cuan-
tificación o estimación de los perjuicios causados, siempre que fuese posible.
d) Las actuaciones realizadas por el órgano gestor en relación con las presuntas infracciones.
e) Asimismo, se incorporará a la comunicación el extracto de las alegaciones del órgano
gestor en la medida en que se relacionen con las posibles responsabilidades administra-
tivas, contables o penales.
CAPÍTULO II
control permanente
Artículo 33. Objeto y ámbito subjetivo de aplicación del control financiero permanente
1. El control permanente se ejercerá sobre la entidad local y los organismos públicos en
los que se realice la función interventora con objeto de comprobar, de forma continua, que el
funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público local se ajusta al orde-
namiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin último de
mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable,
organizativo y procedimental.
2. Estará sujeto a actuaciones de control permanente:
Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspec-
tos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora. El resul-
tado de este control será manifestado en un informe emitido por el órgano de control
interno, que deberá expresar si el resultado es de conformidad o disconformidad, el cual
no prevalecerá sobre la opinión que pueda manifestar el centro del gestor.
Aquellos expedientes de gasto fiscalizados bajo el régimen de fiscalización previa limi-
tada de conformidad con el artículo 13.4 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por
el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector públi-
co local.
Expedientes de ingresos cuya fiscalización previa ha sido sustituida por el control inhe-
rente a la toma de razón en contabilidad.
Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los
objetivos asignados.
Comprobación de la planificación, gestión y situación de la Tesorería.
Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión
económica del sector público local atribuidas al OI.
Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una valora-
ción de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de buena
gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones en
orden a la corrección de aquellas.
Verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e información con trascendencia
económica proporcionados por los órganos gestores como soporte de la información
contable, reflejan razonablemente el resultado de las operaciones derivadas de su activi-
dad económico-financiera.
Aquellas actuaciones de control que potestativamente se incluyan en el correspondiente
Plan de Control Financiero.
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Artículo 34. Definición y criterios de evaluación del riesgo. (Control financiero posterior)
1. Se entenderá por riesgo en el ámbito del control financiero, la posibilidad de que se
produzcan hechos o circunstancias en la gestión sometida a control, susceptibles de gene-
rar incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la información financiera,
inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia en la gestión.
El mapa de riesgo derivado del Plan Anual de Control Financiero deberá responder a la
peculiaridad de cada organismo u ente dependiente y se elaborará sobre la base, entre otras, de
los defectos esenciales observados de forma reiterada en los distintos expedientes y la expe-
riencia del servicio de Intervención. Para ello, se identificarán las áreas, materias o aspectos del
control más necesarias de seguimiento. Una vez identificados los riesgos, será necesario asignar
prioridades para seleccionar las actuaciones a realizar.
2. Para la evaluación del riesgo se podrán utilizar criterios tanto cuantitativos como cuali-
tativos.
3. Serán criterios cuantitativos, aquellos que miden el impacto de los riesgos desde el punto
de vista financiero y que se expresarán fundamentalmente mediante magnitudes numéricas.
4. Serán criterios cualitativos, aquellos que no miden los riesgos desde el punto de vista
financiero tales como los incumplimientos normativos, incumplimientos de convenios o requeri-
mientos contractuales.
Artículo 35. Selección de la muestra. (Control financiero posterior)
1. El ejercicio del control financiero se efectuará sobre una muestra representativa de los
expedientes del área o servicio que vaya a ser objeto de dicho control de acuerdo con lo dispues-
to Plan Anual de Control Financiero.
2. Para la elección se utilizarán técnicas de muestreo o auditoría que permitan obtener una
muestra de expedientes significativa, relevante y representativa del conjunto analizado.
3. Se excluirán del muestreo aquellos expedientes que por su naturaleza, cuantía u otras
circunstancias no requieran de una especial revisión por carecer de riesgo. Será de aplicación a
tal efecto lo dispuesto en artículo 31 del RD 424/2017, de 28 de abril.
4. El servicio de Intervención podrá ampliar la muestra representativa cuando como con-
secuencia de la fiscalización de los expedientes seleccionados, el porcentaje de los mismos con
anomalías y deficiencias sean notoriamente superior al establecido.
Artículo 36. Inicio y desarrollo del procedimiento de control financiero posterior
1. El procedimiento de control permanente se iniciará conforme al Plan de Control Finan-
ciero referido anteriormente y mediante la comunicación a cada servicio, departamento u orga-
nismo afectado por dicho control.
2. Una vez fijada la muestra, los diferentes servicios, departamentos u organismos selec-
cionados quedan obligados a remitir al servicio de Intervención, en la forma, plazos y requisitos
que se les indique, los antecedentes necesarios para el ejercicio del control permanente. A estos
efectos se concede un plazo de quince días para la remisión.
3. La falta de envío o el retraso injustificado de los mismos por parte de los departamentos
o servicios afectados implicará una limitación al alcance del control de dichos expedientes y un
incumplimiento del deber de colaboración y apoyo por parte de autoridades, jefes de servicios o
directores en la realización del control.
4. En ningún caso el personal a cargo de las actuaciones de control financiero tendrá la
obligación de procurarse por mismo la documentación e información directamente de los
archivos físicos y de las aplicaciones y bases de datos informáticas, sin perjuicio de que se
pueda utilizar este procedimiento cuando se acuerde y siempre que la documentación sea fácil-
mente accesible.
5. Los expedientes remitidos por los servicios serán referenciados en el informe final
donde se expongan los resultados.
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Artículo 37. Informe y alegaciones
1. La Intervención General elaborará el proyecto de informe que se derive de los trabajos
y las actuaciones realizadas, el cual tendrá carácter provisional.
2. El proyecto de informe será remitido a los centros gestores, entes dependientes o suje-
tos auditados, para que estos, en el plazo de quince días hábiles desde la recepción del informe
hagan las alegaciones que estimen oportunas.
3. Si no se hubieran recibido alegaciones en el plazo señalado para ello el informe provi-
sional se elevará a definitivo.
4. Una vez examinadas las alegaciones presentadas, la Intervención emitirá el informe
definitivo, que remitirá a la Presidencia.
Asimismo, al objeto de dar cumplimiento a lo requerido por los artículos 219.3 y 220.4
LHL, los informes se remitirán al Pleno.
CAPÍTULO III
auDitoría
Artículo 38. Objeto y ámbito de aplicación
La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada
de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público local, mediante la
aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e
instrucciones que dicte la Intervención General de la Administración del Estado.
La auditoría pública engloba, en particular, las siguientes modalidades:
a) Auditoría de cuentas.
b) Auditoría de cumplimiento y operativa.
Se ejercerá sobre aquellos entes dependientes de la Corporación provincial con presu-
puesto estimativo (sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones), no sometidos a control
financiero permanente, excepto la auditoría de cuentas que también se ejercerá sobre organismos
autónomos y consorcios provinciales.
Artículo 39. Actuaciones de auditoría pública
1. Las actuaciones de auditoría pública se someterán a las normas de auditoría del sector
público aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado y a las normas
técnicas que las desarrollen, en particular, en los aspectos relativos a la ejecución del trabajo,
elaboración, contenido y presentación de los informes, y colaboración de otros auditores, así
como aquellos otros aspectos que se consideren necesarios para asegurar la calidad y homoge-
neidad de los trabajos de auditoría pública.
2. Las actuaciones de auditoría pública se podrán desarrollar en los lugares previstos por
el artículo 33 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico
del control interno en las entidades del Sector Público Local, y podrán consistir en cualquiera
de las previstas por las citadas normas de auditoría del sector público y, particularmente, de las
enumeradas por el mencionado artículo que se consideren necesarias para obtener evidencia en
la que soportar las conclusiones.
Artículo 40. Medios externos
1. Para llevar a cabo las actuaciones referentes a las auditorías públicas, se podrán utilizar
los medios propios de los que cuenta el servicio de Intervención o acudir a contratación externa
de profesionales o firmas privadas de auditoría, como colaboradoras de dicho servicio.
2. La tramitación del expediente de contratación, en su caso, se llevará a cabo por el
departamento de contratación en coordinación con el servicio de Intervención.
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Artículo 41. Inicio de las actuaciones de auditoría
El procedimiento de auditoría pública se iniciará conforme al Plan de Control Financiero
mediante la comunicación a cada organismo, entidad, fundación, consorcio y sociedad mercantil
afectado por dicho control.
Artículo 42. Concepto y procedimiento de auditoría de cuentas
1. La auditoría de cuentas, que tiene por objeto la verificación relativa a si las cuentas
anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto
de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le son de aplicación y
contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.
2. A tales efectos se procederá de la siguiente forma.
a) Se solicitarán por el OI las cuentas anuales aprobadas por su órgano competente.
b) Análisis de las mismas por parte del servicio de Intervención y emisión de informe pro-
visional de dichas cuentas.
c) Comunicación del informe al órgano competente de su aprobación para la presentación de
alegaciones, en caso de que las considerada oportunas, en el plazo de quince días hábiles.
d) Resolución de las alegaciones presentadas, en su caso, y remisión de informe definitivo
al órgano competente para su inclusión de dicho informe en las cuentas anuales y su
remisión a la entidad local para incorporar tanto las cuentas anuales como el informe de
auditoría en la cuenta general de la Corporación.
3. El OI podrá determinar la realización de auditorías de cuentas en las que se combinen
objetivos de auditoría de cumplimiento y operativa, en especial cuando las entidades auditadas
no estén sometidos a función interventora o control financiero permanente, todo ello sin perjui-
cio de la emisión obligatoria del informe de recomendaciones de control interno e informe adi-
cional prevista por la correspondiente norma técnica aprobada por la Intervención General de la
Administración del Estado.
Artículo 43. Procedimiento auditoría de cumplimiento y operativa
1. Las auditorias de cumplimiento y operativas podrán ser llevadas a cabo en colaboración
con firmas privadas de auditoría que deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por el servicio
de Intervención.
2. Se incluirán las siguientes actuaciones:
a) Propuesta por parte del servicio de Intervención a la empresa auditora de aquellas prue-
bas de cumplimiento de legalidad que se consideren oportunas, en base a un análisis de
riesgos previo.
b) Emisión del informe provisional por parte del servicio de Intervención y notificación al
órgano gestor.
c) Presentación de alegaciones, si se considera oportuno, en el plazo de quince días hábiles.
d) Emisión de informe definitivo resolviendo las alegaciones presentadas, en su caso, y
notificando al órgano gestor.
e) Incorporación de los informes a las cuentas anuales de la entidad objeto de la auditoría,
previamente a la aprobación de estas.
CAPÍTULO IV
control financiero De subvenciones
Artículo 44. Control financiero de los beneficiarios de subvenciones
1. El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de beneficiarios y, en su
caso, entidades colaboradoras por razón de las subvenciones concedidas por la Diputación Pro-
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vincial y tendrá por objeto verificar los siguientes extremos contemplados en el artículo 44.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
a) El cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa estatal y comunitaria
para su concesión y para la obtención por parte del beneficiario.
b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligacio-
nes en la gestión y aplicación de la subvención.
c) La adecuada y correcta justificación de los fondos recibidos y el cumplimiento de las
demás obligaciones impuestas por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras.
d) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación pre-
sentada por beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la sub-
vención.
e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en particular
que el importe de las subvenciones no podrá suponer que, aislada o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, se supere el coste de la actividad sub-
vencionada.
f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Diputación Pro-
vincial por beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la financia-
ción de las actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización,
disfrute o justificación de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las
operaciones con ellas financiadas.
2. Los procedimientos de revisión más relevantes a ser ejecutados serán:
a) La procedencia y razonabilidad de la transferencia atendiendo al marco normativo y
competencial de la Diputación Provincial.
b) Respeto a las limitaciones cuantitativas de las subvenciones.
c) Que se haya dado cumplimiento a los requerimientos formales que exigen las bases, la
convocatoria o el convenio o acuerdo que lo regule.
d) Constancia del gasto soportado por el beneficiario y de su pago.
e) Que el gasto soportado por el beneficiario se vincula directamente al objeto de la sub-
vención y se ha aplicado a esta finalidad.
f) En el supuesto de que se haya exigido en el acuerdo de concesión de la subvención
la presentación de facturas, certificaciones o cualquier otra documentación o el cum-
plimiento de determinados requisitos, verificar que estos se han cumplido y que los
soportes documentales aportados son justificativos del propósito, actividad o proyecto
por el que se concede la ayuda.
g) Revisión física del equipamiento y material susceptible de ser verificado, así como la
comprobación del funcionamiento y aplicación a la finalidad prevista.
h) Verificación de que no se han recibido subvenciones o ayudas que sean incompatibles,
total o parcialmente, con las que se revisan.
i) Cuando sea necesario, comprobación de los requisitos de concurrencia requeridos por
la normativa de subvenciones cuando los gastos realizados por el beneficiario exceden
de los importes indicados por la norma referida.
j) En el caso de subvenciones nominativas, que la subvención nominativa estaba prevista
en el presupuesto general. En otros casos, que se han otorgado mediante convocatoria
pública u otro procedimiento que permita respetar los criterios de publicidad, concu-
rrencia y objetividad. En caso de que no se haya hecho convocatoria, revisar si el expe-
diente contiene alguna razón que lo justifique y, en cualquier caso, evaluar si se consi-
dera razonable no haber procedido a procedimientos abiertos.
k) Cuando se haya dado pago con carácter previo a la justificación, comprobar que se ha
cumplido lo previsto en la normativa que regule la subvención.
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CAPÍTULO V
informe resumen y plan De acción
Artículo 45. Informe resumen anual
1. La Intervención General de la Diputación elaborará un informe resumen anual que refle-
jará los resultados más significativos derivados de las actuaciones de control financiero y de fun-
ción interventora realizadas en el ejercicio anterior, así como el resultado de las verificaciones
sobre corrección de debilidades puestas de manifiesto conforme a lo previsto en el artículo 48.
2. El contenido, estructura y formato se ajustará a las instrucciones que dicte la Interven-
ción General del Estado.
En defecto de las citadas instrucciones, prevalentes en caso de contradicción, el informe
resumen anual contendrá mención a las alegaciones contrarias a informes de auditoría o control
permanente tramitados en el periodo al que se refiera, si por el OI se estima que las mismas
deban ser conocidas por los destinatarios de dicho informe resumen.
3. En el primer cuatrimestre de cada año se remitirá al Pleno, a través del Presidente de la
Corporación, y a la Intervención General de la Administración en el curso del primer cuatrimes-
tre de cada año para su inclusión en el inventario público que ha de crear de los informes recibi-
dos de las entidades locales.
Artículo 46. Plan de acción
1. El Presidente de la Corporación formalizará un plan de acción que determine las medi-
das a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pon-
gan de manifiesto en el informe resumen. El plan de acción se aprobará por el Presidente de la
Diputación y a los únicos efectos de su conocimiento se dará cuenta del mismo al Pleno.
2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del
informe resumen al Pleno y contendrá las medidas de corrección adoptadas, el responsable de
implementarlas y el calendario de actuaciones a realizar, relativos tanto a la gestión de la propia
Diputación como a la de los organismos y entidades públicas adscritas o dependientes y de las
que ejerza la tutela.
3. El plan de acción será remitido a la Intervención General de la Diputación, que valorará
su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos, e
informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en
el ejercicio del control interno, permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento periódico de
las medidas correctoras implantadas para la mejora de la gestión económico financiera.
Artículo 47. Publicidad de los informes de control financiero y plan de acción
1. De los informes definitivos de control financiero se dará la publicidad que exigen las
normas vigentes y aquella que ordene la Presidencia.
2. El Presidente de la Corporación formalizará un plan de acción que determine las medi-
das a adoptar para subsanar las incidencias puestas de manifiesto en los informes definitivos, en
los términos previstos en el artículo 38 del RD 424/2017.
Disposición transitoria única
Respecto de los informes emitidos por el OI con anterioridad a la entrada en vigor del
presente reglamento deberán darse traslado a la intervención los acuerdos o resoluciones
correspondientes, antes del 31 de diciembre de 2020, en otro caso, deberán ser objeto de nueva
fiscalización las propuestas de acuerdos o resoluciones quedando sin efecto los emitidos con
anterioridad.
Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA). Avenida de los Guindos, 48, 29004 MÁLAGA
Teléfonos: 952 069 279 - 283 / Fax: 952 603 844 www.bopmalaga.es www.cedma.es
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Disposición final primera
Entrada en vigor
El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga, siempre que se hayan cumplido los requisitos de vigencia del
artículo 65.2 en relación con el 70.2 de la Ley 7/1985.
Disposición final segunda
Las disposiciones contenidas en este reglamento prevalecerán sobre cualquier norma inter-
na de esta Diputación Provincial así como las dictadas por las entidades incluidas en ámbito de
aplicación del mismo”.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede
en Málaga, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Málaga, 30 de noviembre de 2020.
El Diputado Delegado de Economía, Hacienda y Administración Electrónica, Manuel
López Mestanza.
7601/2020
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